Sobre las modificaciones que el gobierno regional quiere hacer de la Ley de la Vivienda

  

Febrero 2023

Desde UED, en relación con las modificaciones que quiere introducir el gobierno regional del PSOE en la Ley de la Vivienda, tenemos que manifestar:

Que nuevamente se impone la propaganda electoral, lo que propone no tendrá efectos resolutivos sobre el problema de la vivienda en Extremadura. Lo que se ha dado a conocer muestra que no hay capacidad ni voluntad política de afrontar las medidas que realmente se necesitan en la región para afrontar la problemática de la vivienda.

 

1.- En cuanto al impuesto a las entidades tenedoras de un número importante de viviendas, esto es algo que se viene diciendo desde instancias oficiales hace años. El gobierno alega que si antes no se ha puesto en marcha esta iniciativa es porque su aplicación requería de un desarrollo normativo que anterirormente no era posible. A este respecto, independiente de las explicaciones del gobierno, tenemos que decir que desconfiamos de que este impuesto vaya a aportar fondos a las arcas regionales, se trata más bien de presentar ante la opinión pública extremeña una cara de falso progresismo electoralista que no tiene, ni mucho menos, el partido político PSOE.

Lo que sería necesario, pero a lo que no se atreve el PSOE, es incrementar el patrimonio público de viviendas expropiando y haciéndose cargo de las viviendas de estos importantes tenedores que disponen de ellas con carácter meramente especulativo, al margen de las necesidades vitales de un importante sector de la población extremeña.

 

2.- Respecto a la creación de un fondo de garantía de vivienda para atender a menores procedentes de desahucios, nuevamente se cae en el absurdo y en la propaganda electoral. Desde hace mucho tiempo venimos insistiendo en la creación de un Banco Local de Viviendas para ceder en alquiler a las familias que las necesiten. La Junta le da vueltas a la tortilla una y otra vez, marea la perdiz sin tomar medidas efectivas, sin buscar una solución real y práctica. El gobierno regional es conocedor de que la finalización del plazo gubernamental que trata de frenar los desahucios, el crecimiento de la precariedad económica y el aumento de los tipos de interés van a generar un aluvión de familias que no van a ser capaces, no van a tener la suficiencia económica para hacer frente al alquiler o a las hipotecas. Por lo que, la Junta de Extremadura debería impedir que las entidades bancarias y otros sujetos jurídicos echen a la gente a la calle, además de pertrecharse de viviendas para ceder en alquiler social mediante la expropiación a los grandes tenedores, así como, eliminar burocracia para facilitar las ayudas de alquiler a las personas o familias que no disponen de medios para seguir pagando alquileres particulares, y por último, desarrollar un plan importante de construcción de viviendas en las diferentes localidades bajo iniciativa pública y no hacer lo que está iniciando ahora con la aplicación de los nuevos Reales Decretos (de Octubre y del Plan Estatal de la Vivienda) de ceder la iniciativa del negocio de la construcción y el alquiler por 50 años a empresas privadas.

 

3.- Respecto al otro punto que se está dando a conocer sobre el aval a los jóvenes. Parece mentira que un organismo oficial con todos los datos a su disposición recurra a esta política propagandística y no conozca que una parte importante de la juventud no dispone de medios económicos para la compra de vivienda, ni para pedir préstamos. Muchos por su precariedad laboral, otros ni eso, puesto que se encuentran en desempleo viviendo con sus familias, y los que pudieran no querrán caer de por vida en las garras de los buitres bancarios. Por tanto, es obligación de la Junta de Extremadura favorecer la creación de empleo para que los jóvenes puedan acceder a viviendas de alquiler social de acuerdo a sus posibilidades económicas.

En todo caso, esta medida, nuevamente es una muestra del compadreo de la Junta con los Bancos, lo que nos lleva a la conclusión que no va a tomar ninguna acción política o económica contra unos amigos a los que Vara les echa una mano en unos momentos en los que necesitan prestar dinero dado el exceso de liquidez que tienen en sus cajas.

 

4.- En conclusión, desde UED volvemos a insistir en que la vivienda es un derecho inalienable de las personas, al igual que el derecho al empleo, a la salud, a la educación, y por tanto, es algo que cualquier poder público debe intentar de satisfacer. No obstante, en nuestro mundo, el beneficio y la ganancia están por encima de cualquier interés de bienestar humano, algo que nos pone en la tesitura de trabajar políticamente para cambiar el orden de las cosas anteponiendo la conquista de una vida digna y de bienestar antes que el beneficio y la ganancia a la que nos someten quienes están al servicio de los poderes económicos.

Cuestiones de la política local

 

Dos cuestiones de la Política Local a tener en cuenta. En la actualidad, Villafranca es receptora de escaso dinero procedente de las administraciones regionales o locales (asamblea, diputación provincial), independiente de quien gobierne, sea el PSOE o el PP. Entre los varios motivos, uno de las razones que conviene destacar de porqué Villafranca ha quedado bastante dejada de la mano de los presupuestos de los organismos regionales y de la diputación provincial. Los privilegios que tuvo durante ciertos períodos se están pagando por el desquite y los deseos de venganza que muchos dirigentes institucionales regionales y provinciales actuales tienen respecto a sus propios compañeros con los que compartieron el poder.

Los regidores del PSOE que siguen con influencia en las instituciones y que sufrieron las consecuencias de la altivez y arrogancia de sus propios correligionarios, se toman una venganza particular que la expresan recortando fondos públicos a ciertas necesidades de la localidad a la que representan aquellos antiguos compañeros del partido socialista. Los privilegios que estos políticos locales del PSOE adoptaron por su cuenta y riesgo cuando disfrutaban del poder total en otras épocas, actuando con soberbia, altanería y vanidad política, apabullando presupuestariamente a sus propios compañeros del partido socialista, los paga la localidad ahora. La revancha de los compañeros de partido, se hace notar.

La conclusión es clara, no se pueden plantear proyectos para acaparar la mayor parte de los fondos del presupuesto regional para un pueblo, aprovechándose de la presencia en los puestos de poder, y dejar a otros pueblos sin nada; luego pasa lo que está pasando ahora, nos quedamos un tanto marginados.

Otra cuestión a tener en cuenta. Ni el PSOE ni el PP han tomado partido a favor de las clases trabajadoras. Los dirigentes políticos de estos partidos han permanecido al margen de la explotación laboral a la que se han visto y se ven sometidos trabajadores y trabajadoras en muchos puestos de trabajo, sean del tipo que sea. Estas organizaciones políticas han preferido permanecer al margen, y de lo que sí se han preocupado, es de conceder medallas de oro a algunos que otros explotadores que se están enriqueciendo a costa del trabajo obrero. Y si mucha población obrera no dice nada y soportan la explotación es porque tienen miedo a ser represaliados.

Sobre la borrasca Efraín y el gobierno regional

 

Se acaba de firmar un acuerdo de la Junta de Extremadura con una serie de entidades financieras por el que se van a conceder préstamos en condiciones blandas a quienes se vieron afectados por las consecuencias de la borrasca Efraín. Las cantidades que se concederán son préstamos que oscilan desde los 12.000 euros por vivienda a los 20.000 euros por explotación agrícola o mercantil, que deberán pagar en 36 meses y con una comisión de apertura del 0,5 %. Las condiciones blandas las entendemos por intereses bajos, inferiores a los habituales del precio del dinero en el mercado.

No se dan a conocer los acuerdos de la Junta de Extremadura con los Bancos, pero es de presumir que los préstamos van a ser financiados por la Junta de Extremadura con dinero público, a pesar de todo no faltan las comisiones. La población conoce que las entidades financieras no tienen nada de generosas y en donde ponen sus zarpas de rapiña es porque ven negocio, y ahora no iban hacer una excepción.

El presidente de la Junta dice, y se queda tan satisfecho, que estos préstamos son una buena medida para evitar demoras en la reparación del daño puesto que la tramitación de las medidas oficiales procedentes del Estado y entidades aseguradoras tardan y es bueno que los afectados actúen lo antes posible. Nos viene a decir que las cosas de palacio van despacio, y en ese interín hay que dar posibilidades de negocios a todos los buitres del dinero.

El propio presidente pone de manifiesto la ineficacia y la lentitud con la que llega el auxilio del Estado. La prioridad la tiene la Banca que corre rauda y veloz a un negocio en el que va a poner en circulación unos créditos que creará artificialmente de la nada, sobre la base del ahorro público, asegurados por los avales de la Junta, y cobrando comisiones y unos intereses que en buena medida procederán de los presupuestos regionales.

 En todo caso, es en estos momentos cuando se pone de manifiesto la necesidad de una Banca Pública Regional cuyo objetivo fundamental sea el servicio público a la población extremeña, y sobre todo, necesitamos un gobierno regional que debiera haber actuado directamente, sin intermediarios, con más rapidez, con las ayudas económicas suficientes, tanto en la reparación de los desastres materiales provocados en las viviendas como para poner nuevamente en pie a los negocios que han quedado arrasados por la borrasca

El recorte de las pensiones, los fondos europeos y la deuda

 

En el denominado Componente 30 DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA presentado por el gobierno ante la UNIÓN EUROPEA para el acceso a los fondos comunitarios estaba el compromiso de la extensión de la jubilación hasta los 30 años, con la posible reducción a los 28, todo ello, tomando como referencia el Pacto de Toledo firmado por los principales partidos políticos y sindicatos, CCOO y UGT, del régimen monárquico. El Gobierno necesita aprobar el Componente 30 antes de fin de enero para asegurarse que la Unión Europea envía en abril las transferencias de los recursos comprometidas.

Mientras el gobierno necesita aprobar este Componente 30 del plan antes de fin de enero para asegurarse que la UNIÓN EUROPEA envía por abril los recursos comprometidos, y una vez que ha aprobado los planes privados de empresa, el proceso inflacionario no se detiene. Nos encontramos con los precios de los alimentos y otros productos que suben por encima del 15 %, y en algunos casos hasta el 50 %, mientras el nuevo IPC refleja un 5,6 %.

En este ambiente, nuestro gobierno regional se muestra pletórico con la recepción del mucho dinero que va a recibir próximamente, según nos dicen. En las casi permanentes declaraciones en sus asistencias a reuniones, intervenciones públicas, convenciones y ahora en FITUR no deja de dibujar unas perspectivas prometedoras, por no decir exuberantes de avance y progreso económico y social. En sus comparecencias públicas, los proyectos industriales y turísticos afloran como setas en otoño, sin que tengamos tiempo de asimilar de un día para otro la lluvia de millones y un futuro tan prometedor.

No todo el campo es de flores en la región extremeña. El discurso tan optimista choca con la objetividad de la escasez material de miles de familias. Las cosas se complican en el caso de la Sanidad en dónde los médicos se mueven en la posibilidad de convocar una huelga general. Los agricultores anuncian movilizaciones en los próximos días. La lucha por la escasez de viviendas no cesa. El transporte sanitario se muestra insatisfecho. Algunas obras públicas dependientes de la Junta de Extremadura están paralizadas. El IMV con tantos anuncios de subida refleja una incapacidad de respuesta ante una realidad social de pobreza deprimente. En nuestra región, sectores de la población comienzan a sufrir las decisiones de las instituciones monetarias para frenar la inflación generalizada. Las hipotecas se encarecen a consecuencia de que los bancos centrales suben los tipos de interés para frenar el consumo y la actividad económica, lo que posiblemente genere una nueva recesión y se multiplique el castigo a la clase obrera.

 Sin embargo, la enorme deuda de los gobiernos les obliga al acceso al mercado financiero empujando la frenética subida de los tipos de interés. Por otro lado, la reducción de impuestos que planean los partidos conservadores y socialdemócratas llevará a la falta de ingresos de los Estados que en este período de crisis necesitan ingresos para mantener los apoyos financieros que tanto necesitan los capitalistas. En este orden de cosas, algunos de las empresas promotoras de los proyectos industriales que se quieren instalar en Extremadura ya han hecho público que quieren ayudas y subvenciones millonarias de la Junta, sin contar el coste de las enormes infraestructuras que necesitan para ejecutar sus actividades y que están reclamando y reclamarán a la administración regional.

Nuestra política no puede ser otra que una posición radical contra las privatizaciones y los recortes en la sanidad, educación, pensiones, ayudas sociales. Nuestra puesto está al lado de los trabajadores en la lucha por el incremento de los salarios y las mejores de las condiciones laborales. En definitiva, por una autonomía política y económica que sea posible con el incremento de los presupuestos de los municipios para atender las necesarias prestaciones públicas, las infraestructuras, viviendas, que favorezcan la vida de las clases trabajadoras y pensionistas.

EN APOYO A LOS MOVIMIENTOS DE PENSIONISTAS

 

Lo que nos están ocultando sobre las pensiones.

Según los datos oficiales las pensiones sostienen las necesidades económicas de más de un tercio de familias trabajadoras del país. En Extremadura, de una población de 1.050.000 aproximada, unas 232.289 personas cobran pensiones, de las cuales un número de 93.877 pensionistas, es decir, el 40,4%, tienen unos ingresos inferiores a unos 700 euros, la cantidad por debajo de la cual se considera que se está en riesgo de pobreza y exclusión social.  

 Para este nuevo año 2023 las pensiones subirán un 2,5 % con respecto a las del año pasado con lo que pierden mucho poder adquisitivo frente a la impresionante subida de los precios de productos básicos para la vida.

 Recordemos que el gobierno aprobó la Ley 21/2021 para modificar el cálculo del incremento de los precios al consumo (IPC). Con este cambio estableció un NUEVO IPC medio que resulta inferior al IPC Real Acumulado Interanual.

Así, en enero del año 2022 subieron las pensiones un 2,5%, cuando tendrían que haberlo hecho en un 6,5%. La subida del 2,5 % sustituyó a la real del 6,5 % que fue el IPC Real Acumulado en el 2021, que incluso tomando como base el nuevo IPC del 5,6 %, tampoco se aplicó.

Ahora, aunque el gobierno y las direcciones de CCO y UGT insisten muy ufanos y arrogantes que las subidas de las pensiones serán de un 8,5 % con la aplicación del nuevo IPC, conviene destacar las reivindicaciones de los movimientos de pensionistas en base a los siguientes hechos:

1.- Las subidas de productos alimenticios y elementos energéticos alcanzan subidas del 15 % y en algunos casos llegan al 50 y 60 %.

2.- En justicia, si el gobierno de coalición atendiera a las necesidades reales del pueblo debería haber considerado la subida real para las pensiones durante el año 2023:

- teniendo en cuenta la subida real del 2022 que no se aplicó y que deberían haber sido del 8,5 %,

- a la que debería sumar el IPC para 2023 que según las previsiones que hace el propio gobierno serán del 4,5 %,

-Po tanto, nos iríamos para 2023 hasta una subida de un 13 % para las pensiones.

3.- Además habría que abonar una paga única en Enero del 2023 que tuviera en cuenta la compensación de los atrasos durante los meses del año 2022, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, de un 6 %, ya que la subida fue del 2,5 % y la real que como señalamos debería haber sido del 8,5 %.

4.- Los pensionistas, han sido objeto de un ROBO LEGAL, y precisamente en estos momentos en los que hay una inflación que tiene su origen en el afán de superbeneficios de las grandes empresas y de los bancos que les importan tres cominos las necesidades populares.

 

5.- La burla y estafa del gobierno del PSOE-UP y el consentimiento de las organizaciones sindicales que viven a su sombra continua con las ridículas e ineficaces «medidas» para paliar la subida de precios. Nos resulta vergonzoso que ningún pensionista pueda solicitar la ayuda de 200 euros, con independencia de cuál sea la cuantía de su pensión.

6.- Pero los ataques contra los pensionistas no han terminado, y el gobierno de coalición sigue trabajando para establecer la privatización de las pensiones, y que estas sean cada vez más bajas.

7.- La única respuesta a estas medidas contra la clase obrera es la que están dando algunos movimientos de pensionistas con su lucha, su movilización y trabajando por la unidad y confluencia con los movimientos sociales y el movimiento obrero.

¡Por la subida acorde como mínimo al IPC Real, por la equiparación inmediata al SMI y por la superación de la brecha de género!

 

 

 

SOBRE LA HUELGA DE MÉDICOS

En relación con las movilizaciones que están planteando los médicos de la sanidad pública extremeña es el momento de recordar las reivindicaciones concretas de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) planteada por la Coordinadora Anti-privatización de la Sanidad Pública (CAS) que UED-PSLF apoyó con todas susfuerzas, con la recogida de firmas y difusión en la calle, y que fue rechazada por los partidos de la Izquierda Institucional en el Congreso de los Diputados.

Nos encontramos en un contexto de crisis económica y presupuestaria que permite a losaparatos políticos justificar las reducciones del gasto público. En este sentido, la conducta del gobierno extremeño está en sintonía con el gobierno de coalición a nivelnacional que prometió un posible blindaje de la sanidad en la Constitución, y sinembargo, está pisando el acelerador del desmantelamiento de la sanidad pública, y engeneral, de los sistemas de protección social.

Así, lo señalan el mantenimiento de los déficits alarmantes de profesionales en la Atención Primaria, las listas de espera que crecen sin parar, incluso en especialidades que no son exclusivamente de especialistas médicos como los fisioterapeutas o las matronas, el mantenimiento de la privatización en los centros sanitarios de actividades como la extracción de sangre, la lavandería, la limpieza, la informática, el mantenimiento, el almacenaje, transporte sanitario, etc.

En lo que respecta a los trabajadores y trabajadoras, una vez pasados los aplausos de las ocho, un número importante manifiestan situaciones agotadoras en sus condiciones laborales. Los grandes sindicatos que tantos convenios y acuerdos firman con el presidente de la Junta de Extremadura han guardado silencio y no han denunciado una situación que desde hace años va a peor en nuestra comunidad, del mismo modo que han estado callados los colegios de médicos, colegios farmacéuticos, federaciones y asociaciones de vecinos (más preocupadas en organizar fiestas y actos lúdicos) y plataformas en defensa de la salud pública que parece que ahora cuando se acercan los procesos electorales levantan su voz bajo el designio de algunos partidos políticos de la Izquierda Institucional.

En estos días se anuncian huelgas del sindicato médico en la comunidad autónoma extremeña reclamando mejoras en sus condiciones laborales. Desde UED-PSLF consideramos que las movilizaciones de los profesionales sanitarios son necesarias, que se necesita financiación para ellos y para el conjunto del sistema sanitario regional, pero teniendo en cuenta que los problemas también afectan a profesionales no sanitarios y al conjunto de los usuarios, especialmente a las clases trabajadoras, y que la superación de los mismos vendrá de algo que no reivindican y que son las causas culpables de lo que ocurre: las leyes de ámbito estatal 15/97, y los artículos 67 y 90 de la Ley General de Sanidad, que el gobierno “más progresista de la historia” mantiene en vigor.

En definitiva, Desde UED-PSLF exigimos en EXTREMADURA lo planteado a nivel estatal en la ILP de la CAS:

 El rescate de servicios privatizados en los centros sanitarios como limpieza,

lavandería, extracción de sangre, etc.

 El incremento de las plantillas, creando turnos médicos de tarde en los hospitales, en las especialidades médicas necesarias, para la atención y reducción de las listas de espera que en muchas especialidades superan los meses y meses.

 Incompatibilidad para el trabajo en la privada.

 Romper los monopolios sindicales en la formación y prohibir la formación a través de las farmacéuticas.

 Democratizar de verdad la gestión de los centros, con participación real en la toma de decisiones de trabajadores y usuarios.

 Universalizar la asistencia. Ninguna limitación para la atención a los migrantes.

La descoordinaciónen relación al INGRESO MINIMO VITAL entre el Estado y la Comunidad Autónoma lo pagan las familias más pobres

 

Muchas familias están recibiendo cartas procedentes de la Seguridad Social en relación con el IMV en las que se les informa de una reducción de las cantidades mensuales que percibirán durante el año 2023. En ellas se aprecian recortes del 40 o 50 % respecto a las escasas ayudas sociales que venían percibiendo con anterioridad. Es decir, quienes cobraban 500 euros cobrarán unos 200 o 300 euros. 

Esto proviene de que a las familias que percibían la Renta de Inserción Extremeña se les obliga a solicitar el IMV. Como este se concede con retraso de 4 o 5 meses, con carácter retroactivo desde el momento inicial de solicitud, suponía la percepción de unos ingresos puntuales de unos 2000 o 3000 euros, según los casos.

Ahora, para recuperar la cantidad cobrada por la Renta Anual Garantizada abonada durante esos meses, la Seguridad Social les va a descontar durante un año parte del IMV, la fracción mensual equivalente a lo cobrado. Como resultado de este descuento mucha gente ingresará unas cantidades de verdadera miseria. A ver qué familia puede vivir con 300 o 400 euros o menos durante un año.

No sólo hay muchas familias en situación de pobreza que se están quedando fuera del IMV, sino que la miseria se extiende a consecuencia de los retrasos y la tardanza en la gestión del IMV.

Desde Campamento Dignidad exigimos:

1.-Una mayor coordinación entre la Junta de Extremadura y el Estado para que quienes perciben estas ayudas sociales no sufran los efectos de esa descoordinación política y administrativa entre las administraciones públicas. Las familias no son responsables de que se retrase la tramitación del IMV.

2.-Que se aceleren las resoluciones de concesión del IMV. No se necesita tanta burocracia para calificar la pobreza: los empadronamientos, los contratos de arrendamientos, las resoluciones judiciales de mantenimiento económico, etc.

3.- Que se incrementen las plantillas de personal en los servicios sociales municipales y de la Junta de Extremadura.

4.- El incremento del personal administrativo y técnico de la Seguridad Social para acelerar las concesiones de las ayudas sociales, sin tener que esperar a que transcurran meses para la resolución.

5.- Que los fondos que la Junta de Extremadura se ahorra de la partida de los presupuestos regionales destinada a la Renta Extremeña de Inserción se utilicen para incrementar las cantidades correspondientes a las estas ayudas sociales, a las pensiones no contributivas, y en general a la lucha contra la pobreza.

A LA CONSEJERÍA DE LA VIVIENDA DE LA JUNTA DE EXTREMADURA.

 

Desde CAMPAMENTO DIGNIDAD consideramos que los arreglos de viviendas sociales en ciertas localidades programadas por la Junta de Extremadura se deben extender de manera urgente a otras localidades y barriadas. Eso sucede en pisos, propiedad de la Junta, en la Barriada de los Colorines, en Badajoz, en donde algunos están en condiciones deplorables.

Tal es el caso de la vivienda de Beatriz Jorge Gómez, residente en la Plaza Nicolas Díaz Pérez de los Colorines, que lleva tiempo solicitando a la Consejería de la Vivienda el arreglo de su domicilio, especialmente los techos. Ahora, a consecuencia de las intensas lluvias que han caído en Extremadura, sobre todo en esta localidad, Badajoz, el agua no ha tenido freno y rebosa por las paredes del piso de Beatriz, tal y como se muestra en fotos y videos.

Cuando las familias han podido ir a casa de sus familiares las han abandonado esperando la posibilidad de reparar los daños. Esto que sucede en Badajoz es probable que se repita también en pisos de otras localidades de la región. La vida de seres humanos en estas condiciones no es saludable y más cuando allí hay menores de edades de 7,5 y 2 años. La consejería de sanidad tiene que intervenir urgentemente en estos casos para que se arreglen las condiciones materiales del piso en cuestión. La Junta de Extremadura tiene la obligación de reparar las malas condiciones de este piso al objeto de que pueda ser mínimamente habitable por sus moradores.

En definitiva, desde Campamento Dignidad exigimos a la Consejería de la Vivienda, y en general a la Junta de Extremadura, una política de viviendas en la que se preste una mayor atención y preocupación material por las necesidades de este conjunto de familias vulnerables que están sufriendo las consecuencias de la pobreza y la exclusión social.