ODP-PSLF EN RELACIÓN A LOS PRESUPUESTOS REGIONALES.

Los presupuestos regionales que ayer aprobó la Asamblea de Extremadura no van a resolver ninguno de los problemas que tienen las clases trabajadores y los sectores populares de la sociedad extremeña; todo irá a peor, por mucho que se empeñe el gobierno regional en mostrarnos la bondad de los mismos en las campañas publicitarias de la que han precedido a su aprobación.

Los presupuestos dejan de lado el tremendo problema del desempleo que hay en la región. A pesar de la intensa propaganda con las que nos quieren hacer ver que cuantitativamente son muy importante los fondos destinados a combatir esta lacra propia del capitalismo, la realidad es que son muy insuficientes, sólo hay que ver el escaso número de desempleados y desempleadas que se verán favorecidos por estas partidas presupuestarias. Por mucho que se insista, ni siquiera dan para tranquilizar la conciencia de quienes ocupan las instituciones políticas. Lo cierto es que seguirán agravándose las dificultades económicas y sociales que padecen muchas familias extremeñas.

Por otro lado, el poder político tiene poco interés en modificar las ridículas pagas que perciben los miles de desempleados y desempleadas por diferentes conceptos como prestaciones, subsidios o ayudas sociales; aquellas son tales que difícilmente pueden satisfacer las mínimas necesidades vitales y alcanzar cierto bienestar. Los requisitos administrativos que hay que cumplir para lograr algunas de las ayudas sociales se olvidan del estado de pobreza o necesidad, y se establecen con el único objetivo de no aumentar el gasto público y asignarle magnitudes reducidas en los presupuestos, como es el caso de la renta básica.

Además, son insolidarios y exiguos ya que se minimizan y reducen respecto a presupuestos anteriores partidas como las destinadas a Mínimos Vitales y Ayudas a Domicilio que debieran ser lo suficientemente amplias pues realizan una doble función; por un lado, permiten la creación de puestos de trabajo, y por otro, alivian el estado de desamparo y privación de familias o personas que atraviesan momentos económicos difíciles, y proporcionan la prestación de asistencia a personas mayores y/o dependientes, y en definitiva contribuyen a sostener a quienes más necesitan del apoyo y ayuda de la protección social.

La política de viviendas sigue estando bajo mínimos, no se hace nada por solucionar el enorme déficit que hay en nuestra región, no hay interés en las construcciones de viviendas sociales, ni intervenciones de otro tipo que permitan dar utilidad pública al importante parque de viviendas en manos de las entidades financieras y de instituciones estatales. Las ayudas de alquiler que se proponen, además de ser escasas por las nimias cantidades consignadas en las partidas presupuestarias, son prácticamente inalcanzables para la mayoría de los mortales ya que para acceder a ellas hay que superar una verdadera barrera de obstáculos burocráticos, a lo que se añade los habituales retrasos en la percepción de estas ayudas.

 En cuanto a ciertos servicios públicos como Educación o Sanidad, se siguen subvencionando los diferentes niveles de enseñanza privilegiando a centros educativos privados que en su mayoría están en manos de la Iglesia Católica, retrayendo para la enseñanza pública cantidades próximas a los 90 millones de euros que van a parar a la concertación educativa; mientras tanto, en materia sanitaria se adolece de una política de choque que disminuya las listas en la que se encuentran miles de personas esperando para acceder a las visitas médicas, pruebas e intervenciones quirúrgicas.

Por tanto, desde ODP-PSLF consideramos que la aprobación de los presupuestos regionales no va a provocar transformaciones importantes que mejoren las condiciones de vida de las clases trabajadoras extremeñas, ni van a combatir la precarización y la explotación laboral; no obstante, servirán para que ciertos sectores minoritarios y empresariales coligados con el poder político sigan disfrutando y obteniendo buenos réditos a costa de los presupuestos extremeños.

Por otro lado, hasta la fecha el gobierno del PSOE -UP a nivel nacional ha dejado bien claro en sus declaraciones que las pocas cosas que se hagan no van a molestar ni a tocar los intereses de quienes hacen las contrataciones laborales o disponen de los medios de producción y controlan la distribución y comercialización de las producciones agrarias y hortofrutícolas; tampoco se va avanzar mucho en la recuperación de la memoria histórica ni en la mejora de las pensiones. De hecho, un buen número de jubilados y pensionistas de todo tipo van a seguir en situaciones de precariedad y pobreza con míseras pagas. No mejorarán su nivel de vida por mucho que se venda que se ha subido un 0,9 % de acuerdo al nivel de vida, al compás del IPC, lo que como máximo equivale a unos 7 u 8 euros al mes.

La subida del SMI se hace con la aceptación de la gran patronal, los agentes sociales y el gobierno, con la excepción de los representantes de algunas organizaciones patronales agrarias que ya han dejado bien claro que se negarán a la aplicación de la subida. Algo habitual con lo que vienen haciendo a lo largo del tiempo, porque ahora y siempre han entendido que sus beneficios están ligados con los salarios de indigencia de los jornaleros agrícolas.

En todo caso, lo que está claro es que las políticas de los gobiernos nacionales o regionales serán favorables a los intereses de las clases trabajadoras y sectores sociales populares en la medida que seamos capaces de establecer con las movilizaciones sociales las relaciones de fuerza y cooperación necesarias para que respondan a las demandas que hoy exigen aquellas mayorías sociales.

El precio democrático de la investidura y el sobreprecio de la gobernabilidad

La libertad de los presos políticos es la primera prueba  Espacioindependiente no 340, jueves 9 de enero, 2020
http://elespacioindependiente.wordpress.com/:f:info.espacio.independiente

La crisis del régimen monárquico entra en una nueva fase a partir de la reinvestidura de P. Sánchez, después de cuatro años de parálisis constitucional, de gobiernos en minoría y en funciones.

 Dos movimientos de fondo de origen distinto y contradictorios se enfrentan en este momento. De una parte, el del aparato de Estado heredero de la dictadura, que trata de validar su traje constitucional e institucional al que le han estallado todas las hechuras: mantener la pirámide de poder establecida a todo precio, reconduciendo las quiebras políticas territoriales es el objetivo del movimiento en defensa de la razón de Estado. 

Y, de otra parte, el movimiento mayoritario de trabajadores y pueblos por sus aspiraciones y reivindicaciones, que choca en formas diversas con la imposición de la “razón de Estado”. 

Una situación que debe ser entendida como de excepción, tanto en lo político, como en lo institucional. La solución del bloqueo de la investidura efectuada por un estrecho margen de dos diputados, y aún más la solución que se propone para la gobernabilidad, basada en apoyos externos al mismo gobierno, conlleva la formación y mantenimiento en el tiempo de una mayoría capaz de aprobar unos Presupuestos Generales. 

Presupuestos Generales del Estado que vienen dictados por los intereses de la corte de banqueros y especuladores, por la Troika, cuya exigencia esencial es el mantenimiento de la austeridad para salarios y pensiones para favorecer el beneficio capitalista, con la prolongación de la precariedad y la creciente desigualdad social. 

PGE agravados por el alto precio que se paga con el mantenimiento de los privilegios de la Corona y la Iglesia, y el mismo pago de la Deuda a los especuladores financieros, que no puede sino multiplicar -en el periodo político que comienza a partir de la investidura- la combinación de todas las contradicciones políticas, sociales y territoriales. 

La investidura solo ha sido posible con la abstención de fuerzas políticas de la izquierda nacionalista catalana y vasca, que se reclaman desde hace tiempo de la ruptura con el régimen del 78, y rechazan el cinturón de hierro que la ley de leyes supone contra los derechos democráticos y la soberanía popular. 

Cuestionan, por ello, la Constitución del 78; pero, en función de las circunstancias que han rodeado el bloqueo -con avance de las derechas-, han venido a conceder, como salida, un crédito al PSOE sin ningún tipo de aval, con la sola promesa de dialogar en un corto espacio de tiempo acerca de la amnistía y de la autodeterminación de los pueblos, entre las cuestiones claves. 

 Para hacer posible el acuerdo de investidura la cúpula del PSOE ha efectuado un significativo giro político a la izquierda obligado por la situación; consistente en vincular como aliados de la investidura a los mismos partidos nacionalistas y republicanos a los que ha discriminado y perseguido, como sucedió en el conflicto político catalán con la aprobación del 155 y con la consiguiente represión policial y judicial que siguió al referéndum del 1 de Octubre.

 Los “nacionales”, reconcentrados en el disfrute de los gobiernos “trifachitos” de Andalucía y Madrid, no han dejado de subrayar el giro político del PSOE, personalizándolo en P. Sánchez y en sus ambiciones políticas e institucionales, considerando que las condiciones de dichos acuerdos, a su entender, conducen a la “ruptura de España”, poniendo en peligro el poder de la Monarquía.  

El mismo monarca, en la conversación que tuvo con Sánchez en el acto palaciego de la “toma de posesión”, en la que éste aseguró que se había efectuado “rápido y sin dolor”, le respondió que “el
dolor viene después”. De entrada, puede resultar dolorosa a los compromisos de Estado la exigencia de retirada de las tropas españolas destacadas en Irak en las bases de la OTAN, para evitar que sean parte de una guerra que Trump busca contra Irán y puede incendiar todo Oriente Medio. 

Una de las frases más políticas del debate de la reinvestidura de Sánchez fue la formulada por la diputada de ERC, Montserrat Bassa, hermana de la dirigente de la Generalitat condenada a doce años de cárcel en el proceso político llevado en el Tribunal Supremo. En su intervención en el plenario de Cortes, ante las constantes invocaciones de unos y otros a “España” y sus “dificultades de gobernabilidad” como valor supremo, vino a decir sencillamente: “me importa un comino la gobernabilidad de España” …, para concluir que lo que la importa es la inmediata libertad de su hermana y de todos los presos políticos, condenados injustamente por organizar una consulta democrática y popular en Cataluña. 

Importancia que no ha quedado bien establecida en el acuerdo PSOE-ERC, de forma que responsabilice al gobierno en sus primeras actuaciones de las medidas necesarias para llevar a efecto la nulidad del proceso y de las mismas condenas injustamente impuestas, con todas sus consecuencias políticas y pronunciamientos favorables para los luchadores republicanos. Evidencia política que ha sido capaz de poner de manifiesto el TJUE y el mismo Parlamento Europeo, reclamando la inmunidad de los electos, que conlleva la nulidad del proceso y condenas, en reconocimiento básico del principio democrático de soberanía popular. 

Lo que se conoce por “desjudialización del conflicto político catalán” en los acuerdos ERCPSOE, para volver a replantear los problemas políticos en discusión en el ámbito de la política democrática y no en el de la represión de Estado, va a conocer una primera prueba de fuego en la exigencia democrática planteada después de la investidura de que el gobierno se retire de todas las causas penales que se siguen en los tribunales contra los republicanos catalanes. 

Los partidos franquistas no dejaron de acusar al gobierno pactado entre PSOE y UP de falta de legitimidad, temiendo por los poderes exclusivos de la Monarquía. En el editorial de ABC del 8 de enero, que se hace eco de las acusaciones de los “trifachitos”, escribía contra Sánchez: “Pronto sabrán ERC, Bildu, PNV, y hasta Unidas Podemos, que han pactado con un político incompatible con la verdad, que les engañará también a ellos, porque sus promesas tenían el día de ayer como fecha de caducidad”. 

Frente a las prisas del periódico monarcofranquista de los Luca de Tena en evidenciar el fracaso del gobierno por el incumplimiento de sus compromisos -que no se contemplan en el tiempo político necesario- el diario El País de la misma fecha insiste en la legalidad constitucional del mismo gobierno. 

Unos y otros, obvian que en el siglo XXI no se cuestiona en ningún caso -como ellos hacen- el principio de legitimidad popular de unas elecciones, legitimidad que se concreta aún más en la forma plebiscitaria, tal y como sucedió con el referéndum catalán del 1-O. De forma y manera que lo que hace a un gobierno legítimo no es que ponga en peligro o en cuestión la razón de Estado establecida. Lo que legitima a un Gobierno es su responsabilidad ante sus votantes, en tanto que debe responder fielmente al mandato político recibido por la mayoría, gobernando de acuerdo con el sentido político de dicho mandato democrático y popular.  

El sobreprecio de la gobernabilidad no es solo el que hace referencia al cumplimiento de las reivindicaciones sociales y democráticas, y la inclusión de las mismas en los PGE: el sobreprecio de la gobernabilidad que se demanda es el libre ejercicio mismo de la voluntad popular. La voluntad popular de los trabajadores y pueblos de España, que ha dado a los representantes de partidos que se reclaman republicanos hoy o de partidos de tradición republicana la mayoría en Cortes, lo ha hecho para poder establecer, por encima de todo, la soberanía popular y democrática de sus justas reivindicaciones. Y esta voluntad y mandato deben ser respetados mediante la verificación y cumplimiento de los acuerdos establecidos. De ello depende la lucha por la República de trabajadores y pueblos, y por el derecho a decidir.

EL CONFLICTO POLÍTICO POR VIOLACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES SE INTERNACIONALIZA. Idelfonso Gómez

¿El Estado prevaricador? Por IDELFONSO GÓMEZ

Las preguntas que surgen de la extensión que ha tomado el conflicto político del Estado español por su vulneración de derechos democráticos fundamentales que se ha agravado e internacionalizado son del siguiente cariz:

¿Cómo pudieron ser condenados los dirigentes catalanes del proceso político soberanista habiendo entre los imputados quien gozaba de impunidad que impedía dicha condena?

¿Se han vulnerado con la sentencia las reglas esenciales de procedimiento que son garantía básica del Estado de derecho? 

La reacción de las instituciones judiciales españolas, y de los partidos de derechas ante la sentencia del TJUE es muy poco comprensible si se tiene en cuenta que dicho tribunal está por encima del Tribunal Supremo, es decir que es el verdadero órgano superior de nuestro ordenamiento jurídico por decisión del Estado español.

Con razón obligada la vicepresidente en funciones Carmen Calvo ha realizado declaraciones llamado a que se asuma por las instituciones judiciales españolas las consecuencias de dicha sentencia, y algo parecido ha venido a manifestar también el Presidente del Parlamento Europeo que no ha tardado en rectificar y aplicar la sentencia reconociendo la condición de Puigdemont y Comín como diputados. 

Habida cuenta que la primera reacción de la Fiscalía del Tribunal Supremo, en vez de reconocer el hecho de que tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo, cada uno a su manera han violado todos los derechos de Oriol, y de los diputados y senadores electos; ha sido la de solicitar que Oriol Junqueras no sea puesto en libertad, y a ello añaden que sea inhabilitado como diputado europeo. 

Parecida reacción automática ha tenido el juez LLarena que parece no entender el motivo por el que él mismo ha tenido que retirar por tercera vez la euro orden que pretendía la detención de los responsables políticos de la Generalidad exiliados en diversos países de Europa. 

La judicialización represiva, que fue la salida fácil para negarse a entrar en la solución democrática del conflicto político no solo fue la respuesta del gobierno Rajoy sino del Estado español en su conjunto con el Jefe de Estado a la cabeza. Y que pueden constituir delitos continuados de prevaricación, delitos que cometen los funcionarios públicos al actuar injustamente en las funciones propias de su cargo, conscientemente o por ignorancia inexcusable. Que en el caso de los jueces deviene de sentencias o resoluciones injustas.

 Ahora ese bloque, que es el de los consensos del régimen del 78, se descompone con el curso de la negociación política abierta entre el PSOE y ERC, y de la misma sentencia que cuestiona la sentencia política de Marchena y las euro ordenes de LLarena. En ese cometido tiene que expresarse la Abogacía del Estado a instancias del Gobierno. 

Ahora, el Tribunal Supremo, que es la institución que tiene la pelota en su tejado, no puede pedir al Parlamento Europeo el levantamiento de la inmunidad después de haberlo juzgado y condenado, por lo contrario está señalado para que diga como aplica la sentencia. La internacionalización del conflicto no solo contamina la Unión Europea y sus Estados, la misma ONU está llamada a finales del próximo mes de enero a tomar resolución sobre el caso. 

Desde Bruselas, el portavoz del PP venía a pedir algo parecido a un “Brexit” para España, consistente en la petición de suspensión de la aplicación del Tratado de Schengen, apostando en que la solución es volver a las antiguas fronteras para proteger las sentencias de un reino bananero al margen de cualquier principio político y judicial que pueda ser compartido por otros Estados, que se reclamen de la aplicación democráticos fundamentales. 

La manipulación política y no la razón política parece presidir las decisiones represivas que hacen más y más complejo el conflicto. A las dos horas de conocerse la sentencia del TSUE se decidió por el tribunal catalán la suspensión del Presidente Torra ante el que declaró: “A mí no me inhabilita un tribunal con motivaciones políticas porque solo lo puede hacer el Parlamento de Cataluña”.

El Gobierno en funciones debe pasar de las palabras a los hechos y reconocer que la aplicación de la sentencia del TJUE pasa por declarar nulo de pleno derecho el juicio del procés, con todas sus consecuencias. Acabando con la vía judicial y la represión política si es que para él la negociación en curso va más allá de la mera instrumentalización de la investidura, y si por fin ha comprendido la necesidad de un giro democrático irreversible en nuestra sociedad que pasa por el ejercicio a decidir. Atendiendo a las demandas de nuevo orden político auténticamente democrático tendente a fundar la República en la acción conjunta de los trabajadores y los pueblos. Alianza política y social que puede y debe representar a la inmensa mayoría. La lucha por democracia y el federalismo es parte sustancial de la estrategia por la emancipación definitiva de los trabajadores del yugo del capital.

La encrucijada política de un régimen en descomposición por IDELFONSO GÓMEZ

IDELFONSO GÓMEZ, PRESIDENTE DEL PSLF


1.- Negociación política y movilización democrática

La situación política está dominada por la crisis de Estado, y por el agotamiento del sistema político establecido a la muerte de Franco. 

Desde hace años, la sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatuto reformado de Cataluña vino a establecer la nulidad del acuerdo Suárez-Tarradellas (que dio lugar a la Generalidad previa a la misma Constitución), y que supuso- en consecuencia- la quiebra del pacto preconstitucional, y el inicio  de grandes movilizaciones  populares  que han venido a cuestionar la Constitución e instituciones  del  régimen del 78.

 Las elecciones generales reiteradamente convocadas (cinco en cuatro años) tendentes a encontrar una mayoría de gobierno que se oponga al cuestionamiento constitucional han fracasado reiteradamente, acelerándose por el contrario la polarización política y social en tres grandes bloques: izquierda, derecha y nacionalistas. 

El preacuerdo entre las direcciones PSOE y Unidas Podemos tras las elecciones del 10N tendente a investir presidente para la formación de  Gobierno- ahora depende las negociones  entre el PSOE y  los representantes del proceso republicano e independentista catalán, y de ERC en particular-pero es un acuerdo que puede y debe abarcar a la mayoría de la cámara .

La condición fundamental para la investidura es el establecimiento de un principio de acuerdo para la apertura de un proceso negociador entre la Generalidad de Cataluña y el Gobierno del Estado. Negociación que centra las principales cuestiones de la crisis política y que desplaza a enero de 2020 la investidura, si es que la hay.

 La negociación, si queremos que una de manera efectiva establezca una alianza de la mayoría de representantes de formaciones políticas que se reclaman de los derechos de los trabajadores y los pueblos debe ir acompañada de la más amplia movilización en todas partes. 

Esta situación se convierte en una verdadera encrucijada política, en tanto que las demandas democráticas que se negocian viene a poner en cuestión el continuismo de las instituciones del régimen del 78 , y en definitiva el poder cifrado en su Constitución. 

Las alternativas giran en torno a dos extremos, de una parte, si progresa el proceso negociador, y se establece un gobierno dependiente del proceso republicano catalán se producirá un grave deterioro del papel del Jefe del Estado, que contribuirá a su cuestionamiento y el de la monarquía, y con los privilegios franquistas. 

De otra parte, sí las fuerzas que se oponen a la negociación logran desestabilizar al PSOE, y a su actual dirección, como ya está sucediendo con las provocaciones de los dirigentes de la Transición, y de algunos barones autonómicos que, sirven los argumentos a  la derecha sobre el eje :”España no puede depender de los independentistas”, entraríamos en una giro a la derecha . 

Los argumentos que vienen alimentar la reacción españolista y monárquica se comienzan a multiplicar, a fin de que se  produzca  un proceso de regresión política encabezado por el Rey como caudillo de la unidad nacional del Estado y sus leyes, tal y como sucedió a partir del discurso bonapartista de la Corona del 3 de octubre de 2017 contra los acuerdos del Parlamento de Cataluña, y la realización del referéndum soberanista de 1 de ese mismo mes de octubre, expresión  periodística de esta situación es el titular de la publicación VOZ POPULI sobre la investidura :”Sánchez fuerza al rey a tener que encargarle a ciegas formar gobierno” 

Sobre esta encrucijada influyen directa o indirectamente múltiples factores, y en particular las decisiones políticas, económicas  y jurídicas de la Unión Europea sobre España .En el terreno judicial el próximo día de 19 de diciembre se conocerán las sentencias de los tribunales europeos  sobre la situación de los dirigentes del procés,  presos y/o exiliados .La judicialización de la política española puede llevarse un nuevo varapalo con el reconocimiento de la inmunidad de los electos

2.- ¿Acabar o mantener la herencia política del franquismo?

Desde la exhumación de los restos del dictador del VALLE DE LOS CAIDOS la política de reforma de la Memoria Histórica ha quedado congelada, y pendiente de los mismos resultados electorales. La exhumación no ha acabado con el Valle de los Caídos como lugar para la exaltación del franquismo en manos de la Iglesia, como tampoco ha desposeído a los Franco de la tumba de Estado, ya que la de Mingo Rubio ha sido adquirida con dineros públicos, y aún menos se han dado pasos para proceder contra la herencia familiar millonaria de la familia que tiene mucho que ver con el saqueo y la corrupción de la guerra y la dictadura. 

Como tampoco se ha permitido avanzar en la localización y exhumación de fosas de republicanos asesinados con verdad, justicia y reparación. Celebrar la exhumación contra los privilegios de la dictadura está por tanto limitada al hecho de que se mantienen otros muchos privilegios, y sobre todo el hecho de que sobre todo ello se mantiene la impunidad de Estado, y de sus personajes que hicieron posibles los crímenes franquistas. 

Hay por tanto que establecer la continuidad de las iniciativas contra la impunidad, situación que pervive en las instituciones fundamentales del Estado, gracias a que el régimen del 78 y sus leyes (Amnistía y Memoria) lo han hecho posible hasta hoy. 

Sacar la herencia política del franquismo del corazón del Estado y juzgarla es una imperiosa necesidad democrática que afecta a toda la sociedad. Entre las medidas pactadas por PSOE-UP para formar gobierno se habla de forma muy sucinta de un “país de memoria y dignidad” sin más desarrollos de los que se tenga conocimiento. 

El movimiento de víctimas y de la memoria debería emprender un trabajo de formulación de cuáles son los pasos en el camino de la lucha por la memoria y la dignidad que establezca una hoja de ruta para  acabar con la impunidad de los crímenes de la guerra, la dictadura y la transición. Convocando en los próximos meses un nuevo Encuentro Estatal que permita unir a la mayor cantidad posibles de asociaciones, partidos y sindicatos abrir la negociación necesaria con las fuerzas parlamentarias , y con el mismo gobierno que se forme. 

Solo una ley de víctimas que condene el franquismo como régimen criminal y reconozca los derechos de las víctimas abrirá  las puertas a acabar con las leyes de punto final e impunidad. Notas para la intervención en la Coordinadora de la Memoria.Madrid 14 de diciembre 2019

CONSIDERACIONES MUNICIPALES

1.- Desde ODP-PSLF aún no podemos hacer una valoración profunda y extensa de la política municipal por los pocos meses transcurridos, al menos, hasta que no se aprueben los presupuestos y veamos qué perspectivas de futuro ofrece este equipo de gobierno municipal al pueblo.

2.-No obstante, se ha tenido sensibilidad para llevar a cabo ciertas cuestiones que desde hace tiempo veníamos solicitando tal y como el inicio del arreglo de caminos y la rehabilitación de ciertas obras en edificios que estaban abandonados por el anterior equipo de gobierno. También, se ha procedido a la modificación de ciertos reglamentos que aún no conocemos su funcionamiento de un modo práctico y por tanto, no sabemos la repercusión que van a tener en la participación de la población en asuntos municipales.

3.- No estamos de acuerdo en otras actuaciones como la reducción de impuestos que por la capacidad económica del Municipio no son cantidades considerables; sin embargo, son pequeños detalles que se mueven en lo que es el marco general de las políticas que practican partidos de derechas. Según informa el equipo de gobierno, la reducción de impuestos se aproximará a 150.000 euros. Pensamos que con esta cantidad se podían atender ciertas actividades municipales, reducción de las tasas deportivas para los niños y niñas, monitores, o para realizar otras actividades municipales diferentes.

4.- También, es un hecho relevante, en estos primeros meses, el enfrentamiento dialéctico teñido de características personales que tiene lugar durante la celebración de los plenos, con declaraciones verbales del anterior alcalde, que ponen de manifiesto su excesiva precipitación, intransigencia y enojo, con demasiadas muestras de sus excesivos egos personales y hervores de autoestima. Todo ello resultado de no alcanzar las expectativas para conseguir nuevamente la alcaldía, y que con su actitud está promocionando al gobierno municipal de Cs y PP.

5.- Sin menospreciar absolutamente a nadie de quienes ejercían los cargos y trabajan en los medios de comunicación locales y en la Casa de la Cultura porque siempre nos atendieron perfectamente. Ahora, con los cambios realizados en estos puestos, y conociendo la trayectoria de las personas que están al frente de los mismos, tenemos que valorar muy positivamente a los nuevos responsables de los medios de comunicación y de la Casa de la Cultura porque lo importante es la profesionalidad y vocación que se tenga en este trabajo, independientemente de lo que digan algunos de que se sea laboral o funcionario. De este modo animamos, tanto a Juanfran como a Isabel, y a todas las personas que ttrabajan en esta casa a que sigáis desarrollando vuestro trabajo como hasta ahora.

6.- En otro orden de cosas, queremos informar que la Concentración para reivindicar la finalización de las obras de las 31 viviendas se realizará el día 1 de diciembre, desde las 12 del mediodía, en la calle paralela a la calle Ruiz Zorrilla. Entendemos que lo que está ocurriendo con la vivienda, aquí y en otros pueblos, no es otra cosa que una forma de violencia contra quienes no disponen de medios económicos y no pueden construir un futuro, esto es violencia contra los más humildes.

7.- La reducción de las líneas de transporte para viajar a otras poblaciones está afectando a personas de la localidad. Esta una situación, también, se reproduce en otros sitios. La nueva contratación del transporte interurbano por la Junta de Extremadura ha limitado las posibilidades de comunicación, especialmente sábados y domingos. Los sábados sólo sale un autobús a las para Badajoz, y no hay de vuelta; los domingos no hay autobuses.

Consideramos que desde el Ayuntamiento se debe gestionar este problema y por supuesto, que como viene sucediendo, la sala de espera de la estación de autobuses no esté cerrada a ciertas horas, y más en el período que se acerca con mucho frío a ciertas horas de la mañana.

8. De cara a los próximos presupuestos regionales esperamos que se incorporen en los mismos la construcción del Instituto tan necesario para la localidad que durante muchos años se nos viene prometiendo, y es un elemento importante desde el punto económico y educativo para la localidad.

SUBASTA PARA REDUCIR IMPUESTOS MUNICIPALES

Desde la ODP-PSLF queremos hacer dos consideraciones, una en relación a la bajada de impuestos aprobada en el pasado Pleno Municipal Extraordinario de Noviembre, y otra en relación a los Programas de Empleo y Talleres que se están poniendo en marcha en nuestros pueblos.

1.- La reducción de impuestos aprobado por el gobierno municipal de CIUDADANOS-PP en el pleno extraordinario de Villafranca de los Barros es una medida electoralista y publicitaria que sólo sirve para reducir la capacidad económica del Ayuntamiento en 150.000 euros.

La reducción de impuestos se hace con la excusa de que el Ayuntamiento está muy saneado económicamente, incluso el PSOE participa en esta subasta queriendo ser más políticamente correcto que el gobierno municipal y no quedar atrás en la carrera electoralista, proponiendo una reducción mayor que el equipo de gobierno.

 Las personas a las que posiblemente beneficie dispondrán en sus bolsillos como máximo de pocos euros al año; en cambio, estos 150.000 euros como se anuncia que puede alcanzar la reducción impositiva pueden invertirse en diferentes acciones municipales como mejorar la dependencia, la ayuda a domicilio, en centros educativos, en calles ú otras actividades necesarias para la localidad.

2.- En repetidas ocasiones hemos manifestado que los PLANES DE EMPLEO, DE EXPERIENCIA ú otros programas que proceden básicamente de la Junta de Extremadura, el Gobierno Central y la Diputación Provincial, y que ejecutan los Ayuntamientos, llegan a un mínimo de personas en paro, y no sirven para generar más empleo, ni riqueza, ni el desarrollo económico tan deseado de nuestros pueblos. Son cantidades totalmente insuficientes.

Lo que continuamente reclamamos son verdaderos programas de empleo e inversiones públicas que ataquen de raíz el paro, beneficien a las clases trabajadoras y sectores populares, mejoren los servicios públicos como educación, sanidad, dependencia y actividades relacionadas con las producciones agroalimentarias y otras, de carácter industrial.

LAS 31 VIVIENDAS DE VILLAFRANCA DE LOS BARROS

NOTA DE PRENSA ODP-PSLF

SOBRE LAS 31 VIVIENDAS DE VILLAFRANCA DE LOS BARROS

La Constitución española, en su artículo 47, recoge el derecho de todos los ciudadanos a disfrutar de una vivienda digna, a la vez que ordena a los poderes públicos que adopten las medidas necesarias para que hagan realidad este derecho.

La declaración de Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948, en su artículo 25, así como en otras diferentes normativas internacionales, se refieren a la vivienda como un bien necesario para una vida digna.

El artículo 148.1.3 de la Constitución Española establece la vivienda como una materia competencial que pueden asumir las Comunidades Autónomas. En base a esto, en el artículo 9.1.31 del Estatuto de Autonomía de Extremadura se la responsabiliza en esta competencia.

De este modo, se aprueba la Ley de Promoción y Acceso a la Vivienda de 11/2019, de 11 de Abril, en la que se vuelve a hacer mención a que se garantiza el derecho a la vivienda en la Comunidad Autónoma de Extremadura “como el derecho de toda persona a acceder a una vivienda digna, de calidad y adecuada a su situación personal, familiar, económica, social y capacidad funcional, asegurando a los extremeños una debida calidad de vida y contribuyendo así al fomento del desarrollo económico y social en la Comunidad Autónoma de Extremadura”.

Sin embargo, los poderes públicos regionales y nacionales no cumplen de ninguna manera con lo que se apunta en estas normativas que en definitiva se convierten en preceptos publicitarios grandilocuentes que no tienen más recorrido y que no dan más de sí. Así, suenan a música celestial los arrebatadores discursos y las agradables declaraciones de los dirigentes políticos cuando con elaboradas oratorias pregonan que se van a tomar medidas para facilitar el acceso de jóvenes a este bien o se van aumentar las ayudas de alquiler o incrementar el parque de viviendas públicas.

En este orden de cosas, nos encontramos con que las tan prometidas 31 de viviendas sociales de Villafranca de los Barros se paralizaron a los pocos meses de iniciarse su construcción, y han quedado en un estado de abandono, con un absoluto silencio institucional sobre su futuro. Nadie dice nada sobre la situación actual de las obras. El otro día se realizaron ligeros comentarios en un pleno municipal, pero nadie ha aclarado nada sobre la continuidad y finalización de las obras.

A las preguntas que le realizamos a la Consejera de la Junta de Extremadura sobre este asunto no supo o no quiso contestarnos, ni posteriormente se ha dicho nada, así que se desconocen públicamente los procedimientos que se siguen para el reinicio de las obras, cuando se va a reemprender la construcción o si se lo ya construido se convertirán en escombros.

Sin duda, todo esto es el resultado de la adjudicación de la edificación a unas bajas temerarias con lo cual es imposible una construcción de calidad, y cuyo resultado final se traduce en el abandono de las obras, trabajadores que se quedan sin cobrar y el desamparo para los vecinos de la localidad que aspiraban a una vivienda.

Por tanto, desde la ODP-PSLF exigimos que a la mayor brevedad la Consejería tome las medidas necesarias para que esas obras se finalicen rápidamente, dadas las necesidades de viviendas en la localidad.

Los repetidores nunca fueron bien considerados

Carlos Martinez, es secretario general del PSLF y del consejo científico de Attac

Los partidos obreros surgen para cambiar las condiciones de vida de las clases trabajadoras, obtener el reparto de la riqueza y de los medios de producción y de consumo y alcanzar el fin de las clases sociales. Para ello, concurren a los parlamentos al objeto de cambiar las leyes y constituciones, organizan sindicatos de la clase obrera y luchan ya sea en las instituciones, ya sea en los centros de trabajo, ya sea en las calles o las trincheras si hace falta por defender la libertad y los derechos de las personas. 

Los partidos obreros no surgen para buscar la moderación –son realistas e incluso posibilístas, pero no moderados- tampoco surgen para buscar gobiernos estables en el interclasismo más allá de acuerdos para consolidar la democracia o combatir al fascismo. Tampoco para tranquilizar a los mercados –son socialistas- y menos para defender a los reyes y los tronos. 

Dicho esto, las elecciones son una forma democrática para alcanzar el poder, pero para ello debe haber en primer lugar democracia cierta, democracia con mayúsculas, es decir democracia republicana.

Pedro Sánchez ha sido el paradigma de todo lo contrario a lo que nuestro fundador Pablo Iglesias representa. Podemos, a través de su líder ha sido poco inteligente y ninguno de ambos ha entendido que de sus decisiones no dependía una simple forma de representación política gubernamental en el seno de una democracia burguesa y cortesana, sino la vida, las aspiraciones de igualdad, libertad, pan, techo y trabajo de millones de personas, muchos millones de personas aquejados de pobreza inducida, machismo militante y violento, trabajo precario o paro sin esperanzas. Vida, señores jefes, vida y derecho a una vida digna.

El Partido Socialista Libre Federación ha advertido sin descanso y sin medios que una repetición electoral era innecesaria y tan solo era una puerta abierta a las derechas. Una oportunidad para la derecha trumpista que nos amenaza y quiere a base de engaños y mentiras seguir trabajando para que los ricos sean más ricos y la burguesía y la oligarquía de Madrid, nos siga robando. 

Unas nuevas elecciones eran innecesarias, bastaba con llegar a un acuerdo de mayorías parlamentarias. Pero no ha sido así, pues los poderes reales con el rey a la cabeza lo han impedido. Ahora y tras las elecciones solo está clara la subida de VOX y eso se lo deben agradecer a la izquierda oficialista y en especial a Pedro Sánchez.

Tras estos resultados electorales del 10 de Noviembre solo queda claro en mi opinión que Sánchez ha fracasado sin paliativos, el PSOE no merece este batacazo propiciado por la prepotencia de su líder, su escoramiento a la derecha y su actitud cortesana. El socialismo tiene mucho que decir, si es eso, socialismo.

En segundo lugar Podemos/IU también tienen su cuota de responsabilidad y no pueden mirar hacia otro lado. Carecen además de la suficiente fuerza de convicción y de coherencia.

Lo que más ha subido ha sido el independentismo y por tanto habrá que tenerlo en cuanta y mucho.

Antes me refería a fuerzas democráticas. Porqué la subida de VOX se debe a la oportunidad que Sánchez les ha brindado con una repetición electoral que ha desmovilizado a una parte de la izquierda.

 La desaparición de Ciudadanos era lógica pues su discurso de extrema derecha solo podía beneficiar a los ultraderechistas.

Ahora solo es posible un gobierno con fuerzas de progreso, sean o no nacionalistas y hacer una políticas de recuperación de los derechos sociales, la igualdad y el federalismo que deje de lado a los nacionalistas españolistas y centralistas y partidarios de la regresión social. Eso o el trumpismo.

VOX no puede representar ni representa a la España rural. Muchos de los votos rurales son de izquierdas y están en la izquierda, por eso el mundo rural debe dejar de ser abandonado, pero para eso son imprescindibles medidas que se opongan a la PAC de la Unión Europea y se centre en la soberanía alimentaria y la defensa del territorio, un territorio con servicios, sanidad y educación ubicados en los pueblos, comunicaciones y una agricultura vinculada a la defensa del clima así como a la incorporación de las nuevas tecnologías.

La única solución es pues un amplio gobierno de progreso y dar la espalda a las derechas. Fortalecer el socialismo, un socialismo democrático que recupere los valores de la izquierda y de trabajar por y para las clases populares y trabajadoras. En nuestro caso, fortalecer el PSLF como opción de una izquierda valiente y consecuente. Una opción que hoy Sánchez no representa.