SOBRE LOS DESPIDOS PATRONALES Y LOS RECORTES GUBERNAMENTALES

 

 La pandemia de COVID-19 impulsó al Gobierno español a la aprobación de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) como medida estrella para la preservación del empleo. Sin embargo, esta política de los ERTES basada en generosas subvenciones del estado a las grandes empresas y la permisividad de una flexibilidad laboral sin precedentes se está transformando en despidos colectivos a gran escala, tal y como señala Canarias Semanal.

 

Desde el Ministerio de Trabajo, regido por Yolanda Díaz, se potenció una política destinada a socializar las pérdidas, y privatizar los beneficios de las grandes corporaciones económicas. En la mayoría de los casos, los despidos laborales de carácter temporal se financiaban con ayudas de fondos públicos que facilitaban la modernización y automatización con la introducción de nuevas tecnologías.

 

 Lo que no sucede cuando estas empresas obtienen beneficios multimillonarios, como está ocurriendo ahora, es que aseguren los empleos y suban los salarios de sus trabajadores, sino que siguen en la misma dinámica de despedir para reorganizar y mejorar sus producciones y beneficios. Así, el hecho es que cuando se han cerrado los ERTES, se producen despidos colectivos a todo ritmo con el aumento de los ERES. Las estadísticas del Ministerio de Trabajo confirman las tendencias actuales con un acelerado ritmo de despidos colectivos y una disminución en las medidas de ajuste flexibilizador.

  

Las grandes empresas están aplicando estrategias rentables con los despidos basados en causas organizativas y productivas, mientras que la realidad laboral para las pequeñas empresas es bastante dramática tanto para empresarios como trabajadores.

 

Resulta cada vez más visible el acrecentamiento de la polarización y las desigualdades sociales entre y dentro de las mismas localidades y territorios, el abandono de los barrios y los déficits en los servicios públicos sanitarios, educativos, de atención a mayores, etc. El asunto es que mientras unos obtienen superbeneficios millonarios, otros se empobrecen o incrementan su ya de por sí pobreza.

 

El asunto es que los partidos del sistema, los de derecha, conservadores, reformistas, socialdemócratas, y los de la izquierda woke, presentes en los gobiernos estatales o regionales, están muy entretenidos con las elecciones y con los casos de corrupción lanzándose dardos de humos, alejados de las preocupaciones de las poblaciones.

 

Esto nos sitúa en la necesidad de avanzar en la construcción de una alternativa política que defienda los intereses de la clase trabajadora y las clases populares, capaz de hacer frente al desafío que para los asalariados consistirá en combatir no solo los despidos y los ataques patronales, sino también, tratar de detener los recortes sociales y económicos que los gobiernos al ritmo de Bruselas se proponen poner en práctica de forma inmediata.