COMUNICADO DEL PSLF

EL REY EMERITO HA HUÍDO DE ESPAÑA 

Sólo la movilización popular, articulando y fortaleciendo la unidad del Movimiento Republicano evitará que se enmascare lo sucedido. 

Ha llegado la hora de un referendum Monarquía o República y una nueva Constituyente para que el Pueblo se exprese libremente y sin injerencias ajenas a su voluntad. 

Juan Carlos de Borbón, el rey emérito, ha huido para no enfrentarse a las posibles consecuencias por el cobro de comisiones ilegales que están siendo investigadas por la justicia suiza. 

Se ha ido sin dar explicaciones ni a los ciudadanos, ni a la Hacienda pública ni a la Justicia pero no como un acto impulsivo, sino siguiendo una estrategia que comenzó con su abdicación como primer dique de contención a un escándalo mayúsculo que ya no podría ser ocultado por las instituciones y poderes fácticos del régimen del 76. 

 La negativa de los principales dirigentes del PSOE a que las Cortes tomen en consideración la grave situación política arrastrada por los presuntos delitos políticos y económicos, continuados en el tiempo, que se le imputan al Rey emérito, impidió que se tomaran las decisiones que democráticamente corresponden por los representantes elegidos por los pueblos de España. 

Hoy, tras su huida, sólo la movilización popular, articulando y fortaleciendo la unidad del movimiento republicano evitará que se enmascare lo sucedido planteando las demandas democráticas que corresponda llevar adelante ante los diputados y senadores electos de las Cortes Generales, con resoluciones en los parlamentos nacionales y en los mismos ayuntamientos.

 Ya se ha presentado ante la sala de lo penal del Tribunal Supremo español, y, llevado ante el Consejo Federal Suizo un informe político jurídico, la petición de bloqueo de fondos del emérito, alegando que hay “indicios suficientes para iniciar una investigación por corrupción”. Señalando que “es necesario terminar con la impunidad y el juego sucio con el que actúa la monarquía española y la anomalía que supone para cualquier democracia moderna”.

La querella criminal como acusación popular se ha presentado por los posibles delitos de negociación prohibida a funcionarios, cohecho pasivo, tráfico de influencias, fraude a la Hacienda Pública y blanqueo de capitales. 

El ahora querellado, que fue nombrado Rey de España por sucesión del dictador Franco a tenor de la Ley de Sucesión de 1947 y de la designación en 1969 como príncipe de España, jurando lealtad como Rey a las leyes fundamentales del Reino y a los principios del Movimiento Nacional en 1975,se mantuvo en la cúpula del poder hasta el año 2014, fecha en la que abdicó en favor de su hijo varón mediante un movimiento palaciego en el que participaron los máximos dirigentes tanto del PSOE como del PP, siendo por ello la situación legal hoy de Juan Carlos la de Rey emérito. 

 Se le denuncia por el aumento de su patrimonio personal, con supuestos negocios privados altamente lucrativos, aprovechando para ello la superioridad y singularidad que le confería su condición de jefe de Estado. Han sido numerosas las operaciones fraudulentas de intermediación realizadas por el querellado con las monarquías sanguinarias de los petrodólares del Golfo Pérsico, ocultando en todos los casos descritos los capitales obtenidos, utilizando diferentes paraísos fiscales, sin haber declarado de su existencia a la administración española, ni a ninguna otra.

 El mismo hijo del querellado ha reconocido explícitamente el pasado 15 de marzo ante Notario la existencia de fondos ilícitos en el patrimonio de su padre, manifestando su voluntad de renunciar a la herencia por no estar en consonancia con la legalidad, retirándole por ello la asignación fijada en los presupuestos del Estado. 

La impunidad política y jurídica, que afecta en particular en el caso de España a las más altas autoridades del Estado, puede comenzar a romperse, después de más de cuarenta años de impunidad pactada por el consenso izquierda-derecha, y ello con las iniciativas que se puedan establecer a partir de la combinación de las acciones políticas y judiciales, por la soberanía popular de los pueblos contra la corrupción de Estado. 

El referéndum contra la corrupción monárquica, para que sean los pueblos los que decidan sobre su futuro, se constituye en exigencia democrática clave de las próximas acciones generales a llevar adelante. La movilización republicana debe poner a los trabajadores y pueblos de España, a la juventud, a la altura de sus compromisos históricos en la lucha contra la corrupción y para acabar con el clientelismo y el consiguiente despotismo político

LLAMADA A LA MOVILIZACIÓN Y A LA PARTICIPACIÓN POR LA REPÚBLICA. MANIFESTACIÓN 15 DE AGOSTO EN MÉRIDA

En la medida que se avanza en el conocimiento de los avatares relacionados con la huida del Borbón queda claro que toda la movida no es otra cosa que un acto preparado por el Rey, su heredero, y el gobierno de coalición, con la especial intervención de Pedro Sánchez y el PSOE que tratan de controlar la situación de crisis del régimen monárquico.

Con esta acción controlada y prevista se pretende dar estabilidad a la Monarquía dadas las críticas que encuentran entre amplios sectores de la población española los negocios del Rey Emérito que según parece pueden tocar al heredero, “el preparao”.

Los poderes políticos y mediáticos están desencadenando una campaña propagandística para salvar a Felipe VI, y darnos a entender que el problema es de su padre. A todas luces no pueden evitar que el sistema está corrompido hasta sus tuétanos con una Monarquía que conforma y coadyuva a toda la estructura de los aparatos del estado.

Sin embargo, la tarea que tienen aquellos para controlar y diluir en la medida de lo posible la difícil situación actual de la monarquía y la huida del emérito sin méritos es bastante complicada, si tenemos en cuenta que desde finales de agosto comienza un carrusel con frecuentes citas judiciales y políticas de los actores principales de esta trágico-comedia hispana.

Durante los años de la dictadura franquista ha habido un enriquecimiento y una acumulación de dinero que se ha prolongado impunemente en estos años de pseudodemocracia borbónica. El cobro de los diezmos y mordidas han ido a parar a los bolsillos de políticos, empresarios y monarcas, dando lugar a un Estado en donde la corrupción campa a sus anchas.

El reverso de esta opulenta y obscena realidad, es la tremenda injusticia de que haya presos políticos y artistas perseguidos y condenados a años de cárcel por denunciar todas aquellas tropelías que en los diferentes órdenes de la vida han cometido los Borbones y que ahora salen a la luz pública.

Mientras tanto, pocas voces se oyen que exijan una intervención judicial rápida, que denuncien y exijan la investigación de las propiedades, la evasión de impuestos y los dineros obtenidos en los cobros de comisiones y mordidas por las actuaciones que de intermediario comercial realizaba Juan Carlos I, que de modo evidente reclama la justicia suiza y ponen de manifiesto las declaraciones de su amante Corina.

En estos momentos lo que cabe es una llamada general a todas las clases trabajadoras y sectores populares a la participación y a la movilización contra la monarquía y por la ruptura de todas las estructuras del régimen monárquico que nos gobierna.

No hay más solución para derrotar a los desmanes del capitalismo que luchar por una serie de medidas que son imprescindibles para avanzar hacia una sociedad más justa:

1.-Constitución de una Banca Pública con la expropiación de la Banca Privada.

2.-Negativa a pagar la deuda pública, y ruptura con la Unión Europea.

3.-Nacionalización de las grandes empresas de producción y distribución para ponerlas al servicio de quienes crean la riqueza de este país: las clases trabajadoras, trabajadores autónomos y pequeños empresarios.

Desde Extremadura hemos convocado una manifestación para el día 15 de Agosto, en Mérida, a las 11 de la mañana, con el fin de reivindicar la República y denunciar los comportamientos borbónicos que ahora al igual que durante muchos años en nada han beneficiado a la sociedad española.

Comisión de Enlace del

Encuentro Estatal por la República

Ante la huida de Juan Carlos de Borbón para intentar eludir sus responsabilidades políticas y judiciales la situación de la monarquía española es insostenible.

 

El Borbón  se va con toda la fortuna acumulada por años de corrupciones y privilegios. Se va sin asumir sus responsabilidades ante el pueblo. Se va porque va a intentar evitar la acción de la justicia, la devolución de lo robado y el pago de impuestos. Se va de acuerdo con su hijo Felipe de Borbón, corresponsable de muchos años de conocimiento y de disfrutar de los desmanes de su padre y de ocultar sus corrupciones.

 

Y se va acorralado también por la acción de la justicia suiza. Lo que  sabemos  es fundamentalmente por la prensa extranjera. Aquí ha tenido el  silencio y la ayuda de banqueros, grandes empresarios, gobiernos, jueces y medios de comunicación.

 

Y es que el problema no son los reyes, el problema es la monarquía. Una institución antidemocrática, machista y arcaica, basada en privilegios medievales de sangre, por los que la Jefatura del Estado se hereda dentro de una familia. A lo que se añade en el caso del Estado español el haber sido designada por un dictador fascista y con una Constitución con un  artículo que proclama su inviolabilidad.

 

Desde el espacio unitario de organizaciones republicanas 'Encuentro Estatal por la República' no aceptamos esta operación para intentar perpetuar la monarquía. Exigimos que Juan Carlos de Borbón rinda cuentas ante la justicia, si la justicia es igual para todos. Exigimos también que devuelva todo el dinero robado por comisiones ilegales y la verdad sobre todo sus chanchullos y corrupciones. Y, por último, que se vayan para siempre los Borbones de nuestro país, que nos liberemos de una vez de la monarquía corrupta española. Para ello es fundamental la unidad y la movilización, la ciudadanía exigiendo en las calles Justicia y República.

 

El Encuentro Estatal por la República hace un llamamiento general a participar, cumpliendo las necesarias medidas sanitarias de protección, en las acciones y movilizaciones unitarias que se están convocando  en los diferentes territorios del Estado para exigir justicia para el Borbón, y que devuelva lo robado, para acabar de una vez con la monarquía antidemocrática y corrupta y para proclamar la República y poder construir un nuevo país al servicio de la mayoría social trabajadora y el pueblo.

 

¡Viva la República!

 

         4 de agosto de 2020

COMUNICADO DEL PSLF 4 de Agosto de 2020

“Ante la fuga del rey emérito y las complicidades del estado, exigimos referéndum sobre monarquía o república”

El trato de “Rey emérito” fue establecido por el gobierno en 2014, como un simple honor protocolario sin que las Cortes aprobaran ese nombramiento, y que buscaba-sobre todo- protegerle en sus muchísimos desmanes de todo tipo ante el Tribunal Supremo, trato, por tanto, revocable en cualquier momento: bastaría para ello un real decreto del Gobierno de Pedro Sánchez que lo anulase. Por lo que se ve el gobierno no quiere dar ese pequeño paso democrático, y prefiere presionar a Felipe de Borbón para que resuelva la crisis a su manera, es decir en familia.

Pero quien resulta afectada por los dineros acumulados ilegalmente por el emérito es nuestra sociedad, y en particular los sectores obreros y populares sometidos a la austeridad y la miseria, mientras la Casa Real ha sido sino la beneficiaria de las riquezas acumuladas. ¿Que los que se han beneficiado de la rapiña durante decenas de años sean los únicos que decidan sobre el asunto no es puro despotismo? 

Con la huida del emérito a la República Dominicana, autentica cueva de huidos delincuenciales y paraíso fiscal y judicial, se corroboran todas las sospechas acerca de la herencia económica, poniendo en claro que no es más que una maniobra de su heredero para ganar tiempo, pero el tiempo político corre inexorablemente, y no precisamente a favor de la institución reestablecida por Franco contra los trabajadores y pueblos.

En España se han producido a partir de la crisis de 2008 un millón de desahucios de familias trabajadoras que no pudieron hacer frente a las hipotecas o a los alquileres, pero ahora el gobierno que echo al PP por corrupto, se resiste a ejecutar el único desahucio democrático que podría realizar, el de un exjefe de Estado perseguido internacionalmente por gravísimos casos de corrupción política y económica, y al que tampoco quiere da orden de intervención de sus numerosas cuentas corrientes en paraísos fiscales. La Audiencia Nacional ha llegado a la convicción después de 13 años de investigación de que la familia Pujol constituye “una organización criminal” por la trama del 3% para el partido y los gobiernos nacionalistas catalanes, denunciada inicialmente por quien fue presidente de la Generalidad Pascual Maragall (“Ustedes tienen un problema, y este problema se llama 3%”). Un problema parecido tiene por una parte los que han recibido comisiones de los grandes empresarios que han contribuido de forma ilegal para llenar la caja de caudales de la monarquía. ¿Ha investigado seriamente la Audiencia Nacional la situación al respecto de la Casa Real? ¿Y la Fiscalía del Tribunal Supremo no aprecia delito alguno? Según se dice, esperan a finales de agosto para decidir.

En los próximos días el Gobierno y la Jefatura del Estado pretenden en medio de agosto tomar una decisión consensuada, de espaladas al pueblo, respecto a la ruptura con la corrupción del emérito. Decisión que sin duda no será la última palabra sobre el caso, en tanto que la justicia de otros países y las mismas Cortes generales pretenden tomar decisiones políticas y judiciales inmediatas, y ello frente a la complicidad revestida de parálisis. Es la hora de ajustar cuentas con el régimen corrupto y antidemocrático que pretende seguir secuestrando la voluntad popular.

Ante esto, la única salida es un seria investigación judicial, de las Cortes Generales y una devolución de todo lo obtenido, así como la inmediata celebración de un Referéndum sobre la forma de estado y el llamamiento a Cortes Cosnstituyentes.

 

ESPACIO INDEPENDIENTE: ¡Derogación de las leyes de Amnistía y de Memoria!

CARTA ABIERTA AL GOBIERNO CONTRA LA IMPUNIDAD

consultaleymemoria@mpr.es

La Vicepresidencia primera y el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática ha puesto a disposición de la ciudadanía y de las organizaciones y asociaciones el correo electrónico consultaleymemoria@mpr.es para recibir propuestas, ideas, opiniones o sugerencias de cara a la modificación y profundización del contenido normativo de la ley 52/2007 de 26 de diciembre, conocida como Ley de Memoria Histórica.

Por ello, en el periodo de aportaciones y en nombre de la ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS DEL ESTADO (AVICES), comparecemos para exponer, a nuestro mejor entender, que recoge las principales demandas de las víctimas y de sus familiares así como las medidas democráticas y sociales imprescindibles para derribar el muro de  la IMPUNIDAD, que constituye el verdadero nudo histórico, ilegal e ilegitimo, impuesto por la razón de Estado, con el  que se quiere impedir  la Verdad, la Justicia y la Reparación de los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos desde la guerra, la dictadura y en el periodo posterior, supuestamente democrático, hasta nuestros días.

La impunidad española constituye el reverso de la cara oficial de la supuesta versión oficial de la “democracia española” por la que se viene negando durante más de cuarenta años -de forma individual y colectiva a millones de víctimas- y a la sociedad más en general, el derecho de defensa y el principio general de igualdad ante la ley de todos los ciudadanos.

El origen histórico de la impunidad en España deviene del golpe de Estado promovido por los generales africanistas respaldados por la Alemania nazi, la Italia de Mussolini…, y el Estado Vaticano, que consiguió aplastar la resistencia popular estableciendo un régimen ilegal de guerra permanente contra trabajadores y pueblos, persiguiendo toda expresión de actividad democrática, sindical, social y laica. Desde entonces la “cuestión española” arrastra y resume el binomio contradictorio que comprende la condena internacional del régimen de la dictadura de 1946, “la de un régimen fascista impuesto al pueblo español con la intervención armada de las Potencias del Eje” y la admisión de este mismo régimen en el sistema de las Naciones Unidas, promovida por los EEUU para respaldar el régimen de hecho.

Los crímenes cometidos por el régimen franquista fueron tipificados en el Estatuto de Nuremberg, que los clasificó como CRÍMENES CONTRA LA PAZ (planificación, financiación y conspiración contra un régimen legalmente establecido), CRÍMENES DE GUERRA (violación de las leyes internacionales y nacionales o usos de la guerra) y CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD (actos inhumanos cometidos contra la población civil). Principios, que además proceden de las conclusiones establecidas contra las guerras, que se reforzaron desde los desastres de la Primera Guerra Mundial.

Por ello, las reiteradas recomendaciones de las NNUU y de todo tipo de asociaciones de Derechos humanos al Estado español no han dejado de insistir en la necesidad de acabar con la impunidad impuesta por el Estado español, es decir, en “la inexistencia de hecho o de derecho de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones de derechos humanos, así como la responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento y, en su caso, de ser reconocidos culpables, condena, incluso a la indemnización del daño causado a sus víctimas” (tal y como se establece en el informe de L. Joinet en 1977).

Millones de víctimas de la represión en nuestros pueblos siguen demandando Verdad, Justicia y Reparación frente a las autoridades de un Estado que ni siquiera reconoce a las mismas como sujeto de derecho, estableciendo por ello un sistema político y judicial de desigualdad ante la ley por el que se ha establecido y consolidado que las víctimas del terrorismo gozan de todos los derechos y las víctimas del franquismo de ninguno.

Sanear los vicios reiteradamente impuestos por la legislación vigente relativa a la Memoria Histórica Democrática y a las víctimas pasa de forma inexcusable por la lucha democrática contra la IMPUNIDAD, ya que históricamente es esta cuestión la que se sitúa en el centro de los problemas de la lucha por la democracia y la justicia, haciendo necesario declarar como leyes nulas de pleno derecho todas aquellas que protegen los crímenes cometidos. 

Las leyes que niegan la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del franquismo, como es el caso de la ley de Amnistía en vigor desde octubre de 1977, aprobada por una amplia mayoría compuesta por UCD, PSOE, PCE, y nacionalistas vascos y catalanes, ley por la que se procedió a amnistiar a los verdugos del régimen, dando paso a los pactos y consensos con los franquistas que se establecerían en la Constitución del 78. La ley de Amnistía sigue siendo el principal obstáculo en la búsqueda de la justicia, que lleva a los jueces a archivar los casos sin siquiera conocer los hechos, procedimiento en uso que lleva a amnistiar hechos que no se conocen en sede judicial. La Sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso Garzón puso de manifiesto el doble rasero conformado por la justicia española, que llegó a investigar y condenar los crímenes de la dictadura chilena y argentina, pero impidió la investigación de los crímenes del franquismo. El argumento utilizado (T.S.-SENTENCIA 101/2012) es la entronización de la más absoluta IMPUNIDAD: precisamente, porque la “transición fue voluntad del pueblo español, articulado en una ley, es por lo que ningún juez o tribunal, en modo alguno puede cuestionar la legitimidad de tal proceso. Se trata de una ley vigente cuya eventual derogación correspondería en exclusiva, al Parlamento”.

 Impunidad que se restablece una y otra vez en las diferentes versiones y proyectos que hemos conocido de la Ley de Memoria promovidas por el Grupo Socialista, y que se fundamentan, todas ellas, en la legalidad del franquismo, y por tanto de sus leyes y sentencias, es decir, de todos sus crímenes.

La derogación de las leyes de Amnistía y de la Memoria es una exigencia que debe abrir las puertas a la democracia y a la justicia. No existe otra posibilidad para la verdadera recuperación de la Memoria Democrática y Laica de los trabajadores y pueblos de España, de la que depende su futuro en libertad.

La derogación de las leyes que imponen la impunidad de los crímenes del franquismo, conjuntamente con la derogación de las leyes que fueron prometidas por el actual gobierno en el momento de su constitución, como es el caso de la ley mordaza y la reforma laboral, son exigencias que no se pueden eludir por más tiempo por el Gobierno y la mayoría en Cortes.

Dispuestos como estamos a contribuir a la liquidación del modelo español de impunidad, impuesto con leyes contrarias al derecho internacional, reclamamos del gobierno la apertura de un proceso democrático de consulta con las organizaciones de la Memoria y de Víctimas al que estamos dispuestos a contribuir a partir de esta aportación.

La reconstrucción económica o los derechos patronales inviolables

Carlos Martínez

La reunión de la CEOE de la que tanto se ha informado ha sido en realidad una manifestación de la gran patronal condicionando la llamada “reconstrucción” es decir la salida a la crisis capitalista que el coronavirus ha agravado.

La CEOE que ha llevado al monarca a la clausura de sus jornadas sobre la situación ha lanzado unos pocos, pero muy claros mensajes: -De reforma fiscal progresiva e impuestos a las grandes fortunas, nada. La consigna es la rebaja de impuestos a las empresas, es decir los “empleadores” de lo que se deduce que cualquier carga fiscal para sus empleados, pues ellos –los “empleadores”- son los que mueven el reino de España y por tanto nos hacen un gran favor al resto. Para lo cual con el rey a la cabeza llaman a la unidad, es decir a su unidad. Eso sí financiado con dinero público todo.

-De suprimir y/o reformar la “reforma laboral” ni hablar, necesitan tener la sartén por el mango para despedir, impedir la negociación sindical y seguir abusando del precariado y los y las falsas autónomas. La reforma laboral debe seguir tal cual y para ello cualquier extorsión al gobierno será buena para lo cual todos los medios de comunicación empresariales la defienden.

-En tercer lugar y a hora de planificar la recuperación económica la patronal al igual que muchas comunidades autónomas y parece que Pedro Sánchez siguen apostando por un caballo muy enfermo, el turismo de masas. Su inteligencia no da para más ¿O es que la patronal española es rentista y especulativa y en su caso tan solo turismo y ladrillo son su base principal de ganancia? Parece que salvo honrosas excepciones sí.

De revertir las deslocalizaciones industriales nada. De reindustrializarse nada. Ahora lo importante es reabrir chiringuitos playeros y traer turistas de una rebrotada Alemania o nunca curada Inglaterra de Covid-19 o abrir las fronteras a unos EE.UU infectados hasta las cejas y con una fase exponencial de expansión del coronavirus. Trágico.

Me pregunto los de INDITEX ¿van a volver a fabricar algo en España? España necesita en primer lugar ser consciente de que hay una crisis capitalista mundial muy severa, mucho. Que la realidad va a ser paro, más pobreza y hay mucha en el reino de España y puede haber más hambre de la que ya hay. Por tanto, vamos a necesitar servicios, mucho mejores servicios, educación pública de calidad, pero pública no concertada u otras mentiras. Una sanidad mucho mejor y más dotada y crear empleo público, mucho más empleo público que sí que paga cotizaciones sociales y un real reparto de la riqueza mediante medidas fiscales, pero también nacionalizaciones, porque solo enviar “ayudas “públicas a los grandes empresarios, pero luego no controlar sus pasos es de estúpidos.

La renta básica o rentas vitales dignas -1200€- serán imprescindibles, así como incrementar la inversión sanitaria, educativa e investigadora y si las grandes patronales ni cotizan casi nada, ni pagan impuestos, ni innovan, investigan o reindustrializan, pero si reciben grandes subvenciones, entonces ¿Cuál es su modelo de “reconstrucción”?

Además de la agricultura y la distribución de alimentos al margen de las grandes cadenas internacionales ¿Qué? Del apoyo al pequeño comercio y de la creación de servicios propios de comercialización, distribución y de agroindustria, textiles o la recreación de una industria metalúrgica y de automoción o de producción siderúrgica, muebles… ¿Qué?

El modelo CEOE es el que parece se va a imponer. Veamos hechos, la gran presión por que Ciudadanos y el PP negocien con el Gobierno –léase la cúpula PSOE, de hecho ya funciona una pinza de personajes no electos de ambos partidos influyendo- en la que grandes medios “informativos”, todos los personajes del régimen y ahora la corona, -si la desprestigiada corona- insisten, por qué no tiene otro objetivo que salvaguardar los intereses de la gran patronal, los bancos y el poderoso lobby turístico.

¿Y los sindicatos donde están? Por lo pronto con menos fuelle que vergüenza. Veamos, a CCOO y UGT solo los hemos visto aliarse con la CEOE en el tema de los ERTE sobre los que por cierto habría que establecer mucho más control. Pero es que además CCOO y UGT democráticamente no tienen la representación ni exclusiva, ni total, ni siquiera la confianza generalizada de la clase trabajadora.

Por tanto, ante una situación tan dura como la que la clase obrera va a vivir lo primero es exigirles algo de humildad y llamar a la unidad de la clase. La unidad de trabajadoras y trabajadores es imprescindible para hacer frente a la extorsión y chantaje de la gran patronal incluida la agraria puesto que ASAJA está explotando duramente a las y los jornaleros agrarios con un regreso a los “Santos inocentes” aunque ahora estos sean en su mayoría latinos o africanos.

 La unidad de la clase trabajadora no pasa por una mesa de dialogo opaca y en la que dos sindicatos se abrogan la representación de toda la clase obrera puesto que aun reconociendo que son mayoritarios, no tienen ni por casualidad la fuerza para defender todas las clases populares y esto se ve cuando las bases sindicales y obreras en las luchas que ya están habiendo en Nissan, ALCOA u otros sectores y empresas van unidos y de la mano. Hemos de unir fuerzas.

Dicho esto, repudio cualquier forma de sectarismo tanto antisindical como excluyente de todas las fuerzas sindicales democráticas, de clase o movimientos de carácter laboral. Aquí no hay unos y otros. Por ahora y por culpa de falta de movilización excepto algunas excepciones muy encomiables, la CEOE impone su doctrina y eso tampoco es democrático. Consentirlo si es traición. La unidad imprescindible es la de las clases trabajadoras.

Carlos Martinez, es secretario general

EEUU Y AMÉRICA LATINA CONCENTRAN LA PEOR PARTE DE LA PANDEMIA

La necesaria anulación de la deuda

Ildefonso Gómez

Tanto por el número de muertos como de contagiados los Estados Unidos refleja en sus datos las profundas deficiencias que encierra contra la población más pobre su sistema económico y político. Estados Unidos y América Latina obligan a millones de personas a elegir entre el hambre y la epidemia. Un sistema que nunca fue capaz de superar la crisis de 2008, acumulando por el contrario los elementos de una nueva recesión internacional que ha amontonado en general una inmensa deuda y bajado la productividad.

Las primeras manifestaciones de la crisis económica ha sido la de la caída vertiginosa y generalizada del Producto Interior Bruto (PIB). Los mentores del sistema capitalista e imperialista tratan de dar la vuelta a la crisis aprovechando sus consecuencias en beneficio de sus intereses y privilegios de clase.

Los gobiernos preparan- por ello-las formas de hacer pagar a los trabajadores y los pueblos las consecuencias de la crisis sanitaria y económica, tal y como hicieron en la recesión de 2008, agravando el estancamiento y la deuda. Los salarios y las pensiones, las rentas del trabajo se verán por ello afectadas por los planes de austeridad, y la sobreexplotación tratando de relanzar la economía reduciendo sensiblemente el número de trabajadores, forzando el restablecimiento de la tasa de ganancia.

La gestión de la crisis sanitaria ha sido la gota que ha desbordado el vaso, acumulando modos que se aproximan al genocidio de sectores sociales empobrecidos y marginalizados. La polarización social no ha venido sino a alterar en profundidad las relaciones políticas. Antes de la pandemia, el país que ejerce como gendarme imperialista mundial, reflejaba un alto índice de muertes por miseria social que se ha multiplicado con la llegada del coronavirus, mientras multiplicaba sus gastos policiales y militares. La juventud que se concentro en las campañas de los socialistas de Sanders no ha dudado por ello en unirse a la movilización antirracista, estructurando una amplia red de colaboración social contra la represión, para defender los puestos de trabajo y la vivienda. Movimiento que ha comenzado a influir en sectores de la clase trabajadora.

 Todo parece indicar que el pico de la crisis de salud pública está aún por llegar, tanto en EEUU, América Latina y África…y para muchos países, aquellos dominados por las grandes potencias, necesitan medios financieros que no encuentran, pero que pueden obtener del no pago de la deuda. El derecho internacional respalda la suspensión del pago de la deuda pública por estado de necesidad, cambio fundamental de circunstancias y por fuerza mayor.

En marzo de este año 2020 varios exmandatarios de América Latina, y de África central hicieron llamamientos por la condonación de la deuda, ya que no corresponde a los acreedores decidir si los endeudados tienen o no derecho a suspender el pago de las deudas. La vida de los sectores más explotados y oprimidos de la población depende de que los recursos financieros sean empleados en sanidad y en cubrir las necesidades alimentarias más inmediatas. El “estado de necesidad” viene definido en el artículo 25 del proyecto de artículos bajo la responsabilidad del Estado de la Comisión de Derecho Internacional (CDI) de la ONU. Las circunstancias que aquejan a los países dependientes del mercado de capitales aconsejan la toma de decisiones relativas al impago de la deuda ext

ESPACIO INDEPENDIENTE: "Entre Testamentos y Dictados"

 El punto muerto del poder de la monarquía y la lucha por la República.

La historia de los regímenes españoles no democráticos viene marcada por la testamentaría. Así fue en el caso del testamento de Franco, dejando el poder de forma caprichosa en manos de un miembro de la Casa de Borbón; y así sucede ahora con un nuevo testamento: el de Juan Carlos para su hijo Felipe y sus descendientes, al que éste ha renunciado ante notario; manteniéndose, sin embargo y de forma contradictoria con dicha renuncia, en el poder político heredado de la jefatura del Estado, poder que recibió con urgencia hace ahora seis años.

 El FMI pronostica para España “la peor recesión de los países desarrollados” … /… lo que “pone en peligro el progreso significativo realizado en el mundo desde los años 90”. En medio de la recesión mundial se estima que España se ha convertido en el máximo exponente de la devastación económica por el Covid19, retrocediendo el Producto Interior Bruto este año el 12,8%, ampliando el déficit público y la deuda hasta el 123,8% (el mayor retroceso por destrucción económica desde la guerra civil), cifras solo comparables en Europa con las de Italia. 

Los organismos internacionales del capital reclaman al gobierno español, una vez más, una política de ajustes contra los derechos y conquistas sociales de la población para sanear las cuentas del Reino, y mantener los privilegios de la Corte. Un paso en la dirección del ajuste dictado e impuesto puede darse con la candidatura de la ministra de Economía, Nadia Calviño, a la presidencia del Eurogrupo, puesto clave para aplicar en todas partes -y por supuesto en su propio país- las recetas de destrucción económica y regresión social, presentadas todas ellas como medidas de “modernización”. 

No podía ser de otra manera. Felipe VI ha clausurado la macrocumbre de la patronal CEOE que, en palabras de su presidente, Sr. Garamendi, ha dejado patente que “la empresa es la generadora de prosperidad y empleo en cada uno de los ámbitos económicos …”, y en la que el jefe del Estado ha venido a ensalzar “la labor y el empuje” de los empresarios para superar la crisis. Actuando en su papel de patrón de patronos destacó en su discurso la gran oportunidad que representa la crisis para la burguesía española. “La labor y el empuje de vuestro sector son fundamentales para afrontar y superar la crisis económica derivada de la pandemia del Covid-19”. 

Declaraciones y manifestaciones que vienen a ponerse a la cabeza de una gran ofensiva de los capitalistas y de sus instituciones contra los derechos democráticos y sociales de la inmensa mayoría, agudizando de esta manera la crisis política y social tal como la conocemos. La negativa a devolver la voz a los pueblos y con ella su derecho a decidir sobre sus destinos políticos antecede a ambos dictados testamentarios, tanto de la dictadura como ahora de la monarquía, testamentaria esta última, que se encuentra en un verdadero punto muerto. 

La renuncia ante notario a la herencia de su padre, tanto para él como para su hija, no es solo un lío palaciego ante el que son tan dados los Borbones de todas las épocas, es además la expresión de una crisis política del Estado conformado por el régimen del 78 y su Constitución.

Las investigaciones internacionales por lavado de dinero rodean los negocios de Juan Carlos, que ha gozado y goza de la más absoluta complicidad de las supuestas autoridades democráticas españolas, con negocios de todo tipo que no podían haberse producido si no fuera por la posición de poder y privilegios de la jefatura del Estado, de la que ha dispuesto sin control alguno de nada y de nadie. 

Para el importantísimo enriquecimiento familiar que se le supone, y por la vida a todo lujo que ha llevado durante décadas, ha sido imprescindible que se rodeara de una corte de empresarios, banqueros y políticos deseosos de compartir negocios, que han colaborado con el silencio y la complicidad política de los diferentes gobiernos ante el abuso de poder permanente. Y ahora es con el manto de la impunidad oficial establecida en la Constitución con el que se trata de cubrirlo todo. Eso sería tristemente así, si no fuese por el hecho de que las investigaciones judiciales que se llevan a cabo en otros países están aparentemente fuera de control del régimen monárquico español. 

Los desarrollos de una crisis política de Estado, que se ha escapado del control del mismo sistema establecido, se encuentran en un punto muerto: el de la negativa de las Cortes a investigar los hechos y sacar las consecuencias políticas, negativa tomada por decisión del bloque constitucional formado por el PSOE, VOX y PP.

 La historia de los Borbones está repleta de desgobierno, con abuso de poder, despotismo y grandes negocios. Cuando los pueblos de América luchaban por su independencia nacional, la corte española aceleró el negocio de la compra-venta de esclavos, llegando a establecer María Cristina de Borbón una comisión por cada esclavo vendido; comisión que Juan Carlos estableció de forma general por cada barril de petróleo que se vendiese en España desde los primeros días de su nombramiento. 

El legado de los gobiernos monárquicos -impuestos por consenso a la muerte de Franco- no puede dejar de estar manchado de complicidad, de despotismo y corrupción. Cuando desde las filas de la derecha se pide respeto para quienes hicieron posible “la democracia”, obviando que la operación consistió en mantener y prolongar todos los resortes del poder y de la represión, se refieren tanto a los monarcas gobernantes como a los gobiernos que han resultado necesarios cooperadores de todos los desafueros cometidos. Ese es el caso entre otros de F. González y de su legado, del que se ha reclamado ante las Cortes el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, para hacer frente a las demandas parlamentarias de que se investigue la información que sitúa a González a la cabeza de los GAL. 

De no tener nada que esconder unos y otros, no se entiende la negativa oficial a que se conozcan en sede parlamentaria dichos acontecimientos, así como los del golpe palaciego del 23-F, o los del referéndum de la OTAN … 

La suerte de la herencia de los dictadores y monarcas, sus finanzas y poderes exclusivos establecidos a dedo, está íntimamente relacionada con las políticas de sus gobiernos y de sus principales validos. La negativa a que se investigue el GAL, y los escándalos de corrupción de las más altas magistraturas del Estado tienen una raíz común que es la del consenso izquierda / derecha por la que se establecen las bases del estado clientelar de la corrupción.

 La lucha por la República, por la plena soberanía de trabajadores y pueblos, se enfrenta a la necesidad de que se investiguen y se juzguen tanto la corrupción como el despotismo. La comunicación de Palacio de Zarzuela referente a la renuncia “a la herencia personal procedente de su padre” no puede pasar por alto, la mayoría en Cortes debe tomar en cuenta la renuncia, tomado las decisiones democráticas que procedan. 

La exigencia democrática de que se investiguen todos los casos de corrupción y abuso de poder del régimen monárquico en las Cortes se constituye en una clave democrática irrenunciable para establecer las bases de la soberanía popular frente al continuismo.