sábado, 5 de marzo de 2022

SOBRE LA GUERRA DE UCRANIA

 

En el día de ayer el presidente del gobierno de progreso español, Pedro Sánchez, anunció que el Estado español va a entregar material militar ofensivo a lo que denomina «resistencia ucraniana», en su comparecencia ante el Congreso de los Diputados. Además también ha anunciado el envío de más tropas al Este de Europa, alcanzando los 500 soldados del Ejército español al servicio de la OTAN y los intereses de los Estados Unidos.

1º Ante este conflicto no somos neutrales. Hemos manifestado nuestro rechazo al avance de la OTAN en Europa Oriental, detonante de la guerra en Ucrania, así como la caracterización del gobierno de Ucrania como mero protectorado de la UE y la OTAN.

El régimen de Ucrania es un régimen oligárquico que mantiene en la ilegalidad a las organizaciones comunistas, socialistas y obreras con una alta penetración del nazismo y la ultraderecha en todas sus instancias y que ha estado agrediendo militarmente al Donbass por su legítima aspiración a la independencia, causando más de 14.000 muertos en 8 años de ataques indiscriminados contra la población del Donbass, pasando por encima de los acuerdos de Minsk.

2º. El Estado español actúa totalmente subordinado a los Estados Unidos que ha impuesto una opinión única y silenciado todas las que traten de analizar este estado de cosas más a fondo, con sus contradicciones propias puesto que  lo que se ventila son las contradicciones propias del capitalismo, y sus crisis de acumulación de capital.

La burguesía rusa ha respondido a la presión y a las provocaciones de los Estados Unidos y la OTAN en una guerra que no sabemos a dónde nos llevará. Los intereses del imperialismo yanqui no son otros que intentar resolver los problemas de la tremenda crisis económica que sufre su sistema capitalista para lo cual no ha dudado en crear las condiciones para que la burguesía rusa tenga que defender su propio estado para proseguir con la acumulación de capital. En esta ocasión la fracción dominante de la burguesía rusa tiene el apoyo táctico de amplios sectores de las clases trabajadoras rusas que no quieren que les pase lo que ocurrió en UCRANIA cuando la extremad derecha subió al poder. Conviene recordar que el gobierno derechista de UCRANIA ilegalizó y persiguió en muchos casos hasta la muerte a todo lo que le resultaba un poco progresista y estaba relacionado con el movimiento sindical.

El Estado español y la oligarquía muestran su carácter belicista y pro-OTAN, contando con las posiciones políticas de una izquierda colaboradora que viene a ser una mera correa de transmisión de los intereses de la burguesía que es la que sacará provecho de esta situación, especialmente la relacionada con la industria militar.

Sin duda, la presencia del gobierno español al lado de EEUU y la OTAN es un intento para ganar confianza ante las inclinaciones hacia Marruecos del régimen criminal capitalista encabezado por el imperialismo yanqui y sus secuaces.

 3º La actuación del Estado español es coherente con su trayectoria de apoyo a Estados Unidos -y todos los socios preferenciales de este- en sus aventuras militares (Yemen, Siria, Libia, Irak…) de agresión a los pueblos.

4º Las clases trabajadoras, agricultores y sectores sociales que viven de su trabajo van a pagar muy caro las consecuencias de su participación en este conflicto, por las consecuencias económicas  como el aumento de la ya desbocada inflación, ruptura de acuerdos económicos con Rusia que perjudicará sobre todo a los agricultores y porque la presencia en nuestro suelo de las bases militares nos sitúa como objetivos militares preferentes en el Estado español.

5º Por otro lado la ruptura de acuerdos energéticos con Rusia va a ser sustituido por el gas licuado yanqui que encarecerá en un porcentaje elevado el que venga al territorio español. Una vez más no somos más que un mero objeto pasivo de las políticas imperialistas.

6º La guerra en Ucrania pone de nuevo una vez más sobre la mesa la necesidad de derribar la Monarquía corrupta y alcanzar una República al servicio de las clases trabajadoras de Extremadura y de este País.

viernes, 4 de marzo de 2022

LAS ACCIONES INDISCRIMINADAS DE PATRONES Y ORGANISMOS PÚBLICOS CONTRA LOS SECTORES MÁS DÉBILES DE LA CLASE OBRERA EN EXTREMADURA: LOS EJEMPLOS DE DORIAN Y RICARDO.


Trabajador: “Buenos días, Don Juan: vengo a cobrar los días trabajados, 430 euros”.

Respuesta del Explotador: “Dorian, no te voy a pagar porque no quiero, así que ya sabes, y no me molestes más”.

Aunque parezca que se han superado los comportamientos fatalistas de subordinación humana que refleja Miguel Delibes en la obra “los santos inocentes” los restos de vasallaje aún permanecen enraizados con fuerza en algunos rincones de esta Extremadura nuestra. En unos casos, ciertos patrones y en otros las propias administraciones públicas expresan aquellos restos de vasallaje que todavía perduran en una sociedad como la extremeña.

Dorian, es un trabajador agrícola rumano que vive en una localidad extremeña que no supera los 4000 habitantes con sus tres hijos y una compañera en estado avanzado de embarazo.

Dorian, es una persona honesta y seria que paga regularmente el alquiler de su vivienda, pero que está buscando otra de forma urgente ante los requerimientos del propietario que se la reclama. La voluntad de la familia rumana es dejarla de modo inmediato para no causar problemas al propietario; han pedido un poco de tiempo puesto que no tienen lugar ni alternativa a donde trasladarse; mientras tanto realizan la búsqueda con el máximo interés en el pueblo en dónde reside.

Sin embargo, las actuales condiciones de habitabilidad en donde reside actualmente no son muy favorables para el confort familiar; a las pequeñas dimensiones de la vivienda se une  el hecho que la compañía eléctrica con domicilio social en la Coruña le ha cortado la luz, por deudas del anterior inquilino, y son continuas las presiones para que abandone la vivienda a veces, procedentes de elementos externos al propio dueño, habiendo recibido la presencia de la policía municipal que le ha conminado a marcharse del piso.

A pesar del poco tiempo transcurrido desde la celebración del consejo de ministros es de conocimiento público que se ha prolongado la prohibición de realizar los desahucios sin alternativa habitacional al menos hasta el 30 de septiembre. También, se han prohibido los cortes de luz, agua y gas hasta el 30 de junio a todas las familias vulnerables para reducir y combatir lo que denominan la pobreza energética, aunque la pobreza tiene un carácter general y no particular. 

En relación a la luz y el agua, a pesar de la prohibición del gobierno del corte de suministros básicos, los ayuntamientos disponen de las ayudas de Mínimos Vitales que procedentes de la Junta de Extremadura están destinadas a que las familias vulnerables hagan frente al pago de la luz, agua y otros elementos básicos para la vida. Las cantidades anuales que se conceden van desde unos 700 euros hasta los 900 euros, dependiendo del número de miembros de las familias. Las razones más que sobradas de constituir una familia vulnerable le dan el derecho a estos pequeños donativos de la administración regional que aún no ha recibido.

Los problemas que afectan a este jornalero son los mismos que padecen amplios sectores de la clase obrera extremeña que día a día se ve más empobrecida a causa de la subida de los alquileres, la escasez de viviendas y el encarecimiento general de los consumos básicos para la vida, alimentos, combustibles, medicinas, etc.

En este sentido, el gobierno regional permanece ajeno a los problemas que afectan a los sectores sociales más desfavorecidos, especialmente el relacionado con la escasez de viviendas que poco a poco se extienden entre la población como una mancha de aceite y que no se solucionan con las ayudas de alquiler que concede la Consejería de la Vivienda.

Pero las dificultades de algún que otro jornalero como DORIAN no se limitan sólo a las condiciones que tienen que ver con su habitabilidad, las subidas de los precios, el desempleo, el cobro de salarios por debajo del salario mínimo, etc. A veces las cosas se complican cuando se encuentran con explotadores que le niegan el propio pago de la venta de su fuerza de trabajo. El jornalero eventual cobra el día que trabaja, acontecimiento que no sucede ni mucho menos todos los días del año, lo que da lugar a una economía familiar altamente débil e inestable que podíamos denominar de “subsistencia”.

Algunos explotadores sin escrúpulos no tienen perjuicios para pisotear la dignidad de las personas, y aprovechando alguna circunstancia relacionada con la nacionalidad de su empleado, abusan de su trabajo o llega el caso de que no le pagan el trabajo realizado o lo retrasan  de modo indefinido.  Dorian es un jornalero que está pasando por esta situación. Hace unas semanas estuvo trabajando durante 9 días para un propietario agrícola que no le da la gana de abonarle las cantidades dinerarias que le adeuda, unos 430 euros.

Mientras los dirigentes regionales gritan a viva voz los valores que tiene nuestra democracia plena y señalan el futuro tan espectacular que nos espera con las potencialidades de progreso que iluminan los fondos europeos, en el seno de la sociedad EXTREMEÑA se acentúa la sinrazón del egoísmo esclavista y la falta de escrúpulos de una fracción de la clase dominante que no supera sus connotaciones latifundistas y unos comportamientos propios del feudalismo.

DORIAN se ha puesto en manos de unos abogados que de modo voluntario y solidariamente se han prestado para ayudarle en la reclamación de lo que se le adeuda; no obstante, estas situaciones de desprecio y subestimación que a veces sufren jornaleros y jornaleras agrícolas, también emergen y se manifiestan en otras actividades laborales, relacionadas con el turismo, la hostelería y sectores industriales.

 Las causas de estos abusos están en la conciencia de algunos patrones que se ven con vía libre para intensificar la explotación ante la falta de una poderosa organización que defienda los intereses de la clase obrera. Este estado de cosas es el resultado de muchos años a lo largo de los cuales se ha ido eliminando la combatividad sindical, llevando la lucha obrera a su mínima escala, porla actitud de renuncia a la misma de los sindicatos oficiales del régimen monárquico.

Si esto ocurre en el mundo laboral, no podemos dejar de lado las situaciones humillantes que tienen que soportar los sectores sociales más débiles económicamente de algunas administraciones públicas, como la Agencia Tributaria en Mérida.

Casos como el de Ricardo son frecuentes en el procedimiento seguido por nuestras administraciones públicas. Este jubildo, es una persona que cobra una prestación de jubilación no contributiva. Las circunstancias de la vida no le han sido muy favorables y tiene unas pequeñas deudas con la Hacienda Pública. Los ingresos mensuales que tiene Ricardo apenas le dan para vivir por lo que diariamente acude a un comedor social gratuito de la localidad.

 

La HACIENDA Pública Española es muy generosa para con las grandes empresas, entidades bancarias y familias de la alta burguesía y nobleza española a las que concede reducciones y exenciones sin límites en sus tributos y en sus cumplimientos fiscales. Según los expertos, generan unas pérdidas en los ingresos de los presupuestos del estado español que superan los 80.000 millones de euros. Sin embargo, toda esta generosidad se vuelve agresividd social sin contemplaciones contra Ricardo y otras personas del mismo nivel económico-social embargando sus percepciones mensuales y dejándolos en la más absoluta miseria.

 

Los responsables de la Hacienda Pública saben de sobra que estos embargos no pueden realizarse si los ingresos que perciben estas personas son cantidades inferiores al salario mínimo establecido por el gobierno, requisito que se cumple en el caso que nos ocupa.

 

 Estos dirigentes de la Hacienda están cometiendo una infracción pues el embargo no puede realizarse, según indican las leyes españolas, cuando lo que se percibe mensualmente son cantidades inferiores al salario mínimo interprofesional. El art 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil señala que «es inembargable el salario, sueldo, pensión, retribución o su equivalente, que no exceda de la cuantía señalada para el salario mínimo interprofesional.

 

Todo este tipo de cosas ponen de manifiesto la enorme necesidad y urgencia de construir organizaciones sindicales y políticas que se identifiquen con los intereses de las clases trabajadoras, desarrollen e intensifiquen la lucha de clases como una necesidad imperiosa para acabar con la arbitrariedad y todas las injusticias que se cometen procedentes de los centros de poder económico y político, único camino para avanzar hacia una sociedad más justa y más humana.

jueves, 24 de febrero de 2022

LA GUERRA ECONÓMICA DESATA LA GUERRA. NI OTAN, NI BASES. CONTRA EL IMPERIALISMO Y SUS GUERRAS

 

La primera ronda de sanciones económicas contra el gobierno de Putin, comienza por la decisión alemana de paralizar el oleoducto Nord Stream 2 entre Rusia y Alemania sin pasar por Ucrania. Instalación en la que la empresa rusa Gazprom ha invertido casi 10.000 millones de euros, suministro que acabaría con la venta de gas norteamericano (mucho más caro), traído en barco a Europa por las multinacionales USA.  Suministros multimillonarios que es mucho más caro y que afectará al precio del gas, y por extensión del petróleo y de la electricidad en toda Europa.

 Sanciones que continúan con medidas destinadas al aislamiento económico de las entidades financieras rusas, bloqueando además la financiación en el mercado internacional de capitales de su deuda exterior.

 En palabras de Biden, Presidente norteamericano, el objetivo es “aislar al gobierno de Rusia de la financiación occidental, ya no puede recaudar dinero de Occidente ni puede canjear su deuda en los mercados europeos”. Sanciones encadenadas, que son la respuesta de las grandes potencias occidentales al reconocimiento por el parlamento ruso de las repúblicas pro rusas de Ucrania.

 El gobierno de Boris Johnson, en Gran Bretaña, ha sido el primero en establecer sanciones contra los “oligarcas rusos” que forman “el corazón del círculo íntimo de Putin y de sus bancos”, con la exigencia de que los rusos retiren las fuerzas militares de sus propios territorios.

 La guerra económica de las grandes potencias que azuza el conflicto armado ha disparado por lo pronto el precio del petróleo y del gas. El barril de petróleo está próximo a los 100 dólares, y el gas puede multiplicar también su precio. La destrucción y posterior control del mercado energético internacional, del gas, del petróleo y la electricidad por los EEUU es, en sustancia, el primer móvil de la guerra.

 Los trabajadores y pueblos de España no quieren la guerra imperialista, que afecta a Europa y a todo el mundo, de la misma manera que rechazan abiertamente la presencia de bases militares USA, y los gastos de armamento impuestos por la OTAN.

 De ninguna manera somos neutrales ante la guerra. La guerra imperialista, como la que las grandes potencias pretenden llevar a cabo en las fronteras de Rusia, es la continuidad de la opresión y de la explotación en todas las partes del mundo.

 Las grandes potencias vuelven a practicar, después de dos guerras mundiales que masacraron la humanidad, las mismas políticas militaristas de destrucción económica, y ello por el hecho de que su poder y sus negocios están en crisis y en abierta contradicción con las justas reivindicaciones de los trabajadores y con el mismo progreso de la humanidad.

   A 41 años del golpe político y militar del 23F, (que vino a imponer las exigencias monárquicas y capitalistas, de la UE y de la OTAN, a los partidos que forman parte del consenso constitucional), la guerra imperialista, de la que participa el gobierno de coalición, debe ser combatida con la más amplia movilización, que  debe ocupar, conjuntamente con las principales reivindicaciones sociales y políticas, el primer plano de la lucha social y política, en defensa de los derechos democráticos y sociales:

 Es la hora de la movilización contra la explotación y la guerra. No se puede permitir que en medio de la recesión económica se empleen ingentes cantidades de dinero en la compra de armas y en el mantenimiento de un ejército para la intervención imperialista contra los pueblos del mundo. Por todo ello hay que exigir un pronunciamiento a las Cortes Generales contra la guerra, por la anulación de las sanciones y por el levantamiento del cerco militar a Rusia que sólo perjudicará a los trabajadorxs y sectores sociales más humildes

 


jueves, 17 de febrero de 2022

REUNIÓN DE LA PAH CON REPRESENTANTTES DE LA VIVIENDA

 

En la reunión mantenida por la PAH (PLATAFORMA DE AFECTADOS POR LA HIPOTECA) con dirigentes gubernamentales de la vivienda se han planteado varias cuestiones referidas a la ley de vivienda y a la actual moratoria de desahucios que finaliza el 28 de febrero.

Una síntesis de los puntos tratados en dicha reunión, dados a conocer por la PAH, son los siguientes:

1.- La paralización de todos los desahucios de familias vulnerables, así como la obligación de ofrecer alquiler social en el caso de bancos y grandes propietarios y realojo por la administración en casos de pequeño propietario.

2.- La cesión obligatoria de vivienda vacía de bancos y fondos de inversión, pasar las viviendas de la SAREB y su gestión al parque público del Estado. Que ya no se venda la vivienda pública y el aumento inmediato de éstas en todas las comunidades autónomas.

3.- Medidas contra el sobreendeudamiento y Derecho subjetivo

En un punto tan sensible y nodular, la PAH pide la “Responsabilidad Limitada” para que cuando la garantía recaiga en la vivienda habitual, la responsabilidad quede limitada exclusivamente al bien hipotecado. Por lo tanto, se plantea la dación en pago para que con la entrega del bien hipotecado se pague la deuda.  Una exigencia fundamental, fue la inembargabilidad de la vivienda habitual.

4.- Se han solicitado (entre otras) medidas claras como la imposibilidad de desahuciar vivienda habitual cuando el deudor vulnerable esté incurso en procedimiento 2º oportunidad, la cancelación de la deuda vinculada a la vivienda habitual y la justicia gratuita, así como con la supresión real gastos notario y registrador.

5.- La PAH ha planteado la necesidad de que entre en vigencia real y efectiva el “Derecho subjetivo a la vivienda” para que de esta forma todas las personas puedan exigir el cumplimiento efectivo del derecho a la vivienda tanto ante los órganos administrativos como en los judiciales.

6.- Alquiler. Prohibir los precios abusivos y conseguir que el alquiler sea asequible y estable. Los ayuntamientos deben crear índices de referencia locales para los precios del alquiler, que tengan en cuenta la capacidad adquisitiva de su población en particular. Asimismo, han pedido el aumento de la duración de los contratos, sobre todo en víctimas de violencia de género, personas mayores de 65 años y colectivos vulnerables. Habilitar ayudas a las familias vulnerables en casos de que su casero sea un pequeño propietario y más seguridad en los contratos para garantizar la estabilidad tanto de inquilinas como pequeños propietarios.

7.- Suministros

La PAH ha planteado como un punto imprescindible la prohibición de los cortes de agua luz y gas a familias en situación de vulnerabilidad y establecer una tarifa social progresiva en función de los ingresos de la familia.

8.- La PAH estima que hay más de 90.000 familias que pueden perder su vivienda cuando decaiga la moratoria de algunos casos de desahucio. Por lo cual han instado con contundencia a que se prorrogue hasta que haya una ley que acabe con los desahucios y brinde soluciones a la población.  Han informado que desde el ministerio están estudiando la prórroga.

9.- La PAH termina su comunicado diciendo “Desde la PAH seguiremos presionando y exigiendo en el trámite Parlamentario que entren nuestras reivindicaciones, que llevamos defendiendo hace años. A la vez anunciamos movilizaciones en las próximas semanas para exigir la prórroga de la moratoria del insuficiente decreto del escudo social, para que se amplíe su contenido y su validez hasta la solución definitiva que deberá contenerse en la próxima la Ley”.

 

El holocausto. El negacionísmo de los crímenes del nazismo y del fascismo fundamentan la impunidad del Estado español

A finales del mes de enero se celebra el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto. La fecha del 27 de enero (de 1945) hace referencia a la liberación por el Ejército Rojo del campo de concentración de Auschwitz.

El holocausto (Shoá en hebreo) comprende todo un periodo político de la historia en el que el nazismo planifica, a partir de 1933, la persecución, detención y asesinato de millones de personas, comenzando por responsables políticos y sindicales de la izquierda, de judíos alemanes y de otras naciones de Europa. Represión que se extendió también a otras razas y pueblos, y a todo tipo de personas consideradas inferiores, como gitanos y apátridas, soviéticos, españoles considerados apátridas por acuerdo de Hitler y Franco, homosexuales, testigos de Jehová ...

La propaganda de los falangistas españoles, como pone de relieve la portada de la publicación “Águilas” de mayo de 1937 de Cádiz, publicita en portada y en grandes titulares alguno de sus objetivos fascistas y racistas, imitando en ello a los nazis: “Crearemos campos de concentración para vagos y maleantes políticos; para masones y judíos; para los enemigos de la Patria, el Pan y la Justicia. En territorio nacional no puede quedar ni un judío, ni un rojo...”.  

Cada aniversario del Holocausto es aprovechado por los descendientes de las víctimas para rendir homenaje a todos y exigir verdad, justicia y reparación. Y a ellas el gobierno español suele acudir con las banderas monárquicas, las mismas que portaban los asesinos de las víctimas en su día fatídico. Situación chocante que hace referencia a la responsabilidad del Estado, como una cuestión aún pendiente de resolver. De forma que la autoría y/o complicidad con los crímenes no ha sido juzgada y sancionada, tal es el caso del franquismo, cómplice y aliado del nazismo durante la guerra española y la Segunda Guerra Mundial. Cabe destacar, además, la impunidad de otros estados como ha sido el caso del Estado francés de Vichí, aliado de los nazis; o el hecho de que nadie ha exigido responsabilidades a las grandes empresas norteamericanas que prestaron ayuda a Hitler, como fue el caso destacado de la Ford, General Motors, IBM, Standard Oil y otras.

La propaganda nazi y fascista dio a conocer su “Solución final” al problema judío, con toda una serie escalonada de medidas criminales. Reiterando medidas de represión iniciadas siglos antes por los Papas y altas jerarquías de la religión católica, y de la Inquisición, contra el pueblo judío, y otros. La limpieza étnica y religiosa constituyó la base de la configuración de nuevos estados como el de los “Reyes Católicos”. Estado moderno construido sobre la expulsión masiva de judíos y moriscos, sobre el racismo, la limpieza étnica y el monopolio religioso. La represión llevada a cabo en diferentes momentos contra las juderías en toda Europa se recrudeció durante la Edad Media mediante todo tipo de operaciones militares y de saqueo de bienes por el hecho de hacerles culpables de la peste, del secuestro de niños o de la misma miseria social. Los jefes de la religión católica, y el Papado en particular, utilizaron el antijudaísmo en todas partes para presentar a los judíos como culpables de todo lo que se les antojaba. Haciéndoles pasar de “pueblo elegido por Dios a pueblo maldito”. Lo cierto es que el antijudaísmo ha sido durante siglos un recurso muy manido de los poderosos, a fin de desviar el descontento social de las capas populares.

El fascismo y el nazismo utilizaron la misma estratagema: La operación antijudía del nazismo se extiende, sobre todo, superando las fronteras alemanas con la invasión de Polonia de 1939, que supuso una matanza colectiva de población; invasión que fue ejecutada tras el pacto germano-soviético conocido como “Pacto Molotov-Ribbentrop”. Fue el inicio de las operaciones de la Segunda Guerra Mundial, que fueron multiplicándose con el establecimiento de grandes guetos raciales como el de Varsovia, y concentrando cientos de miles de personas en numerosos campos de concentración. En 1941 se lleva a cabo la mayor liquidación física de judíos de toda Europa, con el funcionamiento de campos de trabajo y muerte.

Cuando la derrota militar del nazismo se hacía evidente con el avance del Ejército Rojo, los dirigentes nazis organizaron las conocidas como “Marchas de la muerte”, que supusieron el traslado y asesinato masivo de detenidos de los campos de concentración.

La Iglesia católica colaboró abiertamente con el nazismo y el fascismo, y en particular, con la España de terror de Franco y sus herederos. En Alemania el Estado fomentó una Iglesia vinculada al Tercer Reich. El Vaticano se convirtió en instrumento religioso internacional, tanto del nazismo como del fascismo, de manera que al Papa Pío XII se le llamó el “Papa de Hitler”.

En el año 1933, el Vaticano y el III Reich, firmarían un concordato asegurando privilegios para la educación controlada por las instituciones de la religión católica, con todo tipo de prerrogativas y distinciones para la jerarquía eclesiástica alemana. La Iglesia alemana difundía la teoría de que el nazismo era la continuidad del Sacro Imperio Romano Germánico, capaz de hacer frente al marxismo y al judaísmo. Los verdugos más famosos, como es el caso del Doctor Mengele, se declaraban creyentes y católicos. Ese era también el caso de numerosos jerarcas.

 Relaciones entre la Iglesia, el nazismo y el fascismo que, en forma degenerada, llega hasta nuestros días en forma de Misas por Hitler, por Franco y por Mussolini, que se han celebrado en el mundo entero y en España aún se siguen celebrando. Expresión de que aún comparten un pasado histórico en buena medida oculto, y sobre el que no se ha hecho justicia en muchos casos. El Estado Vaticano no ha dado nunca cuenta de ese conflicto y sus responsabilidades ante la justicia, a diferencia de lo sucedido con algunos de los jerarcas nazis y fascistas en Alemania e Italia, que fueron juzgados y condenados por crímenes de “lesa humanidad”.

El franquismo, que quiso enraizarse en la herencia histórica, racista y antisemita de los Reyes Católicos, manejó una leyenda rosa, y exultante del pasado imperial: ¡“de Isabel y Fernando, el espíritu impera”! El franquismo y la Iglesia colaboraron y participaron en el holocausto nazi, después de haber ejecutado el holocausto de millones de víctimas del pueblo español.

El historiador Paúl Preston, autor de “El Holocausto Español”, da cuenta de dicho holocausto en el capítulo titulado “Sin perdón: juicios, ejecuciones, cárceles”, que comienza diciendo: “Franco había demostrado, tanto por la naturaleza de su lenta estrategia militar como por sus numerosas declaraciones en público y en privado, que estaba haciendo una inversión en terror. Así lo había puesto de manifiesto tanto con la naturaleza de su campaña bélica, como en las numerosas entrevistas públicas y privadas, en las que había expuesto ese propósito. Desde que a principios de abril de 1939 tuvo a España entera en sus manos, la guerra contra la República iba a prolongarse por otros medios; no en los frentes de batalla, sino en los tribunales militares, las cárceles, los campos de concentración, los batallones de trabajo, e incluso entre los exiliados. En un primer momento las principales tareas consistieron en la clasificación y el castigo de los que se habían concentrado en los puertos de Alicante y Valencia, la limpieza de las provincias que acababan de caer bajo el control de los rebeldes y la organización de cientos de miles de prisioneros en batallones de trabajo. A largo plazo para institucionalizar la victoria de Franco, el objetivo principal era perfeccionar la maquinaria del terror de Estado que iba a proteger y supervisar esa inversión original. Por esa razón, el estado de guerra declarado el 18 de julio de 1936 no se levantó hasta 1948”.

Desde 1945 se realiza un reordenamiento internacional sobre el dominio de los EEUU, en el marco de la colaboración política y pacífica pactado con la URSS y otras potencias, que dan lugar a los acuerdos de división y reparto del mundo entre las potencias vencedoras.

 Cuando se vislumbrada el fin de la Guerra Mundial y la derrota nazi y fascista, la diplomacia de la dictadura franquista, giró con la Iglesia de forma conjunta hacia el campo e intereses de los Aliados, pactando con los EEUU la sumisión de su régimen; situación que aún perdura. El negacionismo de los graves crímenes de lesa humanidad del fascismo y del nazismo se convirtió, con los pactos que siguieron a la segunda Guerra Mundial (de Yalta, Potsdam y Teherán) en política internacional de los vencedores, que fue hecha suya como razón del “Nuevo Estado” de Franco, que la Monarquía y sus colaboradores mantienen todavía a toda costa.

Frente al olvido e impunidad de los crímenes de guerra y lesa humanidad del nazismo, del fascismo y del franquismo, es necesario seguir reclamando Verdad, Justicia y Reparación para tantos millones de víctimas.

jueves, 3 de febrero de 2022

La “Desbandá” a la luz de la situación política española y del derecho internacional

 A primeros del mes de febrero de 1937, hace ahora 85 años, se llevó a cabo la masacre de población civil más grande de la guerra. Un crimen masivo, que como muchos otros permanece silenciado por las autoridades del Estado. Situación de impunidad de crímenes de guerra que el actual Gobierno pretende mantener con la prolongación de leyes franquistas, materializada en su propuesta de Ley de Memoria Democrática, que impide la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas.

Hablamos hoy de la “Desbandá”. Se conoce así, la huida masiva de población civil de Málaga ante la entrada de las tropas franquistas e italianas en la ciudad. Unas cien mil personas, la mayoría mujeres, niños y enfermos trataron de huir de la barbarie; y para ello intentaron recorrer a pie los 200 kilómetros que separan Málaga de Almería por la carretera de la costa. Durante varios días fueron acosados, bombardeados por el ejército franquista del General Queipo de Llano, por unidades del ejército italiano y de su marina, y por la aviación alemana. En los últimos años han comenzado a aparecer libros recogiendo testimonios espeluznantes de aquella matanza, y en particular el testimonio del brigadista y médico canadiense Norman Bethune, quien trabajó afanosamente para atender de primera mano, sobre el terreno, a las víctimas, ayudado con poco personal, y dotado con una ambulancia y algún material sanitario. Trágico episodio que nunca se quiso investigar oficialmente ni antes ni después de la muerte del dictador, y que supuso la muerte de unos diez mil civiles y muchos más heridos.

La “Desbandá” comenzó el 8 de febrero de 1937. Y después del bombardeo de las ciudades españolas asediadas por los ejércitos nazis y fascistas, fue el episodio más cruento que se conoce al que hay quien llama el “Gernika andaluz”, siendo de las primeras veces que en Europa se utilizó el terror militar contra la población civil desarmada. Acontecimiento que resulta de la combinación de diversos conflictos: de una parte, una guerra civil provocada por un golpe de Estado de generales africanistas al servicio de la monarquía española, la Iglesia y la gran burguesía y los terratenientes; de otra, una revolución social impulsada por las bases de sindicatos y partidos obreros contra la sublevación militar en las grandes ciudades, estableciendo comités de poder en fábricas y campos. Y ello, sin olvidar la dimensión internacional del conflicto, con la intervención directa de los poderosos ejércitos nazis y fascistas de la época.

Barcos de guerra de los fascistas sublevados, como fue el caso del Baleares, Canarias y Almirante Cervera, se ensañaron con la “Desbandá” bombardeando desde el mar a la columna de miles de civiles que buscaban refugio y tierra de paz, vulnerando el principio de protección de la población y bienes civiles. Algún nombre de estos barcos ha sido repuesto recientemente en el callejero de Madrid, al entender los tribunales que la Ley de Zapatero no sirve ni para cambiar la denominación de una calle.

¿Qué lectura e interpretación cabe hacer de la “Desbandá” y su contexto histórico, a la luz de la situación política española en la actualidad? Mientras que para el derecho internacional los crímenes contra la humanidad no prescriben, todos los gobiernos de la mal llamada democracia española han establecido muros de silencio e impunidad. El Gobierno de coalición de Sánchez no es una excepción a la regla. La doctrina de impunidad de Estado, consolidada por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, en base a la existencia de la Ley de Amnistía, es aprobada por la izquierda oficial, que la mantiene vigente. Como consecuencia de la continuidad de los consensos constituyentes del 78, establece que los crímenes cometidos durante la Guerra Civil, el franquismo y el periodo posterior no tienen cabida en la justicia de la “democracia monárquica española”.  Es una grosera manipulación de la naturaleza de los crímenes cometidos, decir que todos ellos están prescritos; y por si ello fuera poco, además quedaron anulados por la Ley de Amnistía de 1977, por la que se declaró la extinción de “todos los actos de intencionadamente política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al quince de diciembre de mil novecientos setenta y seis”.

Se trata de un dispositivo reaccionario de la razón de Estado y del llamado consenso constitucional, que se superpone a la razón política y jurídica democrática, al derecho internacional y al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que establecen que “los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional no deben quedar sin castigo”.

Crímenes similares a los de la guerra y revolución española se han seguido produciendo en el contexto internacional, sobre todo, por los ejércitos imperialistas. Una demanda interpuesta en el Tribunal Penal Internacional por seis organizaciones de derechos humanos, acusa a gobiernos y empresas -como es el caso del gobierno español y empresas de armamento aquí localizadas- de venta ilegal de armas a Arabia Saudí, provocando nuevos crímenes contra la humanidad, como sucede en la guerra del Yemen. Se acusa al gobierno y a empresas españolas de la venta a Arabia Saudí de más de mil millones de euros en armamento: aviones de guerra, explosivos, munición, bombas y artillería. Acerca de esta situación, Pedro Sánchez, no vaciló en manifestar: “Si me piden donde tengo que estar hoy y aquí es en la defensa de los intereses de España y el trabajo de sectores estratégicos”.

En consecuencia, una visión de conjunto del derecho internacional humanitario nos lleva a entender en todo tiempo la prohibición jurídica del uso de la fuerza armada contra la población civil, donde se combina el derecho de la Haya, relativo a los conflictos armados, y el derecho de Ginebra, que comprende la protección de las víctimas de las guerras, aunque ambos defienden los mismos principios.

Principios, que en este caso, el de la masacre de la “Desbandá”, nos lleva a considerar la ilegalidad de la intervención de Alemania e Italia en los crímenes cometidos, por conculcar el principio de prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Crímenes que, por tanto, deben ser juzgados y reparados, así como los cometidos por el Ejército de ocupación español, que resultó vencedor en la contienda ilegal e ilegítima que provocó, sin haberse juzgado ni reparado sus crímenes.

En el año 2016 la Asociación Málaga Republicana presentó al respecto una reclamación ante el consulado alemán, dirigida al gobierno de Bon, y ante el consulado italiano en Málaga, a fin de que reconozcan su participación en los hechos, se juzgue e indemnice a las víctimas y sus familiares. Nadie contestó a la misiva.

¿No debería cualquier gobierno que se reclame de la democracia y de la justicia, y del respeto al derecho internacional, establecer las medidas necesarias para que acontecimientos como los de la “Desbandà” sean investigados, juzgados y reparados?

El Pacto de la Sociedad de Naciones de 1919 disponía al respecto: “Los Estados se comprometen a respetar y a mantener contra toda agresión exterior la integridad internacional y la independencia política”. Los Estados alemán e italiano, así como el Estado español, llevan tantos años de espaldas a la realidad de sus actos de agresión a la República española y a la mayoría de la población, sobre la base de una guerra nunca declarada, y por ellos provocada. Ninguna consideración, cualquiera que sea su índole, puede servir de justificación a una agresión militar. Y por ello, “la guerra de agresión es un crimen contra la paz internacional” que origina responsabilidad internacional.

  Todos ellos están ante la responsabilidad (política y jurídica) de dar respuesta democrática a los crímenes masivos de la “Desbandá” y otros muchos... Responsabilidad que recae en este momento, de manera singular, sobre el Gobierno de Sánchez y de todos sus componentes políticos.

  

domingo, 23 de enero de 2022

LOS CANTOS DE SIRENA DEL GOBIERNO REGIONAL EXTREMEÑO: TURISMO Y VIVIENDA

 


El proceso de adaptación que lleva a cabo el modo de producción capitalista para superar la crisis y entrar en una nueva fase expansiva tiene sus repercusiones en el espacio de explotación que es Extremadura. La modernización digital, la automatización, y el capitalismo verde que se quiere impulsar con los fondos europeos va a pasar de largo de colectivos que en un futuro inmediato van a tener que soportar un incremento de la violencia económica después de haber escuchado tantas promesas de progreso y desarrollo económico y social.

El futuro económico que nos prometen con los NGEU no está tan claro como nos quieren hacer ver. Según el último informe de OXFAM que toma como referencia los estudios de instituciones como el Banco Mundial, el FMI o el Credit Suisse, no superaremos los incrementos de la pobreza ni mejoraremos nuestros niveles de vida anteriores a la pandemia ni siquiera en 2030.

A pesar de todo, los fondos europeos (NGEU) están generando un desenfreno de ilusiones en nuestros políticos que no falta un día en el que nos detallen imaginarias “plataformas de lanzamiento hacia el progreso y el desarrollo de nuestra comunidad.

En esta idea se ha insistido en FITUR. En la feria internacional de turismo ha sido enorme el despliegue y afán de los gobiernos locales y del regional por ofrecer un marco de potencialidades turísticas: ambientales, culturales, gastronómicas, históricas, etc. Casi al mismo tiempo, la consejera de la vivienda no ha perdido el tiempo y ha informado de todo lo positivo que se avecina en el sector urbanístico y de la construcción, especialmente en ciertas facetas relativas a la adquisición y construcción de viviendas, las ayudas para la mejora de la eficiencia energética de los edificios y su rehabilitación, así como los presupuestos para las ayudas de alquiler.

No obstante, pese a este amplio marco de optimismo y de tantas potenciales expectativas, no podemos olvidar la realidad de una situación económica y social que presenta a miles de extremeñas y extremeñas con unos déficits exagerados en su bienestar. Los datos sobre los porcentajes de nuestra población en la exclusión social y en los límites de la pobreza indican un empobrecimiento generalizado a raíz de la pandemia.

Así, nos encontramos con un número importante de personas con enormes dificultades para acceder a una vivienda o a otros derechos sociales, con quienes perciben bajas pensiones no contributivas, ocho o nueve mil personas que reciben el ingreso mínimo vital o ayudas sociales con cantidades imposibles para vivir con dignidad, miles de obreros y obreras en la precarización laboral con contratos temporales o en la economía sumergida, el crecimiento de la explotación salarial a becarios y alumnos en formación y prácticas.

Los poderes políticos no pueden olvidarse de la realidad que subyace debajo de ese edificio que tiene mucho de ficticio e irreal que se levanta en eventos como FITUR o se construye en las informaciones de la CONSEJERIA DE MOVILIDAD, TRANSPORTE Y VIVIENDA.

Sin embargo, las señales que nos envían nuestros dirigentes no nos hacen ser optimistas respecto a que se vayan a tomar medidas políticas que resuelvan muchos de los problemas que tienen estos amplios sectores sociales de la comunidad extremeña. Lo único que nos queda es la movilización y organización como el único camino que nos hace ser optimistas y pensar que la lucha de clases también puede marcar la agenda y lograr conquistas importantes.

 

lunes, 17 de enero de 2022

EL FRACASO DEL INGRESO MÍNIMO VITAL Y LA CRIMINALIZACIÓN DE LA POBREZA

 

El Estado como forma política del capital dispone de todos los recursos posibles económicos, militares, judiciales, propagandísticos al servicio de la burguesía. 

La estrategia política-militar del capital se centra en crear las condiciones más propicias para la obtención de los máximos beneficios, para la acumulación de capital. Para esto necesita mantener un mínimo de estabilidad social y apaciguar a las clases subalternas más castigadas por la crisis para que el proceso de explotación asalariada se desarrolle sin muchos conflictos.

Un caso flagrante de esta estrategia es el IMV. Una especie de renta mínima que hace meses puso en marcha el Ministerio de la Seguridad Social. Lo calificaron y presentaron como “medidas sociales” que acabarían con la pobreza.

La propaganda superó todos los límites entusiasmando a los sectores reformistas y socialdemócratas que en sus ensueños sin fronteras retrocedieron a las ideas propias del socialismo utópico que con reformas en el interior del capitalismo era posible acabar con la pobreza y la precariedad vital. 

Las políticas socialdemócratas que abandonan la socialización de los medios de producción y la construcción de un Estado socialista al servicio de las clases trabajadoras no han conseguido nunca mejorar las bondades del capitalismo ya que encuentran las barreras objetivas e inconciliables de una sociedad dividida en clases.

Un ejemplo del fracaso de las políticas reformistas es el Ingreso Mínimo Vital. En muchas ocasiones nos hemos referido a él, poniendo de manifiesto que viene a ser una renta mínima más que mantiene las estructuras sociales de la pobreza.

No obstante, queremos señalar algunos detalles más que con el tiempo van saliendo a la luz y muestran como el Estado a través de sus ministerios y administraciones pública persiste de muchas formas posibles en el castigo y en la violencia contra los sectores sociales económicamente más débiles.

Algunas personas perceptoras del IMV están recibiendo escritos en los que se les informa de que se les reducen las cantidades a cobrar mensualmente en proporciones importantes, sin justificaciones entendibles. En otros casos, reciben escritos de que cobrarán una cantidad determinada y los ingresos que perciben son diferentes en cantidades muy inferiores.

Los compañeros y compañeras de RMI de Madrid nos informan que las reducciones en las cantidades percibidas durante el año 2021 se deben a que en la declaración de la renta que debe hacerse según las modificaciones de la nueva normativa de la Ley que regula el Ingreso Mínimo Vital el INSS está teniendo en cuenta lo que se ha cobrado por las rentas mínimas autonómicas durante el año 2020 y aplicando los descuentos correspondientes según lo cobrado por las personas o familias.

Así señalan que “Tras contrastar decenas de casos similares, llegamos a  la conclusión de que ha ocurrido lo siguiente:

  • El INSS ha dejado que transcurra casi un año completo para llevar a cabo la revisión de la cuantía de IMV 2021 en base a los ingresos computables obtenidos durante 2020 (RDL 20/2020, artículo 13.3), pese a que dispone de los datos fiscales de 2020 desde el 15 de marzo de 2021.
  • En muchos casos el INSS, además de tarde, lo ha hecho MAL, porque ha descontado los ingresos 2020 por renta mínima autonómica, cuando esas rentas no son computables a efectos de IMV, esto es, no pueden restarse de su cuantía (RDL 20/2020 art. 8.2 y 18.1e.1º).

Es cierto que en esas situaciones suele haber un error en la declaración de IRPF 2020: se ha incluido en ella lo cobrado por rentas mínima autonómicas pese a ser rentas exentas de IRPF, y aparece en la casilla 0003 como retribuciones dinerarias por rentas del trabajo, e incluso aparece a veces como Ganancia Patrimonial entre las "rentas del ahorro". Esas declaraciones habitualmente han sido hechas por la propia Agencia Tributaria (AEAT) vía telefónica ("Te llamamos") o presencial, o por terceras personas de forma lucrativa, y las familias empobrecidas no son expertas fiscales capaces de detectar tales errores. Pero lo importante es que, se atribuya a quien se atribuya el error en el IRPF, el mandato que el RDL 20/2020 (art. 19.7) daba al INSS en 2021 y en su art. 19.7 no era "copiar" las casillas 0003 u otras, que aportan información insuficiente y no distinguen los orígenes de los ingresos, sino que el INSS obtenga datos fidedignos recabando de la AEAT la información necesaria sobre datos fiscales e imputaciones.

 

Otro hecho que está ocurriendo: “los perceptores comunican con la antelación suficiente al INSS que están trabajando para que durante ese período no les paguen el IMV”. No obstante, el INSS continúa ingresando la ayuda para unos días después solicitar urgentemente su devolución con amenazas de embargos y cobro de intereses.

La criminalización de la pobreza no sólo se reduce al caso anterior, también se justifica en la propaganda de que los pobres son irresponsables, y gastan lo que no tienen que gastar. En concreto, nos referimos a que la lentitud en la tramitación del IMV lleva a que la persona perceptora reciba la ayuda correspondiente unos meses después de haberla solicitado. Lo más probable que durante algunos meses de esa tardanza haya estado cobrando la renta garantizada extremeña por lo que la Dirección General de Servicios Social le solicitará la devolución de esos meses en los que coinciden ambos ingresos. Ejemplo: si se les paga en septiembre y la solicitó en febrero, los ingresos totales atrasados que recibirá son los que corresponden a los meses que van desde febrero hasta septiembre; además, suponemos que finalizó el cobro de la renta garantizada extremeña a primeros de junio. Hay tres o cuatro meses en los que esa persona o familia no tuvo ingresos, no cobra absolutamente nada y mientras tanto tiene que vivir. La dificultad en la devolución de lo cobrado conduce a una criminalización social y posiblemente a un castigo económico a esa persona por parte de los gobiernos de esas administraciones públicas, que son los verdaderos responsables de esta situación, no sólo por el atraso en la tramitación correspondiente de esta ayuda social sino por permitir que las familias vivan en la más absoluta precariedad incapaz de generar las condiciones económicas y sociales para que puedan vivir dignamente.

A pesar de las declaraciones del gobierno es suficientemente conocido que el IMV es un verdadero fracaso por toda una serie de factores que van desde los requisitos, su burocracia, ocultismo, falta de transparencia, cantidades ridículas, etc.

En contradicción con la euforia mostrada por algunos miembros del gobierno y políticos próximos a él que mantenían “que con el IMV nadie tendrá dificultades para tener la nevera llena y disponer de una alimentación saludable y adecuada”, los últimos datos publicados por el mismo Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones manifiestan que tres de cuatro solicitudes del Ingreso Mínimo Vital, el 75%, han sido denegadas y sólo llega al 8 % de la población que vive bajo el umbral de la pobreza.

Son los últimos datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que registran casi 100.000 solicitudes pendientes de resolver y una cuantía media de la prestación por beneficiario de 172 euros mensuales y de 436 por hogar.

Actualmente se ha concedido el IMV a 800.000 personas, cerca de la tercera parte de los beneficiarios previstos por el Gobierno, que era 2.300.000 personas”.

 

En Extremadura, las declaraciones realizadas por la directora general de servicios sociales que “calcula que el IMV llega a unas 9.000 personas complementadas con unas 5.678 que cumplen los requisitos para acceder a la Renta Garantizada Extremeña”.

 

La referencia para el cálculo suele ser el IPREM que en el año 2022 será de unos 579 euros, siendo el IMV para una persona el 80 % aproximadamente de aquél, unos 470 euros. No obstante, como hemos señalado anteriormente la aplicación de requisitos por el INSS conduce a que lo que realmente se perciba sean cantidades ridículas que en la mayoría de los casos no llegan a esa cantidad. De este modo es imposible mejorar la vida de la gente.

 

Según el informe "El Estado de la Pobreza. Seguimiento del indicador de pobreza y exclusión social en España 2008–2020", elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES). En Extremadura, unas 411.000 personas estaban en riesgo de la pobreza o exclusión social en el año 2020. Mientras que unas 124.000 personas estaban en pobreza severa.

Según los últimos datos disponibles de la Encuesta de Condiciones de Vida (julio 2021), el umbral de riesgo de pobreza para los hogares de una persona se sitúa en unos 9.600 euros anuales, mientras que el umbral de renta para considerar que un hogar está en pobreza severa es de 6.417,3 € por unidad de consumo al año, unos 535 euros; es decir, cada persona debe sobrevivir con menos de 281 € mensuales para el caso de una familia con dos adultos.

Por encima de todos los datos, la realidad es la imposibilidad de que una persona, y en muchos casos una familia pueda vivir con 500 euros al mes de los que tendrá que pagar alquiler, luz y una larga lista de gastos ineludibles.