ESPACIO INDEPENDIENTE: "La impunidad vuelve al centro de la crisis política e institucional" ¡Romped con los compromisos del consenso constitucional!

Los desarrollos de la crisis política y de dominación del régimen de la monarquía se combinan al más alto nivel, de forma que asuntos que parecían olvidados vuelven a la actualidad, a primer plano de la actualidad. Y ese es el caso de la impunidad de los crímenes del franquismo. El gobierno Rajoy se jactaba de haber dejado aparcado durante casi siete años la cuestión de las víctimas del franquismo y de la memoria democrática y republicana, como uno de sus logros, por aquello de que era innecesario “abrir nuevas heridas”.

La realidad es que las demandas democráticas para dar solución a los problemas históricos no resueltos, resultan de plena actualidad. Tal y como sucede con la cuestión nacional, con la retirada de los restos del dictador del Valle de los Caídos, o con poner término a los privilegios de la Fundación Franco. Cuestiones que, combinadas con otras muchas, han contribuido a minar tanto al PP como a su gobierno, alumbrando una nueva situación política donde la lucha contra la impunidad de Estado vuelve al centro de la crisis del régimen.

El 29 de junio de 2017 “El Parlament” de Cataluña aprobó por unanimidad declarar “ilegales” los tribunales derivados de la jurisdicción franquista que actuaron en Cataluña entre 1938 y 1978, declarando “nulas de pleno derecho” todas sus sentencias y resoluciones por “causas políticas”. Todos los partidos políticos, incluidos los más ligados a la impunidad de los crímenes franquistas, como el PP, votaron a favor de la proposición de ley de reparación jurídica de las víctimas. La ley “declara ilegales los tribunales de la Auditoría de Guerra del Ejército de Ocupación, llamada posteriormente Auditoría de la IV Región Militar, que actuaron en Cataluña a partir de abril de 1938 hasta diciembre de 1978, por ser contrarios a la ley y vulnerar las más elementales exigencias del derecho a un juicio justo”…/…”Y, en consecuencia se deduce la nulidad de pleno derecho, originaria o sobrevenida, de todas las sentencias y resoluciones de las causas  instruidas  y de los consejos de guerra, dictadas por causas políticas en Cataluña por el régimen franquista”.

La diputada Montserrat Palau, relatora de la ley, explicó en su intervención -en presencia de representantes de las asociaciones de víctimas y de la Memoria y de las familias de las personas procesadas y condenadas en un total de 63.961 procesos- que la Transición “escondió la memoria republicana” y que ahora se trata de alcanzar “la verdad, la justicia, la reparación y no repetición de los crímenes del franquismo”.

No solo se escondió la memoria republicana, sino la memoria democrática en general, y la sindical y política de los trabajadores en primer lugar. El alcance jurídico de la ley aprobada en los pasos previos al referéndum del 1º de Octubre de 2017 choca de frente con la legislación estatal de plena impunidad, contraria a los derechos de las víctimas y de la memoria democrática.

El diputado del PSC, Ferrán Pedret, señaló que la ley aprobada supone un “acto de justicia y reparación”, sin que de ninguna manera se puedan considerar legítimos esos tribunales, poniendo el dedo en la yaga de las heridas que su partido no ha querido sanar, con la vigencia de la contradictoria e ineficaz ley de la memoria de Zapatero, que declaraba ilegítimo pero legal el franquismo y sus acciones criminales.

La ley catalana del pasado mes de junio 2017 rompía esta contradicción por vez primera declarando ilegales y nulos de pleno derecho los crímenes del franquismo.

Mientras esto sucedía en Cataluña, abriendo una brecha en el muro de la impunidad del régimen de la monarquía, en las Cortes de Madrid el PP concedía a Martín Villa medalla que valora su trayectoria política; cuando es uno de los exministros procesados por crímenes de lesa humanidad por el juzgado de Buenos Aires (Argentina), que tramita las querellas presentadas por víctimas españolas ante la situación de indefensión que encontraron durante décadas en España.

 Con posterioridad a la aprobación de esta ley de alcance catalán, en el mes de mayo el PSOE acudió al Congreso con una Proposición No de Ley para que se anulen las sentencias del franquismo, cuando hasta ahora se había negado a ello de forma sistemática y reiterada, y en particular en oposición a la reciente propuesta de Unidos-Podemos.

Ciudadanos y el PP no tardaron en acusar al PSOE de de querer “dinamitar el consenso que supone la Ley de la Memoria Histórica de Zapatero”. Ahora, los nuevos dirigentes del PSOE hablan de querer corregir uno de sus muchos y graves errores políticos históricos y de “dar un paso más a la Ley de la Memoria Histórica”, reconociendo que “la declaración de ilegitimidad no ha sido suficiente para cerrar la herida humana y social de la represión franquista”. ¡Como si intentar legalizar el crimen fuese solución para las víctimas o para la democracia!

La PNL del PSOE, sin efecto jurídico alguno, fue aprobada definitivamente por 168 votos a favor, 141 en contra y 32 abstenciones. Ahora se trata de que el nuevo gobierno tome en consideración el contenido de la PNL aprobada y la lleve a Cortes, en forma de propuesta de ley, y la convierta en ley con todos los efectos jurídicos. Lo cual exige rectificaciones de fondo.

Con posterioridad, la actualidad política se nutre de las propuestas en el campo de la Memoria relativas a sacar a Franco del Valle de los Caídos y acabar con los privilegios de la Fundación que lleva el nombre del dictador asesino; así como de quitar la medalla policial al torturador González Pacheco… La pregunta clave se basa en la experiencia política acumulada: ¿Qué trampa encierra tantas referencias a una nueva Ley de la Memoria?

El modelo de impunidad del régimen de la monarquía no es solo ilegítimo, es también ilegal a la luz del derecho internacional establecido a partir de Núremberg. Quienes de una u otra forma tratan de prolongar el régimen de la monarquía, quisieran hacerlo pasar, una vez más, por un sistema democrático y de derecho. ¿Los interesados en “revitalizar” la ley de la Memoria de Zapatero, acaso tratan sostener la impunidad o por el contrario proponen acabar con ella?

Las organizaciones de víctimas y de la Memoria democrática deben estar muy atentas ante esta nueva situación, analizando a fondo todos los elementos; tomando acuerdos e iniciativas que hagan valer sus derechos y aspiraciones democráticas ante las Cortes y los Parlamentos nacionales en los próximos meses.

La trampa, o una de las trampas que encierra la articulación de estas nuevas leyes, es en lo fundamental que no resuelven en positivo las demandas de verdad, justicia y reparación de los millones de víctimas, en tanto que no solucionan su situación de indefensión. La mayoría de víctimas y de verdugos ya fallecidos impide la justicia tal y como está formulada.

Situación extraordinaria la de la impunidad española para la que hay que instruir medidas excepcionales, ya que en consecuencia lo que se propone no haría sino prolongar la impunidad de los crímenes franquistas. El tiempo transcurrido desde la guerra y la dictadura, la friolera de 81 años, hace imposible que con esas medidas que contienen las leyes que se proponen se puedan reparar con justicia los daños de todo tipo causados a la inmensa mayoría de las víctimas y a sus familiares.

 Superar esta situación exige una Ley de Víctimas que condene el franquismo como régimen criminal, que condene a los responsables de la impunidad pactada como delito; impunidad contenida en la Ley de Amnistía y de la Memoria, como leyes de punto final, rompiendo con los compromisos constitucionales.  Haciendo, en consecuencia, responsable subsidiario al Estado de los crímenes cometidos desde el 17 de julio de 1936. Sólo así se logrará justicia, y la Memoria democrática tendrá pleno sentido.

ESPACIO INDEPENDIENTE: "Del gesto al hecho". Cambio de gobierno con trasfondo de crisis de Estado

Desde el año 2011, y durante más de seis años, se mantuvo en la Moncloa un gobierno corrupto y minoritario que salvó a los bancos de la quiebra, rearmando los negocios especulativos a costa de los salarios y de las pensiones, liquidando derechos y conquistas sociales. Endeudó las cuentas públicas e impuso la austeridad para los gastos sociales.

Rajoy y sus ministros, los “novios de la muerte”, solo pudieron mantenerse en el gobierno tanto tiempo, contra la movilización mayoritaria, porque fueron sostenidos por los dirigentes sindicales y políticos, por los “pactos de Estado” en forma de pactos sociales de austeridad y de los mismos consensos constitucionales contra las demandas de cambio político y del libre ejercicio del derecho a decidir de los pueblos.

El pronunciamiento democrático del pueblo de Cataluña del 1º de Octubre de 2017 tuvo como contenido expreso de la mayoría consultada la ruptura con el pacto constitucional sobre el que se sostiene el régimen clientelar del 78. Abrió una crisis de Estado que cuestiona las principales leyes e instituciones; una situación que se ha contenido solo con la represión y la disolución de la misma autonomía con el art. 155, pero que se agrava cada día a falta de solución democrática.

Esta situación política e institucional fue calificada por uno de los hombres de Estado del periodismo, cómplice del régimen, Juan Luis Cebrián, como “el naufragio del Estado”. Establecía las relaciones recíprocas entre crisis de Estado y crisis de gobierno. Las cosas se pusieron tan mal para la gobernabilidad, que la mayoría de los medios de comunicación clamaban otra vez “por un pacto nacional para preservar la economía y gestionar el desafío secesionista”. Daban a entender que no era suficiente con el pacto constitucional vigente desde 1978. A renglón seguido, todos se ponían de acuerdo en que se debían convocar elecciones generales inmediatas que pudieran efectuar el relevo del agotado Rajoy por el acunado Rivera.

Mientras tanto, las reivindicaciones de la mujer, de los jubilados y pensionistas, de los trabajadores, y de tantos otros sectores sociales eran apartadas de las cuentas de los presupuestos, mientras que en las direcciones de los partidos se seguía con atención la consulta del chalé de Pablo e Irene.

La primera sentencia del caso Gürtel vino entonces a jugar el efecto de la gota que desborda el vaso del estancamiento oficial, cuestionando de lleno la credibilidad y el testimonio del presidente del gobierno. A cuenta de la corrupción, tan extendida en todos los partidos y sindicatos, se entendió en la dirección del PSOE que era la hora de sacar a Rajoy de la Moncloa, quizá para salvar todo lo demás.

Apreciando que no se podía mantener por más tiempo los apoyos establecidos a un gobierno sin autoridad política y moral. El diario  El País, en su papel de principal grupo de presión mediático, se oponía a la decisión de P. Sánchez y los suyos de sacar a Rajoy de la Moncloa: “Dada la situación  y la correlación de fuerzas  en el Parlamento, ir a las urnas asoma como la única opción para logar una alternativa de Gobierno estable y coherente que tome el timón y rescate a España de la grave crisis producida por la sentencia del caso Gürtel y el desafío secesionista”…/…”Cualquier acuerdo ha de pasar por elecciones anticipadas que ponga fin a una legislatura que, en la actual situación, sería agónica toda vez que Ciudadanos ha retirado su apoyo al Ejecutivo”.

 El PSOE, que era el verdadero sostén del gobierno del PP, manteniendo sus políticas de ajuste y deuda y de aplicación del 155, se transformó inesperadamente en piqueta de la demolición de Rajoy y su gobierno, sin salir del lodazal de la corrupción institucional. El voto de censura contra Rajoy entregó el gobierno a Pedro Sánchez, sin que los que le dieron la mayoría pudieran discutir de los contenidos de sus propuestas políticas.

Ahora todo está por ver. El nuevo presidente Sánchez, el tercer socialista que forma gobierno de la Monarquía desde el pacto constitucional de 1978, venía a declarar que “defendería la Constitución, la soberanía nacional y la integridad territorial”. Tanto el nuevo presidente, como sus ministros han jurado sus cargos sin símbolos religiosos, ante la Constitución y con lealtad al Rey.

Con el cambio de gobierno no se resuelve ninguno de los principales problemas políticos e institucionales que se arrastran desde hace muchos años, y que hacen referencia al mantenimiento de la “unidad nacional” en torno a la Corona, con el consiguiente sometimiento al dictado de la Troika y a la OTAN. La huida de Rajoy, tanto del Congreso como del PP, una vez que es echado de la presidencia por la mayoría en Cortes, viene a crear una situación extraordinaria, que deja desarbolado el partido de las familias franquistas.

El régimen del 78 se quiebra por el que hasta entonces aparentaba ser su punto fuerte. Y su supuesto relevo naranja, Ciudadanos, pensado y amasado por las cumbres bancarias y mediáticas, desaparece del primer plano de la escena política como alma que se lleva el diablo.

 El nuevo gobierno, tan feminista y moderno como se presenta en apariencia, con gestos “progres” pero solo con gestos, no se presenta como el órgano ejecutivo de una mayoría parlamentaria, sino como el arbitro de dos campos en lucha. Tendiendo a elevarse por encima de la realidad como instrumento del orden y la ley, trata una vez más, como ya sucedió con Felipe González y con Zapatero, de volver a aplicar las mismos programas e ideas ya agotadas en circunstancias diferentes.

La embajadora de Estados Unidos exige el inmediato aumento del gasto militar hasta el 2% del PIB, y demanda más soldados españoles para reforzar el frente de Letonia que amenaza las fronteras de Rusia. La UE no deja de hablar de un nuevo plan de ajuste de la economía española, que entra en contradicción con los mismos presupuestos que pasan por el Senado.

El senador de los convergentes catalanes ha declarado, en torno al pacto presupuestario, que el nuevo gobierno pretende mantener que “Unos cobran por estar en España y otros hemos de pagar por estar en España”; agregando que “la financiación del País Vasco es del 211% de la de Cataluña”.

Mantener los presupuestos es profundizar en la desigualdad y en la miseria social. Por ello, ante el nombramiento como ministra de economía de Nadia Calviño, hasta ahora directora general del Presupuesto del Ejecutivo de Bruselas, ha sido recogido con inmensa alegría por la Comisión Europea. “Estamos al corriente de la información. Son buenas noticias para España y para la Unión Europea” …/… “Esto prueba la experiencia y el talento de los altos cargos de la Comisión”.

Como se ve, la OTAN y la UE ya le están dictando el programa al nuevo gobierno, que no es otro que el de la austeridad y la guerra. Las próximas movilizaciones de los jubilados y pensionistas, de los trabajadores de los teatros, de las jornaleras de la fresa contra la esclavitud, de los mismos sindicatos que exigen que se desbloquee la negoción colectiva…, pondrán sobre el terreno las principales demandas obreras y populares que aspiran a que las Cortes y los Parlamentos, rompiendo al pacto constitucional, las conviertan en ley

NOTA DE PRENSA ODP, PLENO VILLAFRANCA DE LOS BARROS

 

 

En el último pleno celebrado por este Ayuntamiento, EL JUEVES 31 de Mayo, desde la ORGANIZACIÓN EN DEFENSA DE LO PÚBLICO (ODP) presentamos tres mociones como venimos haciendo habitualmente desde que comenzó la legislatura, serán concretamente setenta y cinco (75) las mociones que hemos presentado a lo largo de la misma.

En esta ocasión tratamos varios asuntos importantes que afectan a la ciudadanía de nuestra localidad. Una de ellas se centraba en el “rebusco”. Como todo el mundo sabe, el gobierno de Fernández Vara puso en funcionamiento el famoso “decreto de trazabilidad de la uva y la aceituna”. Esta normativa que lleva en vigor dos años tiene como objetivo acabar con el rebusco, criminalizándolo e identificándolo con el robo. En el propio articulado de este decreto se hace referencia a que sería evaluado a los dos años de existencia, concretamente en el año 2018, lo que ahora toca. Desde nuestro grupo político planteamos la eliminación del decreto y la recuperación del Rebusco; consideramos que nuestra Comunidad no puede tirar a la basura estos recursos que suponen muchos miles de euros y que permiten a ciertos sectores sociales obtener unos ingresos en ciertos períodos de tiempo que compensan en alguna medida sus dificultades, dado el paro y la precariedad existente. Cómo suele ser habitual el portavoz del PSOE presentó al Alcalde y al PSOE como defensores del rebusco cuando todos sabemos que el Alcalde no ha movido un dedo por este asunto, y el Decreto actualmente en vigor fue aprobado en la Asamblea de Extremadura a propuesta del gobierno socialista. Como es de suponer el voto fue negativo. 

En otra moción, propusimos la dotación de un Fondo de Garantía Familiar con los remanentes municipales autorizados por el gobierno de la nación. Con este Fondo Municipal se pueden hacer frente a ciertas necesidades o ciertas dificultades puntuales que sufran algunos sectores sociales de la población que no son cubiertas ni por la Renta Básica, ni por las ayudas de Cáritas, Cruz Roja, ni por el Decreto de Mínimos Vitales. Estos fondos permitirían apoyar a las familias para la adquisición de libros de textos en las primeras etapas de infantil, o para apoyar a jóvenes que tengan dificultades económicas para proseguir sus estudios universitarios o formativos fuera de nuestra localidad ú otras circunstancias negativas imprevistas. Por lo demás, toda la estrategia del grupo socialista se basó en lo que han utilizado y repetido hasta la saciedad en muchas ocasiones que es buscar justificaciones para decir NO y rechazar la moción.

Por último, la moción destinada a la colocación de una plataforma mecánica en la Biblioteca que permita a las personas con dificultades físicas acceder a la primera planta, se rechazó con el argumento tan pueril del portavoz socialista “como que sólo unas pocas personas necesitan subir a la primera planta para buscar libros y en todo caso, esa operación lo hacen técnicos municipales”. En estos casos, no se trata de una, dos o varias personas, todas las normativas exigen la adaptación de los espacios públicos a las personas con movilidad reducida.

En el capítulo de ruegos, volvimos a insistir al equipo de gobierno para que muestren sensibilidad social y lleven a cabo la preparación de los caminos que salen de la localidad y comunican con la carretera de circunvalación; el que sale del Instituto está de pena, cada día más intransitable, esperemos que su proyectado arreglo se realice en la mayor brevedad posible. Algo parecido le ocurre al camino del Caño de Valdequemao. Las últimas lluvias han empeorado su estado físico, dificultando el tránsito a las muchas personas que lo utilizan, y perjudicando a quienes viven en sus inmediaciones, por lo que es imprescindible que se lleve a cabo de manera inmediata su arreglo, y se le dote de luz. 

En el mencionado Pleno nos interesamos por las gestiones realizadas por el equipo de gobierno para compensar al vecindario de los últimos problemas surgidos con la interrupción del suministro de agua para consumo potable a la localidad. Es de lógica que en la factura del agua haya una reducción económica al vecindario. 

Así mismo, hicimos constar que cuando se realicen invitaciones a las Asociaciones de la Localidad, como en el caso concreto de la inauguración del Parque de la Igualdad, se invite a todas las Asociaciones y no a unas ú otras según las preferencias del equipo de gobierno. También, pedimos información del presupuesto gastado en la realización del mencionado evento.

PROPUESTAS DE LOS CAMPAMENTOS DIGNIDAD SOBRE LA RENTA BÁSICA DE INSERCIÓN EXTREMEÑA

Los Campamentos Dignidad queremos realizar una serie de consideraciones y propuestas ante la perspectiva de la elaboración o modificación por la Asamblea de Extremadura en esta legislatura de una nueva normativa que regule lo que conocemos como Renta Básica de Inserción Extremeña.

 Así, queremos dejar bien claro que nuestro objetivo es irrenunciable y dirigido a conseguir la implantación de UNA RENTA BÁSICA UNIVERSAL como un DERECHO DE CIUDADANÍA, con cuatro características UNIVERSAL, INDIVIDUAL, INCONDICIONAL Y SUFICIENTE.

Desde los Campamentos Dignidad y desde la Marea Básica, desde el inicio, venimos exigiendo una medida que van a la raíz del problema estructural: la implantación de la renta básica universal, como derecho de ciudadanía, con las cuatro características enunciadas. Por tanto, la renta mínima (renta básica de inserción extremeña) no es solución, sino una parte del problema. Son una ratonera, un camelo que nos ofrecen como alternativa. No son una alternativa, son una herramienta que perpetúa la pobreza y el clientelismo. 

No obstante, queremos señalar algunas de las cuestiones que contienen las rentas mínimas, realidades plausibles que impiden que la población alcance un determinado nivel de vida y bienestar. Estas ayudas sociales o rentas mínimas además de las condiciones que imponen para obtenerlas se dan en cantidades tan precarias que perpetúan la pobreza y el clientelismo, impidiendo la eliminación de las enormes desigualdades sociales, y la superación de las muchas dificultades que encuentran en su vida diaria los sectores sociales más desfavorecidos.

Algunos aspectos objetivos relacionados con la renta mínima extremeña:

·         La renta básica de inserción extremeña sólo alcanza a un grupo mínimo de personas en situación de pobreza, o en situación de extrema pobreza o exclusión social. Según datos de la propia Junta de Extremadura, en marzo de 2016 percibían la renta mínima unas 10.500 personas. Y en diciembre de 2017 el número de perceptores bajó a 6.095 personas. Es decir, que en apenas dos años han reducido en más de un 40% el número de perceptores de esta renta de subsistencia.

·         Hasta la fecha la han solicitado una pequeña parte de las familias que la necesitan, por falta de información, por dificultades para iniciar la gestión, por experiencias negativas previas o por ciertos prejuicios y a veces temores.  La propia Junta de Extremadura reconoció que había 14.000 solicitudes que ni siquiera fueron valoradas. Ese fue el motivo por el que venimos exigiendo la puesta en marcha de una Auditoria de la Renta Básica.

·         El procedimiento de tramitación es excesivamente complejo y está lleno de obstáculos, por lo que el porcentaje de resoluciones positivas es muy bajo, destacando el alto número de archivos por falta de documentación. En algunos casos las contestaciones a las solicitudes tardan o han tardado meses.

·         El importe es insuficiente para cubrir las necesidades básicas de la unidad de convivencia, estando además penalizadas situaciones que son consecuencia y manifestación de la pobreza en que viven muchas familias, como el hecho de que al carecer de viviendas y tener que recuperar pisos abandonados existe un rechazo municipal al empadronamiento. En definitiva, no se cumple el objetivo de la misma de ser un derecho subjetivo a la protección de todas las personas y familias que encontrándose en una situación de necesidad carecen de los recursos necesarios para satisfacer las necesidades básicas de la vida, y evitar los procesos de exclusión social.

·         Los apoyos individualizados para la inserción social y laboral sólo sirven para controlar a los pobres que cobran la renta básica.  En todo caso, no hay apoyos para la inserción social y laboral. Cuando lo esperado deberían ser políticas activas de empleo y de viviendas sociales que rompan el círculo vicioso de la pobreza y la exclusión. Así, las situaciones de emergencia social y las necesidades de vivienda están aumentado de forma importante, tanto que los mecanismos de acceso de los que nos habíamos dotado, hoy no responden a las necesidades de la población.

·         El Sistema Público de Servicios Sociales de Extremadura “comprende el conjunto de servicios, prestaciones y actuaciones de titularidad pública que aseguren el derecho a la atención de las necesidades personales y sociales en el marco de la justicia social, teniendo por finalidad, entre otras, garantizar a toda persona la cobertura de sus necesidades personales básicas”. No obstante, la situación en Extremadura es tal en estos momentos que se necesita ampliar las plantillas de trabajadores sociales para poder cumplir los objetivos y funciones que los servicios sociales extremeños, especialmente los que tienen encomendados en las diferentes tramitaciones de ayudas sociales. 

·         Quienes viven en “pisos recuperados” son personas o familias que se encuentran en un estado de miseria y desempleo. No pueden acceder a esta renta mínima porque en muchos casos no los quieren empadronar, y cuando lo consiguen, no se les concede. 

·         Es una barbaridad que la legislación obligue a que personas separadas tengan que denunciar a sus exparejas para poder acceder a la tramitación de la Renta Básica; por este motivo, personas realmente necesitadas rehúsan la RB antes de llegar a situaciones que puedan revivir momentos de miedo y violencia.

·         En otros casos, personas separadas judicialmente, que no han resuelto el reparto de la propiedad de los bienes gananciales no pueden cobrar esta ayuda social, a pesar de que uno alguno o alguna de quienes constituían la pareja esté en la verdadera miseria.  

·         Por otro lado, es impresentable y se debe eliminar el artículo 13.6 de la normativa reguladora actual que se refiere al valor patrimonial de vehículos pertenecientes al solicitante.

·        No es de justicia que se suspenda o elimine la renta básica a una persona que se niegue a participar en los programas determinados por el Servicio de Empleo. Hay que eliminar este punto de la normativa que dice así: "Negarse a participar en los programas de empleo o en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales, que determ¡ne el Serv¡c¡o Extremeño Público de Empleo, cuando el Programa personalizado de inclusión determine la aptitud del beneficiario para participar en dichos programas y acciones". No a la contraprestación. Los subsidios de desempleo se cobran sin contraprestación.

·         La renta básica no debe tener incompatibilidad con subsidios de desempleo, la RAI, el subsidio agrario o la renta agraria. Ni Incompatibilidad de los autónomos. 

·         Las unidades de convivencia tal y como están consideradas en la actualidad por el grado de parentesco y afinidad impiden la posibilidad de integración social y económica de quienes son sus miembros. Todas las personas mayores de edad deben tener acceso a la ayuda que se determine. Derecho individual, no familiar.

Algunas propuestas para tener en cuenta en ciertos conceptos relacionados con la normativa:

a.     Relativo a la Residencia

b.      Campaña de información desde los Ayuntamientos y desde la Comunidad de Extremadura en torno a la renta básica y cómo obtenerla.

c.       Todas las personas mayores de edad pueden ser titulares de Renta Básica.

d.      Que se reconozca a todas las personas sin residencia legal en España el derecho a ser titulares de la renta básica de inserción extremeña.  Se debe tener en cuenta en toda su extensión

éste párrafo del articulado sobre CONTINGENCIAS:” Se establecerá un procedimiento especial que incluya un informe social estimatorio en el caso de que el ciudadano con residencia efectiva en la Comunidad Autónoma de Extremadura no pueda acreditar su empadronamiento o cuando justifique la dificultad para la obtención de los documentos requeridos y, en general, cuando se deban extender las condiciones de acceso establecidas en esta ley a aquellos ciudadanos sin distinción de origen, procedencia y circunstancias de la residencia efectiva según lo establecido para cada caso en el desarrollo de la presente ley”.

f      Las personas que residen en centros que atienden las necesidades básicas también deben tener acceso a la renta básica de inserción extremeña. (art.10, f).

b.- Unidades de Convivencia

g.      Que se acuerde una nueva regulación de la unidad de convivencia. Con la regulación actual pueden ser miembros de la unidad de convivencia, parientes, tíos, primos, cuñados. Como ya hemos mencionado todas las personas mayores de edad pueden ser titulares de este tipo de renta mínima.

c.- Empadronamientos

h.      Los servicios sociales deben ser centros de empadronamientos de personas que se encuentran con enormes dificultades habitacionales. En la actualidad no se facilitan los empadronamientos de las familias que “recuperan viviendas” por el hecho de que eso supone una anomalía en la vida de la localidad. El empadronamiento debiera llevarse obligatoriamente en los casos particulares de personas sin hogar y otras personas en situación de exclusión social víctimas de delitos de odio a las que se les debe facilitar su acceso inmediato a la prestación, y ofreciéndoles servicios específicos de protección, tales como acompañamiento en las denuncias, etc.

i.        Que no haya rechazo de la documentación cuando el lugar de empadronamiento no coincide con el lugar efectivo de residencia, cosa que puede demostrarse perfectamente por los servicios municipales. 

j.        Que la situación de precariedad habitacional deje de estar penalizada. Las personas que no tienen una vivienda adecuada, independiente y totalmente pagada sufren una persecución revestida de control del fraude por los servicios sociales. En algunos casos se revisan hasta los frigoríficos para ver que contienen, etc…    

     

k.      Considerar en la cantidad a cobrar los casos en que las familias viven en alquiler o pagando una hipoteca. En algunos casos el coste es casi la totalidad de la cuantía que cobran por la renta básica de inserción. En otros casos cuando la ayuda viene de alguna persona externa a la unidad familiar también puede entenderse que son ingresos habituales o forman parte de las obligaciones de la familia.

c.- Informes sociales

l.        Los Campamentos Dignidad debemos estar en las Comisiones de Seguimiento de la Renta Básica.

m.    Es preciso dar un giro de 180 grados en la información y gestión de la renta básica de información. Hay que desburocratizar la renta básica y garantizar una información clara, rápida y útil a las personas solicitantes. Información actualizada a los movimientos sociales del funcionamiento del sistema, con periodicidad quincenal. Establecimiento de un mecanismo estable de interlocución. 

n.      Además, se adoptarán medidas adicionales que refuercen la gestión transparente de la renta básica tales como la publicación de los datos a través de la web de transparencia: número de solicitantes acumulados, por localidad y por fechas, resoluciones favorables, importes, motivo de las resoluciones desestimatorias, recursos presentados, resultados de los mismos, plazos, etc.

o.      Se suelen dar indefensiones de gente que quiere tramitar una petición y no puede hacerlo porque el profesional de referencia no le tramita su solicitud.

p.      Las personas que trabajan en los servicios sociales municipales no pueden decidir si tramitan o no la solicitud correspondiente de la renta básica de inserción. En algunas localidades, las familias están al albur de las personas que trabajan en los servicios sociales; a veces se produce un trato bastante discriminatorio, hay quien decide según sus propios criterios. La persona solicitante a la que se le deniega la solicitud se encuentra indefensa y sin saber a dónde recurrir. Por tanto, al objeto de lograr una plena transparencia en la actividad administrativa de esta tarea y que el solicitante pueda reclamar antes de la decisión de la Dirección General de Políticas Sociales, los Ayuntamientos y la Comunidad Autónoma deben permitir a todos los solicitantes el acceso a su informe social y a toda la información que aparezca en su expediente.

q.      Puntos de información en las principales ciudades (Ayto-Junta) para facilitar información sobre cómo está cada petición.

r.        Eliminación de los Criterios discrecionales en la ley 9/2014 que conllevan inseguridad jurídica, por no decir discrecionalidad y arbitrariedad. El famoso criterio del artículo 6 y 10 está causando estragos entre miles de personas: "Encontrarse en un estado de dificultad personal o social determinante de exclusión o riesgo de exclusión, que constituya una especial dificultad para su integración en el mercado laboral y sea considerado como tal por los servicios sociales competentes". En las resoluciones se utilizarán únicamente los criterios objetivos de la norma, en modo alguno se denegará una renta básica utilizando argumentos subjetivos arbitrarios y discrecionales (el criterio de los artículos 6 y 10b). No a discriminaciones de edad, de estado civil, de barriada o de origen familiar. La época del asistencialismo y del clientelismo ha de terminarse.

s.       Ampliación del plazo de 10 días cuando se requiera a los/as solicitantes para la aportación de nueva documentación, ya que a veces es un período claramente insuficiente.

t.        Que se doten de los medios económicos y humanos necesarios a “los proyectos individualizados de inserción laboral y social” transformándolos en verdaderos programas de empleo; ya que actualmente se reducen a un control y sospechas sobre el comportamiento de quienes cobran la renta básica de inserción, siendo un instrumento en manos de los servicios sociales antes que un elemento de apoyo. 

u.      Es una necesidad para acelerar la tramitación de las solicitudes de las rentas básicas de inserción reforzar las plantillas de los servicios sociales para dar rapidez a las primeras resoluciones, atención de los recursos y quejas; consideramos que se da más importancia a la revisión de toda la documentación para el acceso a la prestación, su mantenimiento y posible exclusión. 

v.      Las personas divorciadas o separadas no tendrán que presentar denuncias contra sus exparejas para solicitar la renta básica. En muchos casos, este trámite puede acarrear miedo y vuelta a revivir situaciones superadas de confrontación.

d.- Diferentes aspectos económicos

w.    Es una obligación legal para la Junta de Extremadura el cumplimiento de las cantidades acordadas en las leyes para la Renta Básica, Contingencias, Mínimos Vitales y Ayudas de Alquiler. Garantizar, por tanto, durante el presente ejercicio presupuestario que se destinan esas cantidades: 86 millones de euros para Renta Básica de Inserción, 12 millones de euros para Mínimos Vitales, 3 millones de euros para Contingencias y 5 millones de euros para Ayudas al alquiler.

x.      Cumplir lo acordado en la ley 7/2016 de Medidas Extraordinarias contra la Exclusión social, en el art 2.bis. Procedimiento de Emergencia Ciudadana, párrafo 4: “Durante el ejercicio presupuestario no podrá realizarse modificación alguna que suponga una reducción de los importes consignados en los créditos que figuren en los estados de gastos de la Junta de Extremadura destinados a la financiación de los gastos vinculados a los procedimientos de emergencia ciudadana”.

y.      Creación de una entidad financiera pública que asuma todo lo relativo a la Renta básica de Inserción Extremeña. Mientras tanto, se deben establecer acuerdos con las entidades privadas y el Gobierno de España para que éstas tengan la obligación de abrir las cuentas (al menos en bancos que recibieron ayudas públicas...). al objeto de que las personas solicitantes no se vean obligadas a asumir gastos de apertura, comisiones ú otros al hacer el alta a terceros para el ingreso de la renta básica, mantenimientos de cuentas; así mismo el cobro de las rentas básicas de inserción se podría establecer por diferentes vías.

z.       Que no sean computables las ayudas finalistas recibidas de las administraciones públicas para viviendas ú otras ayudas recibidas de particulares.

aa.   Que el umbral de la pobreza se establezca el año 2019 como la cuantía mínima a cobrar por la Renta Básica de Inserción Extremeña o con el nombre que se le quiera dar, añadiendo los porcentajes correspondientes al número de miembros de la unidad familiar, elevando la cuantía de los complementos variables al menos un 20% al segundo miembro y un 10 % a los restantes miembros.

bb.  Que los ingresos por pensiones alimenticias de hijos/as no sean computables como ingresos de la unidad de convivencia. 

cc.   Evitar una aplicación restrictiva de la ley. No se podrá incompatibilizar la renta básica de inserción con ingresos inferiores a la misma. No puede ser que un trabajo de 6 horas a la semana durante 4 meses sea incompatible con la Renta Básica de Inserción. (art. 11, 2, b)

dd.  Eliminación de lo establecido en el art 13.6, ya mencionado con anterioridad, y en el 13.7.b de la Ley que se refieren a:

  Eliminación del art. 13.6 que dice: Cuando cualquier miembro de la unidad familiar ostentara la titularidad de vehículos a motor, se considerarán rentas percibidas el resultado de aplicar el interés legal del dinero sobre el valor real del vehículo a efectos del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, conforme a las normas reguladoras de dicho impuesto, no computándose a estos efectos los vehículos de cualquier tipo de antigüedad superior a ocho año, los ciclomotores y las motocicletas de cilindrada igual o inferior a 125 CC.

     2.Respecto a este art.13.7,b. (La determinación de los rendimientos derivados del trabajo se realizará promediando mensualmente los obtenidos en los seis meses anteriores a la solicitud, computando al efecto el importe de las bases de cotización obrantes en la Tesorería General de la Seguridad Social), proponemos que a todos los que obtengan ingresos superiores durante este tiempo a los previstos por la renta básica se les compatibilice la diferencia, pero a los que no superan los ingresos previstos por la renta básica no se les tengan en cuenta estos ingresos.

gg.  La gestión de la renta básica de inserción ha de ser completamente pública. Es ilegal, como ha venido señalando el Tribunal de Cuentas, la externalización de una parte de su gestión a través de la empresa Sociedad de Gestión Pública de Extremadura (GPEX). Durante los años 2018 y 2019, la Junta destina a esta encomienda privatizadora casi 1’9 millones de euros.

hh.  Reclamamos que, de modo inmediato, la Junta de Extremadura cumpla sus compromisos electorales, presentados ante notario, y lo que proponía el grupo socialista durante el debate de la primera ley de renta básica de inserción, es decir, destinar al menos el 0’5% del PIB a renta básica de inserción (86 millones de euros) y el 0’5% del PIB a programas de empleo público. Ha de tenerse en cuenta que ya han transcurrido tres años sin que se haya hecho efectivo en ningún ejercicio ese compromiso.