martes, 16 de marzo de 2021

La ilegalidad del régimen franquista y su herencia monárquica consensuada. Por José Espinosa (ex-preso político)

 El golpe de Estado de 1936 provocó la revolución social y la guerra. Todo se conjuró en los ámbitos financieros e institucionales para facilitar la victoria de Franco, apoyado militar y políticamente por las grande potencias, y en particular por la Alemania nazi y la Italia fascista. 

Las potencias llamadas democráticas no hicieron sino aislar la república española para facilitar la victoria criminal de Franco. La guerra y la dictadura causaron inmensos daños en nuestra sociedad, abriendo una profunda herida, herida que aún no ha sido sanada. 

El historiador Ángel Viñas en su libro ¿Quién quiso la guerra civil? Determina que fueron los monárquicos con la ayuda de Mussolini, con quien firmaron un pacto para promover la guerra, quienes financiaron y crearon las condiciones políticas para el golpe de Estado, con la inestimable colaboración de la Iglesia; golpe que fracasó en veinticuatro horas y que se transformaría en una larga guerra de extermino. 

Querían una guerra corta y rápida pero la sublevación obrera y popular en las grande ciudades, y la rebelión campesina por la tierra y la libertad vino a dar las bases de la resistencia revolucionaria, que entusiasmo a los explotados y oprimidos del mundo entero. 

 Hasta estas fechas, tanto los gobiernos de la dictadura como de la monarquía, han secuestrado los archivos militares, los de gobernación y guardia civil, conociéndose que una buena parte han sido destruidos para borrar las evidencias históricas. 

La apertura de los archivos sigue siendo- pese a todo- un demanda democrática a la que tampoco responde positivamente el gobierno de Sánchez. De esta manera se prolongan sine die las consecuencias de la dictadura sin que -como dicen los historiadores- se puedan arreglar las cuentas con el pasado. 

Los crímenes cometidos en todo este periodo, calificados de crímenes contra la humanidad -los peores que se pueden cometer siguen totalmente impunes y, para más inri el gobierno pretende que se prologue esta situación con la ley de la memoria que pretende presentar a las Cortes. 

El dictado constitucional e institucional es evidente: la impunidad delos crímenes contra la humanidad no son un simple adorno sino la base misma del régimen del 78, que tiene en los dirigentes PSOE entre sus más fieles cumplidores. Como todas las heridas quedaron abiertas solo podían tratar-oficialmente- de esconderse ante la opinión pública con la complicidad monárquica establecida entre izquierda-derecha desde la muerte de Franco.

 Por ello los crímenes, imprescriptibles para el derecho internacional fueron falsamente amnistiados en 1977. Pero los crímenes continuaron contra los manifestantes y los nacionalistas vascos (GAL) que las familias de los asesinados implican al mismo Felipe González, aún hoy en día, ante el Tribunal Supremo; contra los abogados de Atocha; contra Yolanda González, conociéndose que su asesino Emilio Hellín huido durante años en América Latina, colabora en libertad como técnico con la policía nacional.

 Casi mil víctimas de la transición ponen de relieve como los modos y maneras de la represión siguieron causando daño en los sectores más combativos…La misma corrupción sistémica que se ejecuta con abuso de poder desde las más altas magistraturas del Estado hasta el último concejal de la más pequeña localidad tiene una connotación con la impunidad de ayer. 

El ocultamiento, tanto de los crímenes de ayer, como el intento, por parte de los dirigentes del PSOE de impedir que, tanto las Cortes como los tribunales enjuicien política y jurídicamente la corrupción de Estado en la persona del huido a los Emiratos Árabes financiado por el gobierno, Juan Carlos de Borbón, impidiendo que se conozcan los crímenes y se establezcan democráticamente las medidas correctoras necesarias. Esa es la verdadera política de esos falsos socialistas, convertidos desde hace muchos años en ejecutivos de la falsificación al servicio de la monarquía y del capital 

Ante la nueva ley de memoria, en sus dos versiones, la del PSOE y la de Unidas- Podemos, se pretende en ambos textos mantener la más absoluta impunidad de los crímenes del franquismo, mientras que las víctimas del franquismo exigimos verdad, justica, reparación y no repetición como mandata de forma determinante el derecho internacional. Para lo cual es imprescindible ser fiel a las demandas democráticas, sociales, y de justicia que exigen la nulidad de las leyes y sentencias del franquismo y las de la misma monarquía contrarias al derecho internacional.

 La nulidad de la ley de amnistía, y de la ley secretos oficiales, procediéndose a la inmediata apertura de los archivos secuestrados por el poder desde el fin de la guerra. Contra la impunidad de ayer y de hoy del franquismo y de la monarquía hemos de preparar una amplia campaña de alcance internacional para que todas las fuerzas que se reclamen de la democracia y de la justicia, rompan con las imposiciones falsamente democráticas establecidas por el Gobierno de coalición que, se presenta teatralmente como el más progresista de la historia de España. José Espinosa

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