Mérida 2020
LA REFORMA AGRARIA Y EL PROGRAMA SOCIALISTA
1.- Introducción
La Asociación 25 de Marzo organizará a finales de Octubre una conferencia sobre la
Reforma Agraria. El objetivo de la misma es la elaboración y difusión de un programa
que ponga las bases para la transformación económica y social de Extremadura, que
sea capaz de implicar a amplios sectores de la sociedad.
Partiendo de la realidad extremeña, el objetivo es hacer llegar a todo el estado
español la necesidad de la reformas agraria, exponer de forma rigurosa la realidad del
sector y avanzar líneas futuras de desarrollo.
2.-Una visión histórica
La pervivencia histórica en nuestro país del sistema de propiedad del campo
latifundio/minifundio, agudizado por la tenencia abusiva de la tierra por los
especuladores y fondos buitre en los últimos tiempos nos sitúa a los socialistas
independientes del Estado en la necesidad de abordar los principales problemas de la
producción y de la propiedad agraria, ahora bajo el dictado de la Política Agraria
Común (PAC) al servicio del capital internacional.
Antecedentes en nuestra historia como la desamortización de Mendizábal, y la
incompleta y frustrada reforma agraria de 1932 constituyen los principales precedentes
en los que debemos instruirnos para la mejor solución de los problemas del campo
siempre ligados a la propiedad, problema que aún pervive, manifestándose de
múltiples formas y maneras, aunque oficialmente se le por liquidado; y ello por la
adaptación de los principales partidos y sindicatos al marco constitucional contrario a
la propiedad social , y a la misma política de UE tendente a financiar el parasitismo de
los grandes propietarios frente a las demandas de los trabajadores del campo.
Si en palabras de Marx la sociedad capitalista estableció el derecho a la desigualdad
que es el único derecho efectivo, para los trabajadores, en el campo han pervivido en
torno a la gran propiedad formas de semiesclavitud, de sobreexplotación con una
masa ingente de jornaleros ambulantes, que van de cosecha en cosecha, venidos
mayoritariamente de la inmigración africana y latinoamericana.
Las desamortizaciones del siglo XIX fueron procesos de trasvase de propiedad de la
Iglesia hacia la nobleza y la alta burguesía que habían conformado la clase propietaria
latifundista en el sur y el centro peninsular que explotaba, de forma rentista en muchos
casos, a una gran masa de jornaleros sin tierra y sin derechos.
En la historia de la lucha por la democracia y la república en la nación de naciones que
es España nunca se ha abordado de forma integral el conjunto del problema de la
tierra, que va más del reparto de tierras de las grandes propiedades, la lucha
organizada por los derechos y aspiraciones sociales de la población dedicada a
actividades primarias, agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.
El mantenimiento de la sacrosanta propiedad privada de la tierra en manos de grandes
propietarios, fondos buitre y bancos, o en el lado opuesto, por pequeños agricultores
minifundistas en el norte peninsular que difícilmente pueden vivir de la explotación del
sus parcelas. Ello constituye en lo esencial el centro de la política agraria del régimen
de la monarquía, frente a las aspiraciones sociales y democráticas. De forma que “-
según sus propias palabras- el PSOE adaptado al régimen y a los capitalistas de
Bruselas- no trabaja sino por una política agraria común más profesional, que apueste
por el empleo y el desarrollo económico del medio rural”. Una vez más, más de lo
mismo.
De ello se deduce que la cuestión agraria está por resolver en su conjunto, y la
reforma agraria que libera a los jornaleros y campesinos, pequeños propietarios en el
ámbito de la lucha por una República constituyente necesaria para poder aplicarla,
pues la reforma agraria en el régimen del 78 presenta serias dificultades jurídicas de
aplicación (Véase lo ocurrido en Andalucía en los primeros tiempos de su autonomía).
Para los tribunales españoles el derecho de propiedad es prioritario a cualquier
consideración social, que exprese la aspiración soberana de los trabajadores y
pueblos de España. De ello depende la posibilidad de establecer la soberanía
alimentaria y la comercialización democrática y no especulativa de sus productos.
3.- La crisis del sistema capitalista
La crisis del sistema capitalista e imperialista internacional, la de un mundo sometido
al capital que nos ha llevado a la destrucción económica, a la regresión social y a la
guerra exige un programa socialista que integre la demanda de reforma agraria con la
necesaria alianza de los trabajadores del campo y la ciudad.
Sólo así será posible poner freno la crisis ecológica, económica, financiera y sanitaria
del planeta que ha mostrado su rostro más feroz en la pandemia del Covid19.
Los trabajadores agrícolas en su mayoría trabajan para grandes propietarios,
empresas y emporios financieros en muchos casos ligados a las grandes superficies
comerciales. Las Cooperativas de agricultores no pueden seguir bajo la bota de los
financieros y especuladores o bien sistemas de votación que en muchos casos
favorecen a quienes más hectáreas poseen. De la solución de los problemas del
campo depende en buena medida de la entrega de la tierra a los que la trabajan en
formas de colaboración que ellos mismos deben establecer.
La abolición de la propiedad privada de los grandes medios de producción y cambio,
que incluye- como no puede ser de otra manera la gran propiedad privada agrícola –
debe así mismo acabar con las formas parasitarias de aparcería ,anulando las deudas
hipotecarias y financieras que ahogan a los pequeños agricultores ,facilitando por el
contrario el acceso al crédito oficial.
El modelo socialista de nuestra época debe integrar la exigencia de Reforma Agraria,
allí donde esta no se ha producido o se haya revertido mediante contrarreformas y
privatizaciones, reforma que vaya a la raíz de los problemas, y entendida como el
conjunto de medidas tendentes a modificar la estructura de la propiedad de la tierra, y
las mismas formas sociales de producción.
El movimiento por el socialismo debe facilitar la incorporación de los trabajadores y
trabajadoras del campo para crear una sociedad basada en lo fundamental en la
propiedad social de productores asociados. Lo que supone la tendencia a eliminar la
división del trabajo intelectual y manual, y la misma división entre la ciudad y el
campo.
4.- Posición del Partido Socialista Libre Federación
4.1.-Reforma agraria hoy
Las izquierdas postmodernas y las renuncias de las socialdemocracias tornadas en
socio liberalismos han renunciado a los cambio sociales en base a una transversalidad
social, que les lleva a calificar como anticuadas reivindicaciones históricas del
Movimiento Obrero.
Para la CNT y la UGT en España la reforma agraria fue en el campo la principal
reivindicación especialmente en zonas de latifundio como Andalucía y Extremadura, si
bien, también en la Mancha y otros territorios castellanos.
Durante la II República se materializó una ley de Reforma Agraria que si bien recogía
una parte importante de las reivindicaciones de los movimientos sindicalistas
campesinos antes citados, todavía podía avanzar más.
Lo más importante de la citada ley, era que introducía nuevos conceptos y medios, no
solo para repartir, sino para mejorar y modernizar la agricultura y conceptos como la
concentración parcelaria y nuevos pueblos de colonización agraria fueron impulsados
por esa ley y posteriormente los falangistas durante el franquismo se apropiaron de
esas propuestas republicanas haciéndolas suyas, pero aplicándolas a su manera y
nunca con el concepto original de reparto real de la propiedad.
Hoy por tanto sería necesario que la reforma agraria para triunfar tuviera en cuenta las
nuevas circunstancias de la agricultura y se enfrentará de forma exitosa a la
agricultura industrial y artificial a la vez que estudiar cuales son las medidas a adoptar
al objeto de poder mantener un sector que no solo produzca alimentos de forma
natural, sino que sea capaz de satisfacer las necesidades de la población y crear
bienestar y suficiencia a las y los productores agrarios y ganaderos.
Por tanto es imprescindible ya acabar con la acaparación de tierras que se está
produciendo en todas partes por Fondos de Inversión internacionales y por parte de
industrias agroalimentarias transnacionales, pero sin olvidar que igualmente se están
acaparando tierras por parte de grandes propietarios agrarios tradicionales, debido al
abandono de la tierra y los precios especulativos que imponen las grandes superficies
o el nefasto reparto de subvenciones agrarias por parte de la Unión Europea, tendente
a facilitar la acaparación de tierras por sus efectos negativos al subvencionar las
hectáreas.
Hay que proceder al reparto de tierras y fijar unos topes máximos de las fincas
agrarias teniendo en cuenta factores como territorio y/o nacionalidad, usos y
costumbres, pero también tipo de cultivo de la zona y sus necesidades. Hacer estudios
de las necesidades de empleo y su temporalidad o no.
La comercialización es clave y a tal efecto la intervención pública imprescindible
fijando precios justos, rescatando y haciendo pública la red de mercados locales,
nacionales y estatales. Los mercados de abastos públicos son necesarios y mucho
más justos para con los ciudadanos y ciudadanas consumidoras.
Crear una Agencia Pública de comercialización y exportación sería de utilidad para la
coordinación de una gestión basada en la calidad, el respeto al medio ambiente y a la
responsabilidad social.
Buscar el abastecimiento directo a consumo humano y ganadero y a tal efecto apoyar
y potenciar las cooperativas de distribución directa campo-localidad.
Potenciar el papel de la mujeres rurales que juegan ya un papel destacado en la
producción agraria y dotadas en muchos casos de una conciencia innovadora. La
permanencia de la mujer en las zonas rurales es clave como impulso modernizador de
cambio. Por tanto la banca pública –siempre imprescindible- debe articular créditos
para mujeres dispuestas a permanecer en el campo.
El cooperativismo es muy importante en el sector agrario, si bien sus estructuras se
deben democratizar más todavía. Las cooperativas deben ir más allá de ser
asociaciones de productores y productoras y pasar a ser directamente productoras en
común y de forma colectiva de tierras repartidas y/o confiscadas a acaparadores,
terratenientes y multinacionales especulativas. También deben integrarse las
cooperativas existentes en todos y cada uno de los tramos que van de la semilla a la
mesa.
Todo esto en pos de lograr el objetivo de la soberanía alimentaria.
También de compartir y ser solidarios con territorios y regiones necesitadas del planeta
o bien con carencias por motivos climáticos de determinados productos necesarios de
los que una u otra región pueden ser deficitarios. A tal efecto producir una lucha directa
y clara contra la especulación a base de trigo, arroz, soja o maíz y su utilización como
elementos de control y especulación mundiales.
Crear y potenciar en las universidades públicas departamentos de agricultura que
investiguen la producción agraria y su mejora con carácter ecológico y respeto al
medio ambiente. Así como un estudio serio de insumos y abonos de carácter natural,
pero que a su vez eviten las plagas.
Crear un banco público de crédito agrícola.
Plan estatal para la recuperación de la agricultura y la dotación plena de servicios y
comunicaciones a las zonas, comarcas y pueblos agrarios. Igualmente este plan debe
llevar pareja la construcción de espacios y residencias temporales o fijas dignas y con
todos los servicios al objeto de alojar a aquellas personas que sean necesarias con el
motivo de recoger cosechas en momentos determinados.
4.2.- De la experiencia extremeña al cambio radical en el modelo agrario
Conviene recordar los muchos intentos y proyectos de transformaciones de las
estructuras de la propiedad y explotación agraria que se han realizado en este país,
desde las desamortizaciones del siglo XVIII, XIX, durante la Primera República y los
cambios más profundos que se plantearon en la Segunda República.
En lo que respecta a Extremadura, a pesar de los avances tecnológicos en la
agricultura aún persiste un atraso técnico y un desigual reparto de la tierra con enorme
influencia en nuestra postergación económica y social, y en buena lógica, ya en el
siglo XX, determinando la emigración de una buena parte de la población extremeña.
Esto lo podemos aplicar a otras zonas agrarias de producción intensiva como
Andalucía, la Mancha, parte de Castilla y León o importantes comarcas de Aragón.
Las movilizaciones campesinas que tienen lugar a partir de la década de los años
treinta del siglo pasado se dan por el incumplimiento de los proyectos reformistas
están a la orden del día. En ellas se reclaman los baldíos, los bienes de propios, las
usurpaciones de tierras por los aristócratas, las denuncias contra los nuevos
propietarios burgueses y otros aristócratas de siempre que en las subastas de tierras
se quedan con ellas a precios de saldo, en privatizaciones irregulares o se apropian
por la cara de los bienes comunales en muchos municipios.
Las luchas del proletariado agrario y de los yunteros continúan a lo largo del siglo XX creando un
poso que conformará de modo definitivo la explosión reivindicativa del 25 de marzo del
36.
Lo que sigue a las políticas que han tenido un cariz moderadamente progresista y que
no ponen ni mucho menos en duda el orden social establecido, es el clima de
revancha y castigo por los sectores más conservadores, tal como sucedió en la 1a
república, durante el gobierno de Salmerón, poniendo un antecedente a lo que
sucedería sesenta años después, la represión y asesinato de miles de personas en
1936.
Las huelgas campesinas de 1934 convocadas por la FTT de la UGT violentamente
reprimidas, son un precedente de la sublevación unánime de más de 80.000
campesinos extremeños que ocupan pacíficamente más de 250.000 Has de tierras, el
25 de Marzo de 1936. Con esta ocupación denuncian la lentitud en la aplicación de las
medidas de Reforma Agraria aprobadas por la 2a República.
la Ley de bases de la Reforma Agraria de la 2a República y la creación del IRA como
instrumento para su aplicación creó unas enormes expectativas en los jornaleros y
campesinos extremeños que pronto suscitó la alarma y la oposición frontal del bloque
de las derechas que más tarde adoptó la forma política de la CEDA.
Este movimiento de lucha campesina con la ocupación de tierras generó un miedo
extremo en los latifundistas, poderes fácticos e institucionales y supuso la venganza,
unos meses después, tras al golpe de estado contra la república, asesinando a más de
4.000 civiles en la plaza de toros de Badajoz.
En definitiva, hay un bloqueo sistemático a todo tipo de reformas que pretendan alterar
la propiedad y explotación de la tierra con el objetivo de impulsar un desarrollo de las
fuerzas productivas y mejorar las condiciones de bienestar de toda la población.
Desde entonces, hasta acá, los planes de desarrollo y las leyes agrarias franquistas no
frenan el abandono del campo y la concentración de la propiedad. Los cambios
moderadamente democráticos a partir de 1978, la entrada en Europa y la apertura
internacional de España producen una modernización de la agricultura y mejoran el
nivel de vida de ciertos sectores de agricultores, pero no acaban con el latifundismo
agrario responsable en buena medida de la situación de pobreza y precariedad
económica y social de nuestros pueblos.
Siguen en Extremadura las grandes extensiones de miles de hectáreas de tierras,
unas productivas y otras destinadas al ganado y a la caza, en manos de aristócratas,
reconvertidos en burgueses, con presencia en los consejos de administración de
grandes empresas, enriquecidos en el franquismo o con antecedentes medievales.
También, ha surgido una nueva burguesía agraria ligada al poder político regional que
gracias al apoyo institucional de fuertes subvenciones públicas ha accedido a la
propiedad de grandes extensiones de tierras y fabricas relacionadas con la producción
hortofrutícola característica de la tierra.
Junto a un número importante de jornaleros agrícolas, unos 60.000, hay un sector de
pequeños y medianos agricultores, ganaderos, que acusan los bajos precios agrícolas
y dependen excesivamente de las ayudas de la Política Agraria Comunitaria (PAC).
4.3.- La Reforma Agraria y el cambio social
Una reforma agraria implica la creación de una serie de instituciones y mecanismos
para la transformación de las bases económicas, políticas y sociales del mundo rural,
tendría una influencia decisiva en la vida de los trabajadores y trabajadoras de la
ciudad. La producción de alimentos suficientes y la soberanía alimentaria son factores
decisivos para el bienestar de las clases trabajadoras que viven las ciudades. La
reforma agraria implica la ligazón y la unidad del mundo rural con el urbano.
Todo esto resulta imposible sin la previa unidad de las clases trabajadoras, con la
acumulación de fuerzas progresistas interesadas en remover la inercia institucional y
las resistencias de los grandes propietarios, íntimamente ligados a la burguesía
nacional y muchos de ellos asentados fuera de la región extremeña.
La reforma agraria supone, en líneas generales, un amplio espectro de cuestiones
técnicas y legales necesarias para su puesta en marcha, pero lo más importante de
todo es la identificación política del proletariado agrario y de los campesinos,
pequeños y medianos agricultores, con un programa para la transformación de todas
las estructuras del mundo rural, desde el reparto y redistribución de la tierra, las
políticas para el asociacionismo de los productores agrícolas, la reforma de la PAC,
una Banca Pública y todo un conjunto de acciones que conduzcan al desarrollo
industrial de la producción agrícola, etc..
5.- La Soberanía Alimentaria
Cuentan que cuando le preguntaron a Confucio qué es lo primero que haría de ser el
soberano de todo el mundo, contestó: poner en orden el significado de las palabras.
Este axioma debería regir interpretación y análisis de las cuestiones más importantes
para la vida de las personas deben tener un enfoque y una definición que evite
interpretaciones de parte, como es el caso que hoy nos ocupa:
La Declaración de Nyéleni (Mali) estipula que: La soberanía alimentaria es el derecho
de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles,
producidos de forma sostenible, y a decidir su propio sistema alimentario productivo.
Si tomamos y hacemos propios estos principios la conclusión es que en España
nuestra situación, como la de muchos países integrados en la Organización del
Comercio Mundial, la Unión Europea y otras organizaciones globales es abiertamente
contraria. Ya no se trata de una confrontación entre países sino de los derechos de los
pueblos frente al poder de las corporaciones que dominan la producción y la
distribución a escala mundial.
Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la transformación va de la mano
de un cambio de sistema y de una política valiente que legisle en favor de los intereses
de la gente.
Estos cambios deben ir desde el origen de las semillas hasta la mesa del consumidor
porque esta es la trazabilidad que debemos establecer y reforzar con leyes,
comenzando por poner en orden la casa principalmente derogando privilegios y
complicidades.
En España, más de 600.000 dueños de campos cobran de la UE sin trabajarlos
frente a los 250.000 que sí lo hacen (*) .Propietarios de tierras y de zonas de pasto
que no explotan , pero cuya titularidad les permite V desde hace casi dos décadas
llevarse una parte importante de los alrededor de 4.000 millones de euros de la PAC
(Política Agraria Comunitaria) que la UE reparte en España a través de los llamados
“derechos históricos”.
La diferencia entre lo que se le paga a los agricultores y el precio en los lineales de
cualquier de las grandes superficies puede llegar, como en el caso de las patas y las
cebolla, a multiplicarse por ocho.
Los métodos de cultivo y tratamiento de tierras con derivados del petróleo y
transgénicos, la estrategia de las grandes corporaciones de obligar a la siembra por
países (como es el caso de la soja en Argentina y Brasil), las importaciones que no
cumplen con los parámetros de calidad, sanidad y las condiciones laborales de los
agricultores ejerciendo un dumping de libro y los alimentos elaborados que facilitan su
transporte internacional aumentando la contaminación por plásticos y la posición
dominante de las grandes empresas de de distribución globales no sólo tienen efectos
devastadores en materia económica.
La depauperación de la vida en el campo es un elemento que ha causado la
despoblación de las zonas rurales, ha cambiado los hábitos alimentarios y la
desaparición progresiva de productos autóctonos.
Existen ya muchas prácticas exitosas en materia de Soberanía Alimentaria,
especialmente en algunas naciones de América Latina, en los países nórdicos, por
ejemplo.
Pero ningún cambio será posible sin un cambio de paradigma, sin promover las ferias
y mercados de proximidad, sin una adecuada logística cooperativa y una justa y
equitativa distribución de los beneficios.
Esta es la apuesta del PSLF: una visión global para actuar en lo local, cambiar el
actual sistema para desplegar e implantar una verdadera soberanía alimentaria.
Y eso, le pese a quien le pese, se consigue haciendo política para el pueblo
y no a pesar del pueblo.
