El Decreto-Ley de defensa de la función social de la vivienda ha
desatado una nueva campaña del PP-A llena de falsedades e insidias para
´compensar´ su falta de alternativas a las medidas de la Junta de
Andalucía que demuestran que hay otra forma de gestionar la crisis, sin
aplicar la tijera en los derechos sociales o meter la mano en el
bolsillo de los ciudadanos, y que pone en evidencia las políticas que la
derecha trata de presentar cada día como únicas o inevitables.
El
Partido Popular tiene en Andalucía un problema difícil de resolver. A
su incapacidad para lograr de los andaluces una mayoría suficiente para
aplicar en la región las políticas que con tanto ahínco perpetra desde
el Gobierno de la nación, se suma la carencia de argumentos y liderazgo
para contraponer alternativas a las medidas de la Junta de Andalucía en
tiempos de crisis. Por ello, donde las ideas no surgen, los populares
andaluces optan por tratar de confundir a la población con falsedades e
insidias.
Es la misma estrategia que la seguida a raíz del escándalo de los ERE
fraudulentos, que el PP presidido por Juan Ignacio Zoido busca
magnificar diariamente sembrando sospechas donde ni siquiera hay
indicios, o manipulando groseramente las cifras de las operaciones
realizadas irregularmente y puestas en conocimiento de la Justicia por
la propia Junta de Andalucía. Una realidad probada, por mucho que Zoido
repita en su procesión por las tertulias de la trinchera digital que la
Junta “se limitó a poner los hechos en conocimiento del fiscal”, algo
que para el presidente de los populares, juez de profesión y buen
conocedor del sistema judicial, debe ser insuficiente.
Ahora, el decreto en defensa de la función social de la vivienda ha
vuelto a coger con el pie cambiado al Partido Popular, sin que sus
representantes en Andalucía se vean capaces de argumentar contra una
medida que choca frontalmente con las políticas del Gobierno, más
preocupado por la solvencia de las entidades bancarias que por las miles
de familia que están perdiendo sus casas sin que el Ejecutivo de
Mariano Rajoy tenga un mínimo gesto de consideración con el mayor drama
social provocado por la crisis.
Así que, a falta de ideas, una vez más la derecha responde con una
campaña de desprestigio con la que poner en duda tanto la intención como
la ventajas de las medidas en materia de vivienda tomadas por la Junta,
que todos los movimientos sociales y principales partidos de la
oposición ya han exigido al Gobierno de Mariano Rajoy tenga en cuanta
como una alternativa a las que el PP está desarrollando y que no han
aportado aún una solución a las miles de personas que viven pendientes
de una demanda de desahucio.
Tres falsedades que circulan en el debate sobre el decreto andaluz
Lo primero que ha hecho el Partido Popular, como viene siendo habitual
cada vez que una medida pone en duda sus propias políticas, es tacharla
de “demagógica”. En el caso del decreto de vivienda de la Junta de
Andalucía, esta acusación pretende sustentarse con el falso argumento de
que el gobierno de la región dispone de entre 5.000 a 70.000 viviendas
vacías, todo depende de la vehemencia del portavoz de turno, llegando
incluso a asegurar que muchas de estas estarían en situación de derribo
por el abandono al que estarían sometidas.
Lo cierto es que en el parque público de vivienda no hay casas vacías.
Se trata de algo más de 81.000 inmuebles en el que residen alrededor de
350.000 personas a precios muy asequibles. Dicho parque público de
vivienda cumple ya plenamente su función social, incluso antes de
aprobarse el decreto que el Partido Popular busca denostar como sea. Las
viviendas que puedan quedar puntualmente desocupadas lo estarán como
consecuencia de la rotación natural del parque (fallecimientos,
mudanzas...) y son inmediatamente reasignadas a través de los registros
municipales de vivienda. Sin datos que tanto Zoido como el Partido
Popular de Andalucía conocen y que cualquier ciudadano puede comprobar
al tratarse información pública.
Como asegura la propia Junta de Andalucía, es imposible que haya un
stock de vivienda vacía en el parque público andaluz, como pregona el
PP, ya que, de hecho, hay una fortísima sobredemanda, dado el carácter
extremadamente asequible de estas viviendas, con alquileres en ocasiones
por debajo de los 50 euros, dándose casos en los que llega a ser más
caro el coste del IBI que la propia vivienda.
En cualquier caso, tachar de demagógica la medida de la Junta requiere
algo más que la manipulación grosera de los datos numéricos sobre el
parque de viviendas. Así que las huestes populares, a sabiendas de que
están mintiendo, difunden la idea de que mientras promociona su política
anti desahucios, la propia Junta de Andalucía estaría expulsando de sus
inmuebles a ciudadanos con problemas económicos.
La propia consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, anunció el 28
de junio del año pasado en el Parlamento la paralización de todos los
desahucios en el parque público de viviendas de la Junta de Andalucía,
en razón de la situación de emergencia social y económica. Se trata de
una medida inédita y adoptada con carácter extraordinario y excepcional,
cuyo objetivo es que nadie que no pueda pagar su vivienda por haber
perdido el empleo y carecer de recursos económicos pierda también su
casa.
Desde esa fecha no se ha producido ni un solo desahucio en el parque
público, y la Junta asegura que no se va a producir. Otra cosa es que
los expedientes de desahucio continúen y se publiquen en el BOJA, lo que
corresponde a la exigencia de dar cumplimiento a la Ley de
Procedimiento Administrativo. La Consejería está obligada a notificar a
los inquilinos de viviendas del parque público el incumplimiento de sus
obligaciones, porque lo contrario sería dejar el parque público sin
control ni vigilancia. No hacerlo, como bien sabe el PP, sería de
dejación de responsabilidades por parte del gobierno andaluz, y en
consecuencia, de un delito. Lo que ocurre ahora es que la Consejería,
una vez agotado el proceso administrativo, no judicializa el asunto, con
lo que en ningún caso se produce el lanzamiento o desahucio efectivo.
Y por si las dos anteriores no acaban de convencer al oyente ávido de
las alternativas de las que el Partido Popular carece, que no falte una
de descrédito personal.
http://www.diarioprogresista.es/el-pp-rebate-con-datos-falsos-e-insidias-el-decreto-en-27765.htm
Los voceros de la derecha andaluza andan como locos tratando de hacer
creer a quien quiera escucharlo, y a ser posible repetirlo, que Elena
Cortés, Consejera de Fomento de y Vivienda, era consejera o directiva de
Cajasur, que realizaba desahucios. Una idea con la que pretenden
configurar una imagen de política oportunista que hoy se arroga la
defensa de la vivienda social mientras ayer iba desalojando a las
familias deudoras de la caja desde la que ella misma estaría ordenando
los desahucios.
