El expediente que la Dirección Provincial del SEPE en Badajoz va a realizar contra Juan Carlos Nieto, es un ejemplo del fetichismo funcional que invade a dirigentes de algunos organismos públicos. Estos tratan de sostener a toda costa la simbología y rigidez de reglamentos burocráticas ineficaces, abriendo expedientes disciplinarios a funcionarios que con el cumplimiento de su trabajo dan muestra de una sensibilidad social por encima de tótems normativos.
Juan Carlos, con su trabajo rebate a la ineficiencia oficinesca impuesta desde arriba, siendo un ejemplo para quienes trabajan en la administración pública. En todo caso, su actitud viene a ser una crítica profunda y responsable a los reglamentos que poco tienen que ver con la satisfacción de las necesidades de las clases trabajadoras más frágiles e indefensas.
El Estado como instrumento político-militar del capital siempre intenta que el mundo obrero, el que produce y crea, asuma y acepte con normalidad un conjunto de penalidades colectivas que tienen su origen en los pilares sobre los que se edifica la sociedad en la que vivimos: la propiedad privada de los medios de producción y el engranaje capitalista que asegura la producción de plusvalía obrera.
Estas características que determinan la naturaleza de las sociedades capitalistas generan en todos los espacios de la vida consecuencias negativas que recaen sobre las poblaciones obreras. La pobreza, el desempleo, la precariedad, la inestabilidad laboral, la incertidumbre vital, y en general, todas las miserias del desastre económico y social que arrastra el capitalismo golpean a los sectores sociales más vulnerables.
Para aplacar y diluir este estado de cosas, el Estado desarrolla una actividad material-ideológica, por medio de un conjunto de instituciones, leyes y mecanismos de control, destinada a lograr que las personas trabajadoras que por múltiples razones lo pasan mal, no se rebelen ni le pongan en duda. En ese marco político institucional, en la búsqueda del consenso y la estabilidad social, se desarrollan y crean organismos públicos, el SEPE, la Seguridad Social, etc.
Sin embargo, la mayoría de estas estructuras administrativas están dotadas de escasos recursos humanos y materiales para lo que pretenden: la ejecución de trámites burocráticos imprescindibles para que personas que han perdido su empleo o visto reducida su jornada, o quienes están apartadas definitivamente del mercado de trabajo, puedan acceder a mínimas ayudas económicas de carácter contributivo o asistencial.
Los presupuestos oficiales para los servicios públicos caso del SEPE, son muy insuficientes y dificultan la satisfacción de las necesidades de trabajadores y trabajadoras en circunstancias difíciles, escasez de empleados/as, mecanismos complejos como las citas previas organizadas para ahorro de empleados públicos, modelos únicos provinciales de atención presencial que obligan a desplazamientos a personas sin medios económicos y sin transporte adecuado; en definitiva, toda una serie de decisiones político administrativas que dificultan el acceso de la clase obrera más precaria a las entidades púbicas.
A todo lo anterior se suma toda la absurda rigidez e ineficacia de quienes dirigen los organismos públicos, en contraste con personas trabajadoras de estas entidades que, como Juan Carlos, ponen toda su enorme honestidad y su trabajo diario al servicio de la solidaridad con quienes más necesitan los servicios públicos.
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