LA POBLACIÓN TIENE QUE APOYAR LAS MOVILIZACIONES DE LOS AGRICULTORES.

 

 

El ministro Planas no convence a los agricultores, los problemas siguen sin soluciones, exactamente no se han movido un ápice del punto inicial de las recientes reivindicaciones. La palabra decisiva la tiene Europa y ahí son los grandes fondos de inversión y las grandes cadenas distribuidoras las que deciden. La política del gobierno de España es la de dividir a las organizaciones agrarias y diluir las movilizaciones de los agricultores esperando que se cansen y vuelvan nuevamente a la rutina de la pasividad y el conformismo. Sin embargo, la lucha de los agricultores no puede parar, las poblaciones tenemos que seguir apoyando unas movilizaciones que tienen una influencia fundamental en el futuro desarrollo y mantenimiento de la agricultura, en el precio de la cesta de la compra, en nuestra soberanía alimentaria sin dependencias externas y en general, en la supervivencia del mundo rural.

 

Los problemas que tienen los agricultores derivan de las políticas de la Unión Europea. La Unión Europea, desde sus inicios en el Tratado de Roma en 1957 con la constitución de la Comunidad Económica Europea y posteriormente, con la creación de la PAC en 1962, está demostrando ser una herramienta pensada, para organizar y satisfacer los intereses de las grandes corporaciones transnacionales y las grandes cadenas distribuidoras. La tendencia general a la que conducen y facilitan las políticas gubernamentales en el mundo de la agricultura es la concentración y centralización de la tierra. En unas ocasiones a pasos lentos y en otras con mayor rapidez, pero siempre en la misma dirección y sentido, con la necesidad para conseguir el objetivo principal de la concentración la necesaria liquidación de las pequeñas y medianas explotaciones agrícolas y ganaderas.

 

Las cuestiones estructurales que golpean a los agricultores se asientan en varios pilares de todos conocidos, aún por los más profanos en la materia. Así, el punto más importante son los acuerdos comerciales con terceros países y entidades supranacionales impulsados por los países del Norte que necesitan competir en los mercados internacionales. La garantía competencial obliga a la venta de sus productos industriales, para lo que necesitan bajos costes de producción que vienen determinados por los salarios, que a su vez dependen de los precios de los alimentos.

 

Otra cuestión fundamental es la distribución de los fondos de la PAC de la que son beneficiarios grandes cadenas de supermercados como Mercadona, Lidl y entidades como Telefónica, y entidades religiosas que también aprovechan los conceptos que establecidos en los Planes de Desarrollo Rural permiten la obtención de ayudas millonarias.