NOTA
DE PRENSA ODP-PSLF
SOBRE LAS 31 VIVIENDAS DE VILLAFRANCA DE LOS BARROS
La
Constitución española, en su artículo 47, recoge el derecho de todos los
ciudadanos a disfrutar de una vivienda digna, a la vez que ordena a los poderes
públicos que adopten las medidas necesarias para que hagan realidad este
derecho.
La
declaración de Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948, en su artículo 25,
así como en otras diferentes normativas internacionales, se refieren a la
vivienda como un bien necesario para una vida digna.
El
artículo 148.1.3 de la Constitución Española establece la vivienda como una
materia competencial que pueden asumir las Comunidades Autónomas. En base a
esto, en el artículo 9.1.31 del Estatuto de Autonomía de Extremadura se la
responsabiliza en esta competencia.
De
este modo, se aprueba la Ley de Promoción y Acceso a la Vivienda de 11/2019, de
11 de Abril, en la que se vuelve a hacer mención a que se garantiza el derecho
a la vivienda en la Comunidad Autónoma de Extremadura “como el derecho de
toda persona a acceder a una vivienda digna, de calidad y adecuada a su
situación personal, familiar, económica, social y capacidad funcional, asegurando
a los extremeños una debida calidad de vida y contribuyendo así al fomento del
desarrollo económico y social en la Comunidad Autónoma de Extremadura”.
Sin
embargo, los poderes públicos regionales y nacionales no cumplen de ninguna
manera con lo que se apunta en estas normativas que en definitiva se convierten
en preceptos publicitarios grandilocuentes que no tienen más recorrido y
que no dan más de sí. Así, suenan a música celestial los arrebatadores
discursos y las agradables declaraciones de los dirigentes políticos cuando con
elaboradas oratorias pregonan que se van a tomar medidas para facilitar el
acceso de jóvenes a este bien o se van aumentar las ayudas de alquiler o
incrementar el parque de viviendas públicas.
En
este orden de cosas, nos encontramos con que las tan prometidas 31 de viviendas
sociales de Villafranca de los Barros se paralizaron a los pocos meses de
iniciarse su construcción, y han quedado en un estado de abandono, con un
absoluto silencio institucional sobre su futuro. Nadie dice nada sobre la
situación actual de las obras. El otro día se realizaron ligeros comentarios en
un pleno municipal, pero nadie ha aclarado nada sobre la continuidad y
finalización de las obras.
A
las preguntas que le realizamos a la Consejera de la Junta de Extremadura sobre
este asunto no supo o no quiso contestarnos, ni posteriormente se ha dicho
nada, así que se desconocen públicamente los procedimientos que se siguen para
el reinicio de las obras, cuando se va a reemprender la construcción o si se lo
ya construido se convertirán en escombros.
Sin
duda, todo esto es el resultado de la adjudicación de la edificación a unas
bajas temerarias con lo cual es imposible una construcción de calidad, y cuyo
resultado final se traduce en el abandono de las obras, trabajadores que se
quedan sin cobrar y el desamparo para los vecinos de la localidad que aspiraban
a una vivienda.
Por
tanto, desde la ODP-PSLF exigimos que a la mayor brevedad la Consejería tome
las medidas necesarias para que esas obras se finalicen rápidamente, dadas las
necesidades de viviendas en la localidad.
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