domingo, 8 de enero de 2023

La descoordinaciónen relación al INGRESO MINIMO VITAL entre el Estado y la Comunidad Autónoma lo pagan las familias más pobres

 

Muchas familias están recibiendo cartas procedentes de la Seguridad Social en relación con el IMV en las que se les informa de una reducción de las cantidades mensuales que percibirán durante el año 2023. En ellas se aprecian recortes del 40 o 50 % respecto a las escasas ayudas sociales que venían percibiendo con anterioridad. Es decir, quienes cobraban 500 euros cobrarán unos 200 o 300 euros. 

Esto proviene de que a las familias que percibían la Renta de Inserción Extremeña se les obliga a solicitar el IMV. Como este se concede con retraso de 4 o 5 meses, con carácter retroactivo desde el momento inicial de solicitud, suponía la percepción de unos ingresos puntuales de unos 2000 o 3000 euros, según los casos.

Ahora, para recuperar la cantidad cobrada por la Renta Anual Garantizada abonada durante esos meses, la Seguridad Social les va a descontar durante un año parte del IMV, la fracción mensual equivalente a lo cobrado. Como resultado de este descuento mucha gente ingresará unas cantidades de verdadera miseria. A ver qué familia puede vivir con 300 o 400 euros o menos durante un año.

No sólo hay muchas familias en situación de pobreza que se están quedando fuera del IMV, sino que la miseria se extiende a consecuencia de los retrasos y la tardanza en la gestión del IMV.

Desde Campamento Dignidad exigimos:

1.-Una mayor coordinación entre la Junta de Extremadura y el Estado para que quienes perciben estas ayudas sociales no sufran los efectos de esa descoordinación política y administrativa entre las administraciones públicas. Las familias no son responsables de que se retrase la tramitación del IMV.

2.-Que se aceleren las resoluciones de concesión del IMV. No se necesita tanta burocracia para calificar la pobreza: los empadronamientos, los contratos de arrendamientos, las resoluciones judiciales de mantenimiento económico, etc.

3.- Que se incrementen las plantillas de personal en los servicios sociales municipales y de la Junta de Extremadura.

4.- El incremento del personal administrativo y técnico de la Seguridad Social para acelerar las concesiones de las ayudas sociales, sin tener que esperar a que transcurran meses para la resolución.

5.- Que los fondos que la Junta de Extremadura se ahorra de la partida de los presupuestos regionales destinada a la Renta Extremeña de Inserción se utilicen para incrementar las cantidades correspondientes a las estas ayudas sociales, a las pensiones no contributivas, y en general a la lucha contra la pobreza.

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