Los desarrollos de la crisis política y de dominación del régimen de la monarquía se combinan al más alto nivel, de forma que asuntos que parecían olvidados vuelven a la actualidad, a primer plano de la actualidad. Y ese es el caso de la impunidad de los crímenes del franquismo. El gobierno Rajoy se jactaba de haber dejado aparcado durante casi siete años la cuestión de las víctimas del franquismo y de la memoria democrática y republicana, como uno de sus logros, por aquello de que era innecesario “abrir nuevas heridas”.
La realidad es que las demandas democráticas para dar solución a los problemas históricos no resueltos, resultan de plena actualidad. Tal y como sucede con la cuestión nacional, con la retirada de los restos del dictador del Valle de los Caídos, o con poner término a los privilegios de la Fundación Franco. Cuestiones que, combinadas con otras muchas, han contribuido a minar tanto al PP como a su gobierno, alumbrando una nueva situación política donde la lucha contra la impunidad de Estado vuelve al centro de la crisis del régimen.
El 29 de junio de 2017 “El Parlament” de Cataluña aprobó por unanimidad declarar “ilegales” los tribunales derivados de la jurisdicción franquista que actuaron en Cataluña entre 1938 y 1978, declarando “nulas de pleno derecho” todas sus sentencias y resoluciones por “causas políticas”. Todos los partidos políticos, incluidos los más ligados a la impunidad de los crímenes franquistas, como el PP, votaron a favor de la proposición de ley de reparación jurídica de las víctimas. La ley “declara ilegales los tribunales de la Auditoría de Guerra del Ejército de Ocupación, llamada posteriormente Auditoría de la IV Región Militar, que actuaron en Cataluña a partir de abril de 1938 hasta diciembre de 1978, por ser contrarios a la ley y vulnerar las más elementales exigencias del derecho a un juicio justo”…/…”Y, en consecuencia se deduce la nulidad de pleno derecho, originaria o sobrevenida, de todas las sentencias y resoluciones de las causas instruidas y de los consejos de guerra, dictadas por causas políticas en Cataluña por el régimen franquista”.
La diputada Montserrat Palau, relatora de la ley, explicó en su intervención -en presencia de representantes de las asociaciones de víctimas y de la Memoria y de las familias de las personas procesadas y condenadas en un total de 63.961 procesos- que la Transición “escondió la memoria republicana” y que ahora se trata de alcanzar “la verdad, la justicia, la reparación y no repetición de los crímenes del franquismo”.
No solo se escondió la memoria republicana, sino la memoria democrática en general, y la sindical y política de los trabajadores en primer lugar. El alcance jurídico de la ley aprobada en los pasos previos al referéndum del 1º de Octubre de 2017 choca de frente con la legislación estatal de plena impunidad, contraria a los derechos de las víctimas y de la memoria democrática.
El diputado del PSC, Ferrán Pedret, señaló que la ley aprobada supone un “acto de justicia y reparación”, sin que de ninguna manera se puedan considerar legítimos esos tribunales, poniendo el dedo en la yaga de las heridas que su partido no ha querido sanar, con la vigencia de la contradictoria e ineficaz ley de la memoria de Zapatero, que declaraba ilegítimo pero legal el franquismo y sus acciones criminales.
La ley catalana del pasado mes de junio 2017 rompía esta contradicción por vez primera declarando ilegales y nulos de pleno derecho los crímenes del franquismo.
Mientras esto sucedía en Cataluña, abriendo una brecha en el muro de la impunidad del régimen de la monarquía, en las Cortes de Madrid el PP concedía a Martín Villa medalla que valora su trayectoria política; cuando es uno de los exministros procesados por crímenes de lesa humanidad por el juzgado de Buenos Aires (Argentina), que tramita las querellas presentadas por víctimas españolas ante la situación de indefensión que encontraron durante décadas en España.
Con posterioridad a la aprobación de esta ley de alcance catalán, en el mes de mayo el PSOE acudió al Congreso con una Proposición No de Ley para que se anulen las sentencias del franquismo, cuando hasta ahora se había negado a ello de forma sistemática y reiterada, y en particular en oposición a la reciente propuesta de Unidos-Podemos.
Ciudadanos y el PP no tardaron en acusar al PSOE de de querer “dinamitar el consenso que supone la Ley de la Memoria Histórica de Zapatero”. Ahora, los nuevos dirigentes del PSOE hablan de querer corregir uno de sus muchos y graves errores políticos históricos y de “dar un paso más a la Ley de la Memoria Histórica”, reconociendo que “la declaración de ilegitimidad no ha sido suficiente para cerrar la herida humana y social de la represión franquista”. ¡Como si intentar legalizar el crimen fuese solución para las víctimas o para la democracia!
La PNL del PSOE, sin efecto jurídico alguno, fue aprobada definitivamente por 168 votos a favor, 141 en contra y 32 abstenciones. Ahora se trata de que el nuevo gobierno tome en consideración el contenido de la PNL aprobada y la lleve a Cortes, en forma de propuesta de ley, y la convierta en ley con todos los efectos jurídicos. Lo cual exige rectificaciones de fondo.
Con posterioridad, la actualidad política se nutre de las propuestas en el campo de la Memoria relativas a sacar a Franco del Valle de los Caídos y acabar con los privilegios de la Fundación que lleva el nombre del dictador asesino; así como de quitar la medalla policial al torturador González Pacheco… La pregunta clave se basa en la experiencia política acumulada: ¿Qué trampa encierra tantas referencias a una nueva Ley de la Memoria?
El modelo de impunidad del régimen de la monarquía no es solo ilegítimo, es también ilegal a la luz del derecho internacional establecido a partir de Núremberg. Quienes de una u otra forma tratan de prolongar el régimen de la monarquía, quisieran hacerlo pasar, una vez más, por un sistema democrático y de derecho. ¿Los interesados en “revitalizar” la ley de la Memoria de Zapatero, acaso tratan sostener la impunidad o por el contrario proponen acabar con ella?
Las organizaciones de víctimas y de la Memoria democrática deben estar muy atentas ante esta nueva situación, analizando a fondo todos los elementos; tomando acuerdos e iniciativas que hagan valer sus derechos y aspiraciones democráticas ante las Cortes y los Parlamentos nacionales en los próximos meses.
La trampa, o una de las trampas que encierra la articulación de estas nuevas leyes, es en lo fundamental que no resuelven en positivo las demandas de verdad, justicia y reparación de los millones de víctimas, en tanto que no solucionan su situación de indefensión. La mayoría de víctimas y de verdugos ya fallecidos impide la justicia tal y como está formulada.
Situación extraordinaria la de la impunidad española para la que hay que instruir medidas excepcionales, ya que en consecuencia lo que se propone no haría sino prolongar la impunidad de los crímenes franquistas. El tiempo transcurrido desde la guerra y la dictadura, la friolera de 81 años, hace imposible que con esas medidas que contienen las leyes que se proponen se puedan reparar con justicia los daños de todo tipo causados a la inmensa mayoría de las víctimas y a sus familiares.
Superar esta situación exige una Ley de Víctimas que condene el franquismo como régimen criminal, que condene a los responsables de la impunidad pactada como delito; impunidad contenida en la Ley de Amnistía y de la Memoria, como leyes de punto final, rompiendo con los compromisos constitucionales. Haciendo, en consecuencia, responsable subsidiario al Estado de los crímenes cometidos desde el 17 de julio de 1936. Sólo así se logrará justicia, y la Memoria democrática tendrá pleno sentido.
No hay comentarios:
Publicar un comentario