Desde el año 2011, y durante más de seis años, se mantuvo en la Moncloa un gobierno corrupto y minoritario que salvó a los bancos de la quiebra, rearmando los negocios especulativos a costa de los salarios y de las pensiones, liquidando derechos y conquistas sociales. Endeudó las cuentas públicas e impuso la austeridad para los gastos sociales.
Rajoy y sus ministros, los “novios de la muerte”, solo pudieron mantenerse en el gobierno tanto tiempo, contra la movilización mayoritaria, porque fueron sostenidos por los dirigentes sindicales y políticos, por los “pactos de Estado” en forma de pactos sociales de austeridad y de los mismos consensos constitucionales contra las demandas de cambio político y del libre ejercicio del derecho a decidir de los pueblos.
El pronunciamiento democrático del pueblo de Cataluña del 1º de Octubre de 2017 tuvo como contenido expreso de la mayoría consultada la ruptura con el pacto constitucional sobre el que se sostiene el régimen clientelar del 78. Abrió una crisis de Estado que cuestiona las principales leyes e instituciones; una situación que se ha contenido solo con la represión y la disolución de la misma autonomía con el art. 155, pero que se agrava cada día a falta de solución democrática.
Esta situación política e institucional fue calificada por uno de los hombres de Estado del periodismo, cómplice del régimen, Juan Luis Cebrián, como “el naufragio del Estado”. Establecía las relaciones recíprocas entre crisis de Estado y crisis de gobierno. Las cosas se pusieron tan mal para la gobernabilidad, que la mayoría de los medios de comunicación clamaban otra vez “por un pacto nacional para preservar la economía y gestionar el desafío secesionista”. Daban a entender que no era suficiente con el pacto constitucional vigente desde 1978. A renglón seguido, todos se ponían de acuerdo en que se debían convocar elecciones generales inmediatas que pudieran efectuar el relevo del agotado Rajoy por el acunado Rivera.
Mientras tanto, las reivindicaciones de la mujer, de los jubilados y pensionistas, de los trabajadores, y de tantos otros sectores sociales eran apartadas de las cuentas de los presupuestos, mientras que en las direcciones de los partidos se seguía con atención la consulta del chalé de Pablo e Irene.
La primera sentencia del caso Gürtel vino entonces a jugar el efecto de la gota que desborda el vaso del estancamiento oficial, cuestionando de lleno la credibilidad y el testimonio del presidente del gobierno. A cuenta de la corrupción, tan extendida en todos los partidos y sindicatos, se entendió en la dirección del PSOE que era la hora de sacar a Rajoy de la Moncloa, quizá para salvar todo lo demás.
Apreciando que no se podía mantener por más tiempo los apoyos establecidos a un gobierno sin autoridad política y moral. El diario El País, en su papel de principal grupo de presión mediático, se oponía a la decisión de P. Sánchez y los suyos de sacar a Rajoy de la Moncloa: “Dada la situación y la correlación de fuerzas en el Parlamento, ir a las urnas asoma como la única opción para logar una alternativa de Gobierno estable y coherente que tome el timón y rescate a España de la grave crisis producida por la sentencia del caso Gürtel y el desafío secesionista”…/…”Cualquier acuerdo ha de pasar por elecciones anticipadas que ponga fin a una legislatura que, en la actual situación, sería agónica toda vez que Ciudadanos ha retirado su apoyo al Ejecutivo”.
El PSOE, que era el verdadero sostén del gobierno del PP, manteniendo sus políticas de ajuste y deuda y de aplicación del 155, se transformó inesperadamente en piqueta de la demolición de Rajoy y su gobierno, sin salir del lodazal de la corrupción institucional. El voto de censura contra Rajoy entregó el gobierno a Pedro Sánchez, sin que los que le dieron la mayoría pudieran discutir de los contenidos de sus propuestas políticas.
Ahora todo está por ver. El nuevo presidente Sánchez, el tercer socialista que forma gobierno de la Monarquía desde el pacto constitucional de 1978, venía a declarar que “defendería la Constitución, la soberanía nacional y la integridad territorial”. Tanto el nuevo presidente, como sus ministros han jurado sus cargos sin símbolos religiosos, ante la Constitución y con lealtad al Rey.
Con el cambio de gobierno no se resuelve ninguno de los principales problemas políticos e institucionales que se arrastran desde hace muchos años, y que hacen referencia al mantenimiento de la “unidad nacional” en torno a la Corona, con el consiguiente sometimiento al dictado de la Troika y a la OTAN. La huida de Rajoy, tanto del Congreso como del PP, una vez que es echado de la presidencia por la mayoría en Cortes, viene a crear una situación extraordinaria, que deja desarbolado el partido de las familias franquistas.
El régimen del 78 se quiebra por el que hasta entonces aparentaba ser su punto fuerte. Y su supuesto relevo naranja, Ciudadanos, pensado y amasado por las cumbres bancarias y mediáticas, desaparece del primer plano de la escena política como alma que se lleva el diablo.
El nuevo gobierno, tan feminista y moderno como se presenta en apariencia, con gestos “progres” pero solo con gestos, no se presenta como el órgano ejecutivo de una mayoría parlamentaria, sino como el arbitro de dos campos en lucha. Tendiendo a elevarse por encima de la realidad como instrumento del orden y la ley, trata una vez más, como ya sucedió con Felipe González y con Zapatero, de volver a aplicar las mismos programas e ideas ya agotadas en circunstancias diferentes.
La embajadora de Estados Unidos exige el inmediato aumento del gasto militar hasta el 2% del PIB, y demanda más soldados españoles para reforzar el frente de Letonia que amenaza las fronteras de Rusia. La UE no deja de hablar de un nuevo plan de ajuste de la economía española, que entra en contradicción con los mismos presupuestos que pasan por el Senado.
El senador de los convergentes catalanes ha declarado, en torno al pacto presupuestario, que el nuevo gobierno pretende mantener que “Unos cobran por estar en España y otros hemos de pagar por estar en España”; agregando que “la financiación del País Vasco es del 211% de la de Cataluña”.
Mantener los presupuestos es profundizar en la desigualdad y en la miseria social. Por ello, ante el nombramiento como ministra de economía de Nadia Calviño, hasta ahora directora general del Presupuesto del Ejecutivo de Bruselas, ha sido recogido con inmensa alegría por la Comisión Europea. “Estamos al corriente de la información. Son buenas noticias para España y para la Unión Europea” …/… “Esto prueba la experiencia y el talento de los altos cargos de la Comisión”.
Como se ve, la OTAN y la UE ya le están dictando el programa al nuevo gobierno, que no es otro que el de la austeridad y la guerra. Las próximas movilizaciones de los jubilados y pensionistas, de los trabajadores de los teatros, de las jornaleras de la fresa contra la esclavitud, de los mismos sindicatos que exigen que se desbloquee la negoción colectiva…, pondrán sobre el terreno las principales demandas obreras y populares que aspiran a que las Cortes y los Parlamentos, rompiendo al pacto constitucional, las conviertan en ley
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