Sobre Industrias, sindicatos, empleos de calidad y salarios dignos

 

Desde Una Extremadura Digna (UED) y el PSLF queremos llamar la atención para que los sindicatos más importantes de la región que viven a la sombra del gobierno regional y los servicios de inspección de la Junta de Extremadura intervengan y contribuyan a que se cumplan lo que de palabra reiterativamente manifiestan respecto a sus deseos de que vengan industrias a Extremadura que aporten desarrollo económico, empleos de calidad y salarios dignos, y en definitiva a que estén al lado de la clase trabajadora que es la que realmente crea las riquezas sociales.

1.- Es una realidad que la región extremeña por factores económicos estructurales se encuentra en posiciones desfavorecidas para la atracción de inversiones procedentes de fuera de nuestro territorio, lo cual es consecuencia de políticas que para nada han tenido ni tienen en cuenta las necesidades de la mayoría de la sociedad, al contrario, han sido favorables a los intereses de una burguesía que ha sido poco presionada, incluso favorecida por los sindicatos y por los propios gobiernos regionales.

2.- Desde UED y el PSLF rechazamos la idea bastante extendida de buscar una solución a nuestros problemas industriales recurriendo a lo que se nos vende hipócritamente como la generosidad de mecenas venidos de fuera para instalar emporios industriales, un pensamiento general bastante vendido por el poder mediático que ha logrado ser extendido y consolidado, pero que al fin y al cabo lo que demuestran es la incapacidad de quienes han dirigido la política extremeña durante muchos años para desplegar un aprovechamiento integral de nuestros bienes y servicios.

3.- El hecho de que se pretenda que vengan industrias, en abstracto, sin especificar qué tipo de industrias, queda muy bien, pero es una palabra vacía sin contenido; consideramos que no todas las inversiones valen, y hay que estar muy atentos a que las industrias que se quieran establecer contribuyan al desarrollo económico extremeño y al bienestar de su población, y no las que pretenden exprimir a nuestra fuerza de trabajo y nuestros recursos naturales. En definitiva, como se observa por la reacción de buena parte del pueblo extremeño se rechazan aquellas que buscan la apropiación seguido del destrozo de los recursos naturales.

4.- Lo que exigimos es que la propia Junta de Extremadura acompañada por el gobierno de España pongan en marcha procesos inversores que tengan por base el aprovechamiento de los recursos productivos autóctonos, agrícolas y ganaderos, el apoyo a nuestros empresarios, sin desdeñar aquellas otras que aporten empleo y riqueza para lo que es preciso el control del gobierno regional, de los trabajadores y de los representantes de la ciudadanía. 

4. En un orden de cosas relacionados con “el empleo de calidad y salarios dignos” sería muy necesario que representantes sindicales y políticos de la región extremeña movieran los resortes institucionales de los que disponen y entraran en contacto con los  trabajadores y trabajadoras para interesarse por conocer y corregir las condiciones laborales tan negativas que sufre una buena parte de la población trabajadora extremeña, que se mueve en subcontratas, empleos precarios, condiciones ambientales detestables, horas extraordinarias, salarios indecentes, etc.

5.- La experiencia de lo que sucede en industrias establecidas en nuestro territorio, en zonas muy concretas de Tierra de Barros, parece ser que es desconocida por los responsables políticos regionales y por los propios sindicatos próximos al gobierno regional, a pesar de las posibilidades que tienen debido a sus servicios de inspección y al control administrativo-laboral que debieran tener los dirigentes sindicales de la región en el interior de estas grandes empresas extremeñas

6.- Consideramos que debe ser un objetivo prioritario tanto para sindicatos como gobierno regional vigilar y controlar el cumplimiento en toda su extensión de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, sobre todo en lo relacionado con las condiciones ambientales por sus tremendas consecuencias sobre la salud laboral. En centros específicos de grandes empresas es excepcional que aparezcan Inspecciones de Trabajo ni tampoco se preocupan mucho los principales dirigentes sindicales a pesar de que conocen las circunstancias ambientales en las que se encuentran los trabajadores. Esta intervención debiera ser una labor primordial en algunos centros de trabajo de grandes empresas con dueños y directivos que reciben continuos honores y probablemente subvenciones de los organismos públicos.

 

 

 

Sobre la PAC y los millones para viviendas

 

En el inicio del curso político se aceleran las declaraciones de los dirigentes políticos y sindicales sobre aspectos importantes que tienen que ver con el futuro de Extremadura referidas a las políticas de viviendas y la agricultura.

Los representantes de la administración regional hacen referencia a los millones de los que dispondrá la Junta de Extremadura para rehabilitación y construcción de viviendas y fondos europeos, y en especial el incremento de los dineros de la PAC que según el presidente de la Junta alegrarán las tesorerías de los agricultores y ganaderos.

En materia de viviendas todo lo que nos prometen es que habrá posibles resoluciones de los problemas que padecemos en el futuro. Los dirigentes regionales dan un salto hacia adelante y pasan de lo que está sucediendo en la actualidad; es decir, se olvidan de los cientos de familias extremeñas que están sufriendo graves problemas habitacionales.

Desde Una Extremadura Digna exigimos soluciones concretas en este momento concreto; la junta dispone de consejeros y asesores que están para eso para buscar alternativas y soluciones, exigimos políticas públicas que den respuesta al estado actual de necesidades comenzando por mejorar la facilidad para el acceso a las ayudas de alquiler, adquisición de viviendas para su cesión en alquiler social, creación de bancos locales de viviendas, disponer de los pisos de los bancos, y todas aquellas medidas que respondan a la resolución satisfactoria de las necesidades sociales.

En cuanto a las ayudas a los agricultores procedentes de la PAC, desde UED-PSLF siempre hemos defendido que estas ayudas deben estar dirigidas a compensar las rentas de los productores agrícolas y no a engordar las cajas de los latifundistas y empresas agrarias que es lo que ha venido ocurriendo estos años atrás. Las ayudas deben ir dirigidas a quienes trabajan la tierra y son productores activos en materia agrícola y/o ganadera.

De todos modos, lo que está claro es que mientras no se proceda a la toma de medidas estructurales, como una reforma agraria integral que afecte no sólo a la tierra sino también a los insumos necesarios para la producción, no se van a mejorar los ingresos de los agricultores y los precios de los productos agrícolas seguirán en manos de las grandes superficies y monopolios relacionados con la agricultura.

En conclusión, desde UED y PSLF exigimos a los dirigentes regionales menos declaraciones propagandísticas y Políticas Públicas que resuelvan los problemas actuales en materia de viviendas. Reforma Agraria con políticas de Precios que impidan la ruina de los agricultores. Reparto de la PAC, para apoyar a quienes trabajan la tierra y no a los rentistas.

El CAPITALISMO ES EL PROBLEMA.

 

El Banco Central Europeo ha vuelto a subir los tipos de interés. Ya realizó una subida de 0,50 puntos en el pasado mes de julio pero ahora los sube 0,75 puntos, alcanzando el 1,25%, niveles que se llevan sin alcanzar desde noviembre de 2011.

Según la presidenta del BCE el objetivo de esta subida es para combatir los actuales niveles de inflación. No hay que olvidar que el Banco Central Europeo es uno de los defensores de los intereses de las oligarquías europeas. Son los capitalistas parasitarios y con capacidad para imponer precios los únicos que se benefician de esta problemática. 

La inflación es un mecanismo por el que se transfieren rentas desde la clase obrera a la burguesía. Un fenómeno que comenzó a ser visible en 2021, mucho antes de la guerra en Ucrania, con escasez de alimentos, fertilizantes, semillas, componentes de automóviles, semiconductores, capacidad de transporte y que manifiesta la imposibilidad del modo de producción capitalista para perpetuarse.

Esta subida de tipos supone un encarecimiento de la vida cotidiana castigando a aquellos que sólo disponen de un salario (si lo tienen) y una pensión para vivir y en el lado contrario, un mecanismo más para aumentar la tasa de ganancia de las clases poseedoras de propiedades inmuebles, de rentas, accionistas empresariales o bancarios, etc.

La clase obrera y pensionistas que tienen préstamos hipotecarios van a ser empobrecidos por que la subida de los tipos de interés conducirá a que los bancos revisen al alza las cuotas mensuales de hipoteca a tipo variable o de préstamos para el consumo provocando una brutal pérdida de poder adquisitivo de las familias.

Además, los Estados recortarán los servicios públicos tales como la sanidad, educación, pensiones, dependencia, el agua… con consecuencias desastrosas en regiones como la extremeña, debido a la disminución de las cantidades presupuestarias que desviarán aquellos para pagar los incrementos de los intereses de sus deudas.

Desde UED y el PSLF entendemos que la subida de los tipos de interés es una forma más para incrementar los beneficios y mantener el poder político de los grandes capitalistas. Todo esto pone de manifiesto que el problema fundamental es el capitalismo. Lo único que cabe es la organización de las clases trabajadoras para superar un sistema caduco encabezado por una Unión Europea en fase crítica. La economía debe estar al servicio de la mayoría, con un poder popular y una economía planificada que sirva para satisfacer las necesidades de las clases trabajadoras.

 

LAS OBRAS PÚBLICAS EN LA LOCALIDAD de VILLAFRANC DE LOS BARROS CARENCIA DE ESPECIALISTAS MÉDICOS EN EL HOSPITAL TIERRA DE BARROS.

 

En una reunión con un grupo de vecinos se valoró el horizonte de progreso que la administración pública tiene para Villafranca de los Barros en una serie de aspectos concretos: panorama de futuro paralizado completamente o que avanza muy lentamente y con mucha demora.

Son los tipos de calificativos, adverbios o sustantivos que podemos asociar cuando hablamos de las obras públicas en la localidad, o cuando describimos el estado en el que se encuentran otros servicios públicos como el sanitario con escasos recursos humanos, sobre todo en el aspecto concreto de especialistas médicos en el Hospital Tierra de Barros, lo que le hace incapaz de atender a su debido tiempo, sin esperas de meses, las necesidades que tienen muchos ciudadanos y ciudadanas.

En concreto, cabe indicar que las 31 viviendas se reiniciaron y después de muchas denuncias públicas la Junta de Extremadura dio la orden de reiniciarlas y esperemos que ponga el máximo interés para que finalicen pronto en vista de las necesidades de la población.

En otros casos de obras públicas, como ocurre con el Instituto, a pesar del montón de promesas que hicieron y de las visitas propagandísticas de jerifaltes de la Junta a nuestra localidad anunciándolo a todo bombo, etc. la obra está sin comenzar, aunque la adjudicación del proyecto a una empresa constructora se realizó hace muchos meses. No faltó la guinda a la que ya estamos acostumbrados en este tipo de cosas, con el ánimo de desorientar a la población, hacer el paripé de que se comenzaba de inmediato, procediendo a la limpieza de los terrenos en dónde teóricamente se va a construir la primera fase del edificio. Nos queda la esperanza de que como las elecciones municipales y autonómicas están próximas se dé vía libre al inicio de las obras.

Otro asunto que comentan, es la tardanza de la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda para entregar definitivamente las viviendas que están adjudicadas a unas 6 familias de esta localidad; en algunos casos las viviendas se adjudicaron hace más de 5 o 6 meses y aún no han sido entregadas para que estas familias puedan establecer definitivamente en ellas su hogar. No entendemos a qué se debe este retraso y a qué espera la Junta para transferir las llaves. No queremos pensar que las elecciones estén condicionando estas adjudicaciones definitivas.

En el aspecto sanitario, algunas personas mostraron sus quejas de que la atención por los especialistas médicos en el Hospital de Tierra de Barros es excesivamente lenta y hay quienes llevan esperando muchos meses para ser atendidos por especialistas en Cardiología, Neumología, Psiquiatría, o la tardanza en Rehabilitación señalando la necesidad de que la Consejería de Sanidad incremente los recursos humanos, especialmente en el número de los especialistas en el mencionado hospital.

 

Las privatizaciones y el empobrecimiento de Extremadura

 

La venta de los bienes públicos del Estado a los grandes capitales siguiendo el mandato de la UE nos ha metido en un embrollo que estamos pagando las clases trabajadoras. Los elevados precios de la energía eléctrica y en general de los recursos energéticos determinan una influencia en los precios de los productos básicos para la vida generando una inflación que arruina los salarios y las pensiones.

El origen de este saqueo a la población trabajadora se acentúa a partir de mediados de los años 90 cuando el gobierno del PSOE comienza la privatización de importantes empresas públicas que continua el gobierno de Aznar. El PSOE y en el mismo gado el PP han propiciado que en algunos sectores se hayan creado verdaderos monopolios que controlan los mercados estableciendo precios y condiciones de producción que les generan altos beneficios. Los grandes monopolios con el apoyo del Estado han llevado la pobreza y el atraso económico a Extremadura, y aún persisten en sus intentonas de acabar con toda la riqueza de nuestra región apropiándose de los recursos naturales. Así, el poder de estos oligopolios es tal que para incrementar sus ganancias vacían los pantanos para producir energía eléctrica que venden al precio de la obtenida con gas que es mucho más cara.

Sin embargo, la crisis del capitalismo no se detiene y las tasas de ganancia no siguen el curso y no responden al interés de los grandes capitales que para producir más y más barato sustituyen el capital variable (la fuerza de trabajo) por el capital constante (maquinarias y nuevos instrumentos tecnológicos). Para compensar estas caídas de las tasas de ganancia el capitalismo mundial recurre a las guerras, al robo y saqueo de los pueblos, y en el interior de los países como en el caso español a seguir con la venta de bienes públicos mediante la privatización de la sanidad, la educación, la imposición de duras condiciones laborales, etc.

Desde el PSLF y Una Extremadura Digna consideramos que la única forma de acabar con este robo a las clases trabajadoras es con un Estado que esté al servicio y en manos de las clases trabajadoras que revierta los grandes bienes públicos privatizados, y lleve a cabo la nacionalización y expropiación sin indemnización de las grandes corporaciones monopolistas de gas y combustibles preservando los derechos de los pequeños accionistas y estableciendo el control de los precios.

Privatizaciones y gasificación de Europa. Caos económico y salida política

 

La privatización de empresas públicas y de sectores económicos enteros, como el caso del sector

energético en Europa, ha puesto a la Unión Europea ante una situación imposible. Han empeorado las

cosas después del COVID y de la guerra de Ucrania. Con anterioridad a esta crisis total, se hablaba de

problemas estructurales en nuestra sociedad, se decía que algo iba mal o muy mal; y ahora lo que va

muy bien es el brutal enriquecimiento de los especuladores a costa de la pérdida del poder adquisitivo

de la mayoría social como consecuencia de la inflación-especulación desatada.

No podemos entender la multiplicación de precios al consumo en la mayor parte de países del

mundo sino y a partir de la subida general del precio de las energías. El origen de este movimiento hay

que buscarlo, entre otros factores, en las privatizaciones generalizadas e impuestas por la Troika, tal y

como se denomina al triunvirato de poderes que rigen la economía mundial dependiente de los EEUU, a

saber: el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio.

Tratando de evitar la reducción de las tasas de ganancia del capital, la Troika entendió que la venta

masiva de bienes de los Estados al capital privado podría abrir un periodo de renovación para la mayor

acumulación de capital. La Unión Europea, al servicio de los planes de la Troika, no ha dejado de lanzar

ofensivas privatizadoras tanto sobre Estados miembros, cómo con los que mantiene relaciones

privilegiadas.

Durante décadas la recomendación a los Estados, por parte de quienes manipulan la economía

mundial al servicio del gran capital, ha sido la de privatizar, privatizar y privatizar…

Cuando en medio de la sequía más fuerte que se conoce desde que se tienen registros, se informa de

que las grandes empresas eléctricas privatizadas manejan a su antojo el vaciado de los pantanos para

producir la energía eléctrica más barata, vendiéndola como la más cara, es hora de relacionar

especulación con las privatizaciones. Todo gracias a las políticas de Bruselas, que permite facturar a las

empresas toda la energía que producen al precio de la que les resulta más cara, como es ahora la

energía producida con gas. También fue gracias a las políticas de Bruselas como se estableció la

condición de las privatizaciones en cadena, generando un verdadero oligopolio en sectores como el

eléctrico, el energético y otros; de tal manera que hoy en día fijan sus precios especulativos con la

complicidad de los gobiernos.

Hemos de remontarnos a 1996, el último año del largo gobierno de Felipe González que comenzó en

1982, para encontrar el punto de partida de las políticas de privatización en España al dictado de la

Unión Europea. Se puso a precio de regalo importantes empresas públicas como Enagas, Repsol, Gas

Natural… Privatizaciones que continuaron de forma general a partir de 1997 con el gobierno de Aznar.

Como evidencia de qué es lo que se buscaba con esas privatizaciones, hemos de poner en claro que

entre los años 2000 y 2018 el precio del KW/h aumentó un 150%, pasando de 30 a 75 euros. Ahora anda

por los 450.

El gobierno del PP de Aznar extendió el plan de privatizaciones a otras empresas y sectores, como fue

el caso de Telefónica, Argentaria, Tabacalera, Red Eléctrica, Iberdrola, Aena…, apoyado en la exigencia

de la Unión Europea del cumplimiento en materia de déficit público, que establecieron los planes de

Maastricht.

Zapatero por el PSOE, y Rajoy por el PP continuaron con esa primera oleada de privatizaciones de

grandes empresas públicas. Se vendieron dichas empresas muy por debajo de su valor real, y a puerta

cerrada, de acuerdo con los compradores, estableciendo así verdaderos monopolios privados de tipo

clientelar; entregando la mayoría de las acciones a grupos financieros internacionales y fondos buitre.

Esa ofensiva no ha acabado y trata de barrer con todo lo público, tal como sucede ahora con la sanidad,

con el agua, con las viviendas públicas y con las mismas pensiones públicas en beneficio exclusivo de los

banqueros.

Los monopolios, al calor de la crisis actual, han puesto de manifiesto su capacidad para subir

indefinidamente los precios, generando costos imposibles para pequeñas y medianas empresas, así

como para millones de trabajadores, que por ello exigen la subida de salarios y pensiones en relación

con la subida de los precios. Una ola general de huelgas se ha desatado en Inglaterra, como no se

conocía desde hace cuarenta años. El poder y complicidad de los oligopolios y los gobiernos ha

multiplicado la corrupción política e institucional, hasta tal punto que la misma Comisión Europea se ha

visto obligada a hablar de la necesidad de proceder a la “intervención de los precios del mercado

eléctrico”, del gas y de los combustibles en general, acusando a Putin de ser el responsable de la crisis.

Pero son los oligopolios los que han triplicado sus beneficios económicos.

En reciente reunión en Alemania del gobierno tripartito del canciller Scholz, a la que fue invitado el

presidente español, Sánchez, el primero puso el grito en el cielo manifestando que “el precio del

mercado energético no tiene sentido y no está justificado”. Sánchez fue invitado a la reunión en tanto

que ha tratado de aportar propuestas alternativas a la crisis energética, como ha sido el caso de la

“excepción ibérica”, lo que permite parcialmente no vincular el precio del kilovatio al del gas, o la

propuesta de ampliación del gasoducto que quedó parado hace años en los Pirineos por falta de

presupuesto (Proyecto MidCat). En España existe la posibilidad de regasificación del 30% del gas que

necesita Europa. El gasoducto que se pretende retomar para vincular, gasísticamente hablando, Europa

desde Portugal hasta las fronteras rusas, también podría transportar hidrógeno combustible, para lo que

se exige la financiación pública europea.

Hay que señalar que todos los partidarios del gas licuado buscan cómo incrementar el negocio si

cabe, ya que puede acabar el suministro de gas barato a Europa desde Rusia, que ahora supone el 40%

del consumo, y ello desde este mismo invierno. La misma presidenta de la Comisión de la UE ha

convocado una reunión extraordinaria “para intervenir el mercado eléctrico frente al chantaje ruso”.

Ahora va a resultar que Putin es también el culpable de las privatizaciones de las empresas energéticas

de la UE y del oligopolio constituido. Este conflicto también se debatirá el próximo martes en el Senado,

tratando de convertirlo en un debate exclusivo entre partidos privatizadores que promueven la

corrupción clientelar.

La “intervención” del mercado energético está sobre la mesa de las principales instituciones, y

debería abarcar precios y empresas que conforman el oligopolio energético. Tratan de reordenar su

negocio con financiación pública sobre el gas, que en buena parte aportará los EEUU a muy alto precio y

de muy baja calidad.

Los partidarios del socialismo y de la república entendemos que acabar con el caos energético pasa

por revertir las privatizaciones acabando con los oligopolios, exigiendo la expropiación de dichas

empresas, su necesaria nacionalización sin indemnización para los especuladores, preservando los

derechos de los pequeños accionistas. Expropiación que exige una nueva dirección con el control obrero

y sindical.

La movilización convocada en defensa de las pensiones públicas del próximo 15 de octubre, debe

extenderse a todo lo público, por la expropiación del oligopolio eléctrico, de gas y combustibles,

haciendo frente a la crisis económica y política del régimen de la monarquía. La defensa de todo lo

público debe impulsar la exigencia de un referéndum legal y vinculante sobre monarquía o república.

La lucha por la apropiación de la plusvalía producida por el obrero en la vendimia

 1.- Las políticas reformistas.

La socialdemocracia necesita que al capital le vaya «bien» para poder repartir los «restos» de su ganancia y de este modo arreglar ciertos problemas del capitalismo para darle una cara más humana.

Por eso, esta propuesta política de algunos partidos socialistas (reformistas) que pregonan la redistribución de la riqueza cae en el limbo dado que ese reparto depende de que la economía vaya bien y el Estado pueda disponer de recursos suficientes para ejecutar una redistribución que a lo máximo que puede llegar es a lograr una cara más humana del sistema social. A su vez, en esa situación económica el capital puede disponer de enormes beneficios, de ganancias que proceden de las plusvalías extraídas del sudor del obrero. En estos casos, tanto al Estado como a los explotadores no les importa ceder ciertas migajas a las clases trabajadoras. Es decir, devuelven parte a sus dueños puesto que de por sí lo poco que restituyen provienen del plus valor que se extrae al trabajo asalariado. Esta actitud hipócrita de los gobiernos reformistas y sus promotores, los capitalitas, se explica para que los trabajadores no lleven a cabo explosividades sociales de carácter revolucionario.

Sin embargo, la careta desparece cuando los beneficios del capital se contraen y se reducen los ingresos del Estado en las crisis que se originan a causa de múltiples circunstancias: la superproducción, las competencias entre capitalistas, las luchas territoriales para ganar mercados de venta y de materias primas, las guerras, etc. 

En definitiva, cuando las tasas de beneficio caen el capital y el propio Estado dejan de lado su cara amable de farsante generosidad y recurren a mecanismos que incrementen la explotación salarial de la clase obrera con el apoyo del Estado que simultáneamente generaliza los recortes sociales para disponer los presupuestos del estado al servicio del capital.

2.- Los precios de la uva y sus consecuencias.

La situación general descrita la podemos trasladar de modo concreto a la que rige actualmente en el campo. Así, los precios de la uva están tirados por el suelo. Los compradores, un pequeño grupo de bodegueros se ponen de acuerdo monopolizando el mercado estableciendo unos precios de compra que les aseguren futuras ganancias frente a otros industriales más poderosos que aparecen en la secuencia comercial de compra-venta; los bodegueros acuerdan pagar a los agricultores precios de miseria por la compra de la uva; las consecuencias son claras: muchos agricultores, los más pequeños irán a la ruina, otros se mantendrán con muchas dificultades y sólo saldrán adelante los agricultores más poderosos que muy probablemente adquirirán la propiedad de los que van a la ruina.

Esta situación en la que el Estado da la espalda y no quiere saber nada, no interviene para nada, dejando que las cosas vayan por una inercia que favorece a los más poderosos de esta cadena de producción y distribución, determina la tendencia de que cierto tipo de propietarios agrícolas, especialmente los más reaccionarios y conservadores, se opongan radicalmente a pagar salarios decentes y justifiquen la aplicación de duras condiciones laborales y salarios de miseria para los obreros que emplean en la vendimia.

Esta cadena de valor atravesada por el enfrentamiento entre varias clases sociales, los trabajadores y los dueños de los medios de producción materiales y financieros, desde los agricultores, los bodegueros, industriales y otros intermediarios, se caracteriza por la disputa para la apropiación de la plusvalía generada por la fuerza de trabajo del obrero. En esta batalla son las clases trabajadoras y los agricultores los que se llevan la peor parte, en la mayoría de los casos son otros los que manipulando y manejando las fases de la distribución comercial, controlando el mercado de compra y venta de las materias primas y sus transformaciones, obtienen buenos beneficios. Los pequeños y medianos agricultores van a la ruina y los obreros no obtienen ni siquiera los salarios que compensen la reproducción de su fuerza de trabajo.

3.- Las tendencias generales del capitalismo: las desigualdades sociales y la concentración de la propiedad de la tierra.

Estos problemas con mayor o menor virulencia se manifestarán mientras se mantenga el sistema capitalista; mientras el modo de producción capitalista sea la matriz en la que tiene lugar, la producción, la distribución y el consumo de bienes y servicios. Sólo la lucha de clases puede hacer frente a las tendencias generales del capitalismo. En el caso concreto que tratamos podemos destacar dos líneas generales. Por un lado, el aumento de las desigualdades sociales con el enriquecimiento de una minoría social que acumula patrimonio y riqueza y en la acera opuesta, el empobrecimiento de una mayoría de la población formada por trabajadores y pequeños productores agrícolas,

y por otro, la concentración y centralización de la tierra en manos de grandes agricultores, industriales y monopolios.

La salida que los distintos gobiernos intentan es la de ocultar a los ojos de la sociedad estas tendencias generales de la producción capitalista para lo que aplican subvenciones y diferentes ayudas estatales propias o procedentes de la Unión Europea, así como ciertas medidas de subsistencia mínima para aminorar las condiciones que van creando una previsible explosividad social entre las clases productoras: agricultores y trabajadores.

No obstante, lo que sí hacen es compensar y aliviar las caídas de las tasas de ganancia de los grandes capitales en su conjunto mediante reformas laborales que incrementan la explotación salarial, reformas administrativas inútiles como la Ley de la cadena alimentaria que en definitiva no alteran para nada los precios de miseria que llevan a la ruina a miles de agricultores, a la vez que financian a los latifundistas y grandes monopolios para facilitar la concentración y centralización de la tierra en sus manos.

4.- La repercusión en el mundo rural de los bajos precios y salarios de las producciones agrícolas. La necesidad de la intervención del Estado en el control y planificación de la producción.

El hundimiento del valor de las producciones agrícolas tiene una tremenda repercusión en todos los sectores sociales que viven de la agricultura, y en general en el mundo rural. Las perspectivas son bastante negras y si las cosas siguen igual será difícil detener el acelerado vaciamiento y depauperación de nuestros pueblos. La Ley de la cadena alimentaria ha quedado como algo poco eficaz, por no decir inútil, por sus impedimentos administrativos y las dificultades para establecer y aplicar los costes de producción y precios de venta, a esto se le suma las dificultades para la venta en los mercados internacionales por la guerra de Ucrania, la sequía y las olas de calor con su influencia negativa en la producción, etc..

Consideramos que el planteamiento político debe ir a la raíz del problema que no es otro que la propiedad privada de los medios de producción. La contradicción básica y fundamental del capital es que mientras que las fuerzas productivas se desarrollan y crecen la propiedad y las decisiones acerca del producto y la riqueza generada siguen en manos de una minoría. Los productores, las clases trabajadoras, están más y más enajenadas de lo que ellas producen con su trabajo.

En el caso concreto que nos ocupa, es una necesidad el control y la planificación por el Estado de todas las fases en las que se integran los procesos de compra y venta de la uva: estableciendo un precio de venta y planificando unas producciones que permitan unos ingresos y salarios dignos a los que trabajan en el campo, en vez de que sean otros afincados en las capitales o en el extranjero los que determinen el valor final de la producción, y por supuesto, acentuando su presencia en los mercados internacionales.

No nos olvidamos de señalar que las acciones que faciliten la vida en el campo tienen que formar parte del conjunto global de medidas que conforman una Reforma Agraria que oriente la propiedad de la tierra hacia su mejor aprovechamiento social y productivo, a la vez que arranque, extraiga de las manos de los monopolios y ponga en poder de los agricultores los medios de producción necesarios (semillas, abonos, insecticidas, maquinarias, energía, etc.) para las producciones agrícolas.

 

El poder político regional y la negación del derecho a la vivienda

 

El PSLF y Una Extremadura Digna ante la negación del derecho a la vivienda a jóvenes y personas trabajadoras en precariedad salarial o en desempleo, y en general a personas y familias vulnerables.

 

1.- Introducción.

Conviene comenzar recordando que la Constitución española, en su artículo 47 establece aunque sólo formalmente el derecho de todos los ciudadanos a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, a la vez que ordena a los poderes públicos que adopten las medidas necesarias para que hagan realidad este derecho.

La declaración de Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948, en su artículo 25, así como en otras diferentes normativas internacionales, se refieren a la vivienda como un bien necesario para una vida digna. Aunque cuando caminamos por el siglo XXI pocos países capitalistas, entre ellos España, cumplen con este y otros derechos básicos.

El artículo 148.1.3 de la Constitución Española establece la vivienda como una materia competencial que pueden asumir las Comunidades Autónomas. En base a esto, en el artículo 9.1.31 del Estatuto de Autonomía de Extremadura, la Junta se responsabiliza en esta competencia.  De este modo, se aprueba la Ley de Promoción y Acceso a la Vivienda de 11/2019, de 11 de Abríl, en la que se vuelve a mencionar la garantía del derecho a la vivienda en la Comunidad Autónoma de Extremadura. En la correspondiente exposición de motivos de esta ley se profundiza y se define este concepto con más amplitud “como el derecho de toda persona a acceder a una vivienda digna, de calidad y adecuada a su situación personal, familiar, económica, social y capacidad funcional, asegurando a los extremeños una debida calidad de vida y contribuyendo así al fomento del desarrollo económico y social en la Comunidad Autónoma de Extremadura”. La palabrería que no falte.

2.- La realidad política en la que nos movemos.

Sin embargo, los poderes públicos regionales y nacionales no cumplen de ninguna manera con lo que se apunta en estas normativas que en definitiva se convierten en preceptos publicitarios retóricos y grandilocuentes que no tienen más recorrido que la descripción literal de un supuesto, no dan más de sí. En este sentido, estamos acostumbrados a los discursos demagógicos de dirigentes como el presidente de la Junta o la consejera tanto en la Asamblea de Extremadura como en los diferentes medios regionales con discursos demagógicos que además de mentir pretenden ocultar las desastrosas políticas de viviendas seguidas hasta la fecha.

De este modo, las elaboradas oratorias en las que pregonan que se van a construir viviendas para más de 20.000 familias y destinar millones y millones de euros para facilitar el acceso de jóvenes o se van aumentar las ayudas de alquiler nos suenan a música celestial.

3.- Consecuencias de los problemas habitacionales.

 

Los problemas relacionados con la vivienda son factores que contribuyen a conformar las desigualdades sociales, presentando una casuística variada y compleja que tienen su raíz en la carencia de posibilidades económicas, pero que a su vez generan enfermedades y daños mentales  irreversibles en quienes los sufren:  personas y familias en una precariedad habitacional por las condiciones de deterioro físico e higiénicas de las viviendas; el agobio de quienes comparten viviendas en un verdadero estado de hacinamiento, o aquellos que se encuentran en una situación económica tan deteriorada que son incapaces de pagar el piso que tienen alquilado y están amenazados de desahucio,  jóvenes que viven con sus padres incapaces de independizarse y formar una familia, familias que viven en viviendas de ínfimas dimensiones, personas mayores que viven solas recluidas de manera carcelaria en pisos sin ascensor y sin posibilidad de movimientos, personas que tienen que dormir en la calle buscando la protección de un portal y que más pronto que tarden suelen ocupar espacios en la prensa en donde se narra su fallecimiento por el  frío o por algún golpe de calor, etc.

 

No hay que olvidar que la vivienda además de ser un elemento fundamental para una vida digna, es un atributo muy particular que las administraciones exigen para el empadronamiento en una localidad determinada, lo que a su vez es un requisito imprescindible para acceder a ciertas ayudas sociales. Por cierto, el PP, intenta apretar más la soga al cuello de la pobreza por lo que propone que no se empadronen a quienes están ocupando una vivienda. El PP no piensa en solucionar el problema sino castigar aún más a quienes sufren la pobreza.

El conjunto de las circunstancias indicadas se ven agravados por otros elementos que dependen de los comportamientos institucionales, tales como, la lentitud con la que se conceden las ayudas de alquiler, la escasez del parque de viviendas sociales y lo elevado de los precios de arrendamiento que dificultan el acceso a alojamientos decentes para los sectores sociales más humildes. Por tanto, si a todo lo anterior sumamos los bajos salarios, la precariedad laboral y el desempleo no es de extrañar que nos encontremos a la cabeza del país en riesgo de exclusión social y pobreza. Según la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social hay más de 400.000 personas extremeñas en el umbral de la pobreza y en riesgo serio de exclusión social.

 

4.- Las circunstancias que agravan la problemática social y el abandono del mundo rural.

Las consecuencias de la crisis sanitaria derivada del COVID 19 y las acciones políticas y económicas que toman los gobiernos europeos en relación a la guerra de Ucrania, que se vuelven como un bumerang contra las clases trabajadoras y sectores populares, han empeorado significativamente las ya difíciles condiciones de vida de los grupos sociales más débiles económicamente de la población EXTREMEÑA. Los aspectos más agresivos se manifiestan en la inflación, con importantes subidas de precios de los productos básicos para la vida, y en el incremento de las dificultades de acceso a la vivienda lo que viene a traducirse en la negación en sí del derecho a la vivienda.

Durante décadas se han dejado en manos de las empresas privadas la construcción de viviendas, abandonándose los programas públicos lo que ha determinado que en la actualidad haya una escasez de viviendas sociales, a lo que se suma un alto precio para la compra o alquiler que imposibilitan que cientos de personas por la precariedad salarial, las mínimas ayudas sociales y el desempleo puedan resolver sus problemas habitacionales.

En este tipo de cuestiones se observa el papel clasista de las administraciones públicas, siempre al servicio de las clases ricas. Lo que pone de manifiesto que sólo un estado en manos y al servicio de las clases trabajadoras que acabe con la propiedad privada de los medios de producción tendrá en cuenta los intereses sociales de la mayoría. Las clases trabajadoras extremeñas no pueden seguir a expensas de los caprichos de un régimen político que se mantiene ajeno a sus intereses, necesitamos gobiernos capaces de compromisos de distribución de la riqueza de manera justa e inapelable. Tal y como nos están mostrando varios grupos de trabajadores y movimientos sociales actualmente, no queda otra solución que la organización y la movilización en la calle. El Poder Político regional con su letargo clasista y su pasividad conservadora nos conduce inevitablemente a la despoblación, la desvertebración territorial y la creciente desigualdad de oportunidades entre ciudadanos extremeños.

 

5.- Algunos casos particulares.

En estos momentos, la escasez de viviendas impide que cientos de jóvenes y otras tantas personas y familias no encuentren una vivienda para alquilar y no puedan organizar su futuro. Las administraciones públicas basan sus políticas en las ayudas de alquiler, les resulta más barato ya que conocen a ciencia cierta las limitaciones derivadas de la escasez que determina que los presupuestos no se vayan desbordar ni mucho menos, antes que estropear el negocio de las constructoras.

Por otro lado, los decretos que regulan la concesión de viviendas públicas o las ayudas e alquiler contienen verdaderas barreras y obstáculos a superar, complejas trabas burocráticas que dificultan o impiden la obtención de las mismas. Tal es el caso de lo que le sucede a María, madre de 3 hijos, que cobra el IMV, que vive en un piso de alquiler y ha solicitado a la Junta de Extremadura una vivienda social. La respuesta que ha recibido es el rechazo a su solicitud. La Junta de Extremadura hace constar que no ha aportado ningún documento que demuestre que algunos de los integrantes de su núcleo de convivencia es víctima de violencia de género, persona desahuciada, sin hogar o persona especialmente vulnerable. Lo curioso del caso es que cuando María se acerca a los servicios sociales del Municipio para solicitar el informe de que es una familia vulnerable, las trabajadoras sociales le niegan ese informe que debe aportar a las exigencias de la Junta de Extremadura para continuar con el procedimiento de la solicitud de la vivienda.

7.- Propuestas políticas de Una Extremadura Digna (UED) y del PSLF.

En este orden de cosas desde Una Extremadura Digna y desde el PSLF venimos proponiendo la urgente necesidad de intervención de la Junta de Extremadura y de los municipios en una serie de aspectos para responder a las múltiples necesidades relacionadas con los déficits habitacionales de las personas y familias. Seguidamente exponemos algunas propuestas en materia habitacional que consideramos de urgente aplicación y otras que deben servir para estructurar políticas públicas en beneficio de las clases trabajadoras.

7. 1.- Utilización inmediata de recursos en favor de los más necesitados.

Hay que aumentar y acelerar la concesión de las ayudas al alquiler y de las viviendas sociales disponibles con el objeto de atender situaciones de especial urgencia que se están produciendo en Mérida y en otras localidades de la región. Esta urgencia es primordial, entre otras circunstancias, para evitar las amenazas de desahucio y desalojo que se producen por situaciones económicas sobrevenidas que impiden a las familias pagar alquileres. En muchos casos la Renta Garantizada Extremeña y el IMV que debieran utilizarse para hacer frente a los gastos de alimentación y otras necesidades básicas de la unidad familiar se destinan a pagar alquileres.

7. 2.- Protección de los niños y las niñas frente a los desahucios y desalojos, ya que ellos no son culpables de situaciones extraordinarias o comportamientos calificados de asociales que afecten a sus padres. Las administraciones públicas deben actuar vigilando e interviniendo en el cumplimiento de la prohibición de todos los desahucios sin alternativa habitacional de familias y personas que se encuentran en situación de pobreza y carentes de recursos.

7. 3.- Ampliación del parque de viviendas sociales de la Junta de Extremadura y elaboración de un registro de necesidades.

En muchas ocasiones se presume desde la Consejería que el parque de viviendas sociales de EXTREMADURA es el más grande, el más numeroso si lo comparamos con el que tienen el resto de las Comunidades Autónomas. Sin embargo, la realidad pone de manifiesto que hay un déficit importante ante la demanda existente ya que desde hace muchos años no se construye ni se toman medidas pensando en las familias más necesitadas y en general, en las clases trabajadoras.  

 

En el sentido indicado, consideramos importante disponer de un registro de quienes las necesitan; muchas familias no tienen realizada una petición expresa de viviendas sociales ante la falta de perspectivas de acceder a alguna de ellas puesto que saben de antemano que no hay ni se construyen, y por tanto no vale la pena perder el tiempo rellenando papeles. En este orden de cosas, es necesario que institucionalmente se lleve a cabo una campaña informativa orientada a conocer la demanda realmente existente en la Comunidad Extremeña.

Desde hace años venimos reclamando que las viviendas en manos de las entidades bancarias pasen a manos de la Junta de Extremadura con el objeto de destinarlas al alquiler social.

Otras promociones de viviendas sociales como las 31 previstas en Villafranca de los Barros se paralizaron a los pocos meses de iniciarse su construcción y quedaron en un estado de abandono, con un absoluto silencio institucional sobre su futuro. Una vez que se ha reemprendido su construcción consideramos que la Junta debe acelerar la construcción dadas las necesidades que hay en esta localidad.

En Badajoz, por señalar también un caso concreto, no conocemos el estado de los procedimientos de las viviendas de la guardia civil en el barrio de Suerte de Saavedra que según parece siguen en una negociación infinita entre el Ministerio y la Junta de Extremadura, sin importar las enormes necesidades existentes en aquella ciudad.

7. 4.- Creación de Bancos Locales de Viviendas.

En ciertas localidades hay viviendas en ventas que pueden ser adquiridas y rehabilitadas por la Junta de Extremadura. Esta política de adquisición y rehabilitación es más rápida y eficaz que las promociones para construir. Como es lógico, para estas acciones es necesario que en los presupuestos regionales se establezca una partida presupuestaria para que en los Municipios se constituyan los mencionados bancos locales para alquiler social.

7. 5.- En relación a los sin techos e indigentes.

Los ALCALDES de los municipios de Extremadura deben acondicionar espacios dignos para acoger a todas las personas sin techo, al objeto de que quienes no tienen medios habitacionales de ningún tipo no se vean obligados a dormir a la intemperie y puedan encontrar un lugar apropiado donde estar protegido. 

Las autoridades deben conocer que en pleno siglo XXI hay personas indigentes que viven en las calles, sin un lugar estable y adecuado en donde residir, siendo de prever que este grupo de hombres y mujeres sin recursos de ningún tipo se incrementen en base a la coyuntura económica y social tan negativa que se espera en los meses venideros.

Algunas de estas personas que tienen solicitadas viviendas sociales a la Junta de Extremadura, a veces tienen la suerte de ser atendidas en instituciones sociales y albergues locales. Los que no tienen la suerte de ser acogidos en estos centros, vagan por las ciudades buscando el lugar más apropiado para resguardarse en parques, bancos de las plazas, portales de entidades públicas, pero con la llegada del otoño y del invierno las circunstancias ambientales cambian y las cosas se complican. Hace pocos días hemos conocido personas que han muerto abandonadas en bancos en la localidad de Cáceres.

7. 6.- Plan de desarrollo y revitalización de áreas urbanas degradadas

Como ya hemos manifestado en repetidas ocasiones, especialmente cuando se elaboró la Ley Extremeña de Promoción y Acceso a la Vivienda es de vital importancia realizar planes urbanísticos en barrios con un notable estado de abandono en acerados, instalaciones eléctricas, limpieza de alcantarillas, calles quebradas, etc. En general se trata de dotarlas de calidad habitacional, al mismo tiempo que se desarrollan programas específicos de lucha contra la creación de guetos y el aislamiento social. A veces, las instituciones ofrecen viviendas en zonas muy degradadas, con problemas sociales de todo tipo, que las familias suelen rechazar.

7.7.- Intervención Urgente de la Junta de Extremadura

Hay casos frecuentes de familias y personas que viven en viviendas insalubres e insanas, en espacios reducidísimos, o en hacinamientos a causa de la compartición de la vivienda con otras personas o familias, o personas que sin tener en lugar concreto al que recurrir viven las calles, y duermen en los bancos de las plazas o portales, etc..

Los gobiernos disponen de suficientes recursos materiales y técnicos para evitar estas situaciones de extrema escasez, no deben mirar de reojo estos episodios y procurar darles una solución. La actuación institucional se hace más urgente y necesaria puesto que son estos sectores sociales quienes más necesitan de las instituciones públicas.

En este sentido, la Junta de Extremadura tiene que expropiar u obligar a las entidades bancarias y otros organismos públicos a que acondicionen las viviendas de las que son propietarias, que tienen abandonadas y obsoletas, y ponerlas en alquiler social.

La Junta de Extremadura debe tomar todas las medidas oportunas en el ámbito administrativo y burocrático, ente ellas la contratación de personal, para incrementar y acelerar la concesión de las ayudas de alquiler a todas las personas que las tienen solicitadas

7.8.- Nos reafirmamos en la necesidad de una Empresa Pública y de un Banco Público con carácter regional que haga posible la ejecución de las políticas públicas relacionadas con la construcción y rehabilitación de viviendas y otras actividades urbanísticas en las diferentes localidades de la Comunidad Extremeña.

 

7.9.- La crítica a las consecuencias del capitalismo no es suficiente ni mucho menos para superar la organización de la sociedad capitalista ni para provocar una reacción por parte de las autoridades que lleve a corregir los aspectos negativos. Es preciso la organización y la movilización que junto a la existencia de un proyecto político que ofrezca soluciones. permita avanzar en orden a lograr que cada vez más personas adquieran la conciencia de clase que les impulse a la lucha para la consecución de una sociedad más justa y más humana.