Cuando se cumplen dos años de la presidencia de Pedro Sánchez, y
ciento veintisiete días de pandemia, la crisis del régimen monárquico ha
tomado un nuevo curso, en el que no sólo se aceleran todos los procesos
de crisis y descomposición; poniendo al descubierto el agotamiento
generalizado de sus instituciones y leyes (lo que ya se expresó durante
el proceso republicano catalán); situación que ahora se reconcentra
sobre los principales centros de poder político. La crisis de
agotamiento se concentra en la Zarzuela y la Moncloa.
El coronavirus y la crisis social desatada con la pandemia elevan
todos los parámetros de destrucción económica multiplicando la
indefensión e incertidumbre mayoritaria, pese a las tímidas medidas
tomadas por el gobierno tratando de aplazar los pagos de los alquileres y
los suministros principales de las familias. La misma prolongación de
los ERTE, que la patronal pretende prolongar hasta final de año; la
tardía aprobación de la renta para trabajadores sin ingresos -que ha
resultado más mínima que vital-; a lo que se suma la aparición de los
primeros anuncios de despidos masivos en la mayoría de los sectores,
encabezados por Nissan y Alcor, pero seguido por cientos de empresas con
muchos miles de despidos más. Lo que, en suma, está generado un
tremendo desconcierto político y poniendo la indignación social a
disposición de la más amplia movilización general.
Son muchos los especialistas que aseguran que esta crisis “no es
comparable a nada que haya vivido nadie”, considerando que, antes de que
comenzara el parón del coronavirus, las cosas ya estaban muy mal en el
terreno económico, y que la cuarentena establecida y prolongada se ha
utilizado como momento propicio para urdir una regresión en todos los
terrenos, incluida la fuga de capitales. Se anuncia, por ello, en los
altos niveles de la administración, el próximo rescate por la Troika de
la economía española (con lo que se quiere designar el mal rumbo de las
mayores empresas), de una economía de privilegios y amiguitos incapaz de
salir de la senda de la parálisis y la deuda, con el único diferencial
de una legislación del trabajo muy ventajosa para la explotación
patronal.
Y este es un contexto muy propicio para todo tipo de confrontaciones
políticas, que ahora se concentran en la ruptura de los consensos que
hacen posible la continuidad. A ello apunta en primer lugar el plan de
“asalto a la Moncloa a través del Covid-8-M-2020”, desvelado por muchos
comentaristas políticos, y sintetizado en un largo artículo por Ignacio
Trillo, en su carta abierta a la Sra. Juez del caso 607/2020, que relata
el curso seguido por la denuncia de un particular por la manifestación
del 8-M, dirigida contra el presidente del Gobierno, el ministro de
Sanidad y el delegado del Gobierno en Madrid. Sin informe previo de la
Fiscalía, y no atendiendo a la paralización de actuaciones a
consecuencia del estado de alarma, se ponen por la juez en marcha las
diligencias con la oposición de la Abogacía del Estado, que califica el
procedimiento de “causa general contra el Gobierno”.
Un procedimiento
sin pies ni cabeza, que se instruye como si los jueces no estuviesen
sujetos a la ley. En la investigación encargada a la Guardia Civil se
cometen todo tipo de errores de bulto, y ciertos medios de prensa
vinculados a la derecha más franquista hacen públicas acusaciones sin
fundamento, lo que da lugar a la sustitución del comandante del puesto
de Madrid por negarse a informar del asunto a sus superiores. Lo que da
pie a una campaña política de la derecha franquista de asalto a la
Moncloa, de golpe contra el gobierno, exigiendo la dimisión del ministro
del interior, mediante la cual ponen también precio a Sánchez y su
gobierno de coalición.
Este intento de asalto a la Moncloa coincide en el momento político
con el movimiento público de la Jefatura del Estado tratando de quitarse
de encima las acusaciones de corrupción continuada contra la dinastía
de los Borbones, que se siguen judicialmente en Inglaterra y Suiza y que
cuestionan de raíz el poder que detenta la Casa Real española. Lo cual
ha llevado a Felipe VI a realizar el gesto de repudio de su padre,
renunciando, por ello, a su herencia y la de su hija, cuando es Jefe de
Estado por esa misma herencia. Mientras tanto, su padre se mantiene
oculto en el palacio de la Zarzuela, pero parece ser que preparando su
exilio dorado en la República Dominicana.
La opinión pública, pese a las constantes acciones de blanqueo de los
principales medios de comunicación, y del silencio -cuando no de la
complicidad- de los partidos oficiales, se siente muy agredida en sus
derechos y aspiraciones con la información, aún parcial, sobre la
corrupción sistémica de la Casa Real y Jefatura del Estado en medio de
la austeridad y la pandemia. Como ejemplo de la indignación social que
se ha multiplicado sobre la monarquía, como principal institución del
Estado según la herencia franquista, hay que resaltar el hecho de que,
habiéndose concedido el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2020
a los sanitarios que están seriamente perjudicados por su labor
profesional contra el coronavirus, por la falta de presupuestos,
instalaciones, personal y medios necesarios, se conoce la existencia de
un movimiento de rechazo de dicho premio. Además, los sanitarios que lo
rechazan piden públicamente a los reyes que devuelvan “lo robado”.
Después de muchos años aparece en nuestra sociedad un rechazo abierto y
público a la monarquía.
Hasta ahora, y pese a los reiterados intentos de diversos grupos
parlamentarios de que se constituya en las Cortes Generales una Comisión
de Investigación sobre los acontecimientos y denuncias presentadas
-cuyos jueces y fiscales han pedido la colaboración de la justicia y de
las autoridades españolas en general-, ha sido la cúpula del PSOE, y en
definitiva el gobierno, el que hasta ahora ha impedido que se pueda
arrojar algo de luz sobre los graves delitos de que se acusa a la máxima
institución de la “democracia española”. Y ello en el terreno
internacional, ya que los juzgados españoles nunca han admitido las
denuncias presentadas por diversos delitos presuntamente cometidos por
titulares de la Casa Real.
La crisis política española aún no ha conocido la irrupción de la
movilización social, que sería determinante para dar salida democrática y
social a la situación, a diferencia de lo que está sucediendo desde
hace una semana en los Estados Unidos. El asesinato por la policía de un
ciudadano afronorteamericano ha sido la gota que ha desbordado el vaso
de la indignación social, incendiado la mayoría de los estados con
grandes movilizaciones, como no se conocían desde el asesinato de Luter
King.
Nuestro apoyo a la lucha del pueblo norteamericano contra el
supremacismo blanco y contra las formas de represión y esclavitud
expresadas contra la población negra por el gobierno de Trump debe
llevarnos a participar en las primeras movilizaciones saliendo de la
cuarentena. La revuelta popular contra el “trumpismo” coincide con los
estragos de la pandemia sobre los sectores más explotados y oprimidos de
la sociedad sin derecho a sanidad pública, que suman 140 millones, que
se ha cobrado la muerte de más de 100.000 personas y creado más de 40
millones de parados, mientras que las cuentas de los millonarios han
crecido en $434 mil millones
No hay comentarios:
Publicar un comentario