Las políticas de la miseria

 

Durante el año 2022 el gobierno ha reducido los alimentos para las asociaciones de reparto a través de la Cruz Roja en más de un 45 %, aproximadamente. Así que en vez de distribuir alimentos a las familias pobres en tres repartos sólo habrá dos repartos, y la cantidad global de alimentos será menor.

Lo que están haciendo ahora las administraciones públicas, lo ha hecho la Diputación, y probablemente lo hagan otras administraciones públicas, para que la gente no pase hambre y no sucedan protestas que den origen a conflictos sociales es conceder tarjetas de 100 euros a las familias más desamparadas para que compren alimentos en las tiendas de la localidad.

De este modo, los gobiernos de las diferentes instituciones públicas ejercen un mayor control del que ya practican sobre las personas más necesitadas y evitan posibles rebeliones y alteraciones de la vida social; el problema que tienen estos poderes políticos es que cada día crece el número de personas y familias que son incapaces de llegar a final de mes ante la colosal subida de los precios de los alimentos, combustibles y de los suministros básicos como la luz, el agua o el gas.

Mientras esto está ocurriendo el gobierno de España incrementa el presupuesto destinado a la industria armamentista siguiendo las directrices del imperialismo norteamericano y la OTAN, lo que hace que este negocio sea el más rentable y el que con más fuerza sube en las bolsas de valores del mundo.

La política de la guerra se impone ante las necesidades básicas de las personas y especialmente de los sectores sociales más débiles de la población que de un modo u otro expresan la insatisfacción ante la política del palo y la zanahoria.

Al gobierno le interesa más asegurar el negocio del capital, su reproducción, que en momentos de crisis recurre a la guerra para dar un salto superando todos los obstáculos que se interponen en la obtención de una buena tasa de ganancia que emplear recursos en atender los requerimientos básicos que hacen que los seres humanos puedan vivir dignamente.

Cada día son más las personas que se quejan del funcionamiento de los servicios públicos, especialmente de la sanidad, del retraso en la atención sanitaria, de las listas de espera relacionadas con las intervenciones quirúrgicas, pruebas de diagnóstico o falta de especialistas en traumatología, cardiología, psiquiatría, etc. No sólo es la insatisfacción popular, también un buen número de los profesionales de la sanidad se quejan de que no dan abastos y tras la pandemia sufren un agotamiento importante reclamando un aumento de los recursos humanos y técnicos en los centros de salud y hospitales para disponer de una sanidad pública de calidad.

Las medidas contra los efectos de la guerra no buscan oponerse a la guerra

El Gobierno argumenta sus planes de apoyo a la guerra de Ucrania como si se tratase de “ayudar a personas y empresas con el objetivo de fortalecer el estado de bienestar y profundizar en la modernización de la economía avanzando en la digitalización y la transición ecológica”. La realidad es que se siguen los dictados que marcan los intereses de los EEUU.

 Las medidas contra los efectos de la guerra no buscan oponerse a la guerra. Todo lo contrario, el envío de hombres y armas para el conflicto se acelera, así como el seguimiento de las medidas de sanción económica que encarecen la mayoría de los productos de consumo diario. La guerra trae recesión y miseria popular a cambio de grandes beneficios para los señores de la guerra nacionales e internacionales.

Para mantener esa política de guerra, el Gobierno busca contener alguno de sus efectos más llamativos de la especulación empresarial, financiando a sectores comerciales más dañados, como es el caso de las empresas de gas intensivas, o de sectores como el papel, el vidrio o la cerámica... Financiando también el transporte con más avales y tratar de dar liquidez a empresas en mala situación financiera.

Los descuentos al combustible de 20 céntimos por litro, y el límite a la subida de los alquileres son medidas claramente insuficientes para hacer frente a la ola de miseria popular, pero no se tocan los precios que destruyen salarios y pensiones.

Tal y como sucedió con las medidas de escudo social de la pandemia, estas medidas son más simbólicas que reales, y la burocracia administrativa se encargará de limitar aún más su alcance.

Se vende el acuerdo político que España y Portugal han obtenido como concesión de la Unión Europea sobre el precio de la energía, mientras se esconde que la política contra el pueblo saharaui está a punto de romper los acuerdos de suministro de gas de Argelia por gas norteamericano, de mucha peor calidad y más caro.

En esta crisis política lo que está en cuestión es el Estado Profundo heredado de la dictadura

 

El espionaje, es decir el Estado policial, se ha superpuesto a todos los asuntos de la crisis política, agravando todas las cuestiones.

Cuando en 1995 el diario El Mundo destapó el caso de las “Escuchas del CESID”, se puso de manifiesto que el espionaje era un modo habitual de funcionamiento del aparato de Estado, donde se grababa a todo el mundo y, en particular, a políticos, empresarios, periodistas..., y a los mismos miembros de las instituciones. Espionaje sistemático, que -según declaraciones de la época del que fuera presidente de Gobierno, Felipe González- se enteró del asunto por la prensa, como también manifestó que se enteró por la prensa de la corrupción o del Gal.

El Gobierno de coalición de Sánchez ha caído en la misma trampa, tratando primero de negar los hechos y luego, en un giro fatídico, sacar a escena a Bolaños -que sirve para todo- para venir a declarar que también se espiaba al Gobierno en la persona de la ministra de Defensa y del mismo Sánchez. Hecho éste que se conocía desde hace un año.

Con su maniobra, el Gobierno se ha puesto la cuerda al cuello, buscando imputar de los hechos a terceras personas de menor rango, a otros países o a grandes empresas. La negativa del PSOE, como mayoría del gobierno de coalición, a que se investiguen los hechos en sede parlamentaria le pone contra las cuerdas ante las demandas democráticas.

El aspecto central de todo ello es la impunidad con la que se mueven unos y otros. Cuando desde la cúpula del Estado se amasa día a día la impunidad del rey emérito como jefe que fue de la Casa Real y del mismo Estado, el aspecto más relevante es el de la complicidad de quienes gobiernan, en la medida que hacen uso y abuso de dos discursos: de una parte, van de supuestos demócratas, y de otra, colaboran con todas las formas de sostenimiento de las instituciones fácticas heredadas de la dictadura contra la población.

La opacidad sobre los asuntos fundamentales se fomenta con el hecho de que es el mismo gobierno quien se encarga de establecer en la vida política e institucional qué es secreto y qué no lo es, negando a las Cortes Generales, que formalmente representan la voluntad popular, la capacidad para conocer y resolver los principales problemas.

Es el Estado profundo heredado de la dictadura, formado por una red de poder político, judicial, económico y policial..., que representa el régimen de la Monarquía, lo que realmente está en cuestión con esta crisis política de Estado.

EL PRÓXIMO DÍA 14 SE CONVOCA A PARTICIPAR EN LA CONSULTA POPULAR ENTRE MONARQUÍA O REPÚBLICA

 

El anteproyecto de Ley llamado de Memoria Democrática es un ejemplo de libro de mantener más de 80 años de impunidad, de ellos, cuarenta años de supuesta democracia.

El Anteproyecto se encuentra aparcado en el Congreso al constatarse que no existe una mayoría que la apruebe. El texto es un refrito mal guisado de la Ley de la Memoria de Zapatero con un lenguaje destinado solo a confundir.

De entrada, es un texto que lo que promueve es la impunidad de Estado. Comienza por decir que se estructura en torno al protagonismo y la reparación integral de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, cuando ni siquiera reconoce los derechos de las víctimas de las políticas internacionales, establecidas por la ONU, de verdad, justicia y reparación.

Un texto que se fundamenta en la no condena del franquismo como régimen criminal, y en la protección de sus leyes y sus secretos, en buena medida aún vigentes, y de sus instituciones en el poder que carecen de toda legalidad y legitimidad democrática.

No declara la nulidad de las condenas y sanciones a efectos judiciales, por tanto, habla de una nulidad que no es sino papel mojado.

De esta ley se han dicho muchas cosas, pero lo más injusto es plantear que es un asunto sólo del PSOE y no un asunto del Gobierno. Al respecto hay que recordar que el texto, tal como está, fue aprobado por todos los portavoces de los partidos que conforman el Gobierno de coalición.

La mayoría de electos tienen en sus manos la necesidad de depurar responsabilidades del Estado cloaca, estableciendo un verdadero giro político democrático de ruptura con el mundo corrupto de la Monarquía. El asunto de los espías del régimen pone al descubierto las políticas del Gobierno y del régimen del 78. El pueblo, los pueblos, tienen derecho a decidir para resolver los problemas que le afectan. Por ello. el próximo día 14 se convoca a participar en la consulta popular entre Monarquía o República

Por un cambio radical en el poder político. Por la creación de empresas públicas.

Por una Banca Pública Regional y una Empresa Pública de Energía

Desde Extremadura Digna y el PSLF queremos denunciar el paraíso de inversiones que es el territorio extremeño para las grandes multinacionales españolas o extranjeras, y proponer estas dos cuestiones de primera magnitud para impulsar el desarrollo de nuestra región.

Las empresas bancarias saquean a los extremeños y extremeñas con las comisiones y descubiertos, por lo que no podemos cansarnos de repetir que la Junta de Extremadura y el gobierno central son responsables de esta rapiña. A todo lo anterior se le suma el abandono y cierre de las oficinas bancarias en las localidades de menor población, dejando sin cobertura a buena parte de la población para la tramitación de múltiples asuntos que requieren la presencia física.

Las Diputaciones Provinciales recurriendo a sus presupuestos, con dinero público, tratan de paliar, de diluir y sin denunciar ante la opinión pública, este abandono de las localidades pequeñas de la región por parte de las entidades financieras, colocando cajeros en los pueblos mediante conciertos con la Caja Rural de Extremadura.  Por este motivo, reclamamos la constitución de una Banca Pública Regional para que además de captar el ahorro de los extremeños y apoyar a su población y a sus empresas, evite todos estos problemas que cada vez con mayor intensidad irán creando las entidades financieras.

En el caso de las empresas eléctricas ocurre un tanto parecido, no sólo aprovechan los recursos naturales de nuestra tierra, sol y aire, montando instalaciones para obtener energía eléctrica con el apoyo de nuestras administraciones públicas, además cosechan una abundante plusvalía de nuestra fuerza de trabajo y nos venden la energía eléctrica al precio que quieren. Todo ello, con la justificación de que crean empleo para los jóvenes extremeños, pero sin asegurar riqueza y futuro. Pan para hoy y hambre para mañana, la costumbre de nuestros explotadores.

 Consideramos que parte de los beneficios que obtienen estas grandes empresas por la venta de la energía eléctrica y por la plusvalía obtenida de los trabajadores y trabajadoras tiene que destinarse a la mejora de la educación y la sanidad pública, asegurar la calidad de funcionamiento de los centros de mayores, y además para que la población extremeña pueda disfrutar de una energía eléctrica mucho más barata. En ese sentido, consideramos importante la creación de una Empresa Pública Energética con capacidad para intervenir en las diferentes fases de la producción y comercialización de la energía eléctrica.

Los trabajadores y trabajadoras de Extremadura de una vez tenemos que movilizarnos para superar el miedo, la censura y el soborno que aseguran una opinión pública zombi y sometida que, junto al debilitamiento y a la desarticulación de las organizaciones populares, aseguran la construcción de sociedades capaces de aceptar el paro y la precariedad masivos. El miedo como gran mecanismo de control, la represión, la militarización y la guerra es la única respuesta del capital a su gigantesca crisis.

Por un cambio radical de quienes controlan el Poder Político. Quienes estamos contra la explotación salarial y por otras relaciones sociales de producción, luchamos para que el poder político pase a manos de los trabajadores y trabajadoras para frenar el saqueo y el robo que las grandes empresas eléctricas, entidades bancarias, fondos de inversión y otras multinacionales, realizan con diferentes mecanismos, productivos, extractivos y comerciales del sudor del pueblo trabajador extremeño.

El estado de cosas no se puede ni se quiere modificar por los que actualmente tienen en sus manos la dirección de los asuntos políticos y económicos, bajo el amparo y la supervisión de una monarquía y unos aparatos del estado que son herramientas al servicio del capital protegiendo todas sus fechorías.

Los diferentes niveles públicos en los que se sustentan las élites burguesas, incluido el regional, se guían por una racionalidad que las beneficia y enriquece gracias a que controlan los diferentes sectores económicos; el resto de la población, clase trabajadora y pensionistas, sufre un crecimiento rápido de la precariedad, el desempleo y la pobreza. Las desigualdades sociales se acrecientan y sólo se pueden eliminar cuando haya una fuerza social poderosa y movilizada que luche por una racionalidad socialista contra la actual distribución de las ganancias y de los beneficios económicos. Ese es nuestro objetivo y en eso andamos..

EL PSLF se suma a las peticiones de organizaciones agrarias para ayudas a las explotaciones agrarias

Desde Extremadura Digna y Partido Socialista Libre Federación nos sumamos a las peticiones que están realizando algunas organizaciones de agricultores como la Unión de Extremadura y UPA-UCE para que se ayude a los miles de agricultores que se van a quedar sin poder regar en este período parte o el total de sus explotaciones agrarias.

Así, es muy significativo lo que señala la organización agraria La UNIÓN de que una administración con todas las competencias en materia agrícola no quiere comprometerse y  determinar qué cosas qué es lo que hay que producir prioritariamente y que, a su vez, haya establecido una política en esta materia que está provocando divisiones entre los productores agrícolas.

No es comprensible que desde la Unión Europea se sigan ejecutando políticas que acaban con las pequeñas explotaciones agrarias mientras se subvenciona con ayudas millonarias a grandes extensiones de tierra que no tienen ninguna actividad productiva o se permite la entrada de producciones que no se ajustan a las normas productivas y comerciales que impone la Unión Europea sólo porque compensan y satisfacen los intereses comerciales de las grandes multinacionales. 

LA MOVILIZACIÓN POR LA PAZ Y CONTRA LAS GUERRAS QUE ORGANIZAN LAS BURGUESÍAS Y LOS IMPERIALISMOS.

 

La burguesía española y mundial con una guerra cultural enloquecida desde todos los rincones y medios de comunicación nos quiere imponer a toda la población el punto de vista de sus intereses, lo que en buena medida están consiguiendo.

Desde la crisis de 2008 las economías capitalistas han disminuido notablemente la inversión productiva por su baja rentabilidad y se han centrado en la especulación financiera, mercado de bonos, acciones, criptomonedas. No satisfechas con las ganancias, y al igual que ocurrió en situaciones precedentes a las guerras mundiales, organizan guerras militares, culturales y económicas con el fin de apropiarse de los recursos económicos y materiales básicos de otros países, y hacerse las dueñas de los mercados.

Las políticas de sanciones que aplican para hundir a sus rivales, se vuelven como un búmeran contra la ciudadanía, en este caso, como está ocurriendo en España y Europa, provocando un encarecimiento general de los productos básicos de consumo humano. Todo esto se agravará una vez que el gobierno de Pedro Sánchez, siguiendo con su subordinación y vasallaje a los intereses del imperialismo yanqui y la OTAN, reduzca los presupuestos destinados a gastos sociales para incrementar los presupuestos destinados a gastos militares y de este modo, fortalecer la industria armamentística.

El aparato mediático gubernamental, los políticos del gobiernillo autonómico regional y personajes de la oligarquía bancaria anuncian tiempos difíciles para las clases trabajadoras y sectores populares recomendándonos que tendremos que apretarnos el cinturón por culpa de la guerra. Este estado de cosas beneficia política y económicamente a quienes así se pronuncian, haciendo el juego a las fracciones de la burguesía mejor situadas en el panorama económico, especialmente a las relacionadas con la industria militar o la especulación financiera.

Lo que no tiene dudas es que mientras que una minoría continuará incrementando sus ganancias a base de multiplicar exponencialmente todas las explotaciones, opresiones y dominaciones posibles, otros sectores sociales como trabajadores, autónomos, agricultores y en general sectores de la pequeña burguesía irán a la bancarrota y a la ruina.

La única salida para poner fin a las crisis económicas, y a las guerras que provocan las peleas entre los capitalistas por dominar la economía se producirá cuando las clases trabajadoras de los diferentes pueblos se movilicen y lleguen al poder político, poniendo en marcha un desarrollo pacífico de la sociedad humana. En estos momentos se impone la necesidad de la movilización por la Paz y una Conferencia Internacional contra las guerras.

 

En defensa de las personas que huyen de la guerra y la miseria

¡Por el derecho universal de asilo y refugio!

¡Regularización extraordinaria de los extranjeros en España!

La guerra de Ucrania ,en sus primeros días, ha logrado con sus efectos perniciosos reventar los muros artificiales de las fronteras de la Europa de la UE . Se estima por la ONU en cinco millones de personas, la mayoría mujeres y niños (por la negativa del gobierno ucraniano a dejar salir del país a los hombres en edad militar);las que abandonaran el teatro de la guerra; cruzando fronteras que hasta hace pocos días parecían infranqueables. Las máximas autoridades de la Unión Europea acordaron, por mandato de la OTAN, acoger masivamente a los refugiados ucranianos durante un periodo máximo de tres años sin necesidad de que se solicite el derecho de asilo.

Los Estados miembros de la UE han ofrecido ayuda interesada a los millones de evacuados, preparando alojamiento de viviendas , la gratuidad en el transporte público, y la apertura del mercado de trabajo, con la consiguiente cobertura alimentaría y médica. Activando para ello la “Directiva de Protección Temporal” de 2001, que en su día se estableció tras la guerra de la ex- Yugoslavia, directiva que nunca fue aplicada . 

Esta Norma que obliga a los Estados miembros a acoger y ofrecer ayuda a los que huyen de terceros países, promoviendo un reparto equitativo del esfuerzo que ello supone . De forma, que todos los acogidos reciben de forma automática el estatuto de refugiado. El art.1o. de la norma así lo establece: ”La presente Directiva tiene por objeto establecer normas mínimas para la concesión de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas procedentes de terceros países que no puedan volver a su país de origen , y fomentar un esfuerzo equitativo entre los Estados miembros para acoger a dichas personas y asumir las consecuencias de su acogida”

Actualmente la generalización de las guerras y de las hambrunas han expulsado -según la ONU- a 82 millones de personas fuera de sus lugares de origen ,siendo , de ellas,26,4 los millones de personas que han conseguido el estatuto de refugiados.

La anterior gran crisis de refugiados de 2015 concito todas las resistencias de la Unión Europea, y de los países miembros, en particular de los del Este de Europa. Entonces un millón de personas cruzaron el Mediterráneo como refugiados o inmigrantes procedentes de la Guerra de Siria, siendo entonces rechazados en las fronteras de la UE, y aparcados por millones en campos de concentración en Jordania y Turquía, y aún en Grecia.

Diariamente la UE, y los países del Sur de Europa han rechazado a los refugiados de Libia, de Mali y el Sahel, de la larga guerra del Yemen . Devolviendo ilegalmente a los que lograban el cruce de fronteras.

Toda la política de puertas cerradas de la UE ha quedado en nada ante las primeras consecuencias de la guerra de Ucrania , creando una situación de discriminación y de desigualdad con todos los demás inmigrantes y solicitantes de asilo y refugio, conculcando la UE, y los Estado miembros un derecho que tiene naturaleza universal.

La Convención de Ginebra de 1951 sigue siendo, después de 70 años, el marco del derecho internacional que regula el derecho de refugio, derecho que es a todos los efectos un derecho universal. La UE, y los Estados miembros lo incumplen de forma manifiesta con formulas racistas e imperialistas. En los últimos años los refugiados que han sido rechazados, y/o devueltos en las fronteras de la UE han sido en su mayoría personas asiáticas, africanas y latinoamericanas. 

Las fronteras coloniales de Ceuta y Melilla son el mejor ejemplo de las políticas contrarias a los derechos humanos, de forma y manera que el mar Mediterráneo se ha convertido , gracias a ellas, en la mayor fosa común de emigrantes del mundo: Los malos tratos policiales, la represión sistemática , y las devoluciones en caliente(prohibidas por la legislación internacional) se han convertido en políticas diarias del Estado Español, incluyendo niños y adolescentes. Actuación reiterada de los gobiernos de todos los colores en abierta contradicción con el principio de no devolución, y del art.13-4 de la Constitución Española, incumpliendo lo establecido en misma Ley 12/2003 Reguladora del Derecho de Asilo , y de Protección Subsidiaria.

La práctica política contraria a los derechos humanos ha llegado al extremo de que entre nosotros se encuentran más de medio millón de personas sin documentación legal (“sin papeles”), trabajando y viviendo como esclavos modernos en la clandestinidad. Utilizados como mano de obra barata, en particular en las tareas agrícolas.

La Ley Orgánica 4/2000 resulta a todas luces un tremendo despropósito que hay que resolver y superar mediante la Regularización Extraordinaria de todas las personas extranjeras en España, acabando con los CIES.

¡Por el cumplimiento del Derecho Internacional , y en particular del derecho de asilo y refugio para todos !.¡ Por la regularización extraordinaria de todos los extranjeros en España