EL
DESARROLLO DE LA LUCHA DE CLASES, POR UN NUEVO CONVENIO COLECTIVO Y POR EL
PROGRESO DE EXTREMADURA.
El proceso de reconversión y concentración capitalista sigue
su curso en el campo extremeño como un espacio más de la cadena de reproducción
y acumulación del capital. Los
acaparamientos de tierras y haciendas, con la consiguiente transformación de
las relaciones de producción, vienen impulsadas por los diferentes gobiernos nacionales
y regionales que avalan y amparan sus decisiones en las políticas elaboradas en
los despachos europeos.
La Unión Europea, como instrumento al servicio de aquellos
objetivos generales, es la batuta que orienta las normativas y presupuestos que
se proyectan en la política agraria y, tienen una incidencia decisiva en la
economía del mundo rural. Los diferentes aspectos que se regulan y financian se
hacen con un marcado carácter clasista, tal y como se aprecia en la
distribución de las ayudas y subvenciones de la Política Agraria Comunitaria
que bonifican principalmente a los grandes propietarios de tierras.
Las instituciones nacionales o regionales suplementan las tendencias
hacia la acumulación de propiedades y de riqueza con medidas financieras o
fiscales. Así, por ejemplo, las subvenciones para adquisición de maquinarias y
elementos productivos, primas, seguros, se justifican en el apoyo a la
agricultura en general, pero en la realidad permiten un mayor y más eficaz aprovechamiento
según el rasero económico de empresarios agrícolas.
En este orden de cosas, no conviene dejar de lado los últimos
acuerdos comerciales de carácter internacional que ha realizado la Unión
Europea que según las diferentes organizaciones agrarias serán bastantes
perjudiciales para los pequeños y medianos agricultores.
De este modo, el proceso de concurrencia capitalista incide de
diferente manera en las clases sociales que habitan en nuestra Comunidad. Mientras
repercute negativamente en las clases trabajadoras, como ponen de manifiesto los
informes y datos estadísticos que recogen durante estos años el crecimiento de
la tasa de pobreza y el aumento del número de familias que no alcanzan el
umbral de la pobreza, la marcha de jóvenes o la disminución progresiva de la
renta agraria que sufren los pequeños y medianos agricultores, beneficia no
sólo a empresas multinacionales sino también, muy específicamente, a un grupo
de grandes propietarios y empresas agrarias, que ha ido acaparando la propiedad
de tierras, centrales industriales y de transformación de productos agrícolas
de nuestra región.
El comportamiento de este grupo social minoritario es
negativo y perjudicial para el desarrollo económico de la región. Por el lugar
privilegiado que ocupan en el proceso de producción y comercialización realizan
contrataciones laborales, que como muchos jornaleros nos indican en las
asambleas celebradas, incumplen las normativas salariales, y controlan en gran
medida las producciones y precios de ciertos productos agrícolas condicionando
la vida económica de los agricultores que cada vez con mayor frecuencia, saltan a la ruina, obligados al arranque de
los árboles frutales y en última instancia, a la subasta y venta de sus
propiedades.
En este punto tenemos que hacer un paréntesis para destacar la
identificación política y social de nuestras autoridades regionales con este
grupo acaparador de buena parte de la riqueza de la Comunidad. Este hecho
identitario se traduce en la pasividad y premiosidad con la que se implican
para combatir el crecimiento del caldo de cultivo social, paro, precariedad, y
en general el empobrecimiento de la población. Estas actitudes del poder
regional propician los numerosos quebrantamientos de las normas laborales que
se producen en el campo, y en las diferentes actividades productivas de bienes
y servicios de la Comunidad.
Nuestros dirigentes políticos, tal y como estamos viendo
estos días, prefieren discernir y practicar la retórica y las promesas en
cuestiones de altura y trascendencia, antes que bajar al terreno y
conocer las cosas de poca importancia que machacan diariamente a la
clase trabajadora y empobrecen al mundo rural.
Pero no nos confundamos, estamos en una sociedad capitalista en la que
los dueños del dinero y de la riqueza controlan directamente o indirectamente
todos los poderes públicos. Por lo que no nos podemos engañar y tener en cuenta
que las instituciones políticas están diseñadas para prestar buenos servicios a
los sectores sociales que controlan los medios de producción y la riqueza, y al
entramado social en él que se apoyan.
En definitiva, son organismos que por su naturaleza capitalista
no sólo son incapaces de resolver las continuas injusticias que soportan los
jornaleros y jornaleras, sino que por acción u omisión las reproducen. Los
hechos más evidentes de todo esto es lo que hemos vivido y estamos viviendo en
estos meses de verano con la negativa de las organizaciones agrarias, ASAJA Y
AFRUET, para pagar los salarios aprobados por las leyes españolas o negociar el
nuevo convenio del campo. Estos no son indiferentes a que una buena parte de la
clase obrera agrícola encuentra empleo durante los meses de verano, en las
tareas relacionadas con el tomate, las frutas y la vendimia, mientras que el
resto del año tienen verdaderas dificultades para encontrar una ocupación que
en la mayoría de los casos suele ser temporal y/o precarizada.
Además de los bajos salarios de por sí ya establecidos en las
normativas que regulan el convenio del campo o en el laudo dictado hace pocas
semanas en aplicación del salario mínimo aprobado por el gobierno de la nación,
cuesta mucho sacrificio y lucha conseguir que los Patronos cumplan con lo
establecido en las condiciones administrativas que regulan la compra-venta de
la fuerza de trabajo. No obstante, la hipocresía de los representantes de esta clase
social es tal que no tienen perjuicios para difundir miserablemente la idea de
que la subida del salario mínimo a 900 euros y el incremento de los jornales son
los que arrastran al hundimiento del campo extremeño.
Es una petición generalizada por los jornaleros y jornaleras
que se produzca una mayor presencia de los organismos públicos que
intervienen en el control y vigilancia de cuestiones relacionadas con el
cumplimiento de las normas que regulan la venta de la fuerza de trabajo,
horarios, salarios, el control de la recepción de los materiales necesarios
para la prevención de los riesgos laborales con la correspondiente entrega efectiva
de material, el pago de los desplazamientos a los centros de trabajo, y lo que
sucede en algunos centros de transformación hortofrutícola en los que se lleva
a límites inhumanos los desplazamientos `puntuales, físicos, que necesita realizar todo ser humano para satisfacer sus necesidades biológicas.
Todas estas circunstancias ponen a las claras la necesidad de
organización de la clase obrera y el desarrollo de la lucha de clases como el
único modo de hacer frente a la violencia laboral que fuerza la extracción de la
máxima plusvalía de la gota de sudor del jornalero/a. Ante la indiferencia de
las Instituciones, una y otra vez se hacen añicos las costuras que reglamentan
las condiciones legales de lo que ya es la falsa libertad de la oferta y la
demanda.
Un objetivo prioritario de los jornaleros y jornaleras del
campo debe ser el de conseguir un nuevo convenio colectivo del campo que
responda realmente a los derechos laborales, la dignidad y las necesidades que
en la actualidad tienen estas familias trabajadoras. En este sentido, según
parece, después de mucho tiempo de retraso, en los próximos días se reunen los sindicatos CCOO y UGT con las organizaciones patronales para comenzar las
negociaciones del nuevo convenio laboral.
El convenio agrícola firmado para el período de 2016-2018
establecía que en la vendimia el salario de un eventual sería de 42,53 euros.
Esta cantidad, ha quedado totalmente desfasado ya que con ella difícilmente se pueden
satisfacer las necesidades que las familias trabajadoras tienen para hacer
frente a los gastos de alimentación, luz, agua, alquiler, etc. Además, para la
mayoría de los jornaleros y jornaleras este empleo es temporal pues en las
campañas de la vendimia y la aceituna, siendo muy optimista, no alcanza por
término medio los 60 o 70 días.
Las cantidades salariales deben tomar como referencia
el acuerdo del 5 de julio de 2018, a nivel nacional entre las organizaciones
patronales y sindicatos CCOO y UGT. El acuerdo establece que ningún salario puede
quedar por debajo de los 1000 euros al mes para el año 2020. En base a esto, los salarios deben ser menores a unos 55 euros para las diferentes tareas agrícolas y de unos 65 euros para la vendimia y uva de mesa, respetando las seis horas y media de trabajo, y otros detalles del convenio.
En base a estos acuerdos, las asambleas celebradas por
trabajadores y trabajadoras eventuales han expresado algunas cantidades
salariales que son imprescindibles para mejorar las condiciones de vida y de
consumo.
En algunas poblaciones
se comienza a exigir en la vendimia un salario de unos 65 euros por las seis
horas y media de trabajo diario, considerando que estas tareas se realizan en
unas condiciones límites, a temperaturas extremas que durante muchos días suele
ser de unos 50 grados centígrados, o en horarios no habituales que comienzan a
las 3 de la mañana.
En definitiva la organización de la clase obrera y el desarrollo
de la lucha de clases es una cuestión de primer orden en las tareas actuales
del movimiento obrero en nuestra región. Algunos de los objetivos son claros y pasan
por el cumplimiento de los derechos recogidos en las normativas laborales que
no se cumplen, la negociación del nuevo convenio colectivo del campo y la lucha política por la aún
pendiente reforma agraria como elemento de primer orden para conseguir el
progreso y el desarrollo económico-social de Extremadura.
