¡En honor de Caballero, Prieto y de todos los republicanos! ¡Ilegalización del franquismo!

 

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid, a instancia del Grupo Municipal Vox, con el expreso apoyo del PP y Ciudadanos, está procediendo a retirar de las calles de la capital las placas colocadas desde hace años en honor de algunos de algunos de los más importantes dirigentes socialistas.  Amenaza también con la retirada de las estatuas dedicadas a estas figuras políticas e históricas; nos referimos a Francisco Largo Caballero y a Indalecio Prieto, con estatuas  instaladas en Nuevos Ministerios que han sido vandalizadas en los últimos días. No hay que olvidar que grupos franquistas se manifiestan, cortando el tráfico en el centro de Madrid ante la pasividad policial, y que Vox prepara la moción al gobierno acusándole de gobierno ilegítimo.

La ley que invocan los “trifachitas” para revisar la historia  no es otra que la de la Memoria Histórica de Zapatero, que en su artículo 15 faculta a las administraciones a “retirar escudos, insignias, placas y otros objetos o mociones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la  represión de la Dictadura”. Una redacción tan confusa y falta de criterio jurídico puede ser perfectamente manipulada por los “trifachitas”, tal y como está sucediendo reiteradamente desde su promulgación; y todo porque la ley no tiene por objeto sino mantener la legalidad “franquista”. Cuando la ley señala la retirada de motivos de la Guerra Civil, ¿a qué motivos de refiere? A todos. ¿A los motivos contrarrevolucionarios, de igual manera que los que defendieron la legalidad republicana, y también de igual manera que a los que tomaron medidas revolucionarias?

Si es así, el significado jurídico de la ley de Zapatero no es otro que el de tratar de mantener la impunidad de los crímenes del franquismo, sustituyendo con principios morales cuestiones de justicia. Y, en tanto que en la guerra existió de una parte un ejército de ocupación sublevado -apoyado por las grandes potencias nazis y fascistas-, y de otra, un pueblo en armas defendiéndose con los pocos medios de disponía y como podía de la agresión criminal concertada, con una legalidad republicana de fondo, nos encontramos con que las leyes de Memoria del PSOE reducen todo ello a un asunto de ilegitimidad de los golpistas y artífices de la guerra, pero con ello nos lleva a la nefasta  legalidad perpetua del franquismo.

El portavoz de Vox en el ayuntamiento de Madrid argumentó al presentar sus propuesta al Pleno, que Largo Caballero es una figura histórica “que no debe ser digna de honores por su sanguinaria trayectoria política y personal”, y que Indalecio Prieto facilitó “la deriva revolucionaria y radical en el PSOE”. El portavoz de Ciudadanos señaló -por su parte-  que la ley es igual “para criminales de uno u otro lado”, al tiempo que el del PP para respaldar la integridad de la propuesta, y ante las tímidas protestas de la oposición, vino a decirles: “No nos den lecciones de historia que para eso tenemos a los historiadores”.

Por ello, cabe destacar que cientos de historiadores, profesores de Historia Contemporánea en diversas universidades españolas y extranjeras, emitieron un juicio técnico de las alegaciones realizadas por el “trifachito” madrileño, que desmota todos sus argumentos, declarando que sus alegaciones no son sino un compendio de la propaganda franquista de la guerra y la dictadura, que carece de soporte documental. Afirman que están en condiciones de aportar las pruebas documentales necesarias de que ambos actuaron como dirigentes socialistas de la II República y de sus gobiernos legítimos y democráticos. Recordemos que tanto Caballero -después de pasar por un campo de concentración nazi- como Prieto murieron en el exilio republicano.

Esta situación hace al caso de la necesidad de una verdadera Ley de Víctimas y de la Memoria Democrática, que acabe con la impunidad del franquismo, tanto en la Ley de Amnistía como en la de la Memoria, como leyes de punto final. Y ello cuando se prepara una nueva Ley de Memoria, ahora llamada “democrática”, que vuelve a marear la perdiz y dejar a las víctimas sin derecho a interponer un juicio justo. En el texto del anteproyecto de la Ley de Memoria Democrática se apunta entre otras a la necesidad de acabar con el ducado de Franco que Felipe VI firmó en 2019, como también se establece la ilegalización de entidades, organizaciones o fundaciones que inciten “directa o indirectamente” al odio o violencia contra las víctimas de Guerra Civil y el franquismo. Dando a entender, de forma engañosa, que del franquismo solo queda su Fundación y algunos nombramientos de títulos de nobleza. Propósitos menores que esconden la necesidad de una medida jurídica de rango superior, que acabe de verdad con la impunidad y con el continuismo franquista, que no puede ser otra que la ilegalización de los privilegios franquistas de todo tipo. Es la única que puede  resolver el problema de los crímenes del franquismo, con la necesaria ilegalización del franquismo como régimen criminal. Ilegalización de sus leyes y sentencias, de su medidas de saqueo contra la población, de sus poderes extraordinarios… Hablamos, por tanto, de una ilegalidad del poder, que abarca tanto al régimen franquista como a su herencia política e institucional.

Todos los privilegios de los que siguen gozando los herederos de Franco en nuestros días, como concesiones de los dioses a los ungidos, no solo son contrarios a derecho sino la negación de las reivindicaciones y aspiraciones sociales y democráticas, que solo pueden tener satisfacción en el libre ejercicio de la soberanía.

Franquismo y democracia son incompatibles. De ello tenemos sobradas pruebas después de 42 años de falsa democracia para mantener leyes e instituciones contrarias a la democracia y la justicia, que fomentan la desigualdad y la corrupción sistémica. Por ello, demandamos la ruptura política e institucional de los partidos y sindicatos que se reclamen de la democracia y de los derechos de los trabajadores y los pueblos con el franquismo coronado. Para que impere la voluntad popular y con ella la Verdad, la Justicia y la Reparación para las víctimas del franquismo.

Los trabajadores y los pueblos tienen derecho a decidir sobre sus propios destinos y, por tanto, nadie les puede negar su determinación a establecer los principios políticos democráticos y sociales sobre los que desea gobernarse.

El honor y la dignidad de los luchadores de la II República deben ser defendidos frente a toda falsa acusación que, en este caso, no proviene sino de los herederos de los privilegios franquistas.

La Memoria Democrática debe servir para acabar con la injusticia y la discriminación legal de aquellos que fueron los más dañados en sus derechos.