POR LA RENTA BÁSICA DE EMERGENCIA.

 

Campamento Dignidad, reivindica la Renta Básica Universal como elemento indispensable para acabar con la pobreza en este país, y en concreto en Extremadura.

Mientras se pone en marcha esta Renta Básica Universal es necesario conceder de modo urgente una Renta Básica de Emergencia cuya cantidad siga los parámetros marcados por la Carta Social Europea, nada por debajo del umbral de la pobreza (738 euros/persona), y se contabilice y controle en la declaración de la renta (IRPF) con los ajustes fiscales necesarios a todas las personas que tengan derecho a ella.

El Ingreso Mínimo Vital que según el gobierno iba a acabar con la pobreza en España es un fracaso se mire desde donde se mire. En todo caso, está sirviendo como justificación para que se presione a los perceptores de la renta mínima de ciertas CCAA a que renuncien a esta y soliciten el Ingreso Mínimo Vital.

En este orden de cosas, desde Campamento Dignidad tenemos que denunciar cómo la Administración Regional justificándose en motivos que tienen su raíz y nacen a consecuencia de la misma pobreza les quita a muchas familias la Renta Garantizada de Inserción Extremeña, y de este modo se los arroja de manera definitiva a la más absoluta pobreza.

El 29 de mayo se publicó el Real Decreto-ley 20/2020 por el que se establece el Ingreso Mínimo Vital (IMV) que viene a reconocer un nuevo derecho subjetivo para las personas que cumplan unos requisitos determinados.

El IMV se ha modificado por dos nuevos reales decreto el 22 y el 28 de septiembre.

 El Ingreso Mínimo Vital (IMV) tiene una aportación de 462 euros mensuales para una persona, que se incrementará, según aumenta el número de personas que integran la unidad de convivencia, hasta un máximo de 1.015 euros (2 adultos y dos niños).

En la teoría gubernamental, el IMV tiene como objetivo prevenir el riesgo de pobreza, pero de hecho sólo lo podrán cobrar personas que demuestren que están en una situación económica de exclusión social o de la pobreza más severa. Así que no previene nada, sólo quiere aliviar a quienes están en el nivel más alto de la pobreza.

Hace unas semanas el ministro español José Luis Escrivá informó de que de las casi un millón de solicitudes realizadas sólo 90.800 solicitudes cuentan con luz verde la seguridad social. Es decir, del millón de peticiones que han llegado entre junio y septiembre, se han procesado hasta septiembre 320.000 solicitudes y, de ellas, se han aprobado 90.800 (un 28% del total de las revisadas). Se han denegado 86.152 (un 27%) y siguen pendiente de subsanación 141.995 (el 45%).

El ministro se justifica diciéndonos que la Seguridad Social está desbordada cosa que era de esperar. Este hecho, no cogía de sorpresa al Ministerio, conocían que esto iba a pasar. Sin embargo, el Gobierno español no puso los medios precisos para evitar este enorme problema burocrático que impide a muchas familias el acceso al Ingreso Mínimo Vital. No obstante, no se detuvo el gobierno en emitir mensajes publicitarios en los que se remarcaba una y otra vez de que “a nadie se les va a dejar atrás”.

Por eso, es imprescindible la contratación de personal para que la tramitación documental en la Seguridad Social sea más ágil y se resuelvan las solicitudes con mayor rapidez. Y esta dotación de personal es necesaria en todas las administraciones públicas si se quiere que los servicios públicos sean útiles a toda la población.

El presupuesto que se piensa destinar al IMV es una cantidad ridícula para luchar contra la pobreza. Es una cantidad que queda muy lejos de la que el PSOE proponía en su programa electoral de 6.000 millones de euros, y lo que manifestaba PODEMOS de unos 10.000 millones de euros. No está de más recordar que en las elecciones europeas de 2014, propuso una renta básica incondicional con la que se garantizaría el ‘derecho a una renta para todos y cada uno de los ciudadanos por el mero hecho de serlo y, como mínimo, del valor correspondiente al umbral de la pobreza con el fin de posibilitar un nivel de vida digno.

Algunos han intentado confundir el Ingreso Mínimo Vital (IMV) con la Renta Básica Universal. Como aclara Daniel Raventós: ”el IMV es una renta mínima dirigida a quienes sufren la pobreza severa, está orientada a una fracción social integrada por los muy pobres. El IMV es un subsidio, una ayuda social con muchas condiciones. La Renta Básica Universal es incondicional y se dirige a toda la ciudadanía, la recibe toda la población, pero no todos ganan. Con una financiación mediante reforma fiscal, el 20% más rico de la población la recibe, pero pierde. El otro 80% gana”.

Desde Campamento Dignidad exigimos:

1.     Que el gobierno proceda a una contratación suficiente de personal para que los servicios administrativos puedan tener un funcionamiento eficaz y rápido ante las necesidades de carácter burocrático que tienen las familias a la hora de disponer de los documentos de diferente índole.

2.     Que lo más rápido posible, urgentemente, se pague el Ingreso Mínimo Vital a miles de familias que se encuentran desesperadas sin ingresos de ningún tipo esperando que les llegue esta ayuda social para poder sobrevivir.

3.     Que el gobierno ponga en marcha una Renta Básica de Emergencia con cantidades que cumplan la Carta Social Europea, y permitan a las familias disponer de unos ingresos para una vida digna.

4.     Que la Junta de Extremadura deje de manejar los problemas que nacen y tienen su origen en la pobreza que padecen muchas familias extremeñas para utilizar aquellos como justificación a la hora de quitarles la renta de inserción extremeña (renta básica extremeña).