BREVES NOTAS SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS: LA UNIÓN EUROPEA Y LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN

 

SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS: LA UNIÓN EUROPEA

1.- La construcción europea responde a los criterios de los monopolios y de las grandes empresas multinacionales, más interesadas en sacar adelante sus proyectos dirigidos a la obtención de beneficios mediante la explotación salarial y el saqueo de la riqueza que generan otros sectores populares, pequeños empresarios, agricultores y toda clase de trabajadores autónomos.

La Unión Europea recomienda a los Estados recortes y privatizaciones en los servicios públicos y en las pensiones, para extraer hasta sus últimas consecuencias los recursos humanos y materiales que aquellos pondrán a disposición de las grandes empresas, entidades financieras, etc.

De nada vale que la Comisión Europea, los gobiernos y sus propagandistas nos hablen a diario de los derechos humanos cuando el carácter violento de la UE aparece día tras día con el cierre de las fronteras Schengen con cientos de muertos cuando intentan traspasarlas, o el cementerio de vidas humanas que es el Mediterráneo cuando millones de personas desplazadas de sus países por las guerras y los pillajes económicos y materiales que realizan los grandes países capitalistas quieren cruzarle.

De nada vale que nos hablen de derechos humanos cuando el paro, la precariedad laboral y la miseria se manifiesta en millones de personas en los propios países de la UE que disponen de las riquezas suficientes para acabar con todo este tipo de sufrimientos y torturas humanas, consentidas y avaladas por las propias Constituciones que garantizan el mantenimiento del poder político para disfrute y provecho de las clases ricas.

 SOBRE ALGUNOS ASPECTOS DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL

2.- Piensan los nuevos y viejos poderes al frente del Estado que es posible reformar la Constitución, lo que significaría prolongar el continuismo político e institucional, sin embargo, se requiere un acuerdo previo con los partidos franquistas muy difícil de realizar dadas las condiciones impuestas en "la norma fundamental" del Estado.

Con las pretensiones de la reforma constitucional se niega y se oculta la crisis política y el bloqueo constitucional lo que mantiene inalcanzable la solución de los problemas democráticos y los compromisos a las demandas ciudadanas que impiden las rigideces y la propia interpretación de una “ley fundamental” después de 43 años al servicio de las clases dominantes de este país.

El bloqueo de Constitucional se manifiesta en el mantenimiento de altos tribunales como el Consejo General del Poder Judicial que se niega a su legal renovación y se erige en el dictado de las togas. Bloqueo que también se expresa en las políticas de Ciudadanos, Vox y el PP que llevan años declarando la guerra al gobierno de Pedro Sánchez formado por las izquierdas tradicionales apoyado por los nacionalistas.

En definitiva, la reforma democrática de la Constitución es casi imposible, por lo que no cabe otra que la de avanzar en una estrategia política que abra un proceso constituyente soberano, objetivo del que forma parte la propuesta de referéndum Monarquía o República. En ese sentido, de no convocarse de forma oficial, requerirá la organización desde debajo de una consulta popular para sacar las urnas a las calles y plazas de los pueblos y ciudades, tal como se ha decidido llevar a cabo, el próximo 14 de MAYO.

VALORACIONES DE LA HUELGA DE LOS TRABAJADORES DEL METAL EN CADIZ

 

La experiencia realizada por la mayoría social con la huelga general del metal en Cádiz debe poder ser expresada en términos de demanda de cambio político y social. Es muy fácil, pero no cierto, echar la culpa de la represión solo a la policía, así como culpar de las sentencias antidemocráticas solo a los jueces. Argumento manido que no deja de ser utilizado por aquellos partidos que gobiernan, teniendo mayoría en Cortes para decidir, y por tanto para legislar acerca de las demandas populares.

Son muchos años de atropellos que conocemos a las libertades democráticas destinados a impedir la conquista de las reivindicaciones sociales. El binomio represión-explotación es de sobre conocido como recurso muy utilizado históricamente por todos aquellos que desean mantener los privilegios del poder político, y con él prolongar la explotación y la opresión.

En Cádiz, había varias cuestiones fundamentales en juego, a saber: la lucha por el aumento salarial frente la miseria social, la exigencia de poner fin a la precariedad; y con ellas la necesidad de poder hacerlo con la libertad y democracia necesaria, tanto en el movimiento obrero, como en la sociedad.

La “tanqueta” militar del Gobierno ha tratado de dejarlo todo en manos de la criminalización de los trabajadores y de la represión.

 El convenio firmado por las cúpulas de CCOO y UGT se ha realizado en estas anómalas condiciones, consultándose solo a los delegados y no a los trabajadores, cuando el convenio afecta a todos; de manera que ha dividido a los trabajadores sin resolver los principales problemas en discusión. Un sector de trabajadores y organizaciones no vinculadas al poder se han opuesto a lo acordado en el convenio convocando a tal efecto una Asamblea libre y abierta para poder decidir democráticamente.

El éxito de la huelga indefinida del metal gaditano dependía de la capacidad de aguante de los trabajadores, que viven al día y no pueden estar semanas sin cobrar, y por tanto la continuidad de la huelga dependía materialmente de la existencia o no de caja de resistencia y del apoyo y solidaridad económica de los demás trabajadores. Tradiciones obre[1]ras que los actuales dirigentes de los sindicatos oficiales olvidan, dejando a los trabajadores a merced de la miseria cuando se declaran en huelga. La necesidad de caja de resistencia es una de las medidas materiales que hacen que la victoria de las reivindicaciones sea o no posible.

Formando parte de la necesidad de Asamblea General de los huelguistas, con la constitución del instrumento de unidad, democracia y lucha que representa el comité de huelga, elegible y revocable, integrando a los sindicatos y organizaciones que la apoyan.

 La prohibición de la Delegación de Gobierno de una concentración en Madrid de partidos y sindicatos, en solidaridad con los metalúrgicos de Cádiz, indica que lo de la tanqueta empleada para reprimir la huelga de Cádiz, así como los gases lacrimógenos, los gases pimienta, y el disparo de bolas, y el reparto de porrazos…, no son, en ningún caso una anécdota sino el eje mismo de la política antisocial de quienes gobiernan. En tanto que el Gobierno ha criminaliza[1]do y reprimido la huelga de los trabajadores más allá de Cádiz, tratando de prohibir la solidaridad de otros sectores, como ha sido el caso del apoyo de estudiantes y sanitarios de la Bahía, es imprescindible que se pida cuentas a Sánchez y a sus ministros en las Cortes, por parte de los grupos parlamentarios que reclamándose del cambio político y por tanto de la república, o republicas; rechazan la represión policial, y las prohibiciones antidemocráticas, exigiendo la dimisión de todos los responsables políticos y policiales. ¡Alto al atropello de los derechos laborales y democráticos por parte de quienes se reclaman de los derechos de los trabajadores! La miseria salarial y la precariedad afecta de hecho a muchos millones de trabajadores. Los despidos no hacen sino multiplicarse, tanto en el sector público como en el priva[1]do.

 

 

 

 

 

POR LA SUPRESIÓN DE LA LEY MORDAZA Y LA CONTRARREFORMA SOCIAL DEL GOBIERNO

 

    De la misma forma que el Gobierno ha conseguido la mayoría necesaria para aprobar los Presupuestos, podría haber derogado ya las contrarreformas sociales y la ley mordaza, pero- que casualidad - no lo hace- y las sigue manteniendo en vigor; y aún maniobra para no derogarlas, para darles un barniz de reforma que sigan sirviendo a los objetivos de la patronal y al mismo Estado, del Estado policial.

El Gobierno, con sus presupuestos en la mano (dictados por la Unión Europea en interés de los grandes empresarios), prorrogan la contrarreforma social con la privatización de las pensiones; el desmantelamiento de la sanidad como sucede con la atención primaria, y con la misma educación…Impidiendo la renovación de todos los contratados de las administraciones, cuando vuelve una nueva ola de pandemia que exigiría la contratación, y no el despido de trabajadores en servicios públicos esenciales. Las listas de espera hospitalaria, las restricciones en centros educativos, los desahucios y lanzamientos diario de 122 familias de sus casas no van si no a provocar nuevas huelgas y movilizaciones.

 Reclamamos el libre derecho de huelga y de manifestación; ya que no ha sido sino a través de la movilización general que nuestra sociedad ha avanzado social y políticamente, siempre con el impulso de los trabajadores. Recordemos los logros de las grandes huelgas de nuestra historia, como la jornada de 8 horas, conseguida tras 44 días, en 1919, por la huelga general de “La Canadiense”, las huelgas mineras asturianas en plena dictadura franquista… Y la más amplia de las huelgas generales celebradas, la que tuvo lugar en 1988 contra el Gobierno de Felipe González para tratar de impedir la extensión por ley de los empleos basura, que se acabaron imponiendo.

La huelga general es el arma principal de la lucha social de los trabajadores. No podemos, por tanto, dejar de citar la Huelga General Revolucionaria de 1917, convocada contra el gobierno de la Monarquía de Alfonso XIII, y dirigida por CNT, UGT y el mismo PSOE; con un Comité de Huelga estatal integrado, entre otros, por Francisco Largo Caballero. Una pregunta hay que formular al respecto: ¿De qué tradición obrera y democrática (de huelga) se reclaman los actuales dirigentes de PSOE y de UGT? Esperamos la respuesta. ¿

ENMIENDAS Y EMBROLLOS A LA LEY DE MEMORIA: IMPUNIDAD FRANQUISTA o JUSTICIA DEMOCRÁTICA

 

Ley de Amnistía de 1977, niega la posibilidad de que las víctimas o sus familiares puedan acudir a la justicia en España, y también impide la extradición de posibles imputados fuera de España como el caso de Martín Villa.

Ley de Amnistía, ha sido elevada a doctrina tanto por el Tribunal Supremo como por el mismo Tribunal Constitucional. Después de 81 años de fin de la guerra y 42 años de la muerte del dictador, no se puede volver a impedir el necesario juicio político que condene en Cortes el franquismo y sus crímenes.

El gobierno del Sr Sánchez no tiene intenciones de impedir las manifestaciones públicas de instituciones a favor del franquismo. Hace unos días los obispos de la Conferencia Episcopal, que han registrado para la Iglesia miles de bienes inmuebles (solares, fincas y edificios históricos que son propiedad del Estado), vuelven a autorizar las misas de la Fundación Nacional Francisco Franco, del Movimiento Católico Español y otras entidades, que actúan y se financian con la cooperación de entidades estatales. Misas para homenajear al dictador, mientras se mantiene financiada por el Estado. De forma que han sido programadas once misas en distintas ciudades “en sufragio por el alma de Francisco Franco y todos los Caídos por Dios y por España” ¿Franquismo o democracia?

La Concatedral San Nicolás de Alicante ha decidido desconvocar la misa fascista al ser avisados por las autoridades de la Comunidad Valenciana de que pueden ser multados, en virtud de la Ley de esta Comunidad, por tratarse de un acto contrario a la Memoria Democrática y a la dignidad de las víctimas del franquismo y sus familiares. También se ha dirigido a todos los ayuntamientos para pedir que se evite cualquier tipo de acto de exaltación franquista en sus respectivos municipios. Lo que pone de manifiesto que con muy pocos medios se puede anular la exaltación del franquismo y del nazismo. ¿Qué hace entonces el gobierno del Sr. Sánchez que no impide la exaltación del franquismo?

 

El 14 de noviembre, partidos con representación parlamentaria se reunían para oponerse firmemente al proyecto de ley del Gobierno, rechazando el mantenimiento de la impunidad de los crímenes del franquismo. Representantes de ERC, Bildu, BNG, J x Cat, PDeCAT y la CUP, presentaron un paquete de enmiendas conjuntas entre las que cabe destacar la necesidad de juicio político al régimen de la monarquía:

1- La supresión del título de Rey de España, así como todos los privilegios de que disfruta, prerrogativas personales y familiares; ya que la restauración de la monarquía en España tiene su origen en la dictadura franquista, concretamente y a efectos legales en la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado de 1947, en virtud de la cual el Estado Español volvía a ser un reino, y el dictador propondría a las Cortes la persona que estime debe ser llamada en su día a sucederle, a título de Rey.

Fue en 1969, cuando el dictador nombró a Juan Carlos de Borbón como sucesor a título de “Príncipe de España”, pasando en 1975 a ocupar como Rey la Jefatura del Estado. Manifestando “Quiero expresar en primer lugar, que recibo de su excelencia el Jefe del Estado y Generalísimo Franco, la legitimidad surgida el 18 e julio de 1936, en medio de tantos sacrificios, de tantos sufrimientos, tristes pero necesarios, para que nuestra patria encauzase de nuevo su destino” ¿Es este el origen de la supuesta democracia? 

2- La modificación de la Ley de Amnistía de 1977, suprimiendo los apartados que exoneran de culpa y responsabilidad a las autoridades y funcionarios del Estado. Añadiendo que “las disposiciones contenidas en esta Ley de Amnistía no impedirán que los juzgados y tribunales investiguen, enjuicien o impongan las penas correspondientes a las personas responsables de haber cometido delito de genocidio, lesa humanidad, delitos de guerra y otras graves violaciones de derechos humanos”.

3- Devolución de todos los bienes incautados a los Ateneos, Cooperativas y Asociaciones, de todos los que fueron incluidos en la ley 4/1986 de Cesión de Bienes del Patrimonio Sindical Acumulado, y por la ley 4/1998 de Restauración o Compensación a los Partidos Políticos de Bienes y Derechos incautados en el periodo 1936-39.

Entre las alegaciones populares presentadas por muchos colectivos de la Memoria y de víctimas contra el proyecto del Gobierno, cabe destacar a última hora la Carta dirigida a los parlamentarios de Unidas Podemos reclamado “la Tutela Judicial efectiva de las víctimas, la ilegalidad del franquismo y la legalidad de la Segunda República…. y el pleno Derecho a la Justicia para las víctimas del franquismo, declarando nula la Ley de Amnistía”. Pero los electos están sometidos a disciplina contraria a la democracia.

El proyecto del Gobierno está afectado del mal que condiciona todos sus actos: que no quiere romper sus compromisos con los franquistas, ni derogar sus leyes. Del mismo modo que no deroga la ley mordaza ni las contrarreformas sociales, ahora pretende mantener la impunidad. Sus enmiendas de última hora son la inútil la cuadratura del círculo, buscando una fórmula para sortear la Ley de Amnistía, como parte esencial de los pactos constitucionales con los franquistas.

PSOE Y UNIDAS PODEMOS, TORPEDEAN SU PROPIA LEY.

Por ello, el 16 de noviembre, dos días después de los acuerdos del bloque republicano exigiendo la supresión del título del Rey de España y demás medidas aquí sintetizadas, PSOE y Unidas Podemos, presentan treintena enmiendas conjuntas a su propio proyecto de ley, manteniendo las leyes y compromisos con los franquistas, de una parte, y, de otra, hablan de “garantizar el derecho a la justicia”. Se trata, una vez más, del imposible físico de sorber y soplar al mismo tiempo.

LOS TRIBUNALES SERÁN LOS QUE DECIDAN.

 Lo que queda de todo ello -si no se corrige- es un texto confuso y contradictorio; un batiburrillo que pone el balón de la impunidad en el tejado de los tribunales franquistas para que sean ellos, en última instancia, los que decidan, a fin de utilizar a posteriori el recurso fácil de culpar de todos los males a los jueces franquistas. Se busca con ello salvar los muebles y la corrupción de la Monarquía por un tiempo más.

FRANSQUISMO Y DEMOCRACIA SON INCOMPATIBLES.

La huelga general de los metalúrgicos de la Bahía de Cádiz, las movilizaciones de los ganaderos gallegos, las protestas contra la privatización de las pensiones y la sanidad… devuelven a la realidad política la lucha por las reivindicaciones y demandas democráticas frente a las políticas de miseria social en beneficio de los franquistas de siempre. Las falsas promesas no sirven. Franquismo y democracia siguen siendo incompatibles; de la misma manera que la impunidad del régimen de la Monarquía es incompatible con la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del franquismo. La lucha contra la impunidad y por la República continúa en nuevas con

Toca derogar leyes injustas. ¡Ruptura con el dictado de la UE y las instituciones franquistas!

 

Asuntos de primera mano, que atañen a la gobernabilidad o no del país, han venido a acumularse sobre la mesa del Consejo de Ministros. Aún sin haber salido  del todo de la situación en la que nos sumergió la pandemia, se han amontonado sobre el mundo oficial de la Corte cuestiones muy diversas, que van desde la Ley de la Vivienda, a la tramitación de Ley de Memoria Democrática, y a la cuestión de cuestiones que está en todos los debates, que son los mismos Presupuestos Generales del Estado, y lo relativo a la derogación o no de la leyes de contrarreforma social, sin olvidar la misma “Ley mordaza” que conculca -desde hace años- derechos fundamentales.

Después de haberse comprometido el actual Gobierno en la derogación de dichas leyes, ahora se prepara un descarado giro basado en aquello de “donde dije digo” hace tres años, ahora vengo y “digo Diego”.

Veamos: los beneficios del capital parasitario han salido reforzados del coronavirus, contribuyendo a la crisis económica derivada del parón productivo y de la consiguiente dislocación de los principales elementos que hacen al caso la globalización. Las grandes fortunas han aumentado su riqueza, oficialmente, hasta 153.575 millones de euros, un 17% más que en 2020. El capital de las empresas cotizadas ascendió en 40.405 millones de euros… Las rentas del trabajo, por el contrario, no han hecho sino retroceder, multiplicando la precariedad y el empobrecimiento de los sectores más desfavorecidos. ¿Dónde está el “escudo social”?

Durante tres años se ha prometido la derogación de leyes contrarias a derechos y libertades. Mas cuando llega la hora de hacerlo, se retuercen las palabras para negar la evidencia, sustituyendo derogación por modificación y/o modernización, en base a un nuevo texto sometido a las medidas de contrarreforma social (pactadas ya con la Unión Europea a cambio de los 140.000 millones de los grandes capitalistas europeos), pretendiendo -como última ocurrencia- hacer depender el contenido de la ley de los futuros acuerdos de la mesa de Pacto Social permanente, donde la CEOE tiene bula. El juego de trileros está al descubierto, y donde se decía derogación, es decir, anulación de una norma establecida como ley, se sustituye por “reforma”, esto es, por la introducción de algunos cambios que mantendrían lo esencial. Solo se reforma aquello que se pretende mantener; y lo que se busca preservar no es otra cosa que medidas de contrarreforma social que afectan a las conquistas sociales.

La fórmula de la “reforma que nada cambia” se ha establecido, creando confusión y desconcierto. La cuestión de si somos súbditos o soberanos está planteada ya al inicio de la mayor crisis política y económica que hemos conocido.

 Las asociaciones en defensa de la vivienda decían recientemente, en relación con la propuesta pactada por el Gobierno como nueva ley, que en nada se parece a una ley, en la medida que con ella no se pretende resolver ninguno de los problemas fundamentales: la vivienda sigue secuestrada por los rentistas, especuladores y fondos buitres internacionales como un negocio, para impedir una ley que entienda la vivienda como un bien social y público a proteger. Lo mismo podemos decir en relación con los Presupuestos Generales del Estado que benefician, de nuevo, a los sectores más privilegiados, pero no protegen los servicios públicos esenciales. Agitan la espada de Damocles de la privatización de todo lo público, del curso especulativo que representan los altos precios de la energía eléctrica, y del gas, encareciéndose los suministros principales para las familias en una fase económica generalizada de estancamiento e inflación.

  Proyectos de ley como el de la Memoria Democrática no pretenden cambiar nada. Su contenido antidemocrático se pone en evidencia todos los días. Cuando el exsecretario general de Izquierda Unida, Gerardo Iglesias, se ve en la necesidad de acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pidiendo justicia por las torturas que sufrió en comisaría, es porque el Tribunal Constitucional le ha negado su petición de amparo (con la oposición, por primera vez, de tres magistrados de dicho tribunal), vulnerándose el derecho de tutela judicial efectiva. Los privilegios de la inmunidad y la impunidad, establecidos por el franquismo y prolongados por el régimen de la monarquía, se imponen por el poder a los derechos de defensa y al propio Derecho Internacional. ¿De qué Estado de derecho nos hablan entonces?

El derecho internacional prohíbe de forma clave las leyes de amnistía, si estas favorecen la impunidad y si operan como un verdadero límite al principio de jurisdicción universal como en aquellos supuestos en los que un Estado -como es el caso español- se ve ante la solicitud de extradición por otro Estado de una persona acusada de la comisión de crímenes internacionales, y ello en el supuesto de que dichos crímenes hubieran sido amnistiados, como es el caso. De forma, que la detención de Martín Villa, y el mismo cumplimiento de su condena si la hubiere, no depende, por ello, del juzgado argentino, sino del gobierno español y de su negativa a acabar con las leyes que establecen la total impunidad, como es el caso de la ley de Amnistía.

Las transformaciones sociales que exige la mayoría solo pueden llegar de la mano de la movilización por un movimiento republicano de los trabajadores y pueblos, de sus organizaciones, sindicatos y partidos. Romper con el dictado de la Unión Europea y con los privilegios franquistas, como exigencia a los dirigentes de los partidos y sindicatos, se constituye en la clave de la posibilidad de una salida política de democracia y justicia. La República debe ser una exigencia de presente.

Frente a la corrupción política y judicial. En defensa política de Alberto Rodríguez exdiputado de Podemos

 

El que fuera diputado de Podemos por Canarias, Alberto Rodríguez, ha sido condenado por supuesta agresión a un policía en una manifestación del año 2014. Los videos sobre el incidente demuestran que dicha agresión nunca existió.

 La aplicación de la “ley mordaza”, para la que basta el testimonio del acusador sin más pruebas (si este es funcionario), permite la condena. Ley contra los derechos democráticos que el Gobierno de coalición se comprometió a derogar nada más constituirse. Pero, igual que ha sucedido con otras leyes -y en concreto con las de contrarreforma social-, todas ellas siguen vigentes.

El Tribunal Supremo condena a Alberto a una pena de 45 días de cárcel sustituibles con una multa. La sentencia no le condena a pena alguna de inhabilitación para cargo público. La sentencia llega con celeridad a la mesa del Congreso, y los letrados de la Cámara entienden que la pena ya está cumplida con el pago de la multa, y que no procede en derecho, de acuerdo con la sentencia, la pérdida del escaño por el diputado. El Supremo insiste ante la mesa del Congreso exigiendo el cumplimiento de la condena y su presidenta, la “socialista” Meritxell Batet, pide aclaraciones a la Sala Segunda del tribunal, lo que en sí mismo es improcedente, ya que la sentencia ya estaba dictada y no se podía desconocer por nadie su contenido real. El Supremo contesta de nuevo, sin mayor aclaración, exigiendo la ejecución inmediata de la sentencia, procediendo entonces la presidenta de la Cámara, de forma caciquil y antidemocrática, a la inmediata expulsión del diputado Alberto Rodríguez.

Los hechos relatados son contundentes, y ponen de manifiesto la podredumbre del sistema político y judicial de la llamada “democracia española”, poniendo de relieve que las cloacas del Estado se han impuesto una vez más, inundándolo todo para establecer un Estado cloaca. Descubre de este modo las graves deficiencias democráticas, por sometimiento a los poderes fácticos, de los mismos partidos y sindicatos que se reclaman de los derechos y aspiraciones de los trabajadores.

Las reacciones a la cacicada antidemocrática de la presidenta de Cortes han sido múltiples. El partido afectado directamente, Podemos, anuncia una querella contra la presidenta del Congreso, Batet; lo que se comunica mediante nota de prensa: “Presentaremos una querella contra Meritxell Batet por prevaricación”. Querella que nunca se presentó por desacuerdo entre los ministros de Unidas Podemos, y entonces Podemos se envainó directamente la querella. Yolanda Díaz, fue señalada, entonces, como artífice principal de la oposición a la defensa del diputado canario. La ministra estrella de la colaboración de clases trató de dar carpetazo al asunto: “debemos bajar la tensión en el país. Si el Sr. Rodríguez ya ha decidido que va a defenderse, respetémoslo y dejemos de generar más ruido”. Mientras que la ministra, Ione Belarra, vino a llamar prevaricador al Tribunal Supremo, entendiendo que ha llegado la hora de oponerse de alguna manera a la deriva a la que les lleva el fiel cumplimiento del dictado político y jurídico de los personajes más vinculados al régimen. 

 Asistimos, de esta manera, a dos formas diametralmente opuestas de entender los acontecimientos, que no podrán convivir mucho tiempo en las misma coalición política  y en el mismo Gobierno. El “yolandismo” (puesto en boga por los medios de comunicación política) comienza a descubrir sus armas, que hasta ahora eran las del pacto social permanente contra los derechos de los trabajadores y de los sindicatos; pero que, con el caso del exdiputado, Alberto Rodríguez, pone de relieve que la posición política más en general de la ministra de Trabajo está vinculada a la normalización de los golpes antidemocráticos del régimen contra la voluntad popular. O lo que es lo mismo: ¡todo por un sillón en el Consejo de Ministros!

De forma y manera que, por el interés de mantenerse a todo precio en el gobierno, se abandona la defensa colectiva del diputado expulsado de forma ilegal del Congreso. Alberto Rodríguez, se ve solo ante una decisión contraria a derecho y a la democracia más elemental. Es entonces cuando toma dos decisiones: la primera, proceder en su nombre y derecho a su legítima defensa, cambiando para ello los abogados de Podemos que le representaban por los que defienden a Puigdemont; y anunciando, paso seguido, su separación de Podemos como militante. Al final, Alberto Rodríguez, decide recurrir la sentencia del Tribunal Supremo, renunciando a una posible querella contra la presidenta de las Cortes. La Asociación contra la corrupción en favor de la acción pública (ACODAP), en su recurso contra la expulsión de Rodríguez del Congreso, reclama la detención inmediata del juez Marchena del Tribunal Supremo.

La división del Gobierno y de los partidos que lo sostienen solo viene a favorecer al régimen y a su impune continuidad en el poder para disfrute indefinido de todos sus privilegios. Cuando se pisotea tan claramente la voluntad popular, sin ningún tipo de resistencia organizada, solo pueden ganar las expresiones más reaccionarias de la sociedad, abriendo camino a la posible mayoría del PP y Vox, que esperan el fracaso del gobierno y sus políticas.

El caos político del gobierno de coalición y de los partidos que lo componen tiene un origen evidente; y éste es el que produce la sumisión directa, que practican y teorizan, respecto a los poderes de hecho de las instituciones del régimen de la monarquía. Mientras, en las calles, los defensores del derecho a la vivienda, los que tratan de impedir la privatización de las pensiones, los sectores que reclaman verdad, justicia y reparación contra los crímenes del franquismo y muchos otros se ven abandonados a su suerte por los dirigentes de los sindicatos y partidos que se reclaman de los derechos de los trabajadores. La búsqueda desesperada de una salida política a la situación es un hecho incontrovertible. Esta salida política imprescindible es la que puede y debe reagrupar a la mayoría, una salida política e institucional que será colectiva o no será, ya que ningún movimiento por sí mismo será capaz de romper el muro de los privilegios que impiden la democracia y la justicia, manteniéndose, por ello, la descomposición del franquismo a partir de las políticas de pacto y colaboración.

 Las reivindicaciones en juego exigen la ruptura con los dictados de la Unión Europea y con las instituciones del régimen; y no el vasallaje sobre el que se sitúa la actuación del Gobierno. Frente a la división que conlleva la sumisión a los poderes de hecho, reclamamos la unidad de los trabajadores y sus organizaciones, la alianza de trabajadores y pueblos por la conquista de la soberanía de todos.

La defensa política de Alberto Rodríguez, del diputado canario expulsado ilegalmente de las Cortes por decisión de la presidenta de la Cámara, que pasa por exigir en primer término la recuperación  inmediata de sus escaño, debe vincularse al bloque de demandas sociales y democráticas que aspiran al cambio político e institucional, y cuyo eje político es el de la ruptura con el régimen de la monarquía, demandando a las Cortes referéndum Monarquía/República, por el libre ejercicio del derecho a decidir de todos.

LA MEMORIA DEMOCRÁTICA ES INSEPARABLE DE LA VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN. Sobre la Nueva Ley de Memoria que quiere aprobar el gobierno.

 

Los vetos a la ley del Gobierno proceden del PP y VOX, mientras que los contenidos de la ley que se somete a debate, conculca el 100% de lo establecido por el derecho internacional y consuetudinario sobre las víctimas de crímenes de lesa humanidad.

La propuesta gubernamental -que representa las posiciones de la coalición política del PSOE y de Unidas Podemos sobre la Memoria Histórica y el derecho de víctimas- se acabó de cocinar el pasado mes de julio, siendo coordinada y dirigida por Carmen Calvo, quien fue ministra de Zapatero y exvicepresidenta segunda del gobierno de Sánchez.

La vicepresidenta destituida es el personaje devaluado que representa la propuesta. La nueva Ley de Memoria es muy similar en sus contenidos a la que ya existe.

El derecho internacional establecido a partir de los juicios de Nuremberg y Tokio funda los principios de verdad, justicia y reparación, para tratar los derechos de las víctimas de crímenes contra la humanidad. El texto del gobierno se niega a calificar la naturaleza de los crímenes del franquismo como “crímenes de lesa humanidad”, y por ello no contempla, en caso alguno, establecer los principios de la verdad, la justicia y la reparación, como así han establecido todos los organismos internacionales que defienden los derechos humanos, con la necesaria retirada de todo tipo de honores y distinciones oficiales a los autores de estos crímenes, que mantiene el gobierno. Por eso es justo señalar que ley de Sánchez es continuadora de todas las tropelías del régimen desde 1936 hasta nuestros días.

El texto del Gobierno no anula las sentencias de los tribunales que juzgaron a los republicanos españoles y a todas las personas y organizaciones de todas las tendencias del movimiento obrero democrático, manteniendo la supuesta legalidad del régimen franquista, negando la justicia y la democracia. Avala así las sentencias de los tribunales y lo establecido por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.

El Gobierno niega cualquier posibilidad de que las víctimas o sus familiares, o los partidos, sindicatos, puedan presentar ante los tribunales reclamaciones, ni de investigación, ni de justicia, ni de reparación. Y, por tanto, tampoco reclamaciones patrimoniales; legalizando así la represión franquista y el saqueo de todo tipo de bienes, públicos y privados, como supuesta legalidad democrática.

Lo que el Gobierno pretende con su nueva ley es un “brindis al sol”, que se reduce a ofrecer un diploma de persona reprimida en sus derechos, es decir, un papel mojado que ofende una vez más a las víctimas y a sus familiares. Y eso, ochenta y dos años después del fin de la guerra y revolución española, y cuarenta y tres años después de la mal llamada “democracia española”.

Las demandas de las víctimas no pueden sino mantenerse en la necesaria aplicación del derecho internacional surgido de la derrota del nazismo y del fascismo. Y no aceptan que, de una u otra forma, por intereses partidistas o de disfrute de las prebendas propias del gobierno en el marco de la Monarquía heredera del franquismo, se niegue una vez más la Verdad, la Justicia y la Reparación. Principios de justicia internacional que supone, en la práctica, la necesaria derogación de la Ley de Amnistía de 1977 y de todas las leyes y sentencias contra las libertades y derechos políticos dictadas por un régimen ilegal e ilegítimo.

La discusión y negociación del contenido de dicha ley ha comenzado ya. Los diputados y senadores, todos los partidos y/o coaliciones electorales, deben ser respetuosos con las reivindicaciones de las víctimas del franquismo y sus familias, sin permitir que se vuelva a imponer, por tercera vez en este periodo político -tal y como sucedió con la ley de Amnistía y con la de Memoria de Zapatero-, la legalidad e impunidad de los crímenes del franquismo, para sostén y mantenimiento del régimen corrupto y clientelar de la Monarquía. El rechazo a la negación de la justicia para las víctimas debe poder expresarse en la movilización del próximo día 16 ante las Cortes, en defensa de todo lo público y frente a los planes de continuismo monárquico

 

LA NECESIDAD DE VIVIENDAS SOCIALES EN EXTREMADURA.

 

LAS HIERBAS ENGULLEN LAS 31 VIVIENDAS DE VILLAFRANCA.

Para cuando se va a dar una solución a este caso concreto, y en general al problema de la vivienda en Extremadura.

La Hierba en las viviendas de Villafranca hacen su agosto con el abandono en la que se encuentran.

La escasez de viviendas en nuestra comunidad es un problema general que afecta a miles de personas que de un modo u otro se apañan para sobrevivir en habitaciones alquiladas, compartiendo viviendas con familiares, o cuando no hay más remedio recurriendo a habitáculos en los que es difícil encontrar una acomodación propia para un ser humano.

Las familias de las clases oprimidas están cansadas de visitar y contar sus problemas habitacionales a las personas al servicio del Poder Político que carecen de la autonomía y competencias suficientes para dar respuesta a estas dramáticas historias y salvo excepciones, nunca pueden llegar a la solución radical del problema.

La solución básica, esencial corresponde al Poder Político, a la Junta de Extremadura. El gobierno de la comunidad debe afrontar de una vez la solución a este problema que afecta a un montón de localidades del territorio extremeño.

No queremos entrar en detalles sobre el futuro tan próspero de la economía extremeña que se dibuja por quienes ocupan las instituciones políticas regionales. Pero lo que no pueden seguir olvidando y dejando a un lado es que hay una parte importante de la población extremeña en el lado de la vulnerabilidad que sufre las consecuencias que se derivan de su estado de pobreza y de extrema pobreza.

Nuestros gobernantes no pueden seguir pasando página de lo que sucede en una comunidad, en la que a pesar de las promesas y declaraciones en las que defienden de modo tan abstracto la libertad y la democracia o la lucha contra las desigualdades, etc.. , se incrementan las necesidades de viviendas y las dificultades para disponer de un mínimo de suministros básicos sobre todo en personas con ayudas sociales (en algunos casos de 400 euros), aumenta la precariedad, los salarios indecentes, quienes echan horas extras que no se pagan como es debido, con más trabajadores y trabajadoras que sobreviven en la economía sumergida que según los expertos llega al 30 % de la población trabajadora, etc..