En el último Pleno
celebrado en el Ayuntamiento de Villafranca de los Barros, desde la OPPDP proponíamos
que se solicitara a la Junta de Extremadura la máxima celeridad en la aprobación
del Decreto-Ley para garantizar los suministros básicos de luz y agua. Mientras
tanto, formulábamos que fuera el Ayuntamiento quien garantizase estos mínimos
de luz y de agua, elementos imprescindibles para una vida digna.
Como la inmensa mayoría de la gente conoce, Caritas y Cruz
Roja reciben una financiación municipal, que según hizo saber el portavoz del gobierno local,
en conjunto, llega a los 25.000 euros. Las dos entidades caritativas destinan parte
de esta financiación a pagar la luz y el agua a familias necesitadas. No se
puede dudar lo más mínimo de la gran la labor social y humanitaria que realizan
ambas Instituciones, y reconocer el esfuerzo espontáneo y gratuito de sus
voluntariados.
No ponemos en duda que cuando la Administración Pública no
alcanza a la actuación en ciertos espacios públicos sean las entidades privadas u ONGs quienes la sustituyan con su acción solidaria. Pero este no es el caso, aquí
hay una Administración Pública Local que renuncia a su intervención directa. Las
propuestas de la Organización en Defensa de lo Público pretendían que el Ayuntamiento estableciera unos consumos
mínimos garantizados para aquellas familias con dificultades económicas, hasta
que el gobierno regional aprobase el Decreto-Ley de Mínimos Vitales, y así evitar que algunas personas tuvieran que ir a pedir a Caritas o la Cruz Roja que le paguen la luz y/o el agua.
Nuestra pretensión era que con la intervención pública se colocaran
los derechos por encima de las acciones caritativas. Consideramos que la caridad debe dar paso a un derecho ciudadano,
sobre todo cuando las Administraciones Públicas tienen facultad para cambiar el
estado de las cosas. La aplicación efectiva de los derechos no sólo elimina las
circunstancias que conducen a la caridad, sino que evita el sufrimiento y el sometimiento
moral de las personas que se ven en una situación límite como es la de ir a
pedir que le paguen la luz y el agua.
El grupo municipal socialista impuso su mayoría absoluta y
rechazó la propuesta de Cristóbal Torres (OPPDP). Nuevamente, el portavoz del PSOE,
para argumentar y justificar que las cosas deben seguir como están, recurrió a
un inútil, extenso y feliz relato de la magnífica actividad desplegada por el
gobierno municipal en el ámbito de los derechos sociales. Aquí, se hizo
referencia a la tasa social del agua, utilizada con profusión en la campaña
electoral, pero con una aplicación social que desconocemos; esperamos que en
los próximos días se nos informe sobre la extensión ejecutoria de la misma; no
obstante, mucho nos tememos que aún no se ha puesto en práctica o está en sus
inicios.
Por ahora, seguiremos
insistiendo para que la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales apruebe y aplique
cuanto antes el Decreto-Ley de Mínimos Vitales; sobre todo, para evitar los
sufrimientos de muchas familias en situaciones económicas desesperadas y
ciertos comportamientos sociales que encuentran un terreno abonado cuando las
Administraciones Públicas se desentienden de ciertas actividades y dejan que
las cosas funcionen con la Caridad.
NOTA: El portavoz del PP señaló que la ARDP justificó la
subida del agua que realizó el Ayuntamiento. La ARDP realizó asambleas en la
Casa de la Cultura para explicar y mostrar su oposición a la subida del agua . Así mismo, emitió un comunicado con fecha del 11-06-2013, haciendo énfasis
en una serie de cuestiones, se oponía a la privatización y señalaba la
oportunidad que se perdía para recuperar la gestión municipal de un servicio
público como el agua. Además, pedía que se evitara la subida del precio del
agua por su repercusión en las economías domésticas e industriales de la
localidad, y proponía encontrar elementos de autofinanciación para compensar la
escasez de recursos a que se estaban viendo abocados los Municipios a
consecuencias de las políticas públicas que estaba aplicando el gobierno del
PP.
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