LAS INSTITUCIONES ESTATALES Y EUROPEAS OCULTAN LA RECONVERSIÓN AGRÍCOLA

Los directores generales de Política Agraria Comunitaria (PAC), Juan Eloy Rodríguez, y de Desarrollo Rural, María Ángeles Muriel, han acudido este lunes a la reunión técnica del Órgano de Coordinación del Plan Estratégico de la PAC con el Ministerio de Agricultura. Tras dicho encuentro, han lamentado la postura del Ministerio de falta de escucha a las comunidades autónomas a las cuales, en su opinión, no se las está teniendo en cuenta a la hora de tomar decisiones.

El problema de fondo es que el Ministerio y la Comisión Europea no quieren ni les interesa encontrar una respuesta real a los problemas de los agricultores. Las instituciones estatales y europeas están empeñadas en una reconversión agrícola, cuyo argumento, ahora, es la Defensa de la Naturaleza. En los años 80, 90, el argumento de aquella reconversión fue la entrada en la Unión Europea que nos salvaría de nuestros males pasados y nos habría horizontes de progreso.

Aquellas instituciones hacen todo lo posible para lograr la supervivencia de un capitalismo que en su desarrollo se encarga de desmentir todas las falacias que se venden con la Agenda 2030, el Pacto Verde o la restauración de la Naturaleza. El Plan Estratégico de la PAC navega en esa oscuridad que se quiere crear para la eliminación de las pequeñas y medianas explotaciones agrarias.

La PAC que se creó en el marco de la Unión Europea, con unos objetivos sensibles a la ciudadanía, para incrementar la producción de alimentos, la soberanía alimentaria de los países europeos y la elevación de las rentas agrarias ha derivado hasta caer en manos de las grandes potencias del Norte y las grandes multinacionales.

Los acuerdos de financiación de la UE y de países europeos con terceros países importadores suelen transformarse en subvenciones encubiertas a empresas europeas (españolas) que operan en aquellos territorios. Aquellos se complementan con acuerdos comerciales flexibles de intercambios de mercancías, en materia de inspección alimentaria o controles aduaneros que facilitan la penetración de las importaciones agrícolas arruinando a los productores nacionales.

Esto acuerdos comerciales están impulsados por países de producción industrial como Alemania que, ahora más que nunca ante las subidas del precio del gas y el petróleo, necesitan compensar estos aumentos de los costes de producción comprando alimentos baratos para que no pierda terreno la competitividad de sus industrias con la de países asiáticos.

SOBRE LOS DESPIDOS PATRONALES Y LOS RECORTES GUBERNAMENTALES

 

 La pandemia de COVID-19 impulsó al Gobierno español a la aprobación de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) como medida estrella para la preservación del empleo. Sin embargo, esta política de los ERTES basada en generosas subvenciones del estado a las grandes empresas y la permisividad de una flexibilidad laboral sin precedentes se está transformando en despidos colectivos a gran escala, tal y como señala Canarias Semanal.

 

Desde el Ministerio de Trabajo, regido por Yolanda Díaz, se potenció una política destinada a socializar las pérdidas, y privatizar los beneficios de las grandes corporaciones económicas. En la mayoría de los casos, los despidos laborales de carácter temporal se financiaban con ayudas de fondos públicos que facilitaban la modernización y automatización con la introducción de nuevas tecnologías.

 

 Lo que no sucede cuando estas empresas obtienen beneficios multimillonarios, como está ocurriendo ahora, es que aseguren los empleos y suban los salarios de sus trabajadores, sino que siguen en la misma dinámica de despedir para reorganizar y mejorar sus producciones y beneficios. Así, el hecho es que cuando se han cerrado los ERTES, se producen despidos colectivos a todo ritmo con el aumento de los ERES. Las estadísticas del Ministerio de Trabajo confirman las tendencias actuales con un acelerado ritmo de despidos colectivos y una disminución en las medidas de ajuste flexibilizador.

  

Las grandes empresas están aplicando estrategias rentables con los despidos basados en causas organizativas y productivas, mientras que la realidad laboral para las pequeñas empresas es bastante dramática tanto para empresarios como trabajadores.

 

Resulta cada vez más visible el acrecentamiento de la polarización y las desigualdades sociales entre y dentro de las mismas localidades y territorios, el abandono de los barrios y los déficits en los servicios públicos sanitarios, educativos, de atención a mayores, etc. El asunto es que mientras unos obtienen superbeneficios millonarios, otros se empobrecen o incrementan su ya de por sí pobreza.

 

El asunto es que los partidos del sistema, los de derecha, conservadores, reformistas, socialdemócratas, y los de la izquierda woke, presentes en los gobiernos estatales o regionales, están muy entretenidos con las elecciones y con los casos de corrupción lanzándose dardos de humos, alejados de las preocupaciones de las poblaciones.

 

Esto nos sitúa en la necesidad de avanzar en la construcción de una alternativa política que defienda los intereses de la clase trabajadora y las clases populares, capaz de hacer frente al desafío que para los asalariados consistirá en combatir no solo los despidos y los ataques patronales, sino también, tratar de detener los recortes sociales y económicos que los gobiernos al ritmo de Bruselas se proponen poner en práctica de forma inmediata.

 

 

 

LA POBLACIÓN TIENE QUE APOYAR LAS MOVILIZACIONES DE LOS AGRICULTORES.

 

 

El ministro Planas no convence a los agricultores, los problemas siguen sin soluciones, exactamente no se han movido un ápice del punto inicial de las recientes reivindicaciones. La palabra decisiva la tiene Europa y ahí son los grandes fondos de inversión y las grandes cadenas distribuidoras las que deciden. La política del gobierno de España es la de dividir a las organizaciones agrarias y diluir las movilizaciones de los agricultores esperando que se cansen y vuelvan nuevamente a la rutina de la pasividad y el conformismo. Sin embargo, la lucha de los agricultores no puede parar, las poblaciones tenemos que seguir apoyando unas movilizaciones que tienen una influencia fundamental en el futuro desarrollo y mantenimiento de la agricultura, en el precio de la cesta de la compra, en nuestra soberanía alimentaria sin dependencias externas y en general, en la supervivencia del mundo rural.

 

Los problemas que tienen los agricultores derivan de las políticas de la Unión Europea. La Unión Europea, desde sus inicios en el Tratado de Roma en 1957 con la constitución de la Comunidad Económica Europea y posteriormente, con la creación de la PAC en 1962, está demostrando ser una herramienta pensada, para organizar y satisfacer los intereses de las grandes corporaciones transnacionales y las grandes cadenas distribuidoras. La tendencia general a la que conducen y facilitan las políticas gubernamentales en el mundo de la agricultura es la concentración y centralización de la tierra. En unas ocasiones a pasos lentos y en otras con mayor rapidez, pero siempre en la misma dirección y sentido, con la necesidad para conseguir el objetivo principal de la concentración la necesaria liquidación de las pequeñas y medianas explotaciones agrícolas y ganaderas.

 

Las cuestiones estructurales que golpean a los agricultores se asientan en varios pilares de todos conocidos, aún por los más profanos en la materia. Así, el punto más importante son los acuerdos comerciales con terceros países y entidades supranacionales impulsados por los países del Norte que necesitan competir en los mercados internacionales. La garantía competencial obliga a la venta de sus productos industriales, para lo que necesitan bajos costes de producción que vienen determinados por los salarios, que a su vez dependen de los precios de los alimentos.

 

Otra cuestión fundamental es la distribución de los fondos de la PAC de la que son beneficiarios grandes cadenas de supermercados como Mercadona, Lidl y entidades como Telefónica, y entidades religiosas que también aprovechan los conceptos que establecidos en los Planes de Desarrollo Rural permiten la obtención de ayudas millonarias.

 

 

Opinión Política de UED- PSLF: El Reformismo y los Agricultores

 

La historia de las luchas de los pueblos y la dinámica de avances y retrocesos de las clases sociales reflejan el papel político de los gobiernos, socialdemócratas o conservadores. En nuestro caso, el reformismo en el poder siempre ha sabido detener y normalizar mejor que nadie los avances de las clases explotadas y oprimidas. Por eso, en esta coyuntura, el movimiento campesino tiene que andar con pies de plomo y no confiar en absoluto las promesas del ministro reformista Planas.

Las propuestas del ministro de agricultura convencen poco a los agricultores. El ministro Planas, ha anunciado planes de apoyo y otras medidas que por lo pronto son solo palabras; no valen nada hasta que las aprueben sus jefes político en la Comisión Europea, que además, deben recibir  el visto bueno de los amos del cortijo, es decir de quienes manipulan y manejan verdaderamente el negocio agrícola, en sus facetas industrial y comercial, es decir, las multinacionales, los fondos de inversión y las grandes superficies y empresas de distribución que son las que ejercen el poder político y económico sin participar en las elecciones, sin discusión ni debate.

El ministro Planas no se va a mover fuera de los planteamientos políticos y económicos de la UE que en este período histórico juzgan prioritario acabar con las pequeñas y medianas explotaciones agrícolas, eliminar la soberanía alimentaria de los pueblos y dejar el terreno libre para que penetren, apropiándose de tierras y producciones las grandes explotaciones agrarias, los grandes fondos de inversión y las multinacionales que producen y venden las materias primas que necesita el campo.

Uno de los mecanismos con los que maniobra la UE es la aplicación de la agenda 2030; otros, son los acuerdos comerciales con terceros países y entidades supranacionales. En este orden de cosas, hay que encajar el viaje del presidente del gobierno a Marruecos para tranquilizar a la monarquía alauita ante las protestas de los agricultores españoles. Entre los acuerdos anunciados por la prensa, se concederá luz verde al canje de licencias de conducir de ciudadanos marroquíes para transportes de mercancías y viajeros sin que tengan que someterse a ningún tipo de examen en España.

En cuanto a la Agenda 2030, presentada como instrumento para frenar el cambio climático, como barrera a la eliminación de la biodiversidad y en general, herramienta para evitar la destrucción de la naturaleza. Todas estas ideas quedan desmanteladas por las propias necesidades del sistema de producción capitalista. La ganancia, el beneficio, como motor necesario para su reproducción es el ingrediente que rompe todos los reglamentos y leyes escritas, todas las normas que en este sentido conservacionista han aprobado parlamentos, congresos y gobiernos. La tasa de ganancia se impone como imperiosa supervivencia material que no se detiene ante la destrucción de las fuerzas productivas, destruyendo la naturaleza y la vida humana.

Hay quienes se empeñan en considerar la movilización y lucha de los agricultores como una tendencia a acrecentar un proyecto al servicio de los poderes políticos y económicos más conservadores y carcas. Sin embargo, sin descartar núcleos minoritarios con ese tipo de propósitos, consideramos que el conjunto global de las movilizaciones que están ocurriendo son una reacción ante el intento de acabar no sólo con cierto tipo de explotaciones agrarias y ganaderas, sino que también, dar un golpe para ir finiquitando el mundo rural; los recortes previstos por Europa se materializan por el aparato estatal y  regional en la reducción de los presupuestos destinados a los servicios públicos, en carreteras, colegios, centros sanitarios y en otras infraestructuras físicas. Lo que se produce en el mundo rural puede venir perfectamente de fuera y más barato. La burguesía española y europea no necesita al mundo rural sólo le acarrea gastos extraordinarios que se quiere ahorrar. Para este fin trabajan los aparatos estatales y regionales,  unos por acción y otra por omisión contribuyen al vaciamiento demográfico de nuestros pueblos; son buenos servidores de ricachones apoltronados en los sillones de los consejos de administración de las entidades financieras, de las empresas energéticas, y de otras corporaciones transnacionales.

  

 

 

SOBRE LA UE, LA AGENDA 2030 Y LAS PRODUCCIONES AGRÍCOLAS.

 

La Unión Europea y la burocracia de Bruselas son en estos momentos uno de los enemigos más poderosos de los agricultores y agricultoras, y en general, de las clases trabajadoras. Esta institución es la responsable de lo que está pasando en el campo con los recortes de la PAC y las imposiciones de los acuerdos de libre comercio que permiten la libre entrada de productos agrícolas procedentes de terceros países a cambio de garantizar la salida de los productos industriales de los países del norte, entre otros, Alemania, Francia, Holanda y Bélgica.

 

A nivel más global, la Agenda 2030 (y sus 17 objetivos de desarrollo sostenible) es la que denominan hoja de ruta del sistema capitalista como medio para conseguir un desarrollo global y humano sostenible; parece una broma que nos gastan con este instrumento teórico quienes destrozan la naturaleza y la vida, no hay mucho que descubrir para ver que es una forma mentirosa e hipócrita de promoción ideológica, bajo el paraguas de papel de que hay que combatir el calentamiento global, los conflictos sociales o las crisis económicas; con esta Agenda se materializan desde la UE y otras Instituciones Globales unos acuerdos y directivas que van acabando poco a poco con las pequeñas y medianas explotaciones agrarias y ganaderas. No es otra cosa que ocultarnos la depredación que conlleva un sistema político, económico y social en manos de las Multinacionales y los grandes Fondos de Inversión.

 

La Unión Europea nos mete en guerras siguiendo el camino que le marcan los EEUU y la OTAN. Así, está enviando miles de millones de euros a un gobierno nazi como el de Ucrania, vendiendo armas al estado de Israel para que siga con sus crímenes en Palestina, en lugar de apoyar los sistemas productivos europeos. Estas políticas se aprueban en el Parlamento Europeo por los partidos que le controlan, los grupos europeos en los que se encuadran, PP, PSOE, VOX. En síntesis, la UE está liquidando la agricultura porque los alimentos vendrán de fuera de sus fronteras a precios más baratos lo que permitirá que los salarios en la industria de los países del Norte no suban y sus productos puedan mantener la competitividad frente a otras producciones internacionales.

 

La única salida que tiene hoy la producción agrícola y el desarrollo del mundo rural es la ruptura con las formas de gobierno que nos someten al imperialismo, a las guerras, y nos encaminan al empobrecimiento generalizado de las poblaciones trabajadoras.  Estamos en manos de las grandes multinacionales y fondos de inversión, que nos gobiernan por medio de la Unión Europea y la Monarquía Borbónica. Desde ambas instituciones, el poder político garantiza la permanencia de todos los tics, leyes y aparatos y castas franquistas que nos siguen dominando.

 

Los partidos políticos bajo el régimen monárquico viven como su enorme burocracia a costa del estado, asegurando el poder real de las grandes empresas depredadoras e impidiendo el progreso y el avance social y democrático. Son una herramienta básica al servicio de las grandes empresas, tal y como estamos viendo ahora en nuestra región, especialmente con las energéticas que campan a sus anchas; ahora, invierten en instalaciones de energías renovables, placas solares que se extienden como hongos en el territorio extremeño, generalizando y normalizando, una lenta pero importante a futuro, destrucción de la producción, arrancando viñas y olivos, con pocos beneficios, en todo caso muy pasajeros para los extremeños y extremeñas.

 

Además, hay algo que se analiza poco y es que las Comunidades Autónomas y el mundo rural tienen muchas dificultades para cambiar, no ya porque sus gobiernos hagan pocos esfuerzos y se encuentren a gusto con el estado en el que están las cosas, sino porque dependen en buena medida de los presupuestos estatales y de las competencias legislativas que les atribuye el Estado. Esto sin contar los caciquismos y oligarquías locales muy activos y conservadores que salvo pocas excepciones giran en torno a las burocracias políticas de las corporaciones locales y comunidades autónomas.

EL MINISTRO PLANAS NO CONVENCE A LOS AGRICULTORES. EL DÍA 21 SIGUEN LAS MANIFESTACIONES EN MADRID ORGANIZADAS POR LA UNIÓN.

 

Desde UED-PSLF consideramos que el ministro PLANAS no ha entrado en el fondo de las políticas de la UE que están castigando a los pequeños y medianos agricultores y ganaderos. No nos engañemos el Estado Español está obligado a la aplicación de las políticas de la UE encuadradas en la PAC, no puede salir de los límites políticos ordenados, que son los de administrar en el territorio nacional los intereses de las poderosas empresas multinacionales y fondos de inversión que controlan la distribución y el comercio de alimentos en mundo. Estos grandes fondos de inversión penetran cada vez con más fuerza en la producción agrícola mediante la compra de tierras y el control de los cultivos.

 

La nueva política estratégica de la PAC 2023-2027 ha introducido cambios técnicos y políticos que regulan el acceso a las ayudas que según las organizaciones agrarias en poco favorecen a los agricultores y ganaderos, al contrario, consideran que reducen las ayudas en unos porcentajes próximos al 50 %, incrementa la burocratización de los trámites administrativos con las exigencias de digitalización de los registros de las actividades de las explotaciones agrícolas y ganaderas, no se controlan los precios de los costes productivos con un incumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria que no garantiza la rentabilidad de las explotaciones. Quedan lejos las ayudas por sequía a los sectores excluidos como el olivar y viña. O los Rescates del Seguro Agrario como herramienta de mantenimiento de la renta de los agricultores. Tampoco se toman medidas para la eliminación de los acuerdos comerciales en vigor con entidades supranacionales y con otros países, y descartar las que se negocian en la actualidad, ni se hace nada respecto a aranceles y medidas regulatorias con productos agrícolas que vienen de terceros países. Hay que dejar claro que la propaganda oficial justifica la entrada de productos agrícolas de terceros países como una forma de impulsar el desarrollo, lo que es muy falaz ya que las producciones que vienen de los países del SUR pertenecen a grandes empresas españolas y europeas que se apropian las tierras de aquellos países para producir allí estas materias.

 

En definitiva, la PAC con esta reforma sigue quedando lejos de los objetivos fundacionales de su constitución en 1962, proporcionar alimentos sanos, suficientes a un coste asumible para los consumidores europeos y que los productores tengan unas rentas agrarias dignas.  El ministro Planas ha expuesto unas soluciones generales sin planes de acción concretos y sin el avance que exigen las organizaciones agrarias. Además, las propuestas deberán ser aprobadas por el Consejo de ministros de la Unión Europea (UE).  Entre las propuestas más importantes están: dar rango estatal a la AICA, agencia de control e inspección alimentaria, que el cuaderno digital de explotación sea voluntario no obligatorio, la reorganización del control de fronteras, simplificación de la normativa de la política agraria comunitaria (PAC) y el compromiso de mejoras del seguro agrario.

Mucho tendrá que bregar el ministro para convencer a sus socios europeos del norte que hacen buenos negocios vendiendo sus productos industriales a los países del Sur a cambio de que entren libremente en los mercados de la UE.

LA UE CONTRA LAS PRODUCCIONES NACIONALES

 

La UNIÓN EUROPEA desincentiva las producciones agrícolas nacionales y favorece las importancioness de productos agrícolas por las grandes cadenas de supermercados.

 

Un pequeño resumen de la información proporcionada por Diario Octubre de mpr21.info es la que sigue:

El Boletín Oficial del Estado del viernes 12 de mayo de 2023 incorporaba, mediante decreto ley una inquietante modificación del Impuesto de Sociedades que se incardinaba en un extenso título, que justificaba el grueso de sus medidas en dos factores que últimamente están de moda: Ucrania y el cambio climático.

 

1.- Se bonifica el impuesto de sociedades a quienes abandonen o arranquen de cultivos y plantaciones de peras, melocotones, nectarinas, manzanas, plátanos, remolacha o sus viñedos. También a los ganaderos que abandonen sus explotaciones lecheras. La cuestión es si hay tal desmotivación en la producción, de donde sale lo que se vende como producción nacional.

 

2.- Las organizaciones agrarias han denunciado frecuentemente señalando a las grandes cadenas de supermercados y fondos de inversión la importación de materias primas en terceros países para luego cambiar el envasado o envasan directamente en España.

 

3.- Según la Red de Supermercados Cooperativas once o doce empresas controlan el 75 % del mercado de la alimentación, se trata e grandes supermercados y tres centrales de compra; Mercadona es una de ellas que controla el 20 % del total. Según este informe cuatro grandes grupos Alcampo, Carrefour, Lidl, Aldi disponen de empresas con las que pueden comprar en diferentes países productos agrícolas, a la vez que disponen mercados en otras partes del mundo pudiendo jugar con la compra y la venta para obtener grandes beneficios.

 

4.- Las medidas ecologistas que se imponen desde Bruselas tienen el objetivo de eliminar a buen número de agricultores dado que las grandes empresas agrícolas pueden adaptarse fácilmente a estas medidas europeas ligadas a la PAC, siendo el objetivo general eliminar las producciones nacionales y privilegiar la importación en función de los menores costes.

 

5.- La ley tendencial del capitalismo que nos dice que la concentración y centralización es un fenómeno general que se da en de los diferentes sectores de la economía, está presente en la propiedad de la superficie agrícola, y se traduce en una eliminación de la clase media agraria, es decir de las pequeñas y medianas explotaciones. Según el último censo agrario publicado en 2020 por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el 58 % de la superficie agrícola del país está en manos de explotaciones agrícolas de más de 100 Hectáreas cuando hace diez años estaba sólo algo menos del 54 %. Y con más datos llegamos a que el 6 % de las explotaciones agrícolas tienen la cuarta parte de la superficie agrícola, mientras que el 94 % cierto restante tiene las ¾ partes.

 

6.- Según el informe del Banco de España sobre márgenes comerciales en el último trimestre de 2023, las grandes cadenas de supermercados y los fondos de inversión que operan en la agricultura no tienen  nada que envidiar a las grandes entidades financieras y a las empresas energéticas en cuanto a la obtención de beneficios millonarios en estos últimos años.

FUENTE: DIARIO OCTUBRE de MPR21.INFO

Sobre el empleo y la vivienda en la localidad. En apoyo a las movilizaciones agrícolas

 

 1.- El Empleo y la vivienda necesidades prioritarias de la localidad

La bocanada de aire fresco que parecía que penetraba en la localidad con el gobierno del PSOE se empieza a desvanecer y a perder frescura. En el debate y aprobación de los presupuestos municipales se ha puesto de manifiesto que los intereses del gobierno municipal toman otra dirección a los de las poblaciones trabajadora y otros sectores populares.

Las necesidades más urgentes que tiene la localidad en estos momentos son el empleo y la falta de viviendas. El interés de los presupuestos se centra en otras cuestiones que no digamos que no son importantes, pero quedan detrás de las necesidades prioritarias de la población.

Según parece, los presupuestos contienen posibilidades de inversión en una cantidad importante de miles de euros. Desde nuestro punto de vista, es prioritario la construcción de viviendas y se debieran aprovechar aquellas oportunidades presupuestarias para la construcción de viviendas antes que acometer obras por importantes que se consideren. El ayuntamiento no resolvería de modo definitivo la necesidad social de viviendas que tiene la localidad, pero se contribuiría a ello en modo considerable.

Así mismo, hubiera sido muy favorable haber unido este proyecto de edificación al empleo municipal, empleando directamente en el proyecto a los trabajadores desempleados. No dudamos que el desempleo, la falta de viviendas, y de otros servicios públicos son cuestiones que tienen un carácter estructural cuya completa solución no está en manos del Ayuntamiento, ni en el marco del propio sistema capitalista, pero sí se debe trabajar en estas cuestiones concretas para avanzar en su resolución.

Por otro lado, nos parece que no es el momento oportuno de subir el agua y la basura que son aspectos en los que el Ayuntamiento se debiera haber opuesto a ello, pues tiene una posición predominante y de influencia ante las empresas beneficiarias de la gestión de estos servicios, y se debería haber negado a la subida.

2.-En relación a las movilizaciones de los agricultores.

 Nos reiteramos en nuestro apoyo a las movilizaciones de los agricultores que están en las carreteras reaccionando contra las disposiciones y directivas de la UE que aplican fielmente los gobiernos, se aprueban en Bruselas por parlamentarios españoles que ahora aparecen defendiendo a los agricultores. La UE es una institución en manos de las grandes multinacionales, corporaciones industriales y bancarias. Lo que pretende la UE son acuerdos comerciales que llevan a la ruina a determinadas explotaciones agrarias, políticas de ayudas y subvenciones que sólo benefician a los grandes explotaciones agrícolas y ganaderas, la permisividad de productos procedentes de Ucrania, Marruecos y Turquía, etc. que penetran en nuestro país sin controles regulatorios  y un conjunto de normas irracionales contenidas en la agenda 2030 que reducen las posibilidades de obtención de unas rentas agrarias mínimamente dignas.

 

La actual lucha del campo mezcla e incluye a productores agrícolas, grandes, medianos y pequeños. Normal. Se trata precisamente de apoyarse en el hecho objetivo de que, salvo los dueños de los grandes supermercados y los grandes terratenientes, ninguno de los demás sectores sociales implicados sale beneficiado por la PAC, por los TLC, Tratados de Libre Comercio, a favor de los cuales han votado repetidamente Vox, PP y el PSOE, entre otros, en el Parlamentos Europeo o por la existencia de supermercados y oligopolios privados que hacen de bienes básicos como la alimentación un sucio negocio.