domingo, 4 de octubre de 2015

LA ORGANIZACIÓN EN DEFENSA DE LO PÚBLICO PRESENTÓ UNA MOCIÓN PARA UN PRONUNCIAMIENTO DEL PLENO MUNICIPAL SOLICITANDO MÁS FONDOS PÚBLICOS Y ELIMINANDO LAS MEDIAS JORNADAS.




Nuestro concejal Cristóbal Torres (OPPDP), defendió una moción en el pleno del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros que aludía a dos cuestiones muy importantes en la vida de nuestros pueblos. La primera, se refería a que los grupos municipales solicitaran más fondos públicos para combatir el desempleo, y la segunda, que no se realizaran contrataciones municipales a media jornada. La moción fue rechazada.

La Ley de Administración Local aprobada por el PP en la anterior legislatura desarmó a los Municipios de la poca capacidad que ya tenían para realizar planes de empleo con recursos propios. Hoy día los fondos públicos que llegan a los Municipios para combatir el desempleo proceden en su mayoría de la Junta de Extremadura, la Diputación Provincial y del Gobierno Central. Imaginamos que de estos fondos salen un número importante de las 70.000 peonadas que a bombo y platillo nos anuncia repetitivamente el gobierno local. Pero por mucho que se presuma y se insista, lo evidente es que con estos medios se protege a un porcentaje pequeño de la población desocupada.

Con nuestra propuesta, presentada en otros municipios, se pretende que los Alcaldes y Concejales reivindiquen ante las Administraciones Públicas más recursos que ataquen en profundidad el problema del paro y frenen la lenta decadencia económica y social de nuestros territorios. Con su actitud conformista y su paternalismo anticuado nos transmiten la idea de que las cosas están aceptablemente bien y nos tenemos que acomodar a lo que nos dan.

Otra cuestión prioritaria que debe ser abordada por la Administración Regional y los Municipios es la modificación del modelo de utilización de los fondos destinados a combatir el desempleo. Hay que darles una orientación productiva destinada a la creación de puestos de trabajo fijos. Creemos que es preciso un debate social serio sobre este asunto.

En cuanto a nuestro desacuerdo con las medias jornadas, el portavoz del equipo de gobierno la justificó diciendo que sólo se aplican en el Plan de Experiencia dirigido a los jóvenes, con la finalidad de que sean más los que trabajen y coticen a la Seguridad Social. El gobierno Local entiende que a la hora de distribuir lo que le llega, la juventud acepta el trabajo precario. Se aprueban las medias jornadas para los jóvenes y no se acepta reducir los sueldos en otros casos, como ya planteó nuestro concejal en el primer pleno, lo que hubiera permitido disponer de cantidades extras para un empleo adicional importante. Todo esto seguirá ocurriendo mientras la juventud no se movilice para exigir verdaderos planes de empleo y no se oponga a las medias jornadas, exigiendo empleos de calidad. Mientras tanto, la desesperación de la juventud crecerá, paralela al deseo de abandonar la localidad para encontrar un trabajo lejos de su tierra y de su familia.


En cuanto a lo razonado por el PP sobre la sustancia de esta moción, siguió a la perfección el carril marcado por los economistas neoliberales. Estos insisten en el chantaje de que la recuperación de la  economía se conseguirá con la reducción del gasto público y la protección social. Esta idea ha calado hondo en algunos representantes políticos que no quieren entender lo que la historia económica, una y otra vez, nos enseña, cuando no hay inversión privada debe ser el Estado el que acometa planes de actuación y de empleo público.  El PP en nuestra localidad, a través de su portavoz, ha expresado en repetidas ocasiones su rechazo y su fobia a todo lo que sean propuestas que tengan como finalidad el empleo público para  aumentar la cobertura a la falta de trabajo en nuestros pueblos.  No se puede esperar otra actitud a nivel local cuando estas ideas de rechazo al Empleo Público se han materializado en nuestra región, en los años de gobierno del PP, con la reducción de puestos de trabajo en la Educación, en la Sanidad, en la Dependencia, lo que ha provocado un deterioro importante de los servicios públicos.

En la medida de nuestras posibilidades, seguiremos insistiendo y manteniendo nuestra apuesta por Planes de Inversión y de Empleo Público, exigiendo el pronunciamiento de Alcaldes y Concejales, y colaborando con otros movimientos y organizaciones en la movilización social. No obstante, hay que precisar que después de las elecciones autonómicas ha cambiado la voluntad política de la Junta de Extremadura, hay muestras externas que lo revelan, la sociedad espera que procedan a recuperar y ampliar la calidad y la cobertura de los servicios públicos, y desarrollar los planes de empleo social prometidos. Todo ello puede suponer una ocasión para que miles de jóvenes que han finalizado sus estudios superiores, o tienen una amplia formación en actividades profesionales como médicos, profesores, conserjes, administrativos, oficios múltiples, encuentren un trabajo de calidad, y no tengan que salir de nuestros pueblos.

miércoles, 30 de septiembre de 2015

LA MOCIÓN SOBRE EL REBUSCO EN EL PLENO DEL AYTO DE VILLAFRANCA DE LOS BARROS



En el último pleno, la OPPDP presentó una moción para que el Ayuntamiento instara a la Junta de Extremadura  regularizar la práctica del Rebusco y  permitiera el mismo  hasta su regularización. 

Nuestro portavoz, Cristóbal Torres, manifestó que la Ley Agraria de Extremadura autoriza en las disposiciones finales decimocuarta y decimoquinta a la Junta de Extremadura a establecer unas normas que organicen la actividad en todos los frentes relativos a compradores, bodegueros, trazabilidad del producto, cuestiones fiscales, etc.. 

En las reuniones que hemos mantenido con la Delegación del Gobierno y con la Consejería de Agricultura le propusimos lo indicado anteriormente, propuestas que ya venimos haciendo desde el año pasado en algunos Ayuntamientos de la zona. En nuestra moción, hacemos hincapié en que los robos y daños en las propiedades hay que perseguirlos y denunciarlos con la ley en la mano, así como que se dicten las disposiciones legales precisas que tienen que ver con las diferentes facetas comerciales, fiscales o de otra índole que marcan esta actividad.

La Organización en Defensa de lo Público considera que estas normas deben ser negociadas entre las partes directamente implicadas en el asunto. Lo que queremos es que haya un acuerdo y una regulación precisa para evitar incertidumbres y litigios permanentes entre propietarios, compradores, rebusqueros,  Delegación del Gobierno, Consejería de Agricultura, etc.

Si el rebusco se ha mantenido en el tiempo es gracias a la influencia de las luchas  de las capas populares que siempre por necesidad han recurrido a él, y en buena medida han pagado un precio muy alto por ello, así lo pone de manifiesto la historia de los pueblos. Los poderes políticos en la mayoría de las ocasiones han actuado según las circunstancias del momento, en muchos casos, le han dado una respuesta que dependía de la presión social y en otros casos de los intereses electorales del momento.

Por lo tanto, este derecho consuetudinario no debe estar al albur de los bandos del Alcalde de cada localidad, pues conviene recordar que en el año 2010 el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) declaró nulo el bando del alcalde de Almendralejo, José María Ramírez, que autorizaba el rebusco al terminar la campaña.  En 2008, la Asociación de Agricultores, APAG,  interpuso un recurso contra ese bando, y según la sentencia  del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura la autorización del rebusco no podía depender de un bando, sino debía de ser una norma legalmente establecida. De aquí nuestra propuesta.

PROPUESTA DE LA OPPDP(ORGANIZACIÓN EN DEFENSA DE LO PÚBLICO): NO A LOS CORTES DE LUZ Y DE AGUA



 En el último Pleno celebrado en el Ayuntamiento de Villafranca de los Barros, desde la OPPDP proponíamos que se solicitara a la Junta de Extremadura la máxima celeridad en la aprobación del Decreto-Ley para garantizar los suministros básicos de luz y agua. Mientras tanto, formulábamos que fuera el Ayuntamiento quien garantizase estos mínimos de luz y de agua, elementos imprescindibles para una vida digna.

Como la inmensa mayoría de la gente conoce, Caritas y Cruz Roja reciben una financiación municipal,  que según hizo saber el portavoz del gobierno local, en conjunto, llega a los 25.000 euros. Las dos entidades caritativas destinan parte de esta financiación a pagar la luz y el agua a familias necesitadas. No se puede dudar lo más mínimo de la gran la labor social y humanitaria que realizan ambas Instituciones, y reconocer el esfuerzo espontáneo y gratuito de sus voluntariados.

No ponemos en duda que cuando la Administración Pública no alcanza a la actuación en ciertos espacios públicos sean las entidades privadas u ONGs quienes la sustituyan con su acción solidaria. Pero este no es el caso, aquí hay una Administración Pública Local que renuncia a su intervención directa. Las propuestas de la Organización en Defensa de lo Público pretendían que el  Ayuntamiento estableciera unos consumos mínimos garantizados para aquellas familias con dificultades económicas, hasta que el gobierno regional aprobase el Decreto-Ley de Mínimos Vitales, y así evitar que algunas personas tuvieran que ir a pedir a Caritas o la Cruz Roja que le paguen la luz y/o el agua.

Nuestra pretensión era que con la intervención pública se colocaran los derechos por encima de las acciones caritativas.  Consideramos que la  caridad debe dar paso a un derecho ciudadano, sobre todo cuando las Administraciones Públicas tienen facultad para cambiar el estado de las cosas. La aplicación efectiva de los derechos no sólo elimina las circunstancias que conducen a la caridad, sino que evita el sufrimiento y el sometimiento moral de las personas que se ven en una situación límite como es la de ir a pedir que le paguen la luz y el agua.

El grupo municipal socialista impuso su mayoría absoluta y rechazó la propuesta de Cristóbal Torres (OPPDP). Nuevamente, el portavoz del PSOE, para argumentar y justificar que las cosas deben seguir como están, recurrió a un inútil, extenso y feliz relato de la magnífica actividad desplegada por el gobierno municipal en el ámbito de los derechos sociales. Aquí, se hizo referencia a la tasa social del agua, utilizada con profusión en la campaña electoral, pero con una aplicación social que desconocemos; esperamos que en los próximos días se nos informe sobre la extensión ejecutoria de la misma; no obstante, mucho nos tememos que aún no se ha puesto en práctica o está en sus inicios.

 Por ahora, seguiremos insistiendo para que la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales apruebe y aplique cuanto antes el Decreto-Ley de Mínimos Vitales; sobre todo, para evitar los sufrimientos de muchas familias en situaciones económicas desesperadas y ciertos comportamientos sociales que encuentran un terreno abonado cuando las Administraciones Públicas se desentienden de ciertas actividades y dejan que las cosas funcionen con la Caridad.

NOTA: El portavoz del PP señaló que la ARDP justificó la subida del agua que realizó el Ayuntamiento. La ARDP realizó asambleas en la Casa de la Cultura para explicar y mostrar su oposición a la subida del agua . Así mismo, emitió un comunicado con fecha del 11-06-2013, haciendo énfasis en una serie de cuestiones, se oponía a la privatización y señalaba la oportunidad que se perdía para recuperar la gestión municipal de un servicio público como el agua. Además, pedía que se evitara la subida del precio del agua por su repercusión en las economías domésticas e industriales de la localidad, y proponía encontrar elementos de autofinanciación para compensar la escasez de recursos a que se estaban viendo abocados los Municipios a consecuencias de las políticas públicas que estaba aplicando el gobierno del PP.