La necesaria unidad de la clase obrera extremeña contra la explotación salarial

 La hipocresía de nuestro gobierno regional con los premios, las ayudas y subvenciones públicas a los grandes explotadores burgueses. La necesaria unidad de la clase obrera extremeña contra la explotación salarial.

Una vez que en la historia de la humanidad comienza a desaparecer la propiedad comunal y se impone la propiedad privada es la clase burguesa la que domina y controla los medios necesarios para la producción de los bienes y servicios, la que impone su cultura, sus modos de hacer y producir, sus ideas y las formas en las que se comunican esas ideas a la sociedad.

En la región extremeña es el Sr Fernández Vara como mayor representante político de la democracia burguesa, cumple las funciones de principal defensor de las ideas y culturas que aseguran que una amplia mayoría de la población acepte con naturalidad  la dictadura del capital. Un comunicador que a lo largo de la legislatura no ha dejado de anunciar grandes oportunidades para una región que lentamente se hunde entre tanta palabrería e imaginativas perspectivas de progreso.

 La administración regional en manos de sectores de la pequeña burguesía acompaña y satisface con sus iniciativas los deseos de la burguesia regional y de los grandes capitales nacionales e internacionales que están afincados o buscan hacer negocios en la región. Por norma general, los intereses globales del capital se deciden en el aparato del estado en Madrid y se imponen en Extremadura.

A la búsqueda de Mecenas, Fondos de Inversión y Multinacionales

El gobiernillo regional no tiene políticas propias porque consume muchas de sus energías en la búsqueda de mecenas o de grandes multinacionales para que vengan a invertir a nuestra región lo que contrasta con el abandono de actuaciones dirigidas al aprovechamiento de los recursos de nuestro territorio, con el objetivo de la creación de un potente sector público extremeño que sirva de base y apoyo a quienes se dedican al trabajo autónomo o a las empresas extremeñas de bienes y servicios.

Quienes dirigen el aparato del estado, tanto el central como el regional, no se complican la vida en conformar una propiedad pública y colectiva de los medios de producción en la economía extremeña, todo lo contrario, privatizan y sólo confían en la iniciativa privada, y en los criterios que nos marcan los dueños del dinero, banqueros, fondos de inversión, grandes empresarios y multinacionales.

El ruido mediático de las grandes inversiones productivas y de ocio

En los último años se multiplican las informaciones en los medios de comunicación regional de grandes inversiones centradas en el ocio y la producción. A pesar de esta estrategia basada en tanto ruido y alboroto mediático no se consigue romper las barreras mentales de nuestra desconfianza en unas clases dirigentes que a lo largo de la historia nos han llevado por el camino de la explotación, el atraso, la mentira y la emigración.

El individualismo frente a lo colectivo

Otra particularidad cultural propia del sistema de la propiedad privada es el elogio al individualismo y la consideración de que el avance social proviene de la inteligencia y el buen hacer de personalidades; sin embargo se deja de lado, se desprecia lo colectivo, todo lo que huela a comunal, cuando son los colectivos sociales quienes con su trabajo generan la riqueza y el capital.

Esta concepción cultural del mundo está muy asumida y extendida por quienes están al frente de las instituciones extremeñas. Además, estas ideas se quieren reforzar hipócritamente de veracidad premiando a grandes explotadores, a los que se les nombra con títulos de empresarios ejemplares, emprendedores del año o con otras credenciales de designación burguesa, a la vez que se les inyectan subvenciones y ayudas públicas millonarias para que prosigan con su enriquecimiento a costa del sudor y de la vida del pueblo trabajador extremeño.

La dura explotación laboral de la clase obrera extremeña

El camino trazado en tiempos pretéritos por aristócratas, rentistas, terratenientes y señores feudales, propietarios de la tierra y de las haciendas, nos abocó directamente al subdesarrollo. En siglos posteriores, no conseguimos superar una buena parte de aquel estadio para alcanzar un nivel similar de desarrollo económico-social a otras regiones del estado español.

Todo el proceso histórico ha condicionado que en la actualidad los capitalistas encuentren muchas facilidades para seguir apropiándose como sanguijuelas hambrientas  de la fuerza de trabajo extremeña.

 La explotación y el hecho de que se acepten con extraña normalidad injustas decisiones patronales se fundamentan en la poca organización, la baja capacidad de lucha a la que nos han llevado los sindicatos de la monarquía con la continua desmovilización del movimiento obrero.

Los trabajadores más concienciados comentan privadamente las duras circunstancias laborales o medioambientales en las que desarrollan su actividad. La insaciable voracidad del capital no para en sus intentos de conseguir en el menor tiempo el mayor beneficio posible.

Son habituales las críticas que exigen más presencia en los centros de trabajo de la Inspección de Trabajo y de una acción sindical más contundente. El comentario general es que sería necesario una mayor presencia, rigor e intensidad en la vigilancia del cumplimiento de los convenios colectivos o del propio Estatuto de los Trabajadores.

En algunos casos, es urgente la intervención de estas instituciones y organizaciones sindicales en empresas concretas, en dónde se dan unas condiciones ambientales que no son las más adecuadas para la salud de los trabajadores. Las direcciones empresariales y sus esbirros se aprovechan del miedo del trabajador a perder su puesto de trabajo puesto que hay que alimentar a una familia.

La plusvalía favorecida por la pasividad organizada

La pasividad obrera es una buena noticia para el poder político y la burguesía que de este modo no le resulta difícil imponer unas duras condiciones laborales que le proporcionan buenas plusvalías y su continuo enriquecimiento.

La plusvalía es la parte del trabajo realizado por el obrero que no se paga. Marx la puso de manifiesto a pesar de estar oculta en los profundos mecanismos de la producción y distribución de mercancías. El capitalismo necesita el plusvalor como una droga para sobrevivir y seguir reproduciéndose; viene a ser como un narcótico del que siempre se está insatisfecho y cuyo afán por disfrutarle permanentemente provoca las tremendas contradicciones que aceleran la inestabilidad y las crisis de la producción capitalista.

 La clase obrera extremeña tiene que superar las limitaciones al desarrollo de la lucha de clases, y oponer resistencias a la dominación brutal de la clase burguesa, necesita una organización obrera fuerte que desarrolle la conciencia de clase, y la lucha contra la explotación, y en general, denuncie las ocasiones en las que se quebrantan las propias normas concertadas entre el trabajo y el capital.

 La plusvalía que rapiña el capital aumenta cuando se regatea hasta el infinito para no pagar los salarios de los convenios o los que están regulados a partir del salario mínimo interprofesional, cuando se firman nóminas en las que aparecen menos horas de las reales, cuando se realizan horas extraordinarias establecidas de antemano que ahorran empleo a otros trabajadores, y cotizaciones a la seguridad social, o cuando se dan unas condiciones ambientales deplorables para la salud y la vida o cuando se siguen criterios diferentes en las asignaciones de las peonadas, los salarios, horarios, cotizaciones a la seguridad social, subsidios agrarios, etc. que tienen por objeto fragmentar y dividir para anular toda posible unidad obrera.

El sector del vidrio, del aluminio, del metal, de la sanidad, de la agricultura, de la educación, etc. tienen a una población trabajadora honrada y honesta, personas que son conscientes de sus derechos, pero sin una conexión y una unidad entre todos los sectores. La producción es social, pero los beneficios de esa producción no llegan ni mucho menos a todos, no se socializan, quedan en manos una minoría.

Desde Extremadura Digna y el PSLF queremos trabajar para modificar las estructuras políticas que hagan posible que los beneficios de la producción social lleguen a todos los sectores sociales, lleguen al conjunto de la sociedad. Queremos aportar nuestro granito de arena para crear órganos de poder al servicio de la clase obrera y del pueblo trabajador, para que sirvan para organizarse y enfrentarse al aparato del estado capitalista que legaliza como estamos viendo en la actualidad el empobrecimiento generalizado del pueblo trabajador.

Las políticas de la miseria

 

Durante el año 2022 el gobierno ha reducido los alimentos para las asociaciones de reparto a través de la Cruz Roja en más de un 45 %, aproximadamente. Así que en vez de distribuir alimentos a las familias pobres en tres repartos sólo habrá dos repartos, y la cantidad global de alimentos será menor.

Lo que están haciendo ahora las administraciones públicas, lo ha hecho la Diputación, y probablemente lo hagan otras administraciones públicas, para que la gente no pase hambre y no sucedan protestas que den origen a conflictos sociales es conceder tarjetas de 100 euros a las familias más desamparadas para que compren alimentos en las tiendas de la localidad.

De este modo, los gobiernos de las diferentes instituciones públicas ejercen un mayor control del que ya practican sobre las personas más necesitadas y evitan posibles rebeliones y alteraciones de la vida social; el problema que tienen estos poderes políticos es que cada día crece el número de personas y familias que son incapaces de llegar a final de mes ante la colosal subida de los precios de los alimentos, combustibles y de los suministros básicos como la luz, el agua o el gas.

Mientras esto está ocurriendo el gobierno de España incrementa el presupuesto destinado a la industria armamentista siguiendo las directrices del imperialismo norteamericano y la OTAN, lo que hace que este negocio sea el más rentable y el que con más fuerza sube en las bolsas de valores del mundo.

La política de la guerra se impone ante las necesidades básicas de las personas y especialmente de los sectores sociales más débiles de la población que de un modo u otro expresan la insatisfacción ante la política del palo y la zanahoria.

Al gobierno le interesa más asegurar el negocio del capital, su reproducción, que en momentos de crisis recurre a la guerra para dar un salto superando todos los obstáculos que se interponen en la obtención de una buena tasa de ganancia que emplear recursos en atender los requerimientos básicos que hacen que los seres humanos puedan vivir dignamente.

Cada día son más las personas que se quejan del funcionamiento de los servicios públicos, especialmente de la sanidad, del retraso en la atención sanitaria, de las listas de espera relacionadas con las intervenciones quirúrgicas, pruebas de diagnóstico o falta de especialistas en traumatología, cardiología, psiquiatría, etc. No sólo es la insatisfacción popular, también un buen número de los profesionales de la sanidad se quejan de que no dan abastos y tras la pandemia sufren un agotamiento importante reclamando un aumento de los recursos humanos y técnicos en los centros de salud y hospitales para disponer de una sanidad pública de calidad.

Las medidas contra los efectos de la guerra no buscan oponerse a la guerra

El Gobierno argumenta sus planes de apoyo a la guerra de Ucrania como si se tratase de “ayudar a personas y empresas con el objetivo de fortalecer el estado de bienestar y profundizar en la modernización de la economía avanzando en la digitalización y la transición ecológica”. La realidad es que se siguen los dictados que marcan los intereses de los EEUU.

 Las medidas contra los efectos de la guerra no buscan oponerse a la guerra. Todo lo contrario, el envío de hombres y armas para el conflicto se acelera, así como el seguimiento de las medidas de sanción económica que encarecen la mayoría de los productos de consumo diario. La guerra trae recesión y miseria popular a cambio de grandes beneficios para los señores de la guerra nacionales e internacionales.

Para mantener esa política de guerra, el Gobierno busca contener alguno de sus efectos más llamativos de la especulación empresarial, financiando a sectores comerciales más dañados, como es el caso de las empresas de gas intensivas, o de sectores como el papel, el vidrio o la cerámica... Financiando también el transporte con más avales y tratar de dar liquidez a empresas en mala situación financiera.

Los descuentos al combustible de 20 céntimos por litro, y el límite a la subida de los alquileres son medidas claramente insuficientes para hacer frente a la ola de miseria popular, pero no se tocan los precios que destruyen salarios y pensiones.

Tal y como sucedió con las medidas de escudo social de la pandemia, estas medidas son más simbólicas que reales, y la burocracia administrativa se encargará de limitar aún más su alcance.

Se vende el acuerdo político que España y Portugal han obtenido como concesión de la Unión Europea sobre el precio de la energía, mientras se esconde que la política contra el pueblo saharaui está a punto de romper los acuerdos de suministro de gas de Argelia por gas norteamericano, de mucha peor calidad y más caro.

En esta crisis política lo que está en cuestión es el Estado Profundo heredado de la dictadura

 

El espionaje, es decir el Estado policial, se ha superpuesto a todos los asuntos de la crisis política, agravando todas las cuestiones.

Cuando en 1995 el diario El Mundo destapó el caso de las “Escuchas del CESID”, se puso de manifiesto que el espionaje era un modo habitual de funcionamiento del aparato de Estado, donde se grababa a todo el mundo y, en particular, a políticos, empresarios, periodistas..., y a los mismos miembros de las instituciones. Espionaje sistemático, que -según declaraciones de la época del que fuera presidente de Gobierno, Felipe González- se enteró del asunto por la prensa, como también manifestó que se enteró por la prensa de la corrupción o del Gal.

El Gobierno de coalición de Sánchez ha caído en la misma trampa, tratando primero de negar los hechos y luego, en un giro fatídico, sacar a escena a Bolaños -que sirve para todo- para venir a declarar que también se espiaba al Gobierno en la persona de la ministra de Defensa y del mismo Sánchez. Hecho éste que se conocía desde hace un año.

Con su maniobra, el Gobierno se ha puesto la cuerda al cuello, buscando imputar de los hechos a terceras personas de menor rango, a otros países o a grandes empresas. La negativa del PSOE, como mayoría del gobierno de coalición, a que se investiguen los hechos en sede parlamentaria le pone contra las cuerdas ante las demandas democráticas.

El aspecto central de todo ello es la impunidad con la que se mueven unos y otros. Cuando desde la cúpula del Estado se amasa día a día la impunidad del rey emérito como jefe que fue de la Casa Real y del mismo Estado, el aspecto más relevante es el de la complicidad de quienes gobiernan, en la medida que hacen uso y abuso de dos discursos: de una parte, van de supuestos demócratas, y de otra, colaboran con todas las formas de sostenimiento de las instituciones fácticas heredadas de la dictadura contra la población.

La opacidad sobre los asuntos fundamentales se fomenta con el hecho de que es el mismo gobierno quien se encarga de establecer en la vida política e institucional qué es secreto y qué no lo es, negando a las Cortes Generales, que formalmente representan la voluntad popular, la capacidad para conocer y resolver los principales problemas.

Es el Estado profundo heredado de la dictadura, formado por una red de poder político, judicial, económico y policial..., que representa el régimen de la Monarquía, lo que realmente está en cuestión con esta crisis política de Estado.

EL PRÓXIMO DÍA 14 SE CONVOCA A PARTICIPAR EN LA CONSULTA POPULAR ENTRE MONARQUÍA O REPÚBLICA

 

El anteproyecto de Ley llamado de Memoria Democrática es un ejemplo de libro de mantener más de 80 años de impunidad, de ellos, cuarenta años de supuesta democracia.

El Anteproyecto se encuentra aparcado en el Congreso al constatarse que no existe una mayoría que la apruebe. El texto es un refrito mal guisado de la Ley de la Memoria de Zapatero con un lenguaje destinado solo a confundir.

De entrada, es un texto que lo que promueve es la impunidad de Estado. Comienza por decir que se estructura en torno al protagonismo y la reparación integral de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, cuando ni siquiera reconoce los derechos de las víctimas de las políticas internacionales, establecidas por la ONU, de verdad, justicia y reparación.

Un texto que se fundamenta en la no condena del franquismo como régimen criminal, y en la protección de sus leyes y sus secretos, en buena medida aún vigentes, y de sus instituciones en el poder que carecen de toda legalidad y legitimidad democrática.

No declara la nulidad de las condenas y sanciones a efectos judiciales, por tanto, habla de una nulidad que no es sino papel mojado.

De esta ley se han dicho muchas cosas, pero lo más injusto es plantear que es un asunto sólo del PSOE y no un asunto del Gobierno. Al respecto hay que recordar que el texto, tal como está, fue aprobado por todos los portavoces de los partidos que conforman el Gobierno de coalición.

La mayoría de electos tienen en sus manos la necesidad de depurar responsabilidades del Estado cloaca, estableciendo un verdadero giro político democrático de ruptura con el mundo corrupto de la Monarquía. El asunto de los espías del régimen pone al descubierto las políticas del Gobierno y del régimen del 78. El pueblo, los pueblos, tienen derecho a decidir para resolver los problemas que le afectan. Por ello. el próximo día 14 se convoca a participar en la consulta popular entre Monarquía o República

Por un cambio radical en el poder político. Por la creación de empresas públicas.

Por una Banca Pública Regional y una Empresa Pública de Energía

Desde Extremadura Digna y el PSLF queremos denunciar el paraíso de inversiones que es el territorio extremeño para las grandes multinacionales españolas o extranjeras, y proponer estas dos cuestiones de primera magnitud para impulsar el desarrollo de nuestra región.

Las empresas bancarias saquean a los extremeños y extremeñas con las comisiones y descubiertos, por lo que no podemos cansarnos de repetir que la Junta de Extremadura y el gobierno central son responsables de esta rapiña. A todo lo anterior se le suma el abandono y cierre de las oficinas bancarias en las localidades de menor población, dejando sin cobertura a buena parte de la población para la tramitación de múltiples asuntos que requieren la presencia física.

Las Diputaciones Provinciales recurriendo a sus presupuestos, con dinero público, tratan de paliar, de diluir y sin denunciar ante la opinión pública, este abandono de las localidades pequeñas de la región por parte de las entidades financieras, colocando cajeros en los pueblos mediante conciertos con la Caja Rural de Extremadura.  Por este motivo, reclamamos la constitución de una Banca Pública Regional para que además de captar el ahorro de los extremeños y apoyar a su población y a sus empresas, evite todos estos problemas que cada vez con mayor intensidad irán creando las entidades financieras.

En el caso de las empresas eléctricas ocurre un tanto parecido, no sólo aprovechan los recursos naturales de nuestra tierra, sol y aire, montando instalaciones para obtener energía eléctrica con el apoyo de nuestras administraciones públicas, además cosechan una abundante plusvalía de nuestra fuerza de trabajo y nos venden la energía eléctrica al precio que quieren. Todo ello, con la justificación de que crean empleo para los jóvenes extremeños, pero sin asegurar riqueza y futuro. Pan para hoy y hambre para mañana, la costumbre de nuestros explotadores.

 Consideramos que parte de los beneficios que obtienen estas grandes empresas por la venta de la energía eléctrica y por la plusvalía obtenida de los trabajadores y trabajadoras tiene que destinarse a la mejora de la educación y la sanidad pública, asegurar la calidad de funcionamiento de los centros de mayores, y además para que la población extremeña pueda disfrutar de una energía eléctrica mucho más barata. En ese sentido, consideramos importante la creación de una Empresa Pública Energética con capacidad para intervenir en las diferentes fases de la producción y comercialización de la energía eléctrica.

Los trabajadores y trabajadoras de Extremadura de una vez tenemos que movilizarnos para superar el miedo, la censura y el soborno que aseguran una opinión pública zombi y sometida que, junto al debilitamiento y a la desarticulación de las organizaciones populares, aseguran la construcción de sociedades capaces de aceptar el paro y la precariedad masivos. El miedo como gran mecanismo de control, la represión, la militarización y la guerra es la única respuesta del capital a su gigantesca crisis.

Por un cambio radical de quienes controlan el Poder Político. Quienes estamos contra la explotación salarial y por otras relaciones sociales de producción, luchamos para que el poder político pase a manos de los trabajadores y trabajadoras para frenar el saqueo y el robo que las grandes empresas eléctricas, entidades bancarias, fondos de inversión y otras multinacionales, realizan con diferentes mecanismos, productivos, extractivos y comerciales del sudor del pueblo trabajador extremeño.

El estado de cosas no se puede ni se quiere modificar por los que actualmente tienen en sus manos la dirección de los asuntos políticos y económicos, bajo el amparo y la supervisión de una monarquía y unos aparatos del estado que son herramientas al servicio del capital protegiendo todas sus fechorías.

Los diferentes niveles públicos en los que se sustentan las élites burguesas, incluido el regional, se guían por una racionalidad que las beneficia y enriquece gracias a que controlan los diferentes sectores económicos; el resto de la población, clase trabajadora y pensionistas, sufre un crecimiento rápido de la precariedad, el desempleo y la pobreza. Las desigualdades sociales se acrecientan y sólo se pueden eliminar cuando haya una fuerza social poderosa y movilizada que luche por una racionalidad socialista contra la actual distribución de las ganancias y de los beneficios económicos. Ese es nuestro objetivo y en eso andamos..

EL PSLF se suma a las peticiones de organizaciones agrarias para ayudas a las explotaciones agrarias

Desde Extremadura Digna y Partido Socialista Libre Federación nos sumamos a las peticiones que están realizando algunas organizaciones de agricultores como la Unión de Extremadura y UPA-UCE para que se ayude a los miles de agricultores que se van a quedar sin poder regar en este período parte o el total de sus explotaciones agrarias.

Así, es muy significativo lo que señala la organización agraria La UNIÓN de que una administración con todas las competencias en materia agrícola no quiere comprometerse y  determinar qué cosas qué es lo que hay que producir prioritariamente y que, a su vez, haya establecido una política en esta materia que está provocando divisiones entre los productores agrícolas.

No es comprensible que desde la Unión Europea se sigan ejecutando políticas que acaban con las pequeñas explotaciones agrarias mientras se subvenciona con ayudas millonarias a grandes extensiones de tierra que no tienen ninguna actividad productiva o se permite la entrada de producciones que no se ajustan a las normas productivas y comerciales que impone la Unión Europea sólo porque compensan y satisfacen los intereses comerciales de las grandes multinacionales. 

LA MOVILIZACIÓN POR LA PAZ Y CONTRA LAS GUERRAS QUE ORGANIZAN LAS BURGUESÍAS Y LOS IMPERIALISMOS.

 

La burguesía española y mundial con una guerra cultural enloquecida desde todos los rincones y medios de comunicación nos quiere imponer a toda la población el punto de vista de sus intereses, lo que en buena medida están consiguiendo.

Desde la crisis de 2008 las economías capitalistas han disminuido notablemente la inversión productiva por su baja rentabilidad y se han centrado en la especulación financiera, mercado de bonos, acciones, criptomonedas. No satisfechas con las ganancias, y al igual que ocurrió en situaciones precedentes a las guerras mundiales, organizan guerras militares, culturales y económicas con el fin de apropiarse de los recursos económicos y materiales básicos de otros países, y hacerse las dueñas de los mercados.

Las políticas de sanciones que aplican para hundir a sus rivales, se vuelven como un búmeran contra la ciudadanía, en este caso, como está ocurriendo en España y Europa, provocando un encarecimiento general de los productos básicos de consumo humano. Todo esto se agravará una vez que el gobierno de Pedro Sánchez, siguiendo con su subordinación y vasallaje a los intereses del imperialismo yanqui y la OTAN, reduzca los presupuestos destinados a gastos sociales para incrementar los presupuestos destinados a gastos militares y de este modo, fortalecer la industria armamentística.

El aparato mediático gubernamental, los políticos del gobiernillo autonómico regional y personajes de la oligarquía bancaria anuncian tiempos difíciles para las clases trabajadoras y sectores populares recomendándonos que tendremos que apretarnos el cinturón por culpa de la guerra. Este estado de cosas beneficia política y económicamente a quienes así se pronuncian, haciendo el juego a las fracciones de la burguesía mejor situadas en el panorama económico, especialmente a las relacionadas con la industria militar o la especulación financiera.

Lo que no tiene dudas es que mientras que una minoría continuará incrementando sus ganancias a base de multiplicar exponencialmente todas las explotaciones, opresiones y dominaciones posibles, otros sectores sociales como trabajadores, autónomos, agricultores y en general sectores de la pequeña burguesía irán a la bancarrota y a la ruina.

La única salida para poner fin a las crisis económicas, y a las guerras que provocan las peleas entre los capitalistas por dominar la economía se producirá cuando las clases trabajadoras de los diferentes pueblos se movilicen y lleguen al poder político, poniendo en marcha un desarrollo pacífico de la sociedad humana. En estos momentos se impone la necesidad de la movilización por la Paz y una Conferencia Internacional contra las guerras.