LOS PUBLICISTAS DEL GOBIERNO NO PARAN EN EL DESPRECIO A LAS PERSONAS POBRES, AHORA LE TOCA A LA DELEGADA DEL GOBIERNO

El régimen y sus publicistas más notables, como la delegada del gobierno, no ocultan a pesar de sus explicaciones que el ingreso mínimo vital es un total fracaso.

Nos quieren hacer ver que se protege a las familias más humildes con los 460 euros que de media están llegando, afirmación que hay que precisar, puesto que hay personas y familias que está cobrando 40, 50 o 100 euros a consecuencia de la normativa que se aplica para el cálculo de esta ayuda social. El computo se realiza teniendo en cuenta la media mensual se ingresó en el año anterior que se resta a lo que le corresponda en este año 2021. Es decir, si me corresponden 600 euros y la media del año anterior era de 500 me corresponden 100. Es una vergüenza. 

Con las cantidades del ingreso mínimo vital ni mucho menos se resuelve el elevado porcentaje de pobreza infantil tan presente en las diferentes localidades extremeñas.

Además de las insuficiencias o deficiencia documentales, hay otros factores, algunos difíciles de entender, que se están teniendo en cuenta para la denegación de esta ayuda social, como valoraciones patrimoniales y/o asignaciones de calificaciones empresariales a personas que no tienen el más mínimo patrimonio, ni tienen para comer.

La delegada del gobierno desconoce que la pobreza, la precariedad laboral o el desempleo, circunstancias con una elevada presencia en nuestra Comunidad Autónoma, tienen la culpa de que bajo un mismo techo habiten varias unidades de convivencia, con libros de familias diferentes, a los que se les deniega el ingreso mínimo vital o la renta básica extremeña.

Con toda la hipocresía y cinismo del mundo, la Señora Delegada del Gobierno de España en Extremadura demuestra que no tiene el más mínimo conocimiento de cómo viven las familias más humildes de esta Comunidad, y de qué modo con 460 euros se puede hacer frente a las necesidades más inmediatas, que se multiplican y engordan en el caso de una familia con niños pequeños. Es una vergüenza el desprecio a los sectores sociales más pobres que está realizando el PSOE y sus gobiernos, procurando el mínimo gasto social.

Campamento Dignidad y la sociedad en general valoramos con aprecio y respeto el trabajo y la responsabilidad de los empleados públicos. La delegada del gobierno, de manera muy torpe, trata de quitarse el muerto de encima y hace recaer la eficacia y la rapidez de la gestión en los empleados públicos. De este modo, pretende ocultar sus responsabilidades como dirigente del gobierno, implicada en todo el laberinto de lentas y numerosas formalidades burocráticas por la que se regula el ingreso mínimo vital.

El problema de que las cosas no lleguen con rapidez o deban llegar más rápido de lo que llegan, depende de los políticos que gobiernan las instituciones que no sólo reducen los recursos humanos (trabajadores y trabajadoras) sino que imponen normas tan farragosas y con tantos inconvenientes que retrasan las gestiones y las resoluciones.

Desde Campamento Dignidad exigimos y reclamamos algunas medidas muy concretas del Gobierno para lograr el bienestar y la dignidad de las personas, y que de una vez se acabe el desprecio y el olvido a los más humildes.

1.- Las ayudas sociales deben alcanzar como mínimo lo que marca la Carta Social Europea firmada por España la cantidad de unos 730 euros/mes por persona, incrementándose con cantidades complementarias en caso de unidades de convivencia más amplias. La Comunidad Autónoma debe incrementar las ayudas sociales hasta este nivel necesario para vivir dignamente.

2.- Aplicar el ingreso mínimo vital o la renta básica extremeña a las diferentes unidades de convivencia que habiten bajo el mismo techo.

3.- Prohibición absoluta de los desahucios a las personas o familias sin alternativa habitacional, y la concesión de viviendas sociales o regularización de las mismas en alquiler social a todas las personas que por la más absoluta necesidad viven en ocupación.

4.-La exigencia a todos los Municipios para el empadronamiento obligatorio a todas las personas o familias sin distinción de ningún tipo, dado que es un elemento vital para acceder a una ayuda social.

5.- Prohibición absoluta de los cortes de luz y agua a las familias vulnerables, la luz y el agua deben ser considerados derechos humanos como la vivienda; debiendo facilitar el pago de la misma bien con los Mínimos Vitales, bonos sociales con bonificaciones suficientes fraccionamientos.

6.- Incrementar los recursos humanos y destinar personal específico para atender las tramitaciones y reclamaciones sobre el ingreso mínimo vital en las oficinas de la Seguridad Social.

 

 

LOS CORTES DE LUZ Y LAS COMISIONES BANCARIAS

 

Desde Campamento Dignidad queremos denunciar los cortes de luz que se están ejecutando contra numerosas familias, en situación de vulnerabilidad, que carecen de medios para hacer frente a los recibos de luz.

 

La vulnerabilidad procede del desempleo, las ayudas sociales precarias o los recursos mínimos procedentes de la necesaria economía informal. El enésimo caso, hace unos minutos, se produce en Mérida, Endesa corta la luz a una familia con 3 niños pequeños.

 

La luz es un suministro básico esencial para la vida de las personas cuyo acceso es un derecho humano fundamental que debe ser intocable para disponer de un bienestar y una vida digna.

 

El gobierno enumeró en repetidas ocasiones la protección a las familias vulnerables para asegurar su acceso a todas estas necesidades básicas. El famoso ESCUDO SOCIAL parece ser que ha sido abatido y hecho añicos, la imposibilidad de los cortes de luz a familias con niños pequeños han quedando en un conjunto de porciones de promesas vacías.

 

A lo que sucede con la luz se une el pillaje que realizan las entidades bancarias con el COBRO de sus famosos descubiertos y comisiones a las gentes sin recursos, en muchos casos, con ingresos que no superan los 500 euros.

 

Frente a todo este ataque de ratería y fraude a las familias más humildes nada se escucha en las TV ni en los grandes medios de comunicación, ni en los debates de los famosos tertulianos. Sobre todo este saqueo al pueblo trabajador hay un apagón informativo y un consentimiento explícito y silenciosos desde los gobiernos que se lavan las manos ante tantas injusticias.

 

La organización y la movilización es la respuesta a este saqueo y robo continuo a los sectores más humildes de la sociedad. Mañana a las 6 de la tarde, reunión en Mérida, en Plaza de Santa María.

Desde los tiempos de la crisis de 2008, las ruinas de la urbanización de "Los Alamos", pone de manifiesto la necesidad de la intervención de la Junta de #Extremadura, para convertir este espacio en una promoción de vivienda pública, recuperándolo para la ciudad, y mejorando las posibilidades de acceso a una vivienda por parte de los vecinos y vecinas de #Mérida.

 

La ilegalidad del régimen franquista y su herencia monárquica consensuada. Por José Espinosa (ex-preso político)

 El golpe de Estado de 1936 provocó la revolución social y la guerra. Todo se conjuró en los ámbitos financieros e institucionales para facilitar la victoria de Franco, apoyado militar y políticamente por las grande potencias, y en particular por la Alemania nazi y la Italia fascista. 

Las potencias llamadas democráticas no hicieron sino aislar la república española para facilitar la victoria criminal de Franco. La guerra y la dictadura causaron inmensos daños en nuestra sociedad, abriendo una profunda herida, herida que aún no ha sido sanada. 

El historiador Ángel Viñas en su libro ¿Quién quiso la guerra civil? Determina que fueron los monárquicos con la ayuda de Mussolini, con quien firmaron un pacto para promover la guerra, quienes financiaron y crearon las condiciones políticas para el golpe de Estado, con la inestimable colaboración de la Iglesia; golpe que fracasó en veinticuatro horas y que se transformaría en una larga guerra de extermino. 

Querían una guerra corta y rápida pero la sublevación obrera y popular en las grande ciudades, y la rebelión campesina por la tierra y la libertad vino a dar las bases de la resistencia revolucionaria, que entusiasmo a los explotados y oprimidos del mundo entero. 

 Hasta estas fechas, tanto los gobiernos de la dictadura como de la monarquía, han secuestrado los archivos militares, los de gobernación y guardia civil, conociéndose que una buena parte han sido destruidos para borrar las evidencias históricas. 

La apertura de los archivos sigue siendo- pese a todo- un demanda democrática a la que tampoco responde positivamente el gobierno de Sánchez. De esta manera se prolongan sine die las consecuencias de la dictadura sin que -como dicen los historiadores- se puedan arreglar las cuentas con el pasado. 

Los crímenes cometidos en todo este periodo, calificados de crímenes contra la humanidad -los peores que se pueden cometer siguen totalmente impunes y, para más inri el gobierno pretende que se prologue esta situación con la ley de la memoria que pretende presentar a las Cortes. 

El dictado constitucional e institucional es evidente: la impunidad delos crímenes contra la humanidad no son un simple adorno sino la base misma del régimen del 78, que tiene en los dirigentes PSOE entre sus más fieles cumplidores. Como todas las heridas quedaron abiertas solo podían tratar-oficialmente- de esconderse ante la opinión pública con la complicidad monárquica establecida entre izquierda-derecha desde la muerte de Franco.

 Por ello los crímenes, imprescriptibles para el derecho internacional fueron falsamente amnistiados en 1977. Pero los crímenes continuaron contra los manifestantes y los nacionalistas vascos (GAL) que las familias de los asesinados implican al mismo Felipe González, aún hoy en día, ante el Tribunal Supremo; contra los abogados de Atocha; contra Yolanda González, conociéndose que su asesino Emilio Hellín huido durante años en América Latina, colabora en libertad como técnico con la policía nacional.

 Casi mil víctimas de la transición ponen de relieve como los modos y maneras de la represión siguieron causando daño en los sectores más combativos…La misma corrupción sistémica que se ejecuta con abuso de poder desde las más altas magistraturas del Estado hasta el último concejal de la más pequeña localidad tiene una connotación con la impunidad de ayer. 

El ocultamiento, tanto de los crímenes de ayer, como el intento, por parte de los dirigentes del PSOE de impedir que, tanto las Cortes como los tribunales enjuicien política y jurídicamente la corrupción de Estado en la persona del huido a los Emiratos Árabes financiado por el gobierno, Juan Carlos de Borbón, impidiendo que se conozcan los crímenes y se establezcan democráticamente las medidas correctoras necesarias. Esa es la verdadera política de esos falsos socialistas, convertidos desde hace muchos años en ejecutivos de la falsificación al servicio de la monarquía y del capital 

Ante la nueva ley de memoria, en sus dos versiones, la del PSOE y la de Unidas- Podemos, se pretende en ambos textos mantener la más absoluta impunidad de los crímenes del franquismo, mientras que las víctimas del franquismo exigimos verdad, justica, reparación y no repetición como mandata de forma determinante el derecho internacional. Para lo cual es imprescindible ser fiel a las demandas democráticas, sociales, y de justicia que exigen la nulidad de las leyes y sentencias del franquismo y las de la misma monarquía contrarias al derecho internacional.

 La nulidad de la ley de amnistía, y de la ley secretos oficiales, procediéndose a la inmediata apertura de los archivos secuestrados por el poder desde el fin de la guerra. Contra la impunidad de ayer y de hoy del franquismo y de la monarquía hemos de preparar una amplia campaña de alcance internacional para que todas las fuerzas que se reclamen de la democracia y de la justicia, rompan con las imposiciones falsamente democráticas establecidas por el Gobierno de coalición que, se presenta teatralmente como el más progresista de la historia de España. José Espinosa

Panorama general extremeño y las ayudas a los toros

Un repaso general a ciertos elementos relacionados con la actividad laboral de la población extremeña nos dibuja una imagen de la postergación y el abandono que históricamente ha sufrido y sigue sufriendo esta porción del territorio español por parte de las instituciones políticas regionales y nacionales.

Algunos datos característicos. El desempleo alcanza a unas 114.000 personas, casi el 30 % en relación al número de trabajadores en alta en la seguridad social, unos 385.050, y con unos 13.000 trabajadores en ERTES. Más de 400.000 personas siguen estando en el riesgo de la pobreza. El desempleo juvenil es el más alto del estado español alcanzando casi el 50 % de la población inferior a 25 años.

La despoblación de la comunidad continua a pasos agigantados, se pierden todos los años más de 5000 personas. Las políticas de desarrollo rural financiadas en su mayor parte desde Europa son muy insuficientes para evitar que el mundo rural siga perdiendo poco a poco todas sus perspectivas vitales presentes y de futuro.

La modernización de la actividad agraria requiere cada vez menos mano de obra, y el poco desarrollo de las industrias ligadas a las producciones agrícolas y ganaderas determinan que haya un excedente de fuerza de trabajo que a duras penas encuentra acomodo laboral en el campo, y en otras actividades ligadas al sector secundario.

La actividad industrial extremeña es muy escasa y carece de una mínima competitividad, sin que se haya visto favorecida por el desarrollo industrial del país en los últimos 30 años. La pandemia ha agravado el estado económico de la región de tal modo que las colas del hambre y las raquíticas ayudas sociales se están viendo agravadas por la economía sumergida que se deriva de la precariedad y la falta de oportunidades legales de empleo, de tal modo que la ocupación informal alcanza casi el 30 % del PIB regional.

Mientras tanto, las administraciones públicas, el gobierno regional y el nacional, escatiman el gasto social y procuran lo mínimo necesario con tal de que la población trabajadora permanezca pasiva y acepte las miserias del sistema capitalista. El objetivo del gobierno del PSOE es que la clase obrera sobreviva con las míseras ayudas y subsidios sociales, y con raquíticos programas de empleo que apenas dan para una subsistencia angustiosa.

Los presupuestos regionales constatan esta realidad con partidas a este respecto inferiores a las de años pasados. Por otro lado, un buen número de trabajadores autónomos y pequeños empresarios que conforman el conjunto de las diferentes actividades productoras de bienes y servicios han tenido que cerrar sus negocios o están en serias dificultades económicas.

El gobierno de la nación no va a realizar ni tiene prevista la ejecución de un plan especial de inversiones públicas que estimule el desarrollo y de paso a la recuperación económica, y a su vez responda a los problemas sociales que padecen muchos extremeños y extremeñas. Extremadura, poco espera de los fondos europeos a pesar de que no haya día que el gobierno regional y otras instancias de poder den a conocer sus buenas intenciones y en sus discursos y declaraciones públicas insuflen ánimos a la pequeña burguesía regional para que elabore proyectos con los que acceder a esas nuevas herramientas que visionan como necesarias para un salto cualitativo y cuantitativo de la economía extremeña.

En todo caso, la Junta de Extremadura anuncia repetitivamente que va a poner a disposición de estos sectores toda la maquinaria legislativa y administrativa necesaria para facilitar la captación de estas subvenciones y préstamos, adquiriendo la consejería de Hacienda el compromiso de informar a la asamblea de la marcha de todo este proceso. Sin embargo, se conocen pocos detalles del proceso a seguir para acceder a los fondos europeos puesto que todavía faltan por aprobar y concretar aspectos importantes.

 Así, aún no existen esos fondos, ya que no está aprobado todavía el camino a seguir para que la Comisión Europea pueda salir a los mercados de capitales a captarlos. Los plazos para la presentación de proyectos y los planes de cada país se abrieron en febrero y aún no se han presentado de modo definitivo a la comisión europea. Ni se sabe con precisión cuándo empezarían a llegar los fondos a los países.

Las informaciones señalan que serán las grandes empresas las que accedan a esos miles de millones de euros para sus proyectos de modernización digital y robotización localizados en las zonas del territorio nacional en las que tienen sus plantas productivas y que en un porcentaje pequeño tendrán como destino zonas del territorio extremeño. En otro orden de cosas, se intensifican las movilizaciones de las organizaciones agrarias que protestan por las políticas que se establecen desde la UE respecto a los bajos precios de los productos agrícolas y los recortes de la PAC.

 Las líneas marcadas de Bruselas están arruinando a los pequeños productores y provocando una rápida concentración y centralización de la tierra y de las producciones.

Desde el PSLF seguimos considerando que la única manera de que Extremadura alcance un horizonte de futuro que garantice su progreso es con una profunda reforma agraria. Un pro[1]ceso de transformación y reorganización del mundo rural en el que se lleve a cabo la puesta en producción individual o colectiva de enormes extensiones de tierras que están en manos de latifundistas y caciques, y que además se facilite a quienes trabajan la tierra de las materias primas necesarias para sus producciones que hoy controlan unas pocas Multinacionales.

Mientras se produce el saqueo de los recursos naturales que vienen realizando los grandes terratenientes, latifundistas y monopolios, los partidos políticos emplazados en las instituciones regionales no sólo han estado subordinados y han sido fieles cumplido[1]res de lo que se decidía en Madrid, sino que han estado muy al margen de las verdaderas necesidades de la población extremeña.

 Un ejemplo de esta actitud de distracción ocio[1]sa y caciquil es la decisión de la Diputación Provincial de Badajoz de destinar en sus presupuestos casi un millón de euros al Área de Tauromaquia para la potenciación de los toros, para festejos taurinos, adquisición de utillajes, publicidad, propaganda y formación de aprendices de toreros es una forma caciquil de impulsar el conformismo y la pasividad.

Esto es una burla a los sectores sociales más desfavorecidos, y además, nos saltamos las recomendaciones y llamamientos que la ONU realiza a España para que prohíba la participación de niños y adolescentes meno[1]res de 18 años en corridas de toros como toreros o como espectadores. Entendemos que la asignación de esta cantidad presupuestaria responde a intereses políticos y electorales que no tienen nada que ver con la prestación de servicios públicos básicos para la ciudadanía, cuando ese dinero se debería destinar a la resolución de necesidades de familias amenazadas de desahucios o con problemas de viviendas, con dificultades para el acceso a los mínimos vitales, en desempleo, y en general a quienes se encuentran en un estado de precariedad importante.

PABLO HASEL Y EL CÓDIGO PENAL

 <No estoy de acuerdo con lo que dice, pero defenderé con mi vida su derecho a decirlo>>

(Atribuido a Voltaire)

Puede ser muy chungo, un gran incordio, y hasta criticable de parte, pero de ninguna forma algo que merezca persecución penal o sanción económica. El pensamiento no delinque, tampoco expresarlo con mayor o menor vehemencia, sea cual fuese la forma de hacerlo. Lo peligroso viene de quienes quieren encarnar la verdad, toda la verdad y nada más que su verdad. Un código penal solo debe perseguir acciones ciertas que causen daño físico real o perjuicio manifiesto a otras personas. No amparar procesos inquisitoriales ni caza de brujas. Como acaba de ocurrir aquí con la condena a nueve meses de cárcel al rapero Pablo Hasél por <<enaltecimiento del terrorismo>> e <<injurias a la corona>>.

Si eso se generalizara no existiría más creación humana (escénica, literaria, pictórica, incluso científica) que las que contaran con las bendiciones del poder (político, económico, religioso, etc.). Un bostezo inconmensurable que serviría de excusa para todo tipo de tropelías y sandeces. Sócrates fue condenado por la democracia griega por <<delito de impiedad>> y <<pervertir a la juventud>>. Galileo tuvo que retractarse de aquella manera (…y sin embargo se mueve) ante los terraplanistas que consideraban blasfemia el heliocentrismo.  Y el artista Santiago Sierra estuvo a un telediario de ser linchado por exponer en ARCO un ninot gigante de Felipe IV obligado por contrato a arder al año de su adquisición, en alegórica referencia a la fatuidad de la monarquía

Aquí no hay una Primera Enmienda intocable como en Estados Unidos. Por el contrario lo que tenemos es un Código Penal (CP) que criminaliza <<ofensas>> que el sistema dominante considera acogidas a sagrado: individuos, instituciones, símbolos o calcomanias  Un CP conocido como <<de la democracia>> porque fue la primera reforma de calado que buscaba dejar atrás los rastros del franquismo en la legislación punitiva. Lo trajinó el PSOE de la mano Santiago Belloch, una de las estrellas de Justicia Democrática (JD) antes de asumir la doble cartera de Justicia e Interior. Lógicamente, el ministro oxímoron produjo un texto que, aun mejorando notablemente lo existente en muchos aspectos, no dejó de traslucir en su articulado los vicios de una transición política fruto del consenso entre tardofranquistas y constitucionalistas. En especial en lo referente al blindaje a divinis de la Corona como expresión de los nuevos tiempos. Hablamos de los artículos 490 y 491 del CP vigente que han servido de base legal para condenar a Hasél. Dicen así:

Art.490,3: <<El que calumniare o injuriare al Rey, a la Reina o a cualquiera de sus ascendientes o descendientes, a la Reina consorte o al consorte de la Reina, al Regente o a algún miembro de la Regencia, o al Príncipe o a la Princesa de Asturias, en el ejercicio de sus funciones o con motivo u ocasión de éstas, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años si la calumnia o injuria fueran graves, y con la de multa de seis a doce meses si no lo son>>

Art.491, 1. <<Las calumnias e injurias contra cualquiera de las personas mencionadas en el artículo anterior, y fuera de los supuestos previstos en el mismo, serán castigadas con la pena de multa de cuatro a veinte meses>>.

Art. 490,2: <<Se impondrá la pena de multa de seis a veinticuatro meses al que utilizare la imagen del Rey o de la Reina o de cualquiera de sus ascendientes o descendientes, o de la Reina consorte o del consorte de la Reina, o del Regente o de algún miembro de la Regencia, o del Príncipe o de la Princesa de Asturias, de cualquier forma que pueda dañar el prestigio de la Corona>>.

Estas regalías  siguen rigiendo después de que el gobierno socialista lo aprobara ahora 26 largos años, sin que nadie haya movido un dedo para derogarlas. Porque, siendo ya grave que entonces se mantuvieran esos preceptos de estirpe casi teocrática, lo peor es que la reforma emprendida con los honores de <<democrática>> incluso aumentó y extendió esas prerrogativas al árbol genealógico de la dinastía reinante. Lo denunciaba el catedrático de derecho penal Enrique Gimbernat en la nota introductoria al nuevo código penal, llegando a calificar lo hecho como  de intento de <<adulación a la familia real>>.

Decía el profesor Gimbernat: <<El honor de los ministros, autoridades, funcionarios públicos o agentes de la autoridad, en un Estado democrático de derecho, no tiene un valor superior al que corresponde a los simples ciudadanos, por lo que, desde el punto de vista del principio de igualdad, es simplemente una cuestión de coherencia que en el nuevo código penal desaparezcan los desacatos. Pero estas mismas consideraciones deberían haber llevado a suprimir, para que se rigieran igualmente por las reglas generales de la calumnia y de injuria, otras figuras delictivas que en cambio se mantienen […] en lugar de ello, la protección privilegiada del honor se amplía […] alcanzando –en contra, incluso, de la tradición jurídica española , y por unas razones que la Exposición de Motivos no ha querido explicar- nada menos que a todos los ascendientes y descendientes del Rey, así como a la Reina consorte y al consorte de la Reina, lo que no deja de introducir la impresión de que todo ello obedece a una encubierta adulación a la familia real>>.  Para concluir: <<Dentro de este contexto, es de lamentar también que permanezca el delito de origen franquista de los ultrajes a España, a sus simbolo y a sus emblemas (art.543)>>.

¿Súbditos o ciudadanos?

SOBRE LAS FORMAS DE VIOLENCIA

 

1.- INTRODUCCIÓN

Antes de comentar algunas generalizaciones acerca de la violencia en general, me gustaría comenzar denunciando la violencia laboral que por múltiples motivos sufren las clases trabajadoras. Y la necesidad de su reorganización sindical para disponer de un instrumento, de una herramienta sindical poderosa que las agrupe y, dote de la fuerza suficiente para impedir que los derechos laborales sean totalmente arrebatados y entrar en un descenso a los infiernos de la explotación y la producción de plusvalía.

 

 En este caso concreto, comento la violencia laboral o como se quiera considerar que sufre un amigo personal que trabajando en el ayuntamiento en los planes AEPSA, en las calles, sufre un accidente laboral con manifestaciones físicas contundentes en sus brazos; acude a la Mutua en Almendralejo, después de haber pasado reconocimiento médico en Zafra en dónde se le conoce un desgarramiento muscular de tercer grado agudo. La médica de la Mutua de Almendralejo no reconoce el accidente laboral y no le da la baja a pesar de que los informes médicos, los signos externos y las repercusiones físicas del accidente en la movilidad de su cuerpo son visibles.

 

La justificación que usa la médica de Zafra para no considerar las repercusiones del accidente y no darle la baja laboral es agarrarse a que esta persona tuvo un ictus en el año 1988, hace más de 30 años. Vergonzoso de a dónde están llegando las condiciones laborales y sanitarias con las que se valora a la clase obrera.

 

2.- EL PODER DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

El periodista Sergi Picazo recogió un informe del Center for Media Pluralism and Media Freedom, centro de investigación y formación sobre pluralismo informativo cofinanciada por la Unión Europea. En el mismo, se revela que un altísimo porcentaje de las audiencias de radio y televisión en el Estado español dependen de un número reducido de grandes grupos mediáticos.

 

 Así, en el ámbito televisivo, los dos grandes conglomerados privados –Mediaset y Atresmedia– controlan audiencia e ingresos por publicidad.  En el caso de la radio, el informe indica que son el grupo Prisa (Cadena SER), la Iglesia católica (COPE), Planeta (Onda Cero) y el grupo Godó (RAC1) quienes deciden lo que escucha el 80% de la audiencia total de la radio española, y controlan el 97% del mercado.

  

El mercado de los medios de comunicación se caracteriza por un predominio de la televisión, que atrae alrededor del 40% del total de la inversión publicitaria del país. La televisión sigue siendo la fuente dominante de información (88%), seguida por Internet (68%), la radio (60%) y los periódicos (28%) (AIMC, 2016).

 

 Estos medios pertenecen a grandes corporaciones, cuyos propietarios son públicamente conocidos, y no son otros que poderosos fondos de inversión americanos, las grandes multinacionales de la energía y la comunicación, entidades financieras y otras grandes empresas de las que cotizan en la bolsa, y con estrechas conexiones en los diferentes aparatos del Estado.

 

 3.- LOS OTROS TIPOS DE VIOLENCIAS ESTRUCTURALES

En estas fechas, en las que con tanta frecuencia los grandes medios de comunicación abren los telediarios presentando los disturbios que están ocurriendo en las ciudades españolas, provocados por jóvenes que queman contenedores y se enfrentan a las fuerzas de seguridad, conviene referirnos a la violencia de la que no se habla o que se intenta mantener en la más absoluta oscuridad informativa, y que sale a cuentagotas escapando por las rendijas de los informativos que diariamente miramos y escuchamos.

 

 Cuando tratamos de violencia y represión conviene recordar algunas de las reflexiones de MALCOM X que afirmaba que los medios de comunicación harán que confundas al opresor como al oprimido y al oprimido como el opresor, deformando él origen y la raíz de lo que sucede y ocultando las vejaciones que generan los poderes institucionales.

 

 Hay una violencia estructural permanente, intrínseca e indispensable que el Estado capitalista necesita para asegurar su articulación y abastecer del combustible que requiere su normal funcionamiento y reproducción. Es una agresión connatural al sistema que se ceba marginando y extrañando a amplias capas de la población, y especialmente a la juventud.

  

4.- LOS MEDIOS DE COERCIÓN Y CONVENCIMIENTO SOCIAL

Los dueños de la riqueza y de los grandes medios de producción necesitan de los aparatos del Estado y el gobierno para impedir y dar un escarmiento a quien muestre rebeldía o manifieste algún signo o iniciativa que denuncie o inquiete la marginación y el extrañamiento, y al mismo tiempo, para que sirva de ejemplo a la sociedad que el orden de las cosas es inamovible. 

  

El régimen monárquico, la estabilidad y los privilegios de las élites económicas no se mantienen sólo con la fuerza de la coerción, necesitan del poder espiritual, del convencimiento social o lo que es lo mismo, de la aceptación pasiva de sus ideas. La propiedad de las grandes cadenas televisivas y los famosos tertulianos les dan la suficiente cobertura mediática. Como señalaba Marx: “Las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes en cada época. La clase que tiene a su disposición los medios para la producción material dispone con ello, al mismo tiempo, de los medios para la producción espiritual”.  De tal manera, que se da la paradoja de que quienes sufren la explotación laboral son los más acérrimos defensores del sistema y de la clase social que los explota, para conseguir ese dominio social los capitalistas son grandes expertos y disponen de gente muy preparada.

 

 Pocas veces, las televisiones inician los telediarios o las sesiones informativas presentando la crueldad silenciosa que padece una juventud, por ejemplo como la extremeña, sin perspectivas de futuro, sin alternativas laborales, que prevé que en un corto espacio de tiempo para buscar un puesto de trabajo sufrirá el desarraigo de su tierra y de su familia, de sus amigos de toda la vida; o la violencia que sufren las personas y familias con problemas de viviendas; o los trabajadores/as en trabajos precarios, mal pagados y explotadas sin compasión; o aquellas familias que reciben pensiones no contributivas de miseria, ayudas sociales raquíticas y subsidios en la más absoluta precariedad que no les llega para hacer frente a los gastos mínimos y en muchos casos con la única esperanza de recoger una bolsa de alimentos para sobrevivir unos días; o quienes sufren los retrasos de asistencia porque el sistema sanitario público carece de recursos humanos y materiales. En definitiva, una violencia social que algunos se encargan de mantenerla oculta y  hacerla aceptable por la sociedad.

 

 

 

 

PEDRO SÁNCHEZ TIENE QUE COMPROMETER EL APOYO ECONÓMICO Y FISCAL A LOS AUTÓNOMOS

 

18 FEBRERO 2021

En los próximos días visita Extremadura el presidente del gobierno para presentar el plan de reactivación económica. La comisión europea dictaminó que el 50 % de los fondos que vienen de Europa serán gestionados por las Comunidades Autónomas. 

Por tanto, cabe esperar que dada la situación de la economía extremeña el gobierno de España y la Comunidad Autónoma tomen las medidas precisas para que los recursos de la Comisión Europea y el plan de reactivación económica tengan una incidencia notablemente positiva en Extremadura, y lleguen en cantidades suficientes a las administraciones públicas, autónomos y empresarios.

En este orden de cosas, es importante que haya la máxima transparencia en los fondos que vengan a nuestra comunidad, el conocimiento de cuánto corresponde a los diferentes proyectos y en qué se gastarán, quienes son los interesados y responsables de los mismos, puesto que a la postre los vamos a pagar todos.

En nuestros pueblos los trabajadores autónomos y pequeños empresarios necesitan un enorme apoyo institucional pues de otro modo irán cayendo a toda velocidad a la ruina.  Según los datos aportados por la prensa extremeña en nuestra región miles de autónomos han ido a la bancarrota en este breve período.

Además del apoyo económico y financiero que necesita este sector, es indispensable el apoyo fiscal desde la Hacienda Autonómica y Estatal. La suspensión del pago de todo tipo de impuestos y contribuciones fiscales mientras se alcanza la estabilidad, y se recupera la normalidad del funcionamiento comercial.

 

SOBRE LA LUCHA DE CLASES

 

La historia de las relaciones de producción en Extremadura nos remite a la lucha del yuntero con el propietario en el cultivo de tierras en aparcería, su posterior expulsión de las fincas por los terratenientes y latifundistas, el pillaje y los abusos laborales que en el franquismo sufren los jornaleros y ahora nuevamente, un intento de legalizar la sobreexplotación laboral del asalariado.

Generaciones de señores feudales, órdenes religiosas, rentistas y modernos explotadores capitalistas…, se han multiplicado en la posesión de las tierras de Extremadura saboreando el esfuerzo y sudor de quienes realmente las trabajan, cual presa sustanciosa obtenida en la rapiña y el pillaje.

Las encuestas de población activa indican que son las ocupaciones elementales entre las que se encuentran las tareas agrícolas las que soportan una baja intensidad laboral, sufriendo frecuentemente el desempleo, los contratos a tiempo parcial y la temporalidad. El resultado, de todo esto, tal y como ponen de manifiesto los datos de la contabilidad nacional es una caída del peso de los salarios en los últimos años.

El Estado y la Comunidad Autónoma para atenazar y paralizar los anhelos de cambio social que viven en el seno de la clase de los trabajadores y trabajadoras agrícolas, ejecuta desde sus instrumentos de poder político ridículos planes y ayudas de empleo con el mínimo gasto social. Los planes AEPSA, los subsidios agrarios u otros planes de empleo destinados al mundo rural, con emolumentos de miseria que, apenas llegan a los 430 euros, y mucho menos al Salario Mínimo Interprofesional; miserias que tienen asignadas la función de amortiguar y eliminar toda respuesta social.

En contraste con este ínfimo gasto público destinado a las clases más humildes, durante decenas de años los diferentes gobiernos, la CEOE, el IBEX y los sindicatos oficiales programan el reparto y la apropiación de los miles de millones de euros de los presupuestos regionales y estatales, y ahora, una vez más, mercadean para obtener el máximo provecho de los tan sobados fondos comunitarios europeos que se presuponen llegarán en un futuro y que tendremos que pagar todos.

Los datos estadísticos publicados recientemente por OXFMAN INTERMON señalan el crecimiento a consecuencia de la crisis sanitarias y económicas de los niveles de pobreza y precariedad de amplios sectores de la población trabajadora de nuestra región.

Por si todo lo anterior no fuera suficiente, el TSJEX acaba de anular el convenio colectivo del campo dejando a los obreros agrícolas en la más absoluta intemperie, y abriendo un agujero por el que se puede colar la voluntad de los patronos agrícolas para la aplicación a su antojo de los salarios, y otras condiciones de trabajo.

Todo lo señalado no es óbice para que el presidente de la Comunidad Extremeña muestre su carácter de clase al servicio de la patronal, haciéndose eco, y tomando como propia la preocupación de los empresarios agrícolas para la repercusión de la subida del salario mínimo en las rentas agrarias, argumentando ante la Ministra de Trabajo si la subida vendría a repercutir de forma negativa en el empleo.

No nos confundimos mucho, si lo que realmente pretendía Vara era sugerirle a la ministra la no conveniencia de la subida del salario mínimo para no permitir más conflictos salariales que pudieran perjudicar las condiciones de explotación de los patronos agrarios.

Por cierto, no hay más que echar un vistazo a los Presupuestos Regionales para comprobar la cantidad de millones que en transferencias corrientes y de capital se ponen en manos de los empresarios agrarios, que además han recibido de la PAC en este mismo año algo así como 600 millones de euros. Al mismo tiempo crecen las protestas de los pequeños productores agrícolas de las Vegas el Guadiana ninguneados y trampeados por las industrias conserveras que abusan de sus posiciones de oligopolio comercial.

En lo que respecta a los líderes institucionales, todo son buenas palabras, llamadas al diálogo, a la concertación social, derroches de apariencias e hipocresías que inconsciente o conscientemente se muestran ajenos a la caída relativa de las condiciones de vida, de los salarios, del encarecimiento de los elementos de consumo básicos para la vida (luz, agua, gas, telefonía, alimentación), del incremento de las deficiencias e insuficiencias de servicios públicos básicos relacionados con el sistema sanitario, retrasos e irregularidades en las vacunaciones, listas de espera, problemas educativos, trasporte público, economía informal y, sobre todo el acceso a la vivienda, y en definitiva la pérdida del bienestar de las clases trabajadoras.

De este modo, la crisis sanitaria y económica se ceba con esta comunidad arrojando a la ruina y a la indigencia a trabajadores y trabajadoras por cuenta propia y por cuenta ajena, y a pequeños empresarios.  Vara, Vergeles y todo el elenco de prebostes del gobierno regional, como corresponde a los representantes de una política clasista que se mantienen al margen de los problemas fundamentales de la región, son incapaces de tomar y de exigir al gobierno de la nación decisiones políticas que resuelvan y puedan hacer frente al desplome que a toda velocidad sufre la Comunidad Extremeña.

La reacción de los sindicatos oficiales ante este estado de cosas es de absoluto silencio, no se escucha una voz más alta que otra. No han reaccionado ante la decisión del TSJEX, ni ante las realidades de las condiciones de vida que los datos estadísticos publicados por las ONG sacan a la luz, ni ante los conflictos ocasionados con las vacunas, ni ante las escaseces de vivienda, etc. La realidad es que se centran en cuestiones administrativas y buscan acomodo a la sombra de la administración regional.

Las políticas de concertación social dominan y procuran la integración de los sindicatos en el arco institucional de la Junta de Extremadura, situándose en silencio en una esquina de las relaciones sociales, a la espera de su reconocimiento y de las subvenciones institucionales.  

En tanto que los presupuestos regionales son el cimiento indispensable para sostener el conjunto de las estructuras clientelares al servicio de una política de estabilidad social en la región.

Ante esta situación económica y social se aviva la exigencia de reorganización de las clases trabajadoras de la Comunidad Extremeña como proceso indispensable para salir del callejón sin salida que representa el bloqueo actual.

Los trabajadores y las trabajadoras invitando a todos los sectores y colectivos de mujeres, jóvenes, migrantes tienen que emprender el camino de la reorganización sobre nuevas bases, deben ser capaces de dar un paso hacia su constitución como fuerza sindical independiente.