El acuerdo que han firmado, sin luchar, los dos sindicatos
mayoritarios (CCOO, UGT), junto a la patronal, y el Gobierno de PSOE-Unidas
Podemos, por su gravedad, debe ser informado en centros de trabajo y en
asambleas de barrio.
Como
aspectos positivos solo señalar que, por cinco años, la subida de la pensión se
liga al IPC, y en el caso de que hubiera inflación negativa, no se bajaría.
–aunque ya han anunciado la intención de retocar más adelante, con un sistema
de revaloración algo menor que el IPC–. Se equiparán las pensiones de viudedad
de las parejas de hecho con las de los matrimonios (una injusticia que ya
alguna sentencia había demostrado). Y que los autónomos pagarán sobre ingresos
reales, mientras que los becarios, al fin, cotizarán algo.
Lo negativo es abundante y ocultado en los medios:
Aplazan
los recortes a los próximos meses con el cambio de nombre de la fórmula de
factor de sostenibilidad a equidad intergeneracional.
Se
reafirman los recortes del 2011, de PSOE, UGT y CCOO, en los que se alargó la
edad de jubilación a los 67 años, con un paro juvenil que alcanza el 40 %, y
unos trabajos físicos que, a esas edades, no son recomendables para la salud.
Aumenta
el recorte, si te jubilas antes de 67, incluso para los que tengan más de 44
años cotizados, que tendrán una reducción del 13 % por jubilarse dos años
antes. (Ver tablas).
No
entregan el informe prometido para que se puedan jubilar con el 100 % los que
llevan más de 40 años cotizados.
No
se recupera el poder adquisitivo perdido en años por debajo de IPC (ver ta-bla)
No
saldrán de estar por debajo del nivel de pobreza (60 % ingresos medios) tres
millones de pensionistas que cobran 750 €. Dignidad es subir las pensiones
mínimas a 1080 € al mes para cumplir el 60 %.
Se
deja para futuras luchas feministas eliminar la brecha de género. La mayoría de
pensionistas pobres son mujeres. Las mujeres tienen un 30% menos de pensión que
los hombres, el 82,17 % de quienes están en el tramo de por debajo de 500
euros, son mujeres.
Mientras, sigue la precariedad provocada por las reformas
laborales del PP y PSOE (bajos salarios y reducidos ingresos a Seguridad
Social) que afectará a las futuras pensiones.
Se
mantiene la idea de desarrollar los planes privados de empleo para pensiones en
las empresas, facultando a los bancos a seguir jugando a la ruleta con el
dinero de futuras pensiones.
En
resumen, estos sindicatos que firman sin consultar los recortes en pensiones y
esta patronal, que no se conforma con evadir impuestos, sino que saca otra
tajada del Pacto de Toledo, con una reducción del 75 % de las cuotas
empresariales a la Seguridad Social por IT, de los trabajadores con más de 62
años que estén de baja.
No reponen ni los 103.000 millones de euros en los que el
Tribunal de Cuentas estimó que se debería abonar por el “saqueo” de la caja de
la Seguridad Social. No aceptan hacer una auditoria, porque podría llegar la
cifra a 500.000 millones, aunque reconocen que han sustraído
y podrán 22.000 millones a partir del 2023.
Lo
que nos venden como avances es el resultado de las movilizaciones persistentes
que sindicatos no firmantes de recortes como CO.BAS, junto a movimientos
sociales de pensionistas, como COESPE y otros, hemos realizado en los últimos
años, consiguiendo, hace 2 años, eliminar la congelación del IPC al 0,25 %.
Ahora
queda aún convalidar la nueva ley en el Congreso de Diputados. Vienen más
reformas en otoño, han pactado sacarlas a trozos, a través de varios decretos.
Queda claro que si se consiguen avances es con la lucha en la calle y así
seguiremos.
Todas
las personas en activo, pensionistas o paradas, tenemos que implicarnos en no
dejar en manos de la banca el futuro de las pensiones, exigir que sean públicas
y dignas.
