LA RESTRUCTURACIÓN POLÍTICA Y ECONÓMICA
Ildefonso Gómez
La crisis del coronavirus
2020 en la que hemos entrado desde hace un tiempo parece ser un proceso de
destrucción y regresión largo y difícil de superar por aquellos sectores
sociales más explotados y oprimidos. Sólo podemos hablar de las primeras
lecciones que se derivan de la experiencia vivida en la mayoría de países del
mundo, pero son de tal calado que no pueden dejar de convertirse en los
fundamentos de una nueva práctica política.
Hoy por hoy no podemos sino partir
de la realidad, de los hechos: de millones de afectados, del caos sanitario
generalizado provocado por el desmantelamiento y privatización de los servicios
sanitarios, del saldo de centenares de miles de muertos. Del cierre de
fronteras, países y ciudades, desarmando toda resistencia obrera y popular,
poniendo las sociedades a los pies de los cuerpos policiales y militares con
medidas que conculcan derechos fundamentales.
Y la economía más en manos que
nunca de los financieros y especuladores, economía que se vuelve a tambalear
como no lo hacía desde 1929.La locura se ha instalado en el poder de los
Estados, donde se emite un motón de dinero sin valor alguno: en todo el mundo
se produce un 70% más de los alimentos necesarios, pero cada día mueren 40.000
personas de la gran pandemia del hambre, con 800 millones de personas
subalimentadas.
Que todo siga igual pero mucho peor, este parece ser el lema de
los gobiernos que confían en las reglas del capital financiero, y las
transmiten y ordenan en beneficio de los de siempre. Grandes sumas de dinero se
han emitido por los bancos centrales en provecho de los bancos privados para
multiplicar el pozo sin fondo de la deuda pública de cada Estado.
Pero en
muchos casos nada puede seguir igual, y el caso de España y su Corona impuesta
no es una excepción. Desde la planificación del reparto de tareas de producción
y servicios establecida por la burocracia de Bruselas a nuestro país de países
le había tocado ser el solar de disfrute del turismo europeo e internacional.
De sobra conocida es la expresión de que para Bruselas España es poco más que
un territorio de camareros. Para ello se
destruyó conscientemente la industria, y una buena parte de la agricultura,
ganadería y pesca…Todo se apostó al número del turismo, el mismo que ha sufrido
un golpe muy grave con la pandemia internacional del coronavirus. El turismo,
la construcción de segundas residencias; los transportes y la hostelería
representan algo más de la tercera parte del PIB español ¿Y ahora qué?
El
gobierno reclama a Bruselas bonos para financiar el desastre de sus políticas
comunitarias, pero nadie está dispuesto a financiar crisis ajenas, y aún menos
financiar en un Estado que gasta más que ningún otro en Casas Reales, Iglesias
y en casta de políticos y sindicalistas bien
pagados, gastos que se han multiplicado por encima de cualquier país de Europa,
y todo ello para darle alguna base (clientelar) de sustentación material al
régimen del 78.
En los confines de Europa se habla del necesario rescate de
España, un Estado que carece de los medios económicos y políticos para hacer
frente a las consecuencias de la crisis 2020. Un Estado que encuentra más fácil
pedir fondos a Bruselas para depender aún más de los banqueros europeos que de
poder fabricar algo tan simple como una mascarilla sanitaria. De la actual
descomposición deben surgir las fuerzas que promoverán un nuevo orden. La
reconstrucción económica es imprescindible, lo que implica la
reindustrialización, y el aprovechamiento real y democrático de la
agricultura, la ganadería y la pesca, invirtiendo para ello aquellas finanzas
que van ahora al pago de la deuda pública.
La reconstrucción económica conlleva
la reconstrucción política, acabando con el parasitismo de los privilegios de
Estado, de todos aquellas instituciones que viven de los Presupuestos sin
necesidad alguna, y que además no gozan de apoyo social alguno entre la mayoría
de la población. Un Estado que no puede seguir estructurado políticamente en
torno al clientelismo y la corrupción institucional, con una casta política y
sindical gregaria que suma por encima de 500.000 individuos muy bien pagados.
Desde hace meses se demanda la necesidad de que familias sin ningún ingreso
puedan hacer frente a la situación de crisis y penuria recibiendo un ingreso
mínimo vital, como el que se demanda para los salarios mínimos y para las
pensiones más bajas, cuantía que debería ser al menos de 1.200 euros para que
se pueda hacer frente a los gastos esenciales. A ello se oponen buena parte de
los partidos subvencionados, la patronal que vive de la explotación, y de no
pagar impuestos, y la misma Iglesia católica que por su parte recibe del Estado
más de 12.000 millones de euros año.
Los informes oficiales hablan de que en
España el 26,1% de la población, es decir 12, 3 millones de personas se
encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social, y qué es el único país de
Europa que no tiene una prestación pública que cubra el riesgo general de
pobreza. Y a esta cifra debe sumarse los parados crónicos sin derechos
derivados del parón del coronavirus. Por ello es urgente que las Cortes
Generales tomen las decisiones necesarias que protejan de verdad los derechos
más elementales de la población al trabajo, a la prestación pública cuando no
se tiene trabajo, a la salud y a la vida. Las Cortes no pueden seguir de
espaladas a la realidad y están ante la necesidad de romper con el dictado
monárquico. Las consecuencias de la crisis del coronavirus han de devolvernos a
la realidad política y económica, a la democracia y a la libre determinación.
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