jueves, 17 de febrero de 2022

REUNIÓN DE LA PAH CON REPRESENTANTTES DE LA VIVIENDA

 

En la reunión mantenida por la PAH (PLATAFORMA DE AFECTADOS POR LA HIPOTECA) con dirigentes gubernamentales de la vivienda se han planteado varias cuestiones referidas a la ley de vivienda y a la actual moratoria de desahucios que finaliza el 28 de febrero.

Una síntesis de los puntos tratados en dicha reunión, dados a conocer por la PAH, son los siguientes:

1.- La paralización de todos los desahucios de familias vulnerables, así como la obligación de ofrecer alquiler social en el caso de bancos y grandes propietarios y realojo por la administración en casos de pequeño propietario.

2.- La cesión obligatoria de vivienda vacía de bancos y fondos de inversión, pasar las viviendas de la SAREB y su gestión al parque público del Estado. Que ya no se venda la vivienda pública y el aumento inmediato de éstas en todas las comunidades autónomas.

3.- Medidas contra el sobreendeudamiento y Derecho subjetivo

En un punto tan sensible y nodular, la PAH pide la “Responsabilidad Limitada” para que cuando la garantía recaiga en la vivienda habitual, la responsabilidad quede limitada exclusivamente al bien hipotecado. Por lo tanto, se plantea la dación en pago para que con la entrega del bien hipotecado se pague la deuda.  Una exigencia fundamental, fue la inembargabilidad de la vivienda habitual.

4.- Se han solicitado (entre otras) medidas claras como la imposibilidad de desahuciar vivienda habitual cuando el deudor vulnerable esté incurso en procedimiento 2º oportunidad, la cancelación de la deuda vinculada a la vivienda habitual y la justicia gratuita, así como con la supresión real gastos notario y registrador.

5.- La PAH ha planteado la necesidad de que entre en vigencia real y efectiva el “Derecho subjetivo a la vivienda” para que de esta forma todas las personas puedan exigir el cumplimiento efectivo del derecho a la vivienda tanto ante los órganos administrativos como en los judiciales.

6.- Alquiler. Prohibir los precios abusivos y conseguir que el alquiler sea asequible y estable. Los ayuntamientos deben crear índices de referencia locales para los precios del alquiler, que tengan en cuenta la capacidad adquisitiva de su población en particular. Asimismo, han pedido el aumento de la duración de los contratos, sobre todo en víctimas de violencia de género, personas mayores de 65 años y colectivos vulnerables. Habilitar ayudas a las familias vulnerables en casos de que su casero sea un pequeño propietario y más seguridad en los contratos para garantizar la estabilidad tanto de inquilinas como pequeños propietarios.

7.- Suministros

La PAH ha planteado como un punto imprescindible la prohibición de los cortes de agua luz y gas a familias en situación de vulnerabilidad y establecer una tarifa social progresiva en función de los ingresos de la familia.

8.- La PAH estima que hay más de 90.000 familias que pueden perder su vivienda cuando decaiga la moratoria de algunos casos de desahucio. Por lo cual han instado con contundencia a que se prorrogue hasta que haya una ley que acabe con los desahucios y brinde soluciones a la población.  Han informado que desde el ministerio están estudiando la prórroga.

9.- La PAH termina su comunicado diciendo “Desde la PAH seguiremos presionando y exigiendo en el trámite Parlamentario que entren nuestras reivindicaciones, que llevamos defendiendo hace años. A la vez anunciamos movilizaciones en las próximas semanas para exigir la prórroga de la moratoria del insuficiente decreto del escudo social, para que se amplíe su contenido y su validez hasta la solución definitiva que deberá contenerse en la próxima la Ley”.

 

El holocausto. El negacionísmo de los crímenes del nazismo y del fascismo fundamentan la impunidad del Estado español

A finales del mes de enero se celebra el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto. La fecha del 27 de enero (de 1945) hace referencia a la liberación por el Ejército Rojo del campo de concentración de Auschwitz.

El holocausto (Shoá en hebreo) comprende todo un periodo político de la historia en el que el nazismo planifica, a partir de 1933, la persecución, detención y asesinato de millones de personas, comenzando por responsables políticos y sindicales de la izquierda, de judíos alemanes y de otras naciones de Europa. Represión que se extendió también a otras razas y pueblos, y a todo tipo de personas consideradas inferiores, como gitanos y apátridas, soviéticos, españoles considerados apátridas por acuerdo de Hitler y Franco, homosexuales, testigos de Jehová ...

La propaganda de los falangistas españoles, como pone de relieve la portada de la publicación “Águilas” de mayo de 1937 de Cádiz, publicita en portada y en grandes titulares alguno de sus objetivos fascistas y racistas, imitando en ello a los nazis: “Crearemos campos de concentración para vagos y maleantes políticos; para masones y judíos; para los enemigos de la Patria, el Pan y la Justicia. En territorio nacional no puede quedar ni un judío, ni un rojo...”.  

Cada aniversario del Holocausto es aprovechado por los descendientes de las víctimas para rendir homenaje a todos y exigir verdad, justicia y reparación. Y a ellas el gobierno español suele acudir con las banderas monárquicas, las mismas que portaban los asesinos de las víctimas en su día fatídico. Situación chocante que hace referencia a la responsabilidad del Estado, como una cuestión aún pendiente de resolver. De forma que la autoría y/o complicidad con los crímenes no ha sido juzgada y sancionada, tal es el caso del franquismo, cómplice y aliado del nazismo durante la guerra española y la Segunda Guerra Mundial. Cabe destacar, además, la impunidad de otros estados como ha sido el caso del Estado francés de Vichí, aliado de los nazis; o el hecho de que nadie ha exigido responsabilidades a las grandes empresas norteamericanas que prestaron ayuda a Hitler, como fue el caso destacado de la Ford, General Motors, IBM, Standard Oil y otras.

La propaganda nazi y fascista dio a conocer su “Solución final” al problema judío, con toda una serie escalonada de medidas criminales. Reiterando medidas de represión iniciadas siglos antes por los Papas y altas jerarquías de la religión católica, y de la Inquisición, contra el pueblo judío, y otros. La limpieza étnica y religiosa constituyó la base de la configuración de nuevos estados como el de los “Reyes Católicos”. Estado moderno construido sobre la expulsión masiva de judíos y moriscos, sobre el racismo, la limpieza étnica y el monopolio religioso. La represión llevada a cabo en diferentes momentos contra las juderías en toda Europa se recrudeció durante la Edad Media mediante todo tipo de operaciones militares y de saqueo de bienes por el hecho de hacerles culpables de la peste, del secuestro de niños o de la misma miseria social. Los jefes de la religión católica, y el Papado en particular, utilizaron el antijudaísmo en todas partes para presentar a los judíos como culpables de todo lo que se les antojaba. Haciéndoles pasar de “pueblo elegido por Dios a pueblo maldito”. Lo cierto es que el antijudaísmo ha sido durante siglos un recurso muy manido de los poderosos, a fin de desviar el descontento social de las capas populares.

El fascismo y el nazismo utilizaron la misma estratagema: La operación antijudía del nazismo se extiende, sobre todo, superando las fronteras alemanas con la invasión de Polonia de 1939, que supuso una matanza colectiva de población; invasión que fue ejecutada tras el pacto germano-soviético conocido como “Pacto Molotov-Ribbentrop”. Fue el inicio de las operaciones de la Segunda Guerra Mundial, que fueron multiplicándose con el establecimiento de grandes guetos raciales como el de Varsovia, y concentrando cientos de miles de personas en numerosos campos de concentración. En 1941 se lleva a cabo la mayor liquidación física de judíos de toda Europa, con el funcionamiento de campos de trabajo y muerte.

Cuando la derrota militar del nazismo se hacía evidente con el avance del Ejército Rojo, los dirigentes nazis organizaron las conocidas como “Marchas de la muerte”, que supusieron el traslado y asesinato masivo de detenidos de los campos de concentración.

La Iglesia católica colaboró abiertamente con el nazismo y el fascismo, y en particular, con la España de terror de Franco y sus herederos. En Alemania el Estado fomentó una Iglesia vinculada al Tercer Reich. El Vaticano se convirtió en instrumento religioso internacional, tanto del nazismo como del fascismo, de manera que al Papa Pío XII se le llamó el “Papa de Hitler”.

En el año 1933, el Vaticano y el III Reich, firmarían un concordato asegurando privilegios para la educación controlada por las instituciones de la religión católica, con todo tipo de prerrogativas y distinciones para la jerarquía eclesiástica alemana. La Iglesia alemana difundía la teoría de que el nazismo era la continuidad del Sacro Imperio Romano Germánico, capaz de hacer frente al marxismo y al judaísmo. Los verdugos más famosos, como es el caso del Doctor Mengele, se declaraban creyentes y católicos. Ese era también el caso de numerosos jerarcas.

 Relaciones entre la Iglesia, el nazismo y el fascismo que, en forma degenerada, llega hasta nuestros días en forma de Misas por Hitler, por Franco y por Mussolini, que se han celebrado en el mundo entero y en España aún se siguen celebrando. Expresión de que aún comparten un pasado histórico en buena medida oculto, y sobre el que no se ha hecho justicia en muchos casos. El Estado Vaticano no ha dado nunca cuenta de ese conflicto y sus responsabilidades ante la justicia, a diferencia de lo sucedido con algunos de los jerarcas nazis y fascistas en Alemania e Italia, que fueron juzgados y condenados por crímenes de “lesa humanidad”.

El franquismo, que quiso enraizarse en la herencia histórica, racista y antisemita de los Reyes Católicos, manejó una leyenda rosa, y exultante del pasado imperial: ¡“de Isabel y Fernando, el espíritu impera”! El franquismo y la Iglesia colaboraron y participaron en el holocausto nazi, después de haber ejecutado el holocausto de millones de víctimas del pueblo español.

El historiador Paúl Preston, autor de “El Holocausto Español”, da cuenta de dicho holocausto en el capítulo titulado “Sin perdón: juicios, ejecuciones, cárceles”, que comienza diciendo: “Franco había demostrado, tanto por la naturaleza de su lenta estrategia militar como por sus numerosas declaraciones en público y en privado, que estaba haciendo una inversión en terror. Así lo había puesto de manifiesto tanto con la naturaleza de su campaña bélica, como en las numerosas entrevistas públicas y privadas, en las que había expuesto ese propósito. Desde que a principios de abril de 1939 tuvo a España entera en sus manos, la guerra contra la República iba a prolongarse por otros medios; no en los frentes de batalla, sino en los tribunales militares, las cárceles, los campos de concentración, los batallones de trabajo, e incluso entre los exiliados. En un primer momento las principales tareas consistieron en la clasificación y el castigo de los que se habían concentrado en los puertos de Alicante y Valencia, la limpieza de las provincias que acababan de caer bajo el control de los rebeldes y la organización de cientos de miles de prisioneros en batallones de trabajo. A largo plazo para institucionalizar la victoria de Franco, el objetivo principal era perfeccionar la maquinaria del terror de Estado que iba a proteger y supervisar esa inversión original. Por esa razón, el estado de guerra declarado el 18 de julio de 1936 no se levantó hasta 1948”.

Desde 1945 se realiza un reordenamiento internacional sobre el dominio de los EEUU, en el marco de la colaboración política y pacífica pactado con la URSS y otras potencias, que dan lugar a los acuerdos de división y reparto del mundo entre las potencias vencedoras.

 Cuando se vislumbrada el fin de la Guerra Mundial y la derrota nazi y fascista, la diplomacia de la dictadura franquista, giró con la Iglesia de forma conjunta hacia el campo e intereses de los Aliados, pactando con los EEUU la sumisión de su régimen; situación que aún perdura. El negacionismo de los graves crímenes de lesa humanidad del fascismo y del nazismo se convirtió, con los pactos que siguieron a la segunda Guerra Mundial (de Yalta, Potsdam y Teherán) en política internacional de los vencedores, que fue hecha suya como razón del “Nuevo Estado” de Franco, que la Monarquía y sus colaboradores mantienen todavía a toda costa.

Frente al olvido e impunidad de los crímenes de guerra y lesa humanidad del nazismo, del fascismo y del franquismo, es necesario seguir reclamando Verdad, Justicia y Reparación para tantos millones de víctimas.

jueves, 3 de febrero de 2022

La “Desbandá” a la luz de la situación política española y del derecho internacional

 A primeros del mes de febrero de 1937, hace ahora 85 años, se llevó a cabo la masacre de población civil más grande de la guerra. Un crimen masivo, que como muchos otros permanece silenciado por las autoridades del Estado. Situación de impunidad de crímenes de guerra que el actual Gobierno pretende mantener con la prolongación de leyes franquistas, materializada en su propuesta de Ley de Memoria Democrática, que impide la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas.

Hablamos hoy de la “Desbandá”. Se conoce así, la huida masiva de población civil de Málaga ante la entrada de las tropas franquistas e italianas en la ciudad. Unas cien mil personas, la mayoría mujeres, niños y enfermos trataron de huir de la barbarie; y para ello intentaron recorrer a pie los 200 kilómetros que separan Málaga de Almería por la carretera de la costa. Durante varios días fueron acosados, bombardeados por el ejército franquista del General Queipo de Llano, por unidades del ejército italiano y de su marina, y por la aviación alemana. En los últimos años han comenzado a aparecer libros recogiendo testimonios espeluznantes de aquella matanza, y en particular el testimonio del brigadista y médico canadiense Norman Bethune, quien trabajó afanosamente para atender de primera mano, sobre el terreno, a las víctimas, ayudado con poco personal, y dotado con una ambulancia y algún material sanitario. Trágico episodio que nunca se quiso investigar oficialmente ni antes ni después de la muerte del dictador, y que supuso la muerte de unos diez mil civiles y muchos más heridos.

La “Desbandá” comenzó el 8 de febrero de 1937. Y después del bombardeo de las ciudades españolas asediadas por los ejércitos nazis y fascistas, fue el episodio más cruento que se conoce al que hay quien llama el “Gernika andaluz”, siendo de las primeras veces que en Europa se utilizó el terror militar contra la población civil desarmada. Acontecimiento que resulta de la combinación de diversos conflictos: de una parte, una guerra civil provocada por un golpe de Estado de generales africanistas al servicio de la monarquía española, la Iglesia y la gran burguesía y los terratenientes; de otra, una revolución social impulsada por las bases de sindicatos y partidos obreros contra la sublevación militar en las grandes ciudades, estableciendo comités de poder en fábricas y campos. Y ello, sin olvidar la dimensión internacional del conflicto, con la intervención directa de los poderosos ejércitos nazis y fascistas de la época.

Barcos de guerra de los fascistas sublevados, como fue el caso del Baleares, Canarias y Almirante Cervera, se ensañaron con la “Desbandá” bombardeando desde el mar a la columna de miles de civiles que buscaban refugio y tierra de paz, vulnerando el principio de protección de la población y bienes civiles. Algún nombre de estos barcos ha sido repuesto recientemente en el callejero de Madrid, al entender los tribunales que la Ley de Zapatero no sirve ni para cambiar la denominación de una calle.

¿Qué lectura e interpretación cabe hacer de la “Desbandá” y su contexto histórico, a la luz de la situación política española en la actualidad? Mientras que para el derecho internacional los crímenes contra la humanidad no prescriben, todos los gobiernos de la mal llamada democracia española han establecido muros de silencio e impunidad. El Gobierno de coalición de Sánchez no es una excepción a la regla. La doctrina de impunidad de Estado, consolidada por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, en base a la existencia de la Ley de Amnistía, es aprobada por la izquierda oficial, que la mantiene vigente. Como consecuencia de la continuidad de los consensos constituyentes del 78, establece que los crímenes cometidos durante la Guerra Civil, el franquismo y el periodo posterior no tienen cabida en la justicia de la “democracia monárquica española”.  Es una grosera manipulación de la naturaleza de los crímenes cometidos, decir que todos ellos están prescritos; y por si ello fuera poco, además quedaron anulados por la Ley de Amnistía de 1977, por la que se declaró la extinción de “todos los actos de intencionadamente política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al quince de diciembre de mil novecientos setenta y seis”.

Se trata de un dispositivo reaccionario de la razón de Estado y del llamado consenso constitucional, que se superpone a la razón política y jurídica democrática, al derecho internacional y al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que establecen que “los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional no deben quedar sin castigo”.

Crímenes similares a los de la guerra y revolución española se han seguido produciendo en el contexto internacional, sobre todo, por los ejércitos imperialistas. Una demanda interpuesta en el Tribunal Penal Internacional por seis organizaciones de derechos humanos, acusa a gobiernos y empresas -como es el caso del gobierno español y empresas de armamento aquí localizadas- de venta ilegal de armas a Arabia Saudí, provocando nuevos crímenes contra la humanidad, como sucede en la guerra del Yemen. Se acusa al gobierno y a empresas españolas de la venta a Arabia Saudí de más de mil millones de euros en armamento: aviones de guerra, explosivos, munición, bombas y artillería. Acerca de esta situación, Pedro Sánchez, no vaciló en manifestar: “Si me piden donde tengo que estar hoy y aquí es en la defensa de los intereses de España y el trabajo de sectores estratégicos”.

En consecuencia, una visión de conjunto del derecho internacional humanitario nos lleva a entender en todo tiempo la prohibición jurídica del uso de la fuerza armada contra la población civil, donde se combina el derecho de la Haya, relativo a los conflictos armados, y el derecho de Ginebra, que comprende la protección de las víctimas de las guerras, aunque ambos defienden los mismos principios.

Principios, que en este caso, el de la masacre de la “Desbandá”, nos lleva a considerar la ilegalidad de la intervención de Alemania e Italia en los crímenes cometidos, por conculcar el principio de prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Crímenes que, por tanto, deben ser juzgados y reparados, así como los cometidos por el Ejército de ocupación español, que resultó vencedor en la contienda ilegal e ilegítima que provocó, sin haberse juzgado ni reparado sus crímenes.

En el año 2016 la Asociación Málaga Republicana presentó al respecto una reclamación ante el consulado alemán, dirigida al gobierno de Bon, y ante el consulado italiano en Málaga, a fin de que reconozcan su participación en los hechos, se juzgue e indemnice a las víctimas y sus familiares. Nadie contestó a la misiva.

¿No debería cualquier gobierno que se reclame de la democracia y de la justicia, y del respeto al derecho internacional, establecer las medidas necesarias para que acontecimientos como los de la “Desbandà” sean investigados, juzgados y reparados?

El Pacto de la Sociedad de Naciones de 1919 disponía al respecto: “Los Estados se comprometen a respetar y a mantener contra toda agresión exterior la integridad internacional y la independencia política”. Los Estados alemán e italiano, así como el Estado español, llevan tantos años de espaldas a la realidad de sus actos de agresión a la República española y a la mayoría de la población, sobre la base de una guerra nunca declarada, y por ellos provocada. Ninguna consideración, cualquiera que sea su índole, puede servir de justificación a una agresión militar. Y por ello, “la guerra de agresión es un crimen contra la paz internacional” que origina responsabilidad internacional.

  Todos ellos están ante la responsabilidad (política y jurídica) de dar respuesta democrática a los crímenes masivos de la “Desbandá” y otros muchos... Responsabilidad que recae en este momento, de manera singular, sobre el Gobierno de Sánchez y de todos sus componentes políticos.

  

domingo, 23 de enero de 2022

LOS CANTOS DE SIRENA DEL GOBIERNO REGIONAL EXTREMEÑO: TURISMO Y VIVIENDA

 


El proceso de adaptación que lleva a cabo el modo de producción capitalista para superar la crisis y entrar en una nueva fase expansiva tiene sus repercusiones en el espacio de explotación que es Extremadura. La modernización digital, la automatización, y el capitalismo verde que se quiere impulsar con los fondos europeos va a pasar de largo de colectivos que en un futuro inmediato van a tener que soportar un incremento de la violencia económica después de haber escuchado tantas promesas de progreso y desarrollo económico y social.

El futuro económico que nos prometen con los NGEU no está tan claro como nos quieren hacer ver. Según el último informe de OXFAM que toma como referencia los estudios de instituciones como el Banco Mundial, el FMI o el Credit Suisse, no superaremos los incrementos de la pobreza ni mejoraremos nuestros niveles de vida anteriores a la pandemia ni siquiera en 2030.

A pesar de todo, los fondos europeos (NGEU) están generando un desenfreno de ilusiones en nuestros políticos que no falta un día en el que nos detallen imaginarias “plataformas de lanzamiento hacia el progreso y el desarrollo de nuestra comunidad.

En esta idea se ha insistido en FITUR. En la feria internacional de turismo ha sido enorme el despliegue y afán de los gobiernos locales y del regional por ofrecer un marco de potencialidades turísticas: ambientales, culturales, gastronómicas, históricas, etc. Casi al mismo tiempo, la consejera de la vivienda no ha perdido el tiempo y ha informado de todo lo positivo que se avecina en el sector urbanístico y de la construcción, especialmente en ciertas facetas relativas a la adquisición y construcción de viviendas, las ayudas para la mejora de la eficiencia energética de los edificios y su rehabilitación, así como los presupuestos para las ayudas de alquiler.

No obstante, pese a este amplio marco de optimismo y de tantas potenciales expectativas, no podemos olvidar la realidad de una situación económica y social que presenta a miles de extremeñas y extremeñas con unos déficits exagerados en su bienestar. Los datos sobre los porcentajes de nuestra población en la exclusión social y en los límites de la pobreza indican un empobrecimiento generalizado a raíz de la pandemia.

Así, nos encontramos con un número importante de personas con enormes dificultades para acceder a una vivienda o a otros derechos sociales, con quienes perciben bajas pensiones no contributivas, ocho o nueve mil personas que reciben el ingreso mínimo vital o ayudas sociales con cantidades imposibles para vivir con dignidad, miles de obreros y obreras en la precarización laboral con contratos temporales o en la economía sumergida, el crecimiento de la explotación salarial a becarios y alumnos en formación y prácticas.

Los poderes políticos no pueden olvidarse de la realidad que subyace debajo de ese edificio que tiene mucho de ficticio e irreal que se levanta en eventos como FITUR o se construye en las informaciones de la CONSEJERIA DE MOVILIDAD, TRANSPORTE Y VIVIENDA.

Sin embargo, las señales que nos envían nuestros dirigentes no nos hacen ser optimistas respecto a que se vayan a tomar medidas políticas que resuelvan muchos de los problemas que tienen estos amplios sectores sociales de la comunidad extremeña. Lo único que nos queda es la movilización y organización como el único camino que nos hace ser optimistas y pensar que la lucha de clases también puede marcar la agenda y lograr conquistas importantes.

 

lunes, 17 de enero de 2022

EL FRACASO DEL INGRESO MÍNIMO VITAL Y LA CRIMINALIZACIÓN DE LA POBREZA

 

El Estado como forma política del capital dispone de todos los recursos posibles económicos, militares, judiciales, propagandísticos al servicio de la burguesía. 

La estrategia política-militar del capital se centra en crear las condiciones más propicias para la obtención de los máximos beneficios, para la acumulación de capital. Para esto necesita mantener un mínimo de estabilidad social y apaciguar a las clases subalternas más castigadas por la crisis para que el proceso de explotación asalariada se desarrolle sin muchos conflictos.

Un caso flagrante de esta estrategia es el IMV. Una especie de renta mínima que hace meses puso en marcha el Ministerio de la Seguridad Social. Lo calificaron y presentaron como “medidas sociales” que acabarían con la pobreza.

La propaganda superó todos los límites entusiasmando a los sectores reformistas y socialdemócratas que en sus ensueños sin fronteras retrocedieron a las ideas propias del socialismo utópico que con reformas en el interior del capitalismo era posible acabar con la pobreza y la precariedad vital. 

Las políticas socialdemócratas que abandonan la socialización de los medios de producción y la construcción de un Estado socialista al servicio de las clases trabajadoras no han conseguido nunca mejorar las bondades del capitalismo ya que encuentran las barreras objetivas e inconciliables de una sociedad dividida en clases.

Un ejemplo del fracaso de las políticas reformistas es el Ingreso Mínimo Vital. En muchas ocasiones nos hemos referido a él, poniendo de manifiesto que viene a ser una renta mínima más que mantiene las estructuras sociales de la pobreza.

No obstante, queremos señalar algunos detalles más que con el tiempo van saliendo a la luz y muestran como el Estado a través de sus ministerios y administraciones pública persiste de muchas formas posibles en el castigo y en la violencia contra los sectores sociales económicamente más débiles.

Algunas personas perceptoras del IMV están recibiendo escritos en los que se les informa de que se les reducen las cantidades a cobrar mensualmente en proporciones importantes, sin justificaciones entendibles. En otros casos, reciben escritos de que cobrarán una cantidad determinada y los ingresos que perciben son diferentes en cantidades muy inferiores.

Los compañeros y compañeras de RMI de Madrid nos informan que las reducciones en las cantidades percibidas durante el año 2021 se deben a que en la declaración de la renta que debe hacerse según las modificaciones de la nueva normativa de la Ley que regula el Ingreso Mínimo Vital el INSS está teniendo en cuenta lo que se ha cobrado por las rentas mínimas autonómicas durante el año 2020 y aplicando los descuentos correspondientes según lo cobrado por las personas o familias.

Así señalan que “Tras contrastar decenas de casos similares, llegamos a  la conclusión de que ha ocurrido lo siguiente:

  • El INSS ha dejado que transcurra casi un año completo para llevar a cabo la revisión de la cuantía de IMV 2021 en base a los ingresos computables obtenidos durante 2020 (RDL 20/2020, artículo 13.3), pese a que dispone de los datos fiscales de 2020 desde el 15 de marzo de 2021.
  • En muchos casos el INSS, además de tarde, lo ha hecho MAL, porque ha descontado los ingresos 2020 por renta mínima autonómica, cuando esas rentas no son computables a efectos de IMV, esto es, no pueden restarse de su cuantía (RDL 20/2020 art. 8.2 y 18.1e.1º).

Es cierto que en esas situaciones suele haber un error en la declaración de IRPF 2020: se ha incluido en ella lo cobrado por rentas mínima autonómicas pese a ser rentas exentas de IRPF, y aparece en la casilla 0003 como retribuciones dinerarias por rentas del trabajo, e incluso aparece a veces como Ganancia Patrimonial entre las "rentas del ahorro". Esas declaraciones habitualmente han sido hechas por la propia Agencia Tributaria (AEAT) vía telefónica ("Te llamamos") o presencial, o por terceras personas de forma lucrativa, y las familias empobrecidas no son expertas fiscales capaces de detectar tales errores. Pero lo importante es que, se atribuya a quien se atribuya el error en el IRPF, el mandato que el RDL 20/2020 (art. 19.7) daba al INSS en 2021 y en su art. 19.7 no era "copiar" las casillas 0003 u otras, que aportan información insuficiente y no distinguen los orígenes de los ingresos, sino que el INSS obtenga datos fidedignos recabando de la AEAT la información necesaria sobre datos fiscales e imputaciones.

 

Otro hecho que está ocurriendo: “los perceptores comunican con la antelación suficiente al INSS que están trabajando para que durante ese período no les paguen el IMV”. No obstante, el INSS continúa ingresando la ayuda para unos días después solicitar urgentemente su devolución con amenazas de embargos y cobro de intereses.

La criminalización de la pobreza no sólo se reduce al caso anterior, también se justifica en la propaganda de que los pobres son irresponsables, y gastan lo que no tienen que gastar. En concreto, nos referimos a que la lentitud en la tramitación del IMV lleva a que la persona perceptora reciba la ayuda correspondiente unos meses después de haberla solicitado. Lo más probable que durante algunos meses de esa tardanza haya estado cobrando la renta garantizada extremeña por lo que la Dirección General de Servicios Social le solicitará la devolución de esos meses en los que coinciden ambos ingresos. Ejemplo: si se les paga en septiembre y la solicitó en febrero, los ingresos totales atrasados que recibirá son los que corresponden a los meses que van desde febrero hasta septiembre; además, suponemos que finalizó el cobro de la renta garantizada extremeña a primeros de junio. Hay tres o cuatro meses en los que esa persona o familia no tuvo ingresos, no cobra absolutamente nada y mientras tanto tiene que vivir. La dificultad en la devolución de lo cobrado conduce a una criminalización social y posiblemente a un castigo económico a esa persona por parte de los gobiernos de esas administraciones públicas, que son los verdaderos responsables de esta situación, no sólo por el atraso en la tramitación correspondiente de esta ayuda social sino por permitir que las familias vivan en la más absoluta precariedad incapaz de generar las condiciones económicas y sociales para que puedan vivir dignamente.

A pesar de las declaraciones del gobierno es suficientemente conocido que el IMV es un verdadero fracaso por toda una serie de factores que van desde los requisitos, su burocracia, ocultismo, falta de transparencia, cantidades ridículas, etc.

En contradicción con la euforia mostrada por algunos miembros del gobierno y políticos próximos a él que mantenían “que con el IMV nadie tendrá dificultades para tener la nevera llena y disponer de una alimentación saludable y adecuada”, los últimos datos publicados por el mismo Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones manifiestan que tres de cuatro solicitudes del Ingreso Mínimo Vital, el 75%, han sido denegadas y sólo llega al 8 % de la población que vive bajo el umbral de la pobreza.

Son los últimos datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que registran casi 100.000 solicitudes pendientes de resolver y una cuantía media de la prestación por beneficiario de 172 euros mensuales y de 436 por hogar.

Actualmente se ha concedido el IMV a 800.000 personas, cerca de la tercera parte de los beneficiarios previstos por el Gobierno, que era 2.300.000 personas”.

 

En Extremadura, las declaraciones realizadas por la directora general de servicios sociales que “calcula que el IMV llega a unas 9.000 personas complementadas con unas 5.678 que cumplen los requisitos para acceder a la Renta Garantizada Extremeña”.

 

La referencia para el cálculo suele ser el IPREM que en el año 2022 será de unos 579 euros, siendo el IMV para una persona el 80 % aproximadamente de aquél, unos 470 euros. No obstante, como hemos señalado anteriormente la aplicación de requisitos por el INSS conduce a que lo que realmente se perciba sean cantidades ridículas que en la mayoría de los casos no llegan a esa cantidad. De este modo es imposible mejorar la vida de la gente.

 

Según el informe "El Estado de la Pobreza. Seguimiento del indicador de pobreza y exclusión social en España 2008–2020", elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES). En Extremadura, unas 411.000 personas estaban en riesgo de la pobreza o exclusión social en el año 2020. Mientras que unas 124.000 personas estaban en pobreza severa.

Según los últimos datos disponibles de la Encuesta de Condiciones de Vida (julio 2021), el umbral de riesgo de pobreza para los hogares de una persona se sitúa en unos 9.600 euros anuales, mientras que el umbral de renta para considerar que un hogar está en pobreza severa es de 6.417,3 € por unidad de consumo al año, unos 535 euros; es decir, cada persona debe sobrevivir con menos de 281 € mensuales para el caso de una familia con dos adultos.

Por encima de todos los datos, la realidad es la imposibilidad de que una persona, y en muchos casos una familia pueda vivir con 500 euros al mes de los que tendrá que pagar alquiler, luz y una larga lista de gastos ineludibles.

 

sábado, 15 de enero de 2022

El Estado salva a la banca y deja de lado a los sectores sociales que necesitan urgentemente viviendas

 El Estado como forma política del capital cumple a la perfección con sus funciones a la vez que muestra una imagen de neutralidad y servicio al conjunto de la población; pero no nos engañemos es una herramienta al servicio de los grandes propietarios de los medios de producción; esta afirmación realizada allá por el siglo XIX para describir cual era el sentido y el cometido del poder estatal resulta hoy absolutamente evidente, tal y como se refleja con plena claridad en el caso de las viviendas.

El Estado Español destina en los presupuestos generales unos 30.000 millones de euros para hacer frente a los intereses de la deuda contraída en buena medida para salvar a los bancos y grandes inmobiliarias, dinero que sale en una proporción muy importante de las rentas del trabajo que anualmente pagan los trabajadores y trabajadoras.

El Estado es un instrumento que no defrauda en absoluto los negocios e intereses de los poderosos, dueños de la riqueza y el patrimonio de este país. A estos especuladores se les permite entre otras cosas que mantengan cientos y cientos de viviendas paralizadas y esperando que vengan mejores tiempos para sus oportunidades de negocios; mientras tanto, hay cientos de personas que una y otra vez rellenan documentos y piden desesperadamente una vivienda en la Consejería de Fomento.

Las entidades bancarias y organismos públicos, no dudamos que en un futuro próximo y probablemente las están recibiendo ya de los fondos de recuperación europeos,  contarán a granel con subvenciones millonarias importantes para recuperar los cientos de pisos deteriorados que poseen a causa del estado de abandono en el que se encuentran; subvenciones millonarias con las que se realizarán las obras pertinentes para ponerlas a punto y acudir al mercado con plenas garantías de que serán vendidos a buen precio una vez que el horizonte del beneficio se vislumbre con claridad

Las administraciones públicas han hecho caso omiso a las denuncias concretas que se han realizado sobre los bloques de pisos que se encuentran en esta situación y que por el estado de abandono generan en sus entornos interiores zonas en donde crece la hierba sin control ocasionando que en los espacios públicos cercanos aparezcan insectos, roedores y otros animales que pululan con plena libertad causando problemas al vecindario.

Lo que está claro es que visto el caso que hacen a estas necesidades sociales los políticos que dirigen el Estado, la Junta y los parlamentarios de la Asamblea de Extremadura, la única forma de cambiar este estado de cosas es con la resistencia y la organización popular. Por eso, el día 18 de enero, martes, a las 11 de la mañana acudiremos a la Plaza del Rastro, Mérida, para denunciar el estado de insolidaridad social e injusticia que se comete en esta comunidad dejando de lado las necesidades básicas de sectores de la población.

La vivienda es una necesidad que el gobierno regional y estatal deben asumir con toda seriedad más allá de medidas insuficientes como las ayudas de alquiler que son inalcanzables y no llegan a los sectores sociales más desfavorecidos de la población. En esta situación se encuentran cientos de personas que viven con pensiones no contributivas, personas que por las limitaciones de sus estados físicos o sociales no pueden acceder al mercado de trabajo y reciben ayudas públicas mínimas, trabajadores y trabajadoras con una precariedad salarial importante o que se encuentran en el más absoluto desamparo.

El capitalismo opera como una totalidad que se extiende más allá de la explotación asalariada. Cualquier aspecto que consideremos al formar parte de un todo, repercute en la vida del ser humano, limitando ampliamente las posibilidades de su felicidad.

La falta de una vivienda digna es un instrumento de violencia que machaca la integración social de las personas y afecta muy ampliamente al conjunto de las relaciones afectivo-sentimentales, con sus seres queridos y los de su entorno.

Sin una vivienda digna no sólo se carece de un techo para tener un mínimo bienestar personal o familiar, además son múltiples las casuísticas que se pueden dar que condicionan de modo muy negativo la vida de las personas.

Algunos de los ejemplos que en estos días se nos han mostrado con más fuerzas cuando se carece de una vivienda, son aquellos en los que la separación o divorcio reducen las posibilidades de encuentros o contactos familiares a los que las autoridades administrativas ponen serias dificultades, o bien anulan judicialmente la compartición periódica , o retiran la custodia de los menores, la imposibilidad de acceder a un empadronamiento para recabar una ayuda social que a duras penas te permita sobrevivir y/o hacer frente a otras obligaciones.

En definitiva, es urgente que el Estado Español a través del correspondiente Ministerio y la Consejería de la Vivienda de la Junta de Extremadura intervengan para que al menos los cientos de pisos que hay vacíos y en proceso de descomposición y derrumbe en manos de las entidades financieras y organismos públicos (Ministerio Interior) se pongan en alquiler social para las personas que lo necesiten, hablamos de algunas de ellas: los Álamos en Mérida con más de 230 pisos, las 90 del Ministerio del Interior en el Barrio de Suerte de Saavedra en Badajoz, pisos sin repartir en Talayuela, Cáceres, 31 viviendas a medio construir en Villafranca de los Barros.

 

lunes, 27 de diciembre de 2021

BREVES NOTAS SOBRE LA REFORMA DE LA REFORMA LABORAL DE 2012

 

A pesar de la propaganda que están realizando los medios de comunicación ligados al gobierno del PSOE y de Unidas Podemos sobre el acuerdo alcanzado en la reforma laboral, la realidad es que los puntos de este acuerdo ofrecen muchas dudas de que esta reforma mejore las relaciones labores para los trabajadores y trabajadoras tal y como nos están vendiendo.

Muy probablemente, en poco tiempo, a pesar de la grandilocuencia de Yolanda Díaz y sus palmeros, quedará meridianamente claro que este acuerdo deja intacto, sino a peor, la reforma laboral del PP, y es una cesión en toda regla a las presiones de la Patronal y de la Unión Europea.

Los objetivos de la Reforma Laboral de 2012 realizada por el PP pretendían incrementar el poder de la clase empresarial y la división de la clase obrera para explotarla más fácilmente y con más intensidad. Así, Rajoy en su decreto modificaba las condiciones y requisitos para facilitar y disminuir el coste de los despidos, rebajar los salarios y limitar el alcance de los convenios colectivos.

En síntesis, lo acordado en estos días viene a ser una copia de los acuerdos de la Unión Europea con el gobierno para recapitalizar con fondos públicos a los bancos y a las grandes empresas. Se entiende entonces que la Sra. Calviño vaya a ocupar puestos importantes en el FMI, en concreto la presidencia del Comité Económico y Financiero

En relación a algunos puntos de la reforma acordada en estos días, tenemos que señalar:

1.- Los expedientes de regulación de empleo y de suspensión temporal de la relación laboral, la facultad de aprobarlos o rechazarlos que tenía antes la Administración Laboral permanecerá trasladada a la dirección de las empresas, privatizándola en perjuicio de la clase obrera.

2.- El acuerdo no modifica nada de las drásticas reducciones de las indemnizaciones por despido fijadas en la reforma de 2012, y continúan suprimidos los salarios de tramitación en caso de despido improcedente.  

3.- Por mucho que se diga que con esta reforma  se reduce la temporalidad y se potencia el contrato indefinido, la realidad es que con las ridículas indemnizaciones de los despidos improcedentes, y además manteniendo la opción entre readmisión y extinción del contrato a favor de la empresa en los despidos contrarios a derecho, en la práctica los contratos indefinidos serán temporales, y sobre todo teniendo en cuenta que no hay intervención de la administración laboral ya que todo queda en manos del empresario.

4.- No se cambian los artículos 41 y 82 del Estatuto de los Trabajadores, que permiten a los empresarios modificar unilateralmente las condiciones de trabajo o dejar de aplicar un convenio colectivo vigente. Es decir, queda inalterada la ampliación de las causas económicas que permiten los despidos en los supuestos de descenso de beneficios o con la simple previsión de que las empresas puedan tener pérdidas.

 

5.- Se sigue permitiendo que en los contratos a tiempo parcial se puedan hacer las horas extras, a pesar del desempleo existente. Hasta la fecha ha sido frecuente que en ciertos sectores laborales un importante número de empresarios, sobre todo de la hostelería, de la agricultura, de los servicios de limpieza y de otros sectores, hayan obtenido ganancias desorbitadas firmando contratos de 20 horas y obligando después a sus asalariados a realizar las jornadas que les de la real gana, disfrazadas como “horas extras” completamente legales.

6.- El período de prueba a los trabajadores por un año se sigue manteniendo; durante este período de tiempo los patronos pueden despedir al trabajador sin indemnización.

7.- Las ETT seguirán actuando como agencias de colocación, equiparándolas a las oficinas públicas de empleo.

8.- Desaparece el contrato por obra y servicio y en su lugar aparece el “contrato temporal estructural”, que seguirá utilizándose según el libre criterio del empresario. No obstante, la duración máxima de este contrato se reduce de tres a un año, pero hay que recordar que los contratos temporales no se han reducido en absoluto cuando el límite era de tres años, por lo que nadie asegura que los empresarios se buscarán las triquiñuelas para continuar con los contratos temporales.

9.- El contrato fijo-discontinuo se mantiene como tal, teniendo en cuenta que las facilidades y abaratamiento del despido establecidos en la reforma de 2012 dan pie a que los empresarios puedan establecer los períodos de trabajo y el orden de llamada a la reincorporación de los trabajadores y trabajadoras.

10.- No se pone límite a la precarización vinculada a la subcontratación, puesto que cuando la empresa subcontratista tenga convenio prevalecerá este último, lo que quiere decir que estas empresas intentarán firmar convenios mínimos, a la baja, rápidamente.

11.- El restablecimiento de la ultraactividad de los convenios y de la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa, será sólo en materia salarial. Algunos sindicatos señalan que los empresarios han aceptado esta concesión con la confianza en que CCOO y UGT firmarán o han firmado ya convenios sectoriales a la baja, igual de malos que los de empresa.

12.- En la reforma de la reforma se crea un nuevo artículo 48 bis, para que en ciertos momentos complicados el Consejo de ministros pueda activar lo que se llama el MECANISMO RED DE FLEXIBILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DEL EMPLEO que no es otra cosa que una transferencia de dinero público a manos privadas, puesto que facilita a todas las empresas que ajusten sus jornadas de trabajo con exenciones en las cotizaciones a la Seguridad Social de hasta un 90 % y con salarios pagados por el SEPE. Nuevos ERTES.

En definitiva, la reforma de la reforma laboral de 2012 si se mantiene en pie, viene a ser una tomadura de pelo que no tiene nada que ver con las demandas de la clase trabajadora, ni con las exigencias de los sindicatos que no están atados al carro del gobierno por más que se intente presentar como un avance en los derechos y en las condiciones laborales de los trabajadores y  las  trabajadoras.

Lo que se deduce de todo esto es la necesidad de construir una FUERZA POLIÍTICA y SOCIAL que sea capaz de organizar la derrota de los deseos de enriquecimiento de la burguesía que encuentra su apoyo en partidos que instalados en el gobierno y en el parlamentarismo hueco y de teatro se olvidan de sus promesas electorales.

 

 

 

 

jueves, 16 de diciembre de 2021

El carácter religioso del Pacto Social. La política “transversal” de la ministra Yolanda Díaz

 


Venía el “Papa” de visitar Chipre y la isla de Lesbos. Allí se hacinan decenas de miles de refugiados de la guerra de Siria, de Afganistán, de Libia... La Europa de los muros y las alambradas, de los campos de refugiados, convertidos en campos de concentración, se han multiplicado con las guerras de los señores que organizan el saqueo en Oriente Medio y África. El Mediterráneo se ha convertido en la mayor fosa común del mundo, extremo éste que el Papa jesuita no podía dejar pasar en su visita, señalando: ¡No dejemos que Mare Nostrum se convierta en un desolador mare mortuum! Millones de migrantes y refugiados corren la misma suerte en Turquía, Grecia, Italia, España…, frente a las puertas cerradas de la Europa de los capitales.

 Conocemos una campaña de exaltación personal de la ministra de Trabajo de Sánchez, Yolanda Díaz. El dedo de Pablo Iglesias ya la señaló. Los medios insisten en que la ministra hace milagros con los pactos sociales, por ello encabezará un movimiento electoral de la izquierda, un “frente amplio”, que supere a Unidas Podemos (a la izquierda del PSOE). Díaz, se ha encargado de matizar su naturaleza: “Yo no quiero estar a la izquierda del PSOE, le regalo al PSOE esa esquinita, eso es algo muy pequeño y muy marginal. Yo creo que las políticas que despliego son transversales”. Políticas transversales, es decir, las que  benefician a todas las clases, y no solo a los explotados y oprimidos. Esa “esquinita” que Yolanda no quiere ocupar, que abarca el 90% de la población.

El encuentro de Yolanda Díaz y el Papa, promovido por el gobierno progresista, quizá tenga que ver con esas políticas trasversales; políticas que cruzan la mayoría de los asuntos y, en particular, el Pacto Social como asunto religioso (el carácter religioso del Pacto Social que decía Hobbes). La Segunda República, único modelo democrático y constituyente de nuestra historia, encontró el equilibrio de la separación de Iglesia y Estado, con la disolución sólo de la orden de los jesuitas y la prohibición de la enseñanza a las congregaciones religiosas. La dictadura, y ahora la Monarquía   reparte privilegios a la Iglesia Vaticana con los Concordatos, de forma que la financian, la ayudan a que se quede con numerosos bienes públicos y, además, la exoneran de impuestos. Se hace de la Iglesia y de sus numerosas posesiones un verdadero paraíso fiscal y especulativo dentro de la sociedad. Misas franquistas se siguen celebrando -a los 43 años de la muerte de Franco- con la complicidad de la curia vaticana.

A la Iglesia los distintos gobiernos no solo no le han exigido responsabilidad alguna por sus actuaciones en la guerra y la dictadura, sino que se la ha colmado de parabienes. Con situaciones tan grotescas -históricamente hablando- como que el Valle de los Caídos sigue en pie y regentado por una orden religiosa cuyos gastos paga el Estado; que la enseñanza -como en la Edad Media- está colonizada por la Iglesia y sus órdenes religiosas, sin que la Escuela Pública se haya podido liberar de la religión en sus aulas; y que los obispos pueden inmatricular bienes públicos con la más absoluta complicidad del Estado. ¿Alguien da más?

¿El liderazgo que reclama la señora Díaz puede tener que ver también con ese tipo de relación entre la Iglesia Vaticana y el Estado Español? Si es así, el transversalismo que pregona a los cuatro vientos tiene una denominación más clara, y supone el mantenimiento de los privilegios del nacional-catolicismo establecidos.

Alguna de las tantas y tantas secretarias del PP de Madrid, ha venido a calificar el encuentro en el Vaticano del Papa y la ministra de “cumbre comunista”, chirigota de un PP cruzado por la corrupción de arriba abajo, que trata de ocultar el verdadero contenido político. La reunión en Roma entre la vicepresidenta Yolanda Díaz y el Papa, ha servido -según los comunicados oficiales de prensa del gobierno español- “para hablar de los retos comunes de la humanidad”, como la crisis sanitaria y social del COVID19, la importancia del trabajo decente, la precariedad y desigualdad social creciente, la crisis climática o las amenazas contra la democracia y los derechos humanos. Todo un programa en sus enunciados. ¿Acaso no sabe la vicepresidenta que el Vaticano fue de los pocos Estados en el mundo que en 1948 votó ya contra la declaración de los Derechos Humanos?

La visita a Roma vino a coincidir en el tiempo con el nombramiento como embajadora ante el Vaticano de la exministra de Educación, Celaá (que mantuvo la religión en la escuela y que, además, es “católica practicante”). ¿Qué más desea el Vaticano? No hacen falta más explicaciones, nos enteramos de que los retos políticos y sociales del Vaticano coinciden con los del gobierno Sánchez. ¡Acabáramos!  

Todo hace pensar que las próximas elecciones serán las de Andalucía. Y ante esta cita electoral, el “yolandismo” no lo tiene nada claro. Mientras en Córdoba los portavoces de Podemos y de IU hablan ya de la creación de un “frente amplio” y “transversal”, desde la dirección de Podemos en Madrid la empujan a cerrar pronto sus alianzas con otros partidos. Coaliciones, que se reclaman de la izquierda, como “Adelante Andalucía”, “Más Andalucía” y otras más conocidas, totalizarían cinco listas electorales, sin conocerse aún los programas que defenderían ante el retroceso económico y social. Un acuerdo de unidad entre las candidaturas de izquierdas en Andalucía sería un buen acuerdo electoral si se sustenta sobre bases políticas, sociales y democráticas. El “yolandismo” quiere ir más allá, “más allá de la esquinita” ..., y promueve un acuerdo transversal, como ella dice, que debería contar, entonces, con alguna de las fuerzas que ahora componen el “trifachito” andaluz. Algo así como lo que proponía Sánchez al principio de su mandato, que no era otra cosa que un acuerdo de gobierno con Ciudadanos, y que fracasó estrepitosamente, cuando sus mismas bases le gritaron aquello de “¡Con Rivera, no! ¡Con Rivera, no!”.

El adelanto de las elecciones en Andalucía, y posiblemente también en Castilla y León, constituye una argucia del PP, que se establece sobre el terreno de los fracasos del gobierno, tal y como ya sucedió con la victoria de PP y Vox en la Comunidad de Madrid. Una gran burbuja especulativa, la de la política económica del Gobierno y su Deuda, infla una inmensa burbuja política transversal, que no es otra que la promoción oficial desde la Moncloa de la ministra de Trabajo, vicepresidenta del Gobierno, y de sus planes de Pacto Social permanente contra las reivindicaciones de los trabajadores y sus organizaciones: lo sucedido en la huelga general de los trabajadores del metal de Cádiz.

El caso andaluz no es el único que merece reflexión. En cada territorio hay que trabajar por la más amplia unidad de los partidos que aspiran al gobierno de la mayoría social, en representación de los trabajadores y los pueblos. La Constitución de la Segunda República quedó marcada por esa aspiración que nunca llegó a materializarse: “una República democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de libertad y de justicia”.  Esa sigue siendo, en esencia, la bandera de todas las reivindicaciones y concentra la aspiración de cambio político y social de la mayoría en todos los territorios. ¡República o repúblicas para todos!