miércoles, 30 de junio de 2021

NOTAS DE LA REVISTA "EL SOCIALISTA" DEL PSLF

 

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1.- NUEVAS MOVILIZACIONES DE LAS PLATAFORMAS PENSIONISTAS CONTRA EL ACUERDO DE LA PATRONAL, SINDICATOS OFICIALES Y EL GOBIERNO

Nuevamente se llama a la movilización de las plataformas de pensionistas ante la firma de los acuerdos de Pacto Social entre la patronal y la cúpula de los sindicatos oficiales CCOO, y UGT, pacto auspiciado por el Ministerio de Trabajo y el gobierno, quienes se guían por las contrarreformas dictadas por la UE, a cambio de recibir los préstamos de reconstrucción empresarial.

El único beneficiario de las medidas acordadas es la banca, el sistema bancario, que se beneficia de los planes privados de pensiones a través de los convenios de empresa acordados por la burocracia sindical.

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2.- PAGA QUIEN CONTAMINA

La recuperación económica que preparó RAJOY y el PP se hizo a base de abaratar costes patronales, reducir derechos laborales y salarios, precarización laboral a espuertas, reducción de servicios públicos en sanidad, educación, dependencia con tal de favorecer la hostelería y el turismo.

Las subidas en los productos básicos altamente necesarios para la vida diaria como los alimentos, luz, agua, gasoil, etc. que han dejado atrás el salario mínimo que cobran millones de españoles. Las subidas en muchos casos son especulativas y en el caso de la luz un verdadero robo que Calviño y Teresa Ribera están amparando.

Un servicio básico no puede gestionarse desde las instancias de poder como un bien de lujo, con el ministro Garzón como convidado de piedra, impasible ante lo que está ocurriendo, y frenando la subida a base de reducir impuestos.

La descarbonización en la que están de lleno los países occidentales no puede hacerse a base de la factura eléctrica, siendo la mayoría de las familias españolas las que tienen que pagar este proceso teniendo en cuenta que su contribución a la producción de contaminación es la mínima posible por su baja capacidad de gasto, y en muchos casos carecen de vehículos propios. El pago de la contaminación debe hacerse sobre el principio de que quien “contamina paga”. Una familia vulnerable o un pensionista con su baja capacidad de consumo poco puede contaminar. Una parte importante de la factura de la luz, lo que es la huella del carbón, unos 6000 millones de euros se los reparten empresas eléctricas, banca y la hacienda pública.

Las grandes empresas consumidoras tienen capacidad y competencias para negociar directamente con las empresas suministradoras al objeto de reducir el precio del Kwh. El tarifazo de la luz está hundiendo a pequeñas empresas, cerrando pequeños comercios, a personas que son trabajadoras y trabajadores autónomas, agricultores y agricultoras. Las empresas eléctricas y la banca son el mayor cáncer del país.

El gobierno trata de salir al paso ante el saqueo que están haciendo las compañías eléctricas, con medidas que no beneficiarán a la población. Nos están engañando y manipulando con la bajada del 10 % del impuesto. La bajada de la factura de la luz por la reducción de este porcentaje del impuesto significa que el ESTADO va a ingresar menos recursos públicos que se valoran por los expertos y técnicos de la agencia tributaria en unos 2.000 millones de euros. Este recorte presupuestario va a recaer y a quien más va a perjudicar es a las clases sociales que utilizan los servicios públicos de la sanidad, educación, dependencia, etc. es decir las clases trabajadoras. No van a reducirse los ingresos de las empresas eléctricas, al contrario, estas aprovecharán el tirón de que quedan más medios monetarios en manos de la población para seguir subiendo un poco más el precio de la luz.

La producción, distribución y comercialización de la energía eléctrica tiene que ser pública, y mientras se inicia ese proceso proponemos que para los pequeños usuarios, familias vulnerables y pequeñas empresas se establezcan precios asequibles por bloques de consumo que sean favorables a estos sectores sociales. Por otro lado, es preciso hacer un serio esfuerzo por las energías alternativas y limpias. El control estatal de la economía, la regulación de los precios y las tarifas y la no privatización con la recuperación de servicios públicos deben ser los elementos que orienten las políticas públicas en materia de energía eléctrica.

 

 

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