.- El PP, PSOE Y VOX, se unen en la defensa de Valdecañas y Almaraz, pero van a la greña en los regadíos de Tierra de Barros.
Cuando la burguesía tiene unos intereses económicos claros y definidos, caso de Almaraz y Valdecañas, los partidos políticos PSOE, PP y VOX se ponen rápidamente de acuerdo para sacarlos adelante, no importa que tengan que recurrir a la estafa y la farsa política para engañar a la población extremeña. Sin embargo, cuando los intereses económicos de las grandes corporaciones y ricos burgueses tienen un aspecto más secundario, no están en juego o no coinciden, estos partidos políticos escenifican el espectáculo de la farsa política, lanzados a una batalla mediática y enfrentamientos parlamentarios para derrotar al contrario y ganar la influencia electoral entre los votantes. En este marco político está el debate en torno al proyecto de zona regable Tierra de Barros; un asunto que no deja de generar acusaciones cruzadas de manipulación y engaño; en definitiva, se culpan unos a otros por la ineficacia para sacarlo adelante.
2.- Almaraz
Como hemos señalado, PSOE, PP Y VOX asumen frecuentemente de modo unitario la defensa de los intereses de las clases dominantes del estado español. Esta naturaleza tan servicial se viene manifestando en la región extremeña con la oposición al cierre de la central nuclear de Almaraz, una fuente que aporta importantes beneficios a los propietarios de IBERDROLA, NATURGY y ENDESA. Tanto el PSOE en sus muchos años al frente de la Junta, como más recientemente el PP, no han hecho absolutamente nada para llevar a cabo las transformaciones económicas y productivas en el territorio de influencia de Almaraz, una vez que estaba prevista con suficiente antelación su fecha de cierre, el 1 de noviembre de 2027. Nunca tuvieron en cuenta las alternativas que aseguraran la economía de la zona y los puestos de trabajo de quienes están empleados y dependen indirectamente del funcionamiento de la central nuclear. Ahora, unos y otros se ponen del lado de las grandes corporaciones eléctricas, les están perdonando los tributos, y lloriquean llamando a trabajadores y vecinos a la defensa de Almaraz.
3.- Valdecañas
En otro orden de cosas, está la insumisión judicial de la Junta de Extremadura, negándose a cumplir las sentencias que dictan la ilegalidad de la urbanización de Valdecañas y obligan a su demolición; pronunciamientos judiciales declarados por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional; ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura suspende el esperpéntico decreto de la Junta de Extremadura que intentaba dejar fuera de la zona de protección a la urbanización, con la artimaña de modificar la extensión de la zona ZEPA. La sentencia del tribunal extremeño califica el decreto como una norma de «atajo» encubierto diseñado específicamente para evitar la demolición del complejo Marina Isla de Valdecañas. Esta urbanización es exclusiva y privada, incluye hotel, viviendas, campo de golf e instalaciones anexas, y con un estricto control de acceso. En resumen, una zona construida para gente con un elevado poder adquisitivo.
Conviene recordar como en el año 2022, una sentencia del Tribunal Supremo determinó la demolición total del hotel, viviendas, campo de golf y viales. También, en el año 2025, el Tribunal Constitucional dio luz verde definitiva a la demolición completa, zanjando los recursos presentados para intentar la legalización a través de leyes autonómicas. Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, ante el recurso de Ecologistas en Acción y Fondenex, rechaza el decreto del gobierno extremeño que intentaba evitar la demolición sacando al complejo de Valdecañas de la zona Zepa.
4.- Los regadíos de Tierra de Barros
Presentación del proyecto
En noviembre de 2020, la consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, Begoña García Bernal, presentó el proyecto de regadío en Tierra de Barros, acentuando el gran impacto económico y social que supondría para la región. En ese momento, las informaciones periodísticas señalaban que las decisiones técnicas y políticas necesarias para dar vida a la financiación del proyecto avanzaban a buen ritmo y se esperaba que las obras comenzasen en el 2023, aunque el agua no llegaría hasta las parcelas de los agricultores en el año 2026. A partir entonces, son frecuentes los enfrentamientos entre las organizaciones políticas de PP, PSOE y VOX acusándose mutuamente de la parálisis del proyecto de regadíos, de mentir y ocultar la negativa de Europa a financiar el proyecto, de ineficacia y tener poco interés en su realización.
La Consejería de Agricultura
Ahora, una vez que el partido político VOX asume la Consejería de Agricultura, se renueva el espectáculo sarcástico que tan cansado y aburrido tiene a la opinión pública y a los agricultores de la comarca de Tierra de Barros. El Consejero, con enorme temeridad y entusiasmo, dice que estos regadíos se harán sí o sí, aunque sea con la financiación exclusiva de la Junta, sin ayudas estatales y europeas. Pero no son convincentes estas declaraciones para la opinión pública y los agricultores de Tierra de Barros, aunque nos den a probar el caramelo que contempla en los presupuestos regionales de este año una asignación de 20 millones de euros para evitar la caducidad de la declaración de impacto ambiental (DIA) en agosto de 2027. Sin embargo, no hace una clara concreción de cómo se va a llevar a cabo la financiación del coste total que superará los 360 millones de euros, ni tampoco se conocen las cantidades iniciales que deben pagar los agricultores.
El Director General de Regadíos
La viabilidad del proyecto siempre ha estado navegando en la incertidumbre y la desconfianza; ahora, las dudas se acrecientan cuando el antiguo técnico y secretario de la Comunidad de Regantes, ahora Director Provincial de Regadíos, insiste que “el proyecto es viable, que el proyecto es estratégico para garantizar el acceso al agua ante la restricción de los pozos que traerá el nuevo plan hidrológico, aunque no se podrá realizar en los plazos previstos inicialmente y serán necesarios unos 20 a 50 años vista para que esta herramienta pueda tener incidencia en las concesiones de agua y en las explotaciones”. El Director General de Regadíos pide toda la paciencia del mundo para un proyecto que tendrá sus consecuencias positivas, pero en un período de 20 a 50 años. El Director General de Regadíos sería más sinceros si les dijera a los agricultores que “esperen sentados a los regadíos” o lo que decían los romanos cuando sabían que algo no iba a suceder que “esperen a las calendas griegas”. En el calendario romano, las calendas eran el primer día de cada mes. Los griegos no tenían calendas.
5.- Conclusiones
Cumplimiento de la sentencia judicial de demolición
La Junta de Extremadura tiene que cumplir sin más retrasos la sentencia judicial de la demolición de Valdecañas. Como institución pública y de gobierno tiene que dar ejemplo ante la población y respetar las decisiones judiciales que sobre ella recaen por el incumplimiento de las leyes urbanísticas que ella misma se ha dado. Por eso tiene que demoler Valdecañas, de otro modo, está realizando una estafa política a la población. Mientras más tiempo pase peor será el mensaje que envía a la sociedad extremeña en uno de los pilares fundamentales que aseguran la convivencia social en las sociedades burguesas, y que con tanta retórica pronostica cada día María Guardiola. La percepción ciudadana de esta desobediencia institucional conduce a extender la generalización del incumplimiento bajo la premisa de que «si ellos no cumplen, yo tampoco”, a lo que se añade que las evasivas que lleva al alargamiento del proceso se traducirán en un mayor coste para las arcas públicas extremeñas.
La reforma agraria
En cuanto al proyecto de regadíos de Tierra de Barros, también tenemos que denunciar el teatro y la farsa política a la que conducen los dimes y diretes, las luchas retóricas en el parlamento y en los medios de comunicación. Los regadíos podrán salir adelante con fuertes inversiones económicas de carácter público, pero de lo que no hay dudas que los beneficiarios de este dinero público sería una pequeña minoría de grandes agricultores, quedando al margen la mayoría de la población trabajadora de la zona. Esto podría suceder con un gobierno regional en manos de partidos de derecha y/o de socialdemócratas que de ahí no pasarían. Sus limitaciones políticas e ideológicas les impiden llevar a cabo unas transformaciones económicas y sociales que beneficien a las clases trabajadoras de la comarca y la región extremeña. Estos cambios de las estructuras productivas sólo se pueden llevar a cabo con una Reforma Agraria que implique la redistribución de la tierra, las concentraciones parcelarias, las inversiones en los servicios públicos y en un fomento la agroindustria. Estas políticas públicas no entran en los planes de quienes han gobernado y gobiernan la Junta. Por eso, seguiremos ciegos a la pérdida de población y al crecimiento de las desigualdades sociales y territoriales, pero con banales enfrentamientos, dimes y diretes y discusiones políticas que no van a ningún sitio.
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