Los presupuestos regionales que ayer aprobó la Asamblea de
Extremadura no van a resolver ninguno de los problemas que tienen las clases
trabajadores y los sectores populares de la sociedad extremeña; todo irá a
peor, por mucho que se empeñe el gobierno regional en mostrarnos la bondad de
los mismos en las campañas publicitarias de la que han precedido a su
aprobación.
Los presupuestos dejan de lado el tremendo problema del
desempleo que hay en la región. A pesar de la intensa propaganda con las
que nos quieren hacer ver que cuantitativamente son muy importante los fondos
destinados a combatir esta lacra propia del capitalismo, la realidad es que son
muy insuficientes, sólo hay que ver el escaso número de desempleados y
desempleadas que se verán favorecidos por estas partidas presupuestarias. Por
mucho que se insista, ni siquiera dan para tranquilizar la conciencia de
quienes ocupan las instituciones políticas. Lo cierto es que seguirán
agravándose las dificultades económicas y sociales que padecen muchas familias extremeñas.
Por otro lado, el poder político tiene poco interés en
modificar las ridículas pagas que perciben los miles de desempleados
y desempleadas por diferentes conceptos como prestaciones, subsidios o ayudas
sociales; aquellas son tales que difícilmente pueden satisfacer las mínimas necesidades
vitales y alcanzar cierto bienestar. Los requisitos administrativos que hay que
cumplir para lograr algunas de las ayudas sociales se olvidan del estado de
pobreza o necesidad, y se establecen con el único objetivo de no aumentar el
gasto público y asignarle magnitudes reducidas en los presupuestos, como es el caso
de la renta básica.
Además, son insolidarios y exiguos ya que se minimizan y
reducen respecto a presupuestos anteriores partidas como las destinadas a
Mínimos Vitales y Ayudas a Domicilio que debieran ser lo suficientemente
amplias pues realizan una doble función; por un lado, permiten la creación de
puestos de trabajo, y por otro, alivian el estado de desamparo y privación de familias
o personas que atraviesan momentos económicos difíciles, y proporcionan la
prestación de asistencia a personas mayores y/o dependientes, y en definitiva contribuyen
a sostener a quienes más necesitan del apoyo y ayuda de la protección social.
La política de viviendas sigue estando bajo mínimos, no se
hace nada por solucionar el enorme déficit que hay en nuestra región, no hay
interés en las construcciones de viviendas sociales, ni intervenciones de otro
tipo que permitan dar utilidad pública al importante parque de viviendas en
manos de las entidades financieras y de instituciones estatales. Las ayudas de
alquiler que se proponen, además de ser escasas por las nimias cantidades
consignadas en las partidas presupuestarias, son prácticamente inalcanzables
para la mayoría de los mortales ya que para acceder a ellas hay que superar una
verdadera barrera de obstáculos burocráticos, a lo que se añade los habituales
retrasos en la percepción de estas ayudas.
En cuanto a ciertos
servicios públicos como Educación o Sanidad, se siguen subvencionando los
diferentes niveles de enseñanza privilegiando a centros educativos privados que
en su mayoría están en manos de la Iglesia Católica, retrayendo para la
enseñanza pública cantidades próximas a los 90 millones de euros que van a
parar a la concertación educativa; mientras tanto, en materia sanitaria se
adolece de una política de choque que disminuya las listas en la que se
encuentran miles de personas esperando para acceder a las visitas médicas,
pruebas e intervenciones quirúrgicas.
Por tanto, desde ODP-PSLF consideramos que la aprobación de
los presupuestos regionales no va a provocar transformaciones importantes que
mejoren las condiciones de vida de las clases trabajadoras extremeñas, ni van a
combatir la precarización y la explotación laboral; no obstante, servirán para
que ciertos sectores minoritarios y empresariales coligados con el poder
político sigan disfrutando y obteniendo buenos réditos a costa de los
presupuestos extremeños.
Por otro lado, hasta la fecha el gobierno del PSOE -UP a
nivel nacional ha dejado bien claro en sus declaraciones que las pocas cosas
que se hagan no van a molestar ni a tocar los intereses de quienes hacen las
contrataciones laborales o disponen de los medios de producción y controlan la
distribución y comercialización de las producciones agrarias y hortofrutícolas;
tampoco se va avanzar mucho en la recuperación de la memoria histórica ni en la
mejora de las pensiones. De hecho, un buen número de jubilados y pensionistas de
todo tipo van a seguir en situaciones de precariedad y pobreza con míseras
pagas. No mejorarán su nivel de vida por mucho que se venda que se ha subido un
0,9 % de acuerdo al nivel de vida, al compás del IPC, lo que como máximo equivale
a unos 7 u 8 euros al mes.
La subida del SMI se hace con la aceptación de la gran
patronal, los agentes sociales y el gobierno, con la excepción de los
representantes de algunas organizaciones patronales agrarias que ya han dejado
bien claro que se negarán a la aplicación de la subida. Algo habitual con lo
que vienen haciendo a lo largo del tiempo, porque ahora y siempre han entendido
que sus beneficios están ligados con los salarios de indigencia de los
jornaleros agrícolas.
En todo caso, lo que está claro es que las políticas de los
gobiernos nacionales o regionales serán favorables a los intereses de las
clases trabajadoras y sectores sociales populares en la medida que seamos
capaces de establecer con las movilizaciones sociales las relaciones de fuerza y
cooperación necesarias para que respondan a las demandas que hoy exigen
aquellas mayorías sociales.
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