Privatizaciones y gasificación de Europa. Caos económico y salida política

 

La privatización de empresas públicas y de sectores económicos enteros, como el caso del sector

energético en Europa, ha puesto a la Unión Europea ante una situación imposible. Han empeorado las

cosas después del COVID y de la guerra de Ucrania. Con anterioridad a esta crisis total, se hablaba de

problemas estructurales en nuestra sociedad, se decía que algo iba mal o muy mal; y ahora lo que va

muy bien es el brutal enriquecimiento de los especuladores a costa de la pérdida del poder adquisitivo

de la mayoría social como consecuencia de la inflación-especulación desatada.

No podemos entender la multiplicación de precios al consumo en la mayor parte de países del

mundo sino y a partir de la subida general del precio de las energías. El origen de este movimiento hay

que buscarlo, entre otros factores, en las privatizaciones generalizadas e impuestas por la Troika, tal y

como se denomina al triunvirato de poderes que rigen la economía mundial dependiente de los EEUU, a

saber: el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio.

Tratando de evitar la reducción de las tasas de ganancia del capital, la Troika entendió que la venta

masiva de bienes de los Estados al capital privado podría abrir un periodo de renovación para la mayor

acumulación de capital. La Unión Europea, al servicio de los planes de la Troika, no ha dejado de lanzar

ofensivas privatizadoras tanto sobre Estados miembros, cómo con los que mantiene relaciones

privilegiadas.

Durante décadas la recomendación a los Estados, por parte de quienes manipulan la economía

mundial al servicio del gran capital, ha sido la de privatizar, privatizar y privatizar…

Cuando en medio de la sequía más fuerte que se conoce desde que se tienen registros, se informa de

que las grandes empresas eléctricas privatizadas manejan a su antojo el vaciado de los pantanos para

producir la energía eléctrica más barata, vendiéndola como la más cara, es hora de relacionar

especulación con las privatizaciones. Todo gracias a las políticas de Bruselas, que permite facturar a las

empresas toda la energía que producen al precio de la que les resulta más cara, como es ahora la

energía producida con gas. También fue gracias a las políticas de Bruselas como se estableció la

condición de las privatizaciones en cadena, generando un verdadero oligopolio en sectores como el

eléctrico, el energético y otros; de tal manera que hoy en día fijan sus precios especulativos con la

complicidad de los gobiernos.

Hemos de remontarnos a 1996, el último año del largo gobierno de Felipe González que comenzó en

1982, para encontrar el punto de partida de las políticas de privatización en España al dictado de la

Unión Europea. Se puso a precio de regalo importantes empresas públicas como Enagas, Repsol, Gas

Natural… Privatizaciones que continuaron de forma general a partir de 1997 con el gobierno de Aznar.

Como evidencia de qué es lo que se buscaba con esas privatizaciones, hemos de poner en claro que

entre los años 2000 y 2018 el precio del KW/h aumentó un 150%, pasando de 30 a 75 euros. Ahora anda

por los 450.

El gobierno del PP de Aznar extendió el plan de privatizaciones a otras empresas y sectores, como fue

el caso de Telefónica, Argentaria, Tabacalera, Red Eléctrica, Iberdrola, Aena…, apoyado en la exigencia

de la Unión Europea del cumplimiento en materia de déficit público, que establecieron los planes de

Maastricht.

Zapatero por el PSOE, y Rajoy por el PP continuaron con esa primera oleada de privatizaciones de

grandes empresas públicas. Se vendieron dichas empresas muy por debajo de su valor real, y a puerta

cerrada, de acuerdo con los compradores, estableciendo así verdaderos monopolios privados de tipo

clientelar; entregando la mayoría de las acciones a grupos financieros internacionales y fondos buitre.

Esa ofensiva no ha acabado y trata de barrer con todo lo público, tal como sucede ahora con la sanidad,

con el agua, con las viviendas públicas y con las mismas pensiones públicas en beneficio exclusivo de los

banqueros.

Los monopolios, al calor de la crisis actual, han puesto de manifiesto su capacidad para subir

indefinidamente los precios, generando costos imposibles para pequeñas y medianas empresas, así

como para millones de trabajadores, que por ello exigen la subida de salarios y pensiones en relación

con la subida de los precios. Una ola general de huelgas se ha desatado en Inglaterra, como no se

conocía desde hace cuarenta años. El poder y complicidad de los oligopolios y los gobiernos ha

multiplicado la corrupción política e institucional, hasta tal punto que la misma Comisión Europea se ha

visto obligada a hablar de la necesidad de proceder a la “intervención de los precios del mercado

eléctrico”, del gas y de los combustibles en general, acusando a Putin de ser el responsable de la crisis.

Pero son los oligopolios los que han triplicado sus beneficios económicos.

En reciente reunión en Alemania del gobierno tripartito del canciller Scholz, a la que fue invitado el

presidente español, Sánchez, el primero puso el grito en el cielo manifestando que “el precio del

mercado energético no tiene sentido y no está justificado”. Sánchez fue invitado a la reunión en tanto

que ha tratado de aportar propuestas alternativas a la crisis energética, como ha sido el caso de la

“excepción ibérica”, lo que permite parcialmente no vincular el precio del kilovatio al del gas, o la

propuesta de ampliación del gasoducto que quedó parado hace años en los Pirineos por falta de

presupuesto (Proyecto MidCat). En España existe la posibilidad de regasificación del 30% del gas que

necesita Europa. El gasoducto que se pretende retomar para vincular, gasísticamente hablando, Europa

desde Portugal hasta las fronteras rusas, también podría transportar hidrógeno combustible, para lo que

se exige la financiación pública europea.

Hay que señalar que todos los partidarios del gas licuado buscan cómo incrementar el negocio si

cabe, ya que puede acabar el suministro de gas barato a Europa desde Rusia, que ahora supone el 40%

del consumo, y ello desde este mismo invierno. La misma presidenta de la Comisión de la UE ha

convocado una reunión extraordinaria “para intervenir el mercado eléctrico frente al chantaje ruso”.

Ahora va a resultar que Putin es también el culpable de las privatizaciones de las empresas energéticas

de la UE y del oligopolio constituido. Este conflicto también se debatirá el próximo martes en el Senado,

tratando de convertirlo en un debate exclusivo entre partidos privatizadores que promueven la

corrupción clientelar.

La “intervención” del mercado energético está sobre la mesa de las principales instituciones, y

debería abarcar precios y empresas que conforman el oligopolio energético. Tratan de reordenar su

negocio con financiación pública sobre el gas, que en buena parte aportará los EEUU a muy alto precio y

de muy baja calidad.

Los partidarios del socialismo y de la república entendemos que acabar con el caos energético pasa

por revertir las privatizaciones acabando con los oligopolios, exigiendo la expropiación de dichas

empresas, su necesaria nacionalización sin indemnización para los especuladores, preservando los

derechos de los pequeños accionistas. Expropiación que exige una nueva dirección con el control obrero

y sindical.

La movilización convocada en defensa de las pensiones públicas del próximo 15 de octubre, debe

extenderse a todo lo público, por la expropiación del oligopolio eléctrico, de gas y combustibles,

haciendo frente a la crisis económica y política del régimen de la monarquía. La defensa de todo lo

público debe impulsar la exigencia de un referéndum legal y vinculante sobre monarquía o república.

La lucha por la apropiación de la plusvalía producida por el obrero en la vendimia

 1.- Las políticas reformistas.

La socialdemocracia necesita que al capital le vaya «bien» para poder repartir los «restos» de su ganancia y de este modo arreglar ciertos problemas del capitalismo para darle una cara más humana.

Por eso, esta propuesta política de algunos partidos socialistas (reformistas) que pregonan la redistribución de la riqueza cae en el limbo dado que ese reparto depende de que la economía vaya bien y el Estado pueda disponer de recursos suficientes para ejecutar una redistribución que a lo máximo que puede llegar es a lograr una cara más humana del sistema social. A su vez, en esa situación económica el capital puede disponer de enormes beneficios, de ganancias que proceden de las plusvalías extraídas del sudor del obrero. En estos casos, tanto al Estado como a los explotadores no les importa ceder ciertas migajas a las clases trabajadoras. Es decir, devuelven parte a sus dueños puesto que de por sí lo poco que restituyen provienen del plus valor que se extrae al trabajo asalariado. Esta actitud hipócrita de los gobiernos reformistas y sus promotores, los capitalitas, se explica para que los trabajadores no lleven a cabo explosividades sociales de carácter revolucionario.

Sin embargo, la careta desparece cuando los beneficios del capital se contraen y se reducen los ingresos del Estado en las crisis que se originan a causa de múltiples circunstancias: la superproducción, las competencias entre capitalistas, las luchas territoriales para ganar mercados de venta y de materias primas, las guerras, etc. 

En definitiva, cuando las tasas de beneficio caen el capital y el propio Estado dejan de lado su cara amable de farsante generosidad y recurren a mecanismos que incrementen la explotación salarial de la clase obrera con el apoyo del Estado que simultáneamente generaliza los recortes sociales para disponer los presupuestos del estado al servicio del capital.

2.- Los precios de la uva y sus consecuencias.

La situación general descrita la podemos trasladar de modo concreto a la que rige actualmente en el campo. Así, los precios de la uva están tirados por el suelo. Los compradores, un pequeño grupo de bodegueros se ponen de acuerdo monopolizando el mercado estableciendo unos precios de compra que les aseguren futuras ganancias frente a otros industriales más poderosos que aparecen en la secuencia comercial de compra-venta; los bodegueros acuerdan pagar a los agricultores precios de miseria por la compra de la uva; las consecuencias son claras: muchos agricultores, los más pequeños irán a la ruina, otros se mantendrán con muchas dificultades y sólo saldrán adelante los agricultores más poderosos que muy probablemente adquirirán la propiedad de los que van a la ruina.

Esta situación en la que el Estado da la espalda y no quiere saber nada, no interviene para nada, dejando que las cosas vayan por una inercia que favorece a los más poderosos de esta cadena de producción y distribución, determina la tendencia de que cierto tipo de propietarios agrícolas, especialmente los más reaccionarios y conservadores, se opongan radicalmente a pagar salarios decentes y justifiquen la aplicación de duras condiciones laborales y salarios de miseria para los obreros que emplean en la vendimia.

Esta cadena de valor atravesada por el enfrentamiento entre varias clases sociales, los trabajadores y los dueños de los medios de producción materiales y financieros, desde los agricultores, los bodegueros, industriales y otros intermediarios, se caracteriza por la disputa para la apropiación de la plusvalía generada por la fuerza de trabajo del obrero. En esta batalla son las clases trabajadoras y los agricultores los que se llevan la peor parte, en la mayoría de los casos son otros los que manipulando y manejando las fases de la distribución comercial, controlando el mercado de compra y venta de las materias primas y sus transformaciones, obtienen buenos beneficios. Los pequeños y medianos agricultores van a la ruina y los obreros no obtienen ni siquiera los salarios que compensen la reproducción de su fuerza de trabajo.

3.- Las tendencias generales del capitalismo: las desigualdades sociales y la concentración de la propiedad de la tierra.

Estos problemas con mayor o menor virulencia se manifestarán mientras se mantenga el sistema capitalista; mientras el modo de producción capitalista sea la matriz en la que tiene lugar, la producción, la distribución y el consumo de bienes y servicios. Sólo la lucha de clases puede hacer frente a las tendencias generales del capitalismo. En el caso concreto que tratamos podemos destacar dos líneas generales. Por un lado, el aumento de las desigualdades sociales con el enriquecimiento de una minoría social que acumula patrimonio y riqueza y en la acera opuesta, el empobrecimiento de una mayoría de la población formada por trabajadores y pequeños productores agrícolas,

y por otro, la concentración y centralización de la tierra en manos de grandes agricultores, industriales y monopolios.

La salida que los distintos gobiernos intentan es la de ocultar a los ojos de la sociedad estas tendencias generales de la producción capitalista para lo que aplican subvenciones y diferentes ayudas estatales propias o procedentes de la Unión Europea, así como ciertas medidas de subsistencia mínima para aminorar las condiciones que van creando una previsible explosividad social entre las clases productoras: agricultores y trabajadores.

No obstante, lo que sí hacen es compensar y aliviar las caídas de las tasas de ganancia de los grandes capitales en su conjunto mediante reformas laborales que incrementan la explotación salarial, reformas administrativas inútiles como la Ley de la cadena alimentaria que en definitiva no alteran para nada los precios de miseria que llevan a la ruina a miles de agricultores, a la vez que financian a los latifundistas y grandes monopolios para facilitar la concentración y centralización de la tierra en sus manos.

4.- La repercusión en el mundo rural de los bajos precios y salarios de las producciones agrícolas. La necesidad de la intervención del Estado en el control y planificación de la producción.

El hundimiento del valor de las producciones agrícolas tiene una tremenda repercusión en todos los sectores sociales que viven de la agricultura, y en general en el mundo rural. Las perspectivas son bastante negras y si las cosas siguen igual será difícil detener el acelerado vaciamiento y depauperación de nuestros pueblos. La Ley de la cadena alimentaria ha quedado como algo poco eficaz, por no decir inútil, por sus impedimentos administrativos y las dificultades para establecer y aplicar los costes de producción y precios de venta, a esto se le suma las dificultades para la venta en los mercados internacionales por la guerra de Ucrania, la sequía y las olas de calor con su influencia negativa en la producción, etc..

Consideramos que el planteamiento político debe ir a la raíz del problema que no es otro que la propiedad privada de los medios de producción. La contradicción básica y fundamental del capital es que mientras que las fuerzas productivas se desarrollan y crecen la propiedad y las decisiones acerca del producto y la riqueza generada siguen en manos de una minoría. Los productores, las clases trabajadoras, están más y más enajenadas de lo que ellas producen con su trabajo.

En el caso concreto que nos ocupa, es una necesidad el control y la planificación por el Estado de todas las fases en las que se integran los procesos de compra y venta de la uva: estableciendo un precio de venta y planificando unas producciones que permitan unos ingresos y salarios dignos a los que trabajan en el campo, en vez de que sean otros afincados en las capitales o en el extranjero los que determinen el valor final de la producción, y por supuesto, acentuando su presencia en los mercados internacionales.

No nos olvidamos de señalar que las acciones que faciliten la vida en el campo tienen que formar parte del conjunto global de medidas que conforman una Reforma Agraria que oriente la propiedad de la tierra hacia su mejor aprovechamiento social y productivo, a la vez que arranque, extraiga de las manos de los monopolios y ponga en poder de los agricultores los medios de producción necesarios (semillas, abonos, insecticidas, maquinarias, energía, etc.) para las producciones agrícolas.

 

El poder político regional y la negación del derecho a la vivienda

 

El PSLF y Una Extremadura Digna ante la negación del derecho a la vivienda a jóvenes y personas trabajadoras en precariedad salarial o en desempleo, y en general a personas y familias vulnerables.

 

1.- Introducción.

Conviene comenzar recordando que la Constitución española, en su artículo 47 establece aunque sólo formalmente el derecho de todos los ciudadanos a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, a la vez que ordena a los poderes públicos que adopten las medidas necesarias para que hagan realidad este derecho.

La declaración de Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948, en su artículo 25, así como en otras diferentes normativas internacionales, se refieren a la vivienda como un bien necesario para una vida digna. Aunque cuando caminamos por el siglo XXI pocos países capitalistas, entre ellos España, cumplen con este y otros derechos básicos.

El artículo 148.1.3 de la Constitución Española establece la vivienda como una materia competencial que pueden asumir las Comunidades Autónomas. En base a esto, en el artículo 9.1.31 del Estatuto de Autonomía de Extremadura, la Junta se responsabiliza en esta competencia.  De este modo, se aprueba la Ley de Promoción y Acceso a la Vivienda de 11/2019, de 11 de Abríl, en la que se vuelve a mencionar la garantía del derecho a la vivienda en la Comunidad Autónoma de Extremadura. En la correspondiente exposición de motivos de esta ley se profundiza y se define este concepto con más amplitud “como el derecho de toda persona a acceder a una vivienda digna, de calidad y adecuada a su situación personal, familiar, económica, social y capacidad funcional, asegurando a los extremeños una debida calidad de vida y contribuyendo así al fomento del desarrollo económico y social en la Comunidad Autónoma de Extremadura”. La palabrería que no falte.

2.- La realidad política en la que nos movemos.

Sin embargo, los poderes públicos regionales y nacionales no cumplen de ninguna manera con lo que se apunta en estas normativas que en definitiva se convierten en preceptos publicitarios retóricos y grandilocuentes que no tienen más recorrido que la descripción literal de un supuesto, no dan más de sí. En este sentido, estamos acostumbrados a los discursos demagógicos de dirigentes como el presidente de la Junta o la consejera tanto en la Asamblea de Extremadura como en los diferentes medios regionales con discursos demagógicos que además de mentir pretenden ocultar las desastrosas políticas de viviendas seguidas hasta la fecha.

De este modo, las elaboradas oratorias en las que pregonan que se van a construir viviendas para más de 20.000 familias y destinar millones y millones de euros para facilitar el acceso de jóvenes o se van aumentar las ayudas de alquiler nos suenan a música celestial.

3.- Consecuencias de los problemas habitacionales.

 

Los problemas relacionados con la vivienda son factores que contribuyen a conformar las desigualdades sociales, presentando una casuística variada y compleja que tienen su raíz en la carencia de posibilidades económicas, pero que a su vez generan enfermedades y daños mentales  irreversibles en quienes los sufren:  personas y familias en una precariedad habitacional por las condiciones de deterioro físico e higiénicas de las viviendas; el agobio de quienes comparten viviendas en un verdadero estado de hacinamiento, o aquellos que se encuentran en una situación económica tan deteriorada que son incapaces de pagar el piso que tienen alquilado y están amenazados de desahucio,  jóvenes que viven con sus padres incapaces de independizarse y formar una familia, familias que viven en viviendas de ínfimas dimensiones, personas mayores que viven solas recluidas de manera carcelaria en pisos sin ascensor y sin posibilidad de movimientos, personas que tienen que dormir en la calle buscando la protección de un portal y que más pronto que tarden suelen ocupar espacios en la prensa en donde se narra su fallecimiento por el  frío o por algún golpe de calor, etc.

 

No hay que olvidar que la vivienda además de ser un elemento fundamental para una vida digna, es un atributo muy particular que las administraciones exigen para el empadronamiento en una localidad determinada, lo que a su vez es un requisito imprescindible para acceder a ciertas ayudas sociales. Por cierto, el PP, intenta apretar más la soga al cuello de la pobreza por lo que propone que no se empadronen a quienes están ocupando una vivienda. El PP no piensa en solucionar el problema sino castigar aún más a quienes sufren la pobreza.

El conjunto de las circunstancias indicadas se ven agravados por otros elementos que dependen de los comportamientos institucionales, tales como, la lentitud con la que se conceden las ayudas de alquiler, la escasez del parque de viviendas sociales y lo elevado de los precios de arrendamiento que dificultan el acceso a alojamientos decentes para los sectores sociales más humildes. Por tanto, si a todo lo anterior sumamos los bajos salarios, la precariedad laboral y el desempleo no es de extrañar que nos encontremos a la cabeza del país en riesgo de exclusión social y pobreza. Según la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social hay más de 400.000 personas extremeñas en el umbral de la pobreza y en riesgo serio de exclusión social.

 

4.- Las circunstancias que agravan la problemática social y el abandono del mundo rural.

Las consecuencias de la crisis sanitaria derivada del COVID 19 y las acciones políticas y económicas que toman los gobiernos europeos en relación a la guerra de Ucrania, que se vuelven como un bumerang contra las clases trabajadoras y sectores populares, han empeorado significativamente las ya difíciles condiciones de vida de los grupos sociales más débiles económicamente de la población EXTREMEÑA. Los aspectos más agresivos se manifiestan en la inflación, con importantes subidas de precios de los productos básicos para la vida, y en el incremento de las dificultades de acceso a la vivienda lo que viene a traducirse en la negación en sí del derecho a la vivienda.

Durante décadas se han dejado en manos de las empresas privadas la construcción de viviendas, abandonándose los programas públicos lo que ha determinado que en la actualidad haya una escasez de viviendas sociales, a lo que se suma un alto precio para la compra o alquiler que imposibilitan que cientos de personas por la precariedad salarial, las mínimas ayudas sociales y el desempleo puedan resolver sus problemas habitacionales.

En este tipo de cuestiones se observa el papel clasista de las administraciones públicas, siempre al servicio de las clases ricas. Lo que pone de manifiesto que sólo un estado en manos y al servicio de las clases trabajadoras que acabe con la propiedad privada de los medios de producción tendrá en cuenta los intereses sociales de la mayoría. Las clases trabajadoras extremeñas no pueden seguir a expensas de los caprichos de un régimen político que se mantiene ajeno a sus intereses, necesitamos gobiernos capaces de compromisos de distribución de la riqueza de manera justa e inapelable. Tal y como nos están mostrando varios grupos de trabajadores y movimientos sociales actualmente, no queda otra solución que la organización y la movilización en la calle. El Poder Político regional con su letargo clasista y su pasividad conservadora nos conduce inevitablemente a la despoblación, la desvertebración territorial y la creciente desigualdad de oportunidades entre ciudadanos extremeños.

 

5.- Algunos casos particulares.

En estos momentos, la escasez de viviendas impide que cientos de jóvenes y otras tantas personas y familias no encuentren una vivienda para alquilar y no puedan organizar su futuro. Las administraciones públicas basan sus políticas en las ayudas de alquiler, les resulta más barato ya que conocen a ciencia cierta las limitaciones derivadas de la escasez que determina que los presupuestos no se vayan desbordar ni mucho menos, antes que estropear el negocio de las constructoras.

Por otro lado, los decretos que regulan la concesión de viviendas públicas o las ayudas e alquiler contienen verdaderas barreras y obstáculos a superar, complejas trabas burocráticas que dificultan o impiden la obtención de las mismas. Tal es el caso de lo que le sucede a María, madre de 3 hijos, que cobra el IMV, que vive en un piso de alquiler y ha solicitado a la Junta de Extremadura una vivienda social. La respuesta que ha recibido es el rechazo a su solicitud. La Junta de Extremadura hace constar que no ha aportado ningún documento que demuestre que algunos de los integrantes de su núcleo de convivencia es víctima de violencia de género, persona desahuciada, sin hogar o persona especialmente vulnerable. Lo curioso del caso es que cuando María se acerca a los servicios sociales del Municipio para solicitar el informe de que es una familia vulnerable, las trabajadoras sociales le niegan ese informe que debe aportar a las exigencias de la Junta de Extremadura para continuar con el procedimiento de la solicitud de la vivienda.

7.- Propuestas políticas de Una Extremadura Digna (UED) y del PSLF.

En este orden de cosas desde Una Extremadura Digna y desde el PSLF venimos proponiendo la urgente necesidad de intervención de la Junta de Extremadura y de los municipios en una serie de aspectos para responder a las múltiples necesidades relacionadas con los déficits habitacionales de las personas y familias. Seguidamente exponemos algunas propuestas en materia habitacional que consideramos de urgente aplicación y otras que deben servir para estructurar políticas públicas en beneficio de las clases trabajadoras.

7. 1.- Utilización inmediata de recursos en favor de los más necesitados.

Hay que aumentar y acelerar la concesión de las ayudas al alquiler y de las viviendas sociales disponibles con el objeto de atender situaciones de especial urgencia que se están produciendo en Mérida y en otras localidades de la región. Esta urgencia es primordial, entre otras circunstancias, para evitar las amenazas de desahucio y desalojo que se producen por situaciones económicas sobrevenidas que impiden a las familias pagar alquileres. En muchos casos la Renta Garantizada Extremeña y el IMV que debieran utilizarse para hacer frente a los gastos de alimentación y otras necesidades básicas de la unidad familiar se destinan a pagar alquileres.

7. 2.- Protección de los niños y las niñas frente a los desahucios y desalojos, ya que ellos no son culpables de situaciones extraordinarias o comportamientos calificados de asociales que afecten a sus padres. Las administraciones públicas deben actuar vigilando e interviniendo en el cumplimiento de la prohibición de todos los desahucios sin alternativa habitacional de familias y personas que se encuentran en situación de pobreza y carentes de recursos.

7. 3.- Ampliación del parque de viviendas sociales de la Junta de Extremadura y elaboración de un registro de necesidades.

En muchas ocasiones se presume desde la Consejería que el parque de viviendas sociales de EXTREMADURA es el más grande, el más numeroso si lo comparamos con el que tienen el resto de las Comunidades Autónomas. Sin embargo, la realidad pone de manifiesto que hay un déficit importante ante la demanda existente ya que desde hace muchos años no se construye ni se toman medidas pensando en las familias más necesitadas y en general, en las clases trabajadoras.  

 

En el sentido indicado, consideramos importante disponer de un registro de quienes las necesitan; muchas familias no tienen realizada una petición expresa de viviendas sociales ante la falta de perspectivas de acceder a alguna de ellas puesto que saben de antemano que no hay ni se construyen, y por tanto no vale la pena perder el tiempo rellenando papeles. En este orden de cosas, es necesario que institucionalmente se lleve a cabo una campaña informativa orientada a conocer la demanda realmente existente en la Comunidad Extremeña.

Desde hace años venimos reclamando que las viviendas en manos de las entidades bancarias pasen a manos de la Junta de Extremadura con el objeto de destinarlas al alquiler social.

Otras promociones de viviendas sociales como las 31 previstas en Villafranca de los Barros se paralizaron a los pocos meses de iniciarse su construcción y quedaron en un estado de abandono, con un absoluto silencio institucional sobre su futuro. Una vez que se ha reemprendido su construcción consideramos que la Junta debe acelerar la construcción dadas las necesidades que hay en esta localidad.

En Badajoz, por señalar también un caso concreto, no conocemos el estado de los procedimientos de las viviendas de la guardia civil en el barrio de Suerte de Saavedra que según parece siguen en una negociación infinita entre el Ministerio y la Junta de Extremadura, sin importar las enormes necesidades existentes en aquella ciudad.

7. 4.- Creación de Bancos Locales de Viviendas.

En ciertas localidades hay viviendas en ventas que pueden ser adquiridas y rehabilitadas por la Junta de Extremadura. Esta política de adquisición y rehabilitación es más rápida y eficaz que las promociones para construir. Como es lógico, para estas acciones es necesario que en los presupuestos regionales se establezca una partida presupuestaria para que en los Municipios se constituyan los mencionados bancos locales para alquiler social.

7. 5.- En relación a los sin techos e indigentes.

Los ALCALDES de los municipios de Extremadura deben acondicionar espacios dignos para acoger a todas las personas sin techo, al objeto de que quienes no tienen medios habitacionales de ningún tipo no se vean obligados a dormir a la intemperie y puedan encontrar un lugar apropiado donde estar protegido. 

Las autoridades deben conocer que en pleno siglo XXI hay personas indigentes que viven en las calles, sin un lugar estable y adecuado en donde residir, siendo de prever que este grupo de hombres y mujeres sin recursos de ningún tipo se incrementen en base a la coyuntura económica y social tan negativa que se espera en los meses venideros.

Algunas de estas personas que tienen solicitadas viviendas sociales a la Junta de Extremadura, a veces tienen la suerte de ser atendidas en instituciones sociales y albergues locales. Los que no tienen la suerte de ser acogidos en estos centros, vagan por las ciudades buscando el lugar más apropiado para resguardarse en parques, bancos de las plazas, portales de entidades públicas, pero con la llegada del otoño y del invierno las circunstancias ambientales cambian y las cosas se complican. Hace pocos días hemos conocido personas que han muerto abandonadas en bancos en la localidad de Cáceres.

7. 6.- Plan de desarrollo y revitalización de áreas urbanas degradadas

Como ya hemos manifestado en repetidas ocasiones, especialmente cuando se elaboró la Ley Extremeña de Promoción y Acceso a la Vivienda es de vital importancia realizar planes urbanísticos en barrios con un notable estado de abandono en acerados, instalaciones eléctricas, limpieza de alcantarillas, calles quebradas, etc. En general se trata de dotarlas de calidad habitacional, al mismo tiempo que se desarrollan programas específicos de lucha contra la creación de guetos y el aislamiento social. A veces, las instituciones ofrecen viviendas en zonas muy degradadas, con problemas sociales de todo tipo, que las familias suelen rechazar.

7.7.- Intervención Urgente de la Junta de Extremadura

Hay casos frecuentes de familias y personas que viven en viviendas insalubres e insanas, en espacios reducidísimos, o en hacinamientos a causa de la compartición de la vivienda con otras personas o familias, o personas que sin tener en lugar concreto al que recurrir viven las calles, y duermen en los bancos de las plazas o portales, etc..

Los gobiernos disponen de suficientes recursos materiales y técnicos para evitar estas situaciones de extrema escasez, no deben mirar de reojo estos episodios y procurar darles una solución. La actuación institucional se hace más urgente y necesaria puesto que son estos sectores sociales quienes más necesitan de las instituciones públicas.

En este sentido, la Junta de Extremadura tiene que expropiar u obligar a las entidades bancarias y otros organismos públicos a que acondicionen las viviendas de las que son propietarias, que tienen abandonadas y obsoletas, y ponerlas en alquiler social.

La Junta de Extremadura debe tomar todas las medidas oportunas en el ámbito administrativo y burocrático, ente ellas la contratación de personal, para incrementar y acelerar la concesión de las ayudas de alquiler a todas las personas que las tienen solicitadas

7.8.- Nos reafirmamos en la necesidad de una Empresa Pública y de un Banco Público con carácter regional que haga posible la ejecución de las políticas públicas relacionadas con la construcción y rehabilitación de viviendas y otras actividades urbanísticas en las diferentes localidades de la Comunidad Extremeña.

 

7.9.- La crítica a las consecuencias del capitalismo no es suficiente ni mucho menos para superar la organización de la sociedad capitalista ni para provocar una reacción por parte de las autoridades que lleve a corregir los aspectos negativos. Es preciso la organización y la movilización que junto a la existencia de un proyecto político que ofrezca soluciones. permita avanzar en orden a lograr que cada vez más personas adquieran la conciencia de clase que les impulse a la lucha para la consecución de una sociedad más justa y más humana.

BREVES COMENTARIOS A LAS DECLARACIONES EN CANAL EXTREMADURA DE UNO DE LOS PORTAVOCES DEL PSOE REGIONAL

 

Uno de los portavoces del PSOE extremeño ha salido en la televisión haciendo un llamamiento a la población extremeña para que seamos responsables en el consumo energético al objeto de que se cumplan las medidas del Consejo de ministros.

Las sonrientes y alegres declaraciones del portavoz en Canal Extremadura no son unas manifestaciones cualesquiera, en todo caso muestran el más mínimo respeto a quienes se dirige: extremeños y extremeñas.

Las palabras del portavoz regional del PSOE vienen a ser una práctica propia con la que los representantes de la burguesía se mofan de nosotros porque ellos viven en otro nivel económico que el de la inmensa población extremeña.

El sentido de las expresiones utilizadas se encuadra en lo que es una práctica propia de un elitismo cultural y mediático que considera a los ciudadanos como fieles vasallos que deben cumplir lo que dictan las altas instituciones, porque en otro caso somos responsables de lo malo que pueda ocurrir.

 

1.- Este señor afirma que al igual que Europa nos da, también tenemos que corresponder con sus peticiones. Es hora de aclarar que a nosotros la Unión Europea no nos da absolutamente nada; al contrario, nos impone. Lo que ocurre es que cada día perdemos soberanía política, económica, militar, etc si aún nos queda alguna.

Que no hagan juegos al solitario y no nos engañen, conocen de sobra que los dineros que nos llegan de la UE tenemos que devolverlos y pagarlos con intereses, con deuda del Estado que nos hipoteca con el BCE y con la banca privada. La UE no crea dinero, los pide a la banca privada o los obtiene en los mercados para entregarlo a los diferentes países que luego tienen que devolverlos a buenos intereses que pagamos todos. La gratitud en un conglomerado de mercaderes como es la Unión Europea no existe, todo lo que entrega tiene unos intereses económicos muy concretos, que se pagan y vuelven al capital, por más que nos vendan que ciertas cantidades no deben devolverse.

 

2.-Nos quieren hacer corresponsables de los problemas que hay en la actualidad con el gas y el petróleo cuando las dificultades de acceso a estos bienes y la escalada de precios derivan de las resoluciones que han tomado los países occidentales que se vuelven como un boomerang contra sus poblaciones. Pedro Sánchez y su gobierno se comportan como fieles funcionarios del imperialismo norteamericano que aspira hacerse dueño del gas y el petróleo que se consume en Europa.

 

3.- En esta carrera de subordinación detrás de los yanquis que lleva el gobierno de coalición PSOE-UP, no olvidemos a Podemos e IU, ocupa un puesto en la primera fila el asunto armamentístico al que se destinarán miles de millones de euros para reforzar militarmente a la OTAN que serán detraídos de los gastos sociales que necesitan amplios sectores de la sociedad española y extremeña.

 

4.- Pedro Sánchez como buen funcionario del imperialismo norteamericano siga sus consignas y entrega el Sahara para apoyar a Marruecos, país que está siendo fortalecido con armamento israelí y norteamericano para que sea una base militar de importancia geoestratégica en toda la región del SAHEL. Esta posición política es un empujón más para favorecer la presión y el aislamiento que se está llevando a cabo contra Argelia, para debilitarla por Marruecos y los norteamericanos en sus aspectos económicos. No olvidemos que Argelia también es una potencia del gas que entorpece los negocios yanquis, y la postura política española que anula años de posicionamientos favorables a la autodeterminación genera unas tensas relaciones con ARGELIA que lógicamente responde recortando y encareciendo el gas que nos suministra. No había otra cosa que esperar y no dudemos que las cosas puedes ir a mayores.

 

5.- Las decisiones de la UE de que los países occidentales reduzcan el consumo de gas está motivada para incrementar los suministros de gas a Alemania y a Francia al objeto de que no sufran muchas explosiones sociales internas que puedan crear conflictos políticos importantes. Y eso en el centro de Europa puede tener unas repercusiones importantes en el resto del continente.

 

6.- No tienen vergüenza ninguna cuando saben que en la población extremeña hay un sector social que en unos porcentajes del 39,1 por ciento está en riesgo de pobreza o exclusión social en 2021, según la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística, datos que seguro que en 2022 nos acercan ya al 40 %. Esta población que supera las 450.000 personas o más tienen unos ingresos que le impiden tener unos consumos mínimos energéticos en sus casas para que se alcancen unas temperaturas adecuadas para una vida de bienestar tanto en invierno como en verano. El informe AROPE pone de relieve estos problemas asociados a sectores sociales extremeños. Extremadura 2021.indd (eapn.es) .La población vulnerable no consume ni lo mínimo necesario y más ahora cuando los precios de los alimentos y de otros productos básicos para la vida están alcanzando unos niveles insostenibles.

 

7.- Por último, resulta inconcebible que siendo la región extremeña una productora notable de energía eléctrica en el estado español no disponga de institución económica regional de producción o distribución que le permita disfrutar de unos precios que benefician a las familias y a la pequeña y mediana empresa. El precio de la energía eléctrica es un factor fundamental para el desarrollo de los procesos productivos e inversiones en el progreso de la comunidad. Y que no nos digan que la Unión Europea lo impide porque dependemos de ella.

 

8.- Tal y como señalamos en el párrafo anterior a nivel estatal, un verdadero gobierno que defendiera los intereses nacionales habría nacionalizado las fuentes de producción y distribución de energía y en estos momentos, habría impuesto un tope al precio a las energías consumidas por la población.

Y el gobierno regional además de avanzar en el sentido indicado anteriormente debería estar reclamando estas medidas al estado central y aplicando otras medidas dentro de sus competencias relacionadas con los consumos básicos, energéticos, alimenticios, etc. que aliviaran la carestía que sufre la población extremeña.

Posición del PSLF y Una Extremadura Digna sobre la manifestación reivindicativa Tren Extremadura en Madrid

 

A pesar de nuestro interés inicial en ser incluidos en la movilización que se va a realizar por el Movimiento en Defensa del Tren el día 8 de septiembre en Madrid tenemos que expresar nuestra exclusión voluntaria de este movimiento por las razones que a continuación exponemos.

1.- En una reunión virtual convocada por la plataforma en Defensa del Tren por la Ruta de la Plata se acuerda estudiar la convocatoria de una movilización el día 26 de noviembre en Plasencia, a concretar más adelante en próximas reuniones.

En breve espacio de tiempo aparece en los medios de comunicación una convocatoria de la plataforma para una movilización en Madrid el día 8 de septiembre, día de Extremadura.

2.- A pesar de nuestro interés inicial de estar incluidos y participar en esa movilización, tras una reflexión y valorar las circunstancias de la convocatoria sobre el cambio de fecha, el lugar de celebración y otras cuestiones que señalamos a continuación nos hacen dudar de nuestra presencia y nos llevan a renunciar a la participación en esa movilización.

3.- Entendemos que muy probablemente haya para el cambio de fecha desde el 26 de noviembre por el 8 de septiembre razones políticas que no logramos entender.

4.- Consideramos que al trasladar la movilización a Madrid se está desviando a nuestro entender una lucha que debe desarrollarse en el propio territorio extremeño. No queremos pensar que la movilización se lleva a Madrid por el interés de algunos partidos políticos de no crear muchos problemas al poder regional. Al realizarla en la capital de España se amortigua y desvía la problemática, al tiempo que aparece ante la sociedad española una falsa muestra de nuestra tardía reivindicación de extremeñismo.

5.- Entendemos que la movilización se debe desarrollar en Mérida puesto que los responsables directos, además de quienes señalan los convocantes como la Consejera de Transportes, y la Secretaria de Estado de Transportes, son el presidente de la Junta de Extremadura y la delegada del Gobierno en la región que no sólo se han dejado engañar voluntariamente, sino que a su vez quieren engañarnos a los extremeños con todo lo que está sucediendo con el Tren, manipulando y normalizando todo el abandono que se tiene por parte de los sucesivos gobiernos estatales respecto a Extremadura.

6.- En este sentido, desde UED pedimos y seguimos pidiendo la dimisión del presidente de la Junta y de la delegada del gobierno, no sólo por las continuas muestras de pasividad ante estas inversiones sino por la ineptitud y cara dura que tienen con declaraciones con las que pretenden confundir y ocultar el abandono que las instituciones políticas tienen del pueblo extremeño.

7.- Por último, no entendemos la actitud de algunos partidos políticos convocantes que al igual que en otras cuestiones como sobre la OTAN, los gastos militares, presupuestos, etc. se quieren mostrar como críticos con el gobierno del que forman parte, en una situación un tanto esquizofrénica tratando de SER y no SER; criticar al gobierno y ser parte del gobierno para de este modo tan confuso y equívoco no perder terreno electoral ante la sociedad española.

Es una clara posición de hipocresía que desorienta a la sociedad extremeña presentándose como partidos que se identifican con reclamaciones en contra del gobierno, cuando entran en la contradicción en otros asuntos en los que se vanaglorian de las políticas gubernamentales, por ejemplo, cuando señalan los “éxitos” que se logran por la reforma Laboral.

8.- Estudiaremos con los compañeros la posible convocatoria de una concentración en Mérida el día 8 de septiembre, día de Extremadura para reivindicar no sólo las inversiones que modernicen las infraestructuras ferroviarias de la región, sino otras cuestiones de primer orden para los extremeños.

 

La violencia del capitalismo contra los pobres

 

Aunque las riquezas y los bienes sociales son producidos por la clase obrera, las Instituciones de la Sociedad Burguesa premian y condecoran a quienes se enriquecen con él sudor y la plusvalía generada por aquella. En breve serán condecorados explotadores de cientos de obreros. La mentira y el engaño valen para dar una vuelta a la dura realidad

 

1.- La ética del capitalismo es la opresión y la violencia

Las crisis periódicas que sufre el capitalismo se han agudizado radicalmente con las políticas que está aplicando el imperialismo norteamericano y la OTAN que se vuelven como un boomerang sobre las clases trabajadoras y los sectores sociales más humildes.

En el caso español como en el resto de los países occidentales, nuestro gobierno acepta sumisamente el papel de protectorado que nos impone el gobierno norteamericano. .El resultado es el incremento del empobrecimiento generalizado que estamos sufriendo las clases populares a consecuencia de los recortes públicos y de la inflación de los precios de los productos básicos para la vida que imponen las burguesías a sus pueblos.

Pero no dejemos de lado que la raíz de las diversas formas que adopta la violencia de las políticas de las clases ricas sobre las clases oprimidas en las sociedades capitalistas está en la propiedad privada de los medios de producción y en la apropiación de los bienes y servicios socialmente producidos. El capitalismo lleva en su seno los valores y la ética de la opresión y de la violencia contra quienes sólo dependen de su fuerza de trabajo.

2.- El Estado es la dictadura de la burguesía.

La legalidad burguesa está amparada materialmente por el Estado que asegura y da vía libre para que los bienes y servicios producidos se transfieran y sirvan para el enriquecimiento obsceno de una minoría social. El Estado es el instrumento en manos de los grandes monopolios que asegura y garantiza las diferentes formas de violencia y organiza el saqueo a la población, la destrucción del ser humano y de su entorno.

Los diferentes aparatos del estado, administrativo-político, judicial, policial, mediático y militar desarrollan y legitiman el control social y las múltiples agresiones contra los derechos colectivos, las libertades fundamentales y las necesidades vitales de los seres humanos, reduciendo o eliminando el acceso a cuestiones básicas para la vida como el empleo, vivienda, alimentación, espacios públicos, bienes comunales, etc.

La violencia legalizada y consentida por las leyes y el parlamentarismo de las democracias-burguesas se ejerce cada día sobre miles de personas que no disponen de medios para un mínimo bienestar, que viven angustiados y en la incertidumbre por la pobreza, atacados por la depresión, y por otras circunstancias negativas que condicionan la vida.

 

3.- Algunos elementos de la violencia de las instituciones.

El Estado no da solución a los derechos humanos, aunque tiene medios para ello. Los gobiernos ocultan que la abundante riqueza social producida por la fuerza de trabajo del obrero es más que suficiente si se quisiera acabar con todas las miserias y penurias derivadas del desempleo y de la precariedad laboral.

Así, la violencia, a pesar de leyes, reglamentos, normas constitucionales y grandes declaraciones de insignes políticos que hablan y hablan sobre derechos humanos, está impresa casi de modo permanente en hechos que diariamente aparecen delante de nuestra vista; Una manifestación explícita de la misma es la que se ejerce sobre familias enteras que hacen su vida en una habitación o en condiciones habitacionales marginales pasando miserias y fatigas porque carecen de espacios adecuados para una vida digna.  

Además, no se entiende por qué la Consejería de la Vivienda de la Junta de Extremadura mantiene un castigo y un asedio habitacional cuando no entrega viviendas ya concedidas a familias en situación desesperada, que llevan esperando la entrega de llaves varios meses, a pesar de que ya tienen los documentos en donde se refleja la concesión oficial de los pisos. ¿A qué espera la Junta para entregarles las llaves de modo definitivo?

De igual modo, la violencia institucional es la que está ejerciendo la administración regional cuando cierra los ojos ante las necesidades habitacionales de cientos de familias y no quiere o no se atreve a tocar los pisos en manos de entidades bancarias o fondos de inversión que los tienen abandonados y en proceso de hundimiento y derrumbe.  Tampoco, tiene interés la Junta de Extremadura en poner en marcha una verdadera política de construcciones de viviendas sociales para familias con bajos ingresos. Todo se deja para el beneficio y la iniciativa privada.

 

4.- La violencia laboral en las industrias de Tierra de Barros.

Desde que la burguesía rompió todas las limitaciones que arrastraba el sistema feudal en contra del lucro económico y la competencia, aquella no ha cesado de acaparar y acrecentar la posesión de tierras, riquezas, patrimonios e inmensos privilegios a base de apretar más y más la soga al cuello de los oprimidos que sólo tienen la propiedad de su fuerza de trabajo.

La cultura burguesa cuyas señas de identidad son la ganancia y el beneficio se ha expandido en el espacio y el tiempo, a la vez que ha ido perfeccionando todos los procedimientos de explotación y opresión al obrero para conseguir la mayor apropiación de la plusvalía. Así, aparecen y tienen su presencia hoy día estos procesos en las industrias más poderosas de la zona de Tierra de Barros.

 

En regiones como la nuestra con poco desarrollo industrial y con muchas dificultades para poder acceder a un trabajo estable y bien remunerado se dan las condiciones propicias para una intensa explotación salarial. Además, la violencia laboral en la región extremeña se ve reforzada por la actitud de la administración pública encargada de las labores de inspección y vigilancia en los centros de trabajo. Por cierto, sólo se conocen denuncias de inspecciones a los trabajadores autónomos y pequeños empresarios.

Cuando algunos obreros de las industrias del vidrio o del aluminio nos describen cómo las empresas imponen un trabajo asalariado que alcanza niveles cada día más insoportables, en unos casos por las condiciones ambientales de las instalaciones en donde es difícil respirar adecuadamente, en otros casos con horarios que no se ajustan ni mucho menos a los convenios, con la realización de horas extraordinarias que no tienen una adecuada recompensa, o con una presión psíquica en el trabajo que viene a ser traumática y difícil de asimilar que tiene una influencia importante en comportamientos depresivos, emocionales, con dificultades para un descanso apropiado, etc. Por cierto, son empresas en las que no sabemos por qué motivos escasean o no hay mujeres trabajadoras en sus instalaciones, etc.

Los trabajadores destacan la explotación laboral sin tapujos, así como describen escenarios laborales tremendos que pueden tener una influencia muy negativa en un futuro no muy lejano sobre su salud y en su propia existencia vital. A los dueños de los medios de producción por lo que parece esto les preocupa poco. No obstante, aparecen falsamente como los creadores de empleo y son premiados por las instituciones burguesas.

5.- Las instituciones oficiales y los sindicatos más representativos al servicio de la patronal.

 En anteriores escritos pusimos de manifiesto cómo la intervención de la administración regional y la presencia sindical en la vigilancia y denuncia de las condiciones laborales en algunas empresas muy concretas deja mucho que desear, apenas existe. Por lo que poco se puede esperar de los sindicatos representativos en estas empresas de Tierra de Barros que están anclados y forman parte de la estructura del régimen político regional; no tenemos dudas de que no forma parte de sus intereses sindicales, ni están en condiciones ni se atreverán a dar el mínimo paso de rebeldía necesario que empuje a la clase explotada contra esta abusiva dominación laboral.

Asuntos muy concretos revelan la ineptitud y paralización profesional y política, no sabemos si voluntaria o no, de la inspección de trabajo, del gobierno regional y de los sindicatos. Esta omisión en el control de las condiciones laborales llega a tales niveles que los cursos de formación se hacen en horarios de descanso de los trabajadores cuando de acuerdo a la ley de prevención y riesgos laborales debieran hacerse en horas de trabajo. Pero nadie dice nada.

6.- La necesidad de rebelión de la clase obrera.

La clase dominante, los propietarios de estas grandes empresas están muy tranquilos y satisfechos en sus puestos de mando obteniendo pingües beneficios económicos sin que exista la más mínima chispa de rebelión de la clase trabajadora. La placidez empresarial y la satisfacción para continuar incrementando capital y  patrimonio no se altera aunque las condiciones de trabajo se deshumanicen más y más, las adaptaciones salariales estén por debajo de la inflación y el trabajador encuentre más dificultades para el mantenimiento de las condiciones de vida.

La justificación de la pasividad de la clase obrera para no reaccionar ante el desprecio moral de los dueños de los medios de producción y la apropiación descarada de la inmensa plusvalía producida se justifica por las circunstancias personales y por otros motivos psíquicos-sociales que condicionan y coaccionan mentalmente la propia conciencia individual del obrero haciéndole creer que se tiene un nivel de vida más o menos aceptable. E incluso, en algunos casos, con palabras de agradecimiento para su maltratador porque, éste, “con su bondadoso y arriesgado esfuerzo me está dando de comer todos los días”.

Lo que más debe doler de todo esto a la clase obrera es que estos empresarios que se han enriquecido y multiplican sus bienes y patrimonios a base de imponer unas condiciones laborales que arrebatan sin misticismo el trabajo producido con su sudor sean premiados por todo tipo de autoridades, municipales, regionales y nacionales, que además son consentidoras y conocedoras de la violencia laboral que se ejerce en el interior de las instalaciones de estos empresarios tan cotizados.

Sin embargo, como la propia historia nos demuestra estamos seguros que todo maltrato laboral antes o después tiene su límite, y llegará el momento en que los verdaderos productores de la riqueza den el paso de lucha contra la opresión a la que están sometidos.

 

No podemos bajar la guardia

 

No podemos bajar la guardia en la lucha contra las políticas de los gobiernos regionales y estatales que sirven a la burguesía y están contra el pueblo trabajador.

A pesar del calor que dificulta nuestro quehacer diario, no podemos dejar de parar ni un instante y seguir en la calle reclamando toda una serie de cuestiones imprescindibles para un mínimo bienestar.

Las autoridades políticas, la Junta de Extremadura y el gobierno de España tienen que intervenir para controlar esta subida imparable de los precios que está empobreciendo a las familias trabajadoras y enriqueciendo mucho más de lo que ya es a la minoría rica de este país.

Las grandes empresas y los bancos se están forrando a costa de las gentes más humildes que están sufriendo verdaderas dificultades para hacer frente a los costos de la bolsa de la compra de los alimentos, la energía, la gasolina, etc. y en general a todas las cosas que se necesitan para la vida.

La única solución para este robo permanente es que el Estado tome el control  de estas grandes empresas que nos están saqueando y las ponga al servicio del pueblo trabajador. Es la única solución, de otro modo todo irá a peor para la gente más humilde.

Cada día se destaca más blanco sobre negro la necesidad de una banca en manos del Estado y de la Junta de Extremadura que acabe con el robo cotidiano a las que nos someten las instituciones financieras que entre comisiones, descubiertos, y otras zarandajas se lo están llevando calentito, y además, informatizan y automatizan las operaciones bancarias para obtener más beneficios, reduciendo el personal de sus oficinas y dificultando de este modo las tramitaciones administrativas a las que necesita acceder la población, o se van de las localidades quedando cajeros que la Diputación de Badajoz tiene que mantener y sostener con dinero público.

Las ayudas que está anunciando el gobierno no son nada más que pura propaganda; son migajas para obtener réditos electorales y aparecer ante la opinión pública como defensor del pueblo, así no vamos a ningún sitio ni se resuelve la vida de nadie, además las enormes trabas burocráticas obligan a que muchas personas tengan que desistir de las solicitudes de este tipo de ayudas.

En vez de todas estas miserias necesitamos un gobierno al servicio del pueblo que ponga en marcha políticas de empleo que den salidas laborales en diferentes campos de actividad, con un amplio abanico de  políticas públicas que pueden organizarse en la construcción de viviendas e infraestructuras sociales, en la mejora de los servicios públicos, en la producción de alimentos con una reforma agraria que el campo está pidiendo a gritos y que evite el vaciamiento del mundo rural y la ruina de muchos pequeños agricultores.

Necesitamos que la Junta de Extremadura se haga cargo de las viviendas en manos de los bancos, y simultáneamente organice un verdadero plan de construcción o adquisición de las muchas viviendas en venta para destinarlas al alquiler social y de este modo satisfacer la fuerte demanda existente.

Las administraciones públicas tienen que incrementar las ayudas sociales, renta básica extremeña, subsidios, pensiones no contributivas hasta los 1.200 euros o hasta cantidades que permitan hacer frente a las necesidades que nos impone una vida digna. Las miserias y migajas que se conceden, con las que se lava las manos el Estado y la Junta, no pueden resolver los problemas que acarrean la precariedad laboral y la exclusión social que penetran con toda rapidez en la vida de cada vez más extremeños y extremeñas.