LAS POLITICAS DEL BIENESTAR Y LOS JÓVENES

  

Desde UED nos vemos en la obligación de salir al paso de las inconcreciones y verdades a medias que el portavoz del PSOE ofreció en el  II desayuno 'hoysolidario', organizado por el diario HOY Extremadura, celebrad en Badajoz.

Este dirigente político del PSOE se permite un discurso en el que da muestras de una supina ignorancia en sus referencias al Estado del Bienestar. Estos políticos que acentúan a bombo y platillo el Estado del Bienestar, son los que lo han desmantelado a base de privatizaciones y recortes en los servicios públicos. Las amputaciones a las que lo han sometido están provocando una polarización tal que la gente que puede económicamente busca refugio en el sector privado. El sector público queda para los sectores sociales más pobres. Los recursos públicos son cada vez más limitados ya sean sanitarios, educativos, de cuidados asistenciales a mayores y dependientes.

Estos señores que se atreven a dar discursos sobre un Estado de Bienestar que ya no existe en nuestra región, pretenden vender y justificar sus políticas reformistas y socialdemócratas que no se diferencian en nada con las políticas más reaccionarias y conservadoras de los partidos de derecha.

Este afán se centra en las políticas de viviendas. La aprobación por el gobierno del Plan Estatal de la Vivienda da argumentos a los portavoces del gobierno extremeño. La propaganda que se viene haciendo desde hace unas semanas se centra en la construcción de viviendas sociales y la concesión de ayudas a los jóvenes por parte de la Junta de Extremadura y del Plan Estatal de la Vivienda.

Desde UED tenemos que aclarar que por mucho que se persista en que los jóvenes pueden acceder a las ayudas para viviendas, la realidad es que podrán hacerlo quienes tengan disponibilidades económicas, jóvenes con ingresos y con medios de vida más que suficientes para comprar o para pedir préstamos bancarios si les fueran necesario. Estas políticas para nada tienen en cuenta que en nuestra región hay un porcentaje importante de jóvenes en desempleo o con salarios precarios que no tienen posibilidad de adquirir viviendas por muy sociales y baratas que se ofrezcan. El derecho a la vivienda no es una cosa cierta, y mucho menos, un derecho humano en el territorio extremeño.

Desde UED exigimos al gobierno de la Junta de Extremadura políticas públicas que permitan el empleo juvenil; políticas públicas que den posibilidades de empleo a la juventud de nuestros pueblos; La mayor parte, una vez que cumple la mayoría de edad si no tiene estudios, termina sus estudios de educación secundaria, ciclos formativos o grados universitarios, se ve obligada a salir de Extremadura en la búsqueda de trabajo. En otros casos, se ven obligados y obligadas a trabajar en empresas en donde son vilmente explotados con salarios indecentes, jornadas interminables o turnos de trabajo que no se ajustan a la legalidad. A veces, ante las escasas perspectivas laborales buscan recursos para su futuro en la guardia civil, la policía o el ejército, no hay otras salidas para las personas jóvenes, ya sean hombres o mujeres.

Desde UED exigimos al gobierno de Vara que piense en los jóvenes extremeños con una planificación económica de nuestros recursos naturales, potenciando políticas que faciliten el acceso a los estudios universitarios, la formación en profesiones que se necesitan en el ámbito de la producción extremeña e invirtiendo en las diferentes actividades y servicios públicos que generen perspectivas de futuro para sus vidas en nuestros pueblos.

Por qué queremos participar en las elecciones

Nosotros queremos participar en estas elecciones porque consideramos que las sociedades capitalistas, estas sociedades en las que vivimos, generan multitud de injusticias y ante ellas no podemos hacer una dejación de funciones, tenemos que implicarnos porque son necesarias todas las manos unidas para hacerlas frente.

Nos consideramos necesarios y por supuesto, obligados a seguir aportando nuestro granito de arena a este combate contra los atropellos sociales y políticos, contra las tropelías que sufren los más débiles por parte de las instituciones, para mejorar las infraestructuras de los servicios públicos, sanidad, educación, pensiones, dependencia.

Nos consideramos obligados a apoyar en la calle y en las instituciones las luchas de los trabajadores y trabajadoras para mejorar sus condiciones laborales, su organización y participación activa, y contra tanta burocracia.

Manifestamos que los grandes partidos políticos quieren las instituciones para seguir disponiendo del poder en beneficio propio; muchos de sus dirigentes hace tiempo que se olvidaron de las necesidades de la población trabajadora y piensan más en los cargos institucionales y en arreglar sus vidas particulares.

Estamos cansados de ver y escuchar en los medios de comunicación promesas de grandes inversiones y el manejo de mucha pasta para empleo, arreglo de calles, edificios y todo por un gran amor al pueblo para resolverle sus problemas. El precio de esta propaganda, en su mayor parte vacía, son los votos.

Ha sido, y sigue siendo una práctica común que cierta gente se aproveche de sus puestos en las cúpulas de poder de los Organismos Públicos. Desde estas posiciones institucionales han distribuido y distribuyen los presupuestos públicos a su antojo beneficiando a unos pueblos y dejando sin nada a otros, siempre con el objetivo de obtener apoyos electorales en sus localidades para mantener su prestigio público y seguir en el vértice del poder. Estos comportamientos de despotismo y nepotismo han reproducido con fuerza la semilla del caciquismo en la vida local.

Cada vez somos más conscientes de que toda la normativa que incluye la documentación que se pide para conceder una renta mínima de inserción, un ingreso mínimo vital, una vivienda, un trabajo temporal de días, una ayuda de alquiler o una ayuda social para alimentación, pago de la luz, etc. son elementos que forman parte de todo un conglomerado de control social y criminalización que funciona armónicamente contra la gente más pobre. No hay interés alguno en solucionar de verdad los problemas que acarrea la pobreza. Los empadronamientos, certificadosde penales, registros matrimoniales, convenios de separación, fe de vida, nóminas de antaño, cursillos de formación, títulos académicos, etc., forman parte del control social y criminalización de la pobreza en los archivos de las diferentes instituciones públicas, la Seguridad Social, Agencia Tributaria y como no de la Policía.

Para terminar, una cuestión fundamental hay que conseguir que la juventud tenga fe en nuestra honestidad, sinceridad y trabajo, en nuestra utopía por una sociedad más justa. Aunque la fe es una cuestión humana, han sido las religiones las que se han apropiado de la fe y la han pervertido y tergiversado. Se tiene fe en las personas cuando te dan confianza y no te fallan. Tenemos que hacer lo posible para trasladar nuestra confianza a la juventud; es de vital importancia la incorporación de la juventud a la lucha política y socia.

Desde UED apoyamos las reivindicaciones de las mujeres trabajadoras para mejorar sus condiciones laborales en los diferentes sectores laborales como en el de los cuidados, la limpieza, las ayudas a domicilio en el ámbito municipal, en la hostelería y dependientes. Así mismo, apoyamos las luchas en la defensa de sus derechos como mujeres, contra la violencia machista, a disponer libremente de su cuerpo, por un aborto libre, gratuito y de calidad.

HAY QUE EXTENDER LAS LUCHAS DE LAS TRABAJADORAS EN SECTORES EN DONDE LA EXPLOTACIÓN LABORAL ES EL PAN DE CADA DÍA

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En UED queremos contribuir a la organización y movilización, al mismo tiempo que apoyamos las reivindicaciones de las mujeres trabajadoras para mejorar sus condiciones laborales en diferentes sectores como en el de los cuidados, la limpieza, las ayudas a domicilio en el ámbito municipal, en la hostelería y dependientes. Las mujeres trabajadoras señalan que sus condiciones de trabajo están empeorando considerablemente.

Por otro lado, las subvenciones que da la Junta de Extremadura sólo les dan margen a los Municipios para la contratación para la limpieza y cuidados, como las ayudas a domicilio, un mínimo de horas lo que da lugar a que los salarios sean insuficientes y ridículos. En el ámbito laboral de las empresas, por norma general, las horas de trabajo no se corresponden con los salarios que se cobran. En todo caso, está claro que estas condiciones laborales son necesarias para que las empresas saquen buenos beneficios, a costa del trabajo obrero.

Además, es difícil lograr una mejora de las mismas por la poca organización de las trabajadoras, el poco apoyo social tanto de las instituciones como de los partidos políticos. Los dirigentes de las instituciones y de los partidos políticos proponen limosnas y reconocimiento social, pero sin soluciones reales que ataquen de raíz las condiciones de trabajo.

Desde UED planteamos el incremento de las subvenciones de la Junta de Extremadura a los Ayuntamientos para que se puedan hacer contratos dignos, con salarios dignos a las personas que trabajan en el sector de los cuidados y la limpieza, la terminación de las subcontratas, y avanzar hacia una sociedad sin opresión.

El objetivo que nos implica para estar al lado de las mujeres que luchan en estos sectores en donde la explotación es el pan de cada día es dar visibilidad de estas injusticias a toda la sociedad, así como impulsar la organización y la participación para que las mujeres sean un activo político de primer orden que permita acabar con una sociedad injusta y opresora.

 

Sobre las modificaciones que el gobierno regional quiere hacer de la Ley de la Vivienda

  

Febrero 2023

Desde UED, en relación con las modificaciones que quiere introducir el gobierno regional del PSOE en la Ley de la Vivienda, tenemos que manifestar:

Que nuevamente se impone la propaganda electoral, lo que propone no tendrá efectos resolutivos sobre el problema de la vivienda en Extremadura. Lo que se ha dado a conocer muestra que no hay capacidad ni voluntad política de afrontar las medidas que realmente se necesitan en la región para afrontar la problemática de la vivienda.

 

1.- En cuanto al impuesto a las entidades tenedoras de un número importante de viviendas, esto es algo que se viene diciendo desde instancias oficiales hace años. El gobierno alega que si antes no se ha puesto en marcha esta iniciativa es porque su aplicación requería de un desarrollo normativo que anterirormente no era posible. A este respecto, independiente de las explicaciones del gobierno, tenemos que decir que desconfiamos de que este impuesto vaya a aportar fondos a las arcas regionales, se trata más bien de presentar ante la opinión pública extremeña una cara de falso progresismo electoralista que no tiene, ni mucho menos, el partido político PSOE.

Lo que sería necesario, pero a lo que no se atreve el PSOE, es incrementar el patrimonio público de viviendas expropiando y haciéndose cargo de las viviendas de estos importantes tenedores que disponen de ellas con carácter meramente especulativo, al margen de las necesidades vitales de un importante sector de la población extremeña.

 

2.- Respecto a la creación de un fondo de garantía de vivienda para atender a menores procedentes de desahucios, nuevamente se cae en el absurdo y en la propaganda electoral. Desde hace mucho tiempo venimos insistiendo en la creación de un Banco Local de Viviendas para ceder en alquiler a las familias que las necesiten. La Junta le da vueltas a la tortilla una y otra vez, marea la perdiz sin tomar medidas efectivas, sin buscar una solución real y práctica. El gobierno regional es conocedor de que la finalización del plazo gubernamental que trata de frenar los desahucios, el crecimiento de la precariedad económica y el aumento de los tipos de interés van a generar un aluvión de familias que no van a ser capaces, no van a tener la suficiencia económica para hacer frente al alquiler o a las hipotecas. Por lo que, la Junta de Extremadura debería impedir que las entidades bancarias y otros sujetos jurídicos echen a la gente a la calle, además de pertrecharse de viviendas para ceder en alquiler social mediante la expropiación a los grandes tenedores, así como, eliminar burocracia para facilitar las ayudas de alquiler a las personas o familias que no disponen de medios para seguir pagando alquileres particulares, y por último, desarrollar un plan importante de construcción de viviendas en las diferentes localidades bajo iniciativa pública y no hacer lo que está iniciando ahora con la aplicación de los nuevos Reales Decretos (de Octubre y del Plan Estatal de la Vivienda) de ceder la iniciativa del negocio de la construcción y el alquiler por 50 años a empresas privadas.

 

3.- Respecto al otro punto que se está dando a conocer sobre el aval a los jóvenes. Parece mentira que un organismo oficial con todos los datos a su disposición recurra a esta política propagandística y no conozca que una parte importante de la juventud no dispone de medios económicos para la compra de vivienda, ni para pedir préstamos. Muchos por su precariedad laboral, otros ni eso, puesto que se encuentran en desempleo viviendo con sus familias, y los que pudieran no querrán caer de por vida en las garras de los buitres bancarios. Por tanto, es obligación de la Junta de Extremadura favorecer la creación de empleo para que los jóvenes puedan acceder a viviendas de alquiler social de acuerdo a sus posibilidades económicas.

En todo caso, esta medida, nuevamente es una muestra del compadreo de la Junta con los Bancos, lo que nos lleva a la conclusión que no va a tomar ninguna acción política o económica contra unos amigos a los que Vara les echa una mano en unos momentos en los que necesitan prestar dinero dado el exceso de liquidez que tienen en sus cajas.

 

4.- En conclusión, desde UED volvemos a insistir en que la vivienda es un derecho inalienable de las personas, al igual que el derecho al empleo, a la salud, a la educación, y por tanto, es algo que cualquier poder público debe intentar de satisfacer. No obstante, en nuestro mundo, el beneficio y la ganancia están por encima de cualquier interés de bienestar humano, algo que nos pone en la tesitura de trabajar políticamente para cambiar el orden de las cosas anteponiendo la conquista de una vida digna y de bienestar antes que el beneficio y la ganancia a la que nos someten quienes están al servicio de los poderes económicos.

Cuestiones de la política local

 

Dos cuestiones de la Política Local a tener en cuenta. En la actualidad, Villafranca es receptora de escaso dinero procedente de las administraciones regionales o locales (asamblea, diputación provincial), independiente de quien gobierne, sea el PSOE o el PP. Entre los varios motivos, uno de las razones que conviene destacar de porqué Villafranca ha quedado bastante dejada de la mano de los presupuestos de los organismos regionales y de la diputación provincial. Los privilegios que tuvo durante ciertos períodos se están pagando por el desquite y los deseos de venganza que muchos dirigentes institucionales regionales y provinciales actuales tienen respecto a sus propios compañeros con los que compartieron el poder.

Los regidores del PSOE que siguen con influencia en las instituciones y que sufrieron las consecuencias de la altivez y arrogancia de sus propios correligionarios, se toman una venganza particular que la expresan recortando fondos públicos a ciertas necesidades de la localidad a la que representan aquellos antiguos compañeros del partido socialista. Los privilegios que estos políticos locales del PSOE adoptaron por su cuenta y riesgo cuando disfrutaban del poder total en otras épocas, actuando con soberbia, altanería y vanidad política, apabullando presupuestariamente a sus propios compañeros del partido socialista, los paga la localidad ahora. La revancha de los compañeros de partido, se hace notar.

La conclusión es clara, no se pueden plantear proyectos para acaparar la mayor parte de los fondos del presupuesto regional para un pueblo, aprovechándose de la presencia en los puestos de poder, y dejar a otros pueblos sin nada; luego pasa lo que está pasando ahora, nos quedamos un tanto marginados.

Otra cuestión a tener en cuenta. Ni el PSOE ni el PP han tomado partido a favor de las clases trabajadoras. Los dirigentes políticos de estos partidos han permanecido al margen de la explotación laboral a la que se han visto y se ven sometidos trabajadores y trabajadoras en muchos puestos de trabajo, sean del tipo que sea. Estas organizaciones políticas han preferido permanecer al margen, y de lo que sí se han preocupado, es de conceder medallas de oro a algunos que otros explotadores que se están enriqueciendo a costa del trabajo obrero. Y si mucha población obrera no dice nada y soportan la explotación es porque tienen miedo a ser represaliados.

Sobre la borrasca Efraín y el gobierno regional

 

Se acaba de firmar un acuerdo de la Junta de Extremadura con una serie de entidades financieras por el que se van a conceder préstamos en condiciones blandas a quienes se vieron afectados por las consecuencias de la borrasca Efraín. Las cantidades que se concederán son préstamos que oscilan desde los 12.000 euros por vivienda a los 20.000 euros por explotación agrícola o mercantil, que deberán pagar en 36 meses y con una comisión de apertura del 0,5 %. Las condiciones blandas las entendemos por intereses bajos, inferiores a los habituales del precio del dinero en el mercado.

No se dan a conocer los acuerdos de la Junta de Extremadura con los Bancos, pero es de presumir que los préstamos van a ser financiados por la Junta de Extremadura con dinero público, a pesar de todo no faltan las comisiones. La población conoce que las entidades financieras no tienen nada de generosas y en donde ponen sus zarpas de rapiña es porque ven negocio, y ahora no iban hacer una excepción.

El presidente de la Junta dice, y se queda tan satisfecho, que estos préstamos son una buena medida para evitar demoras en la reparación del daño puesto que la tramitación de las medidas oficiales procedentes del Estado y entidades aseguradoras tardan y es bueno que los afectados actúen lo antes posible. Nos viene a decir que las cosas de palacio van despacio, y en ese interín hay que dar posibilidades de negocios a todos los buitres del dinero.

El propio presidente pone de manifiesto la ineficacia y la lentitud con la que llega el auxilio del Estado. La prioridad la tiene la Banca que corre rauda y veloz a un negocio en el que va a poner en circulación unos créditos que creará artificialmente de la nada, sobre la base del ahorro público, asegurados por los avales de la Junta, y cobrando comisiones y unos intereses que en buena medida procederán de los presupuestos regionales.

 En todo caso, es en estos momentos cuando se pone de manifiesto la necesidad de una Banca Pública Regional cuyo objetivo fundamental sea el servicio público a la población extremeña, y sobre todo, necesitamos un gobierno regional que debiera haber actuado directamente, sin intermediarios, con más rapidez, con las ayudas económicas suficientes, tanto en la reparación de los desastres materiales provocados en las viviendas como para poner nuevamente en pie a los negocios que han quedado arrasados por la borrasca

El recorte de las pensiones, los fondos europeos y la deuda

 

En el denominado Componente 30 DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA presentado por el gobierno ante la UNIÓN EUROPEA para el acceso a los fondos comunitarios estaba el compromiso de la extensión de la jubilación hasta los 30 años, con la posible reducción a los 28, todo ello, tomando como referencia el Pacto de Toledo firmado por los principales partidos políticos y sindicatos, CCOO y UGT, del régimen monárquico. El Gobierno necesita aprobar el Componente 30 antes de fin de enero para asegurarse que la Unión Europea envía en abril las transferencias de los recursos comprometidas.

Mientras el gobierno necesita aprobar este Componente 30 del plan antes de fin de enero para asegurarse que la UNIÓN EUROPEA envía por abril los recursos comprometidos, y una vez que ha aprobado los planes privados de empresa, el proceso inflacionario no se detiene. Nos encontramos con los precios de los alimentos y otros productos que suben por encima del 15 %, y en algunos casos hasta el 50 %, mientras el nuevo IPC refleja un 5,6 %.

En este ambiente, nuestro gobierno regional se muestra pletórico con la recepción del mucho dinero que va a recibir próximamente, según nos dicen. En las casi permanentes declaraciones en sus asistencias a reuniones, intervenciones públicas, convenciones y ahora en FITUR no deja de dibujar unas perspectivas prometedoras, por no decir exuberantes de avance y progreso económico y social. En sus comparecencias públicas, los proyectos industriales y turísticos afloran como setas en otoño, sin que tengamos tiempo de asimilar de un día para otro la lluvia de millones y un futuro tan prometedor.

No todo el campo es de flores en la región extremeña. El discurso tan optimista choca con la objetividad de la escasez material de miles de familias. Las cosas se complican en el caso de la Sanidad en dónde los médicos se mueven en la posibilidad de convocar una huelga general. Los agricultores anuncian movilizaciones en los próximos días. La lucha por la escasez de viviendas no cesa. El transporte sanitario se muestra insatisfecho. Algunas obras públicas dependientes de la Junta de Extremadura están paralizadas. El IMV con tantos anuncios de subida refleja una incapacidad de respuesta ante una realidad social de pobreza deprimente. En nuestra región, sectores de la población comienzan a sufrir las decisiones de las instituciones monetarias para frenar la inflación generalizada. Las hipotecas se encarecen a consecuencia de que los bancos centrales suben los tipos de interés para frenar el consumo y la actividad económica, lo que posiblemente genere una nueva recesión y se multiplique el castigo a la clase obrera.

 Sin embargo, la enorme deuda de los gobiernos les obliga al acceso al mercado financiero empujando la frenética subida de los tipos de interés. Por otro lado, la reducción de impuestos que planean los partidos conservadores y socialdemócratas llevará a la falta de ingresos de los Estados que en este período de crisis necesitan ingresos para mantener los apoyos financieros que tanto necesitan los capitalistas. En este orden de cosas, algunos de las empresas promotoras de los proyectos industriales que se quieren instalar en Extremadura ya han hecho público que quieren ayudas y subvenciones millonarias de la Junta, sin contar el coste de las enormes infraestructuras que necesitan para ejecutar sus actividades y que están reclamando y reclamarán a la administración regional.

Nuestra política no puede ser otra que una posición radical contra las privatizaciones y los recortes en la sanidad, educación, pensiones, ayudas sociales. Nuestra puesto está al lado de los trabajadores en la lucha por el incremento de los salarios y las mejores de las condiciones laborales. En definitiva, por una autonomía política y económica que sea posible con el incremento de los presupuestos de los municipios para atender las necesarias prestaciones públicas, las infraestructuras, viviendas, que favorezcan la vida de las clases trabajadoras y pensionistas.

EN APOYO A LOS MOVIMIENTOS DE PENSIONISTAS

 

Lo que nos están ocultando sobre las pensiones.

Según los datos oficiales las pensiones sostienen las necesidades económicas de más de un tercio de familias trabajadoras del país. En Extremadura, de una población de 1.050.000 aproximada, unas 232.289 personas cobran pensiones, de las cuales un número de 93.877 pensionistas, es decir, el 40,4%, tienen unos ingresos inferiores a unos 700 euros, la cantidad por debajo de la cual se considera que se está en riesgo de pobreza y exclusión social.  

 Para este nuevo año 2023 las pensiones subirán un 2,5 % con respecto a las del año pasado con lo que pierden mucho poder adquisitivo frente a la impresionante subida de los precios de productos básicos para la vida.

 Recordemos que el gobierno aprobó la Ley 21/2021 para modificar el cálculo del incremento de los precios al consumo (IPC). Con este cambio estableció un NUEVO IPC medio que resulta inferior al IPC Real Acumulado Interanual.

Así, en enero del año 2022 subieron las pensiones un 2,5%, cuando tendrían que haberlo hecho en un 6,5%. La subida del 2,5 % sustituyó a la real del 6,5 % que fue el IPC Real Acumulado en el 2021, que incluso tomando como base el nuevo IPC del 5,6 %, tampoco se aplicó.

Ahora, aunque el gobierno y las direcciones de CCO y UGT insisten muy ufanos y arrogantes que las subidas de las pensiones serán de un 8,5 % con la aplicación del nuevo IPC, conviene destacar las reivindicaciones de los movimientos de pensionistas en base a los siguientes hechos:

1.- Las subidas de productos alimenticios y elementos energéticos alcanzan subidas del 15 % y en algunos casos llegan al 50 y 60 %.

2.- En justicia, si el gobierno de coalición atendiera a las necesidades reales del pueblo debería haber considerado la subida real para las pensiones durante el año 2023:

- teniendo en cuenta la subida real del 2022 que no se aplicó y que deberían haber sido del 8,5 %,

- a la que debería sumar el IPC para 2023 que según las previsiones que hace el propio gobierno serán del 4,5 %,

-Po tanto, nos iríamos para 2023 hasta una subida de un 13 % para las pensiones.

3.- Además habría que abonar una paga única en Enero del 2023 que tuviera en cuenta la compensación de los atrasos durante los meses del año 2022, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, de un 6 %, ya que la subida fue del 2,5 % y la real que como señalamos debería haber sido del 8,5 %.

4.- Los pensionistas, han sido objeto de un ROBO LEGAL, y precisamente en estos momentos en los que hay una inflación que tiene su origen en el afán de superbeneficios de las grandes empresas y de los bancos que les importan tres cominos las necesidades populares.

 

5.- La burla y estafa del gobierno del PSOE-UP y el consentimiento de las organizaciones sindicales que viven a su sombra continua con las ridículas e ineficaces «medidas» para paliar la subida de precios. Nos resulta vergonzoso que ningún pensionista pueda solicitar la ayuda de 200 euros, con independencia de cuál sea la cuantía de su pensión.

6.- Pero los ataques contra los pensionistas no han terminado, y el gobierno de coalición sigue trabajando para establecer la privatización de las pensiones, y que estas sean cada vez más bajas.

7.- La única respuesta a estas medidas contra la clase obrera es la que están dando algunos movimientos de pensionistas con su lucha, su movilización y trabajando por la unidad y confluencia con los movimientos sociales y el movimiento obrero.

¡Por la subida acorde como mínimo al IPC Real, por la equiparación inmediata al SMI y por la superación de la brecha de género!