LA
FALTA DE PERSONAL EN LA SEGURIDAD SOCIAL PERJUDICA A LAS FAMILIAS MÁS
DEPRIMIDAS ECONÓMICAMENTE
En
el actual contexto en donde el crecimiento de los precios provoca un enorme
coste de la vida. Un importante número de personas mayores y pensionistas ven
truncadas sus posibilidades de acceder a una vivienda saludable y adecuada, a una
alimentación sana, a garantizar su salud y la atención efectiva para paliar sus
necesidades de atención a la dependencia, etc.
En
Extremadura como en el resto de los territorios del Estado Español, en la
mayoría de los casos las ayudas sociales, los subsidios, prestaciones y
pensiones mínimas tienen nombre de mujer, reciben cantidades de miseria que
nacen de la desigualdad y de la naturaleza de los trabajos que han realizado.
Pero
además de lo anterior nos encontramos con el mal funcionamiento de los
servicios administrativos de las instituciones públicas, caso de la Seguridad
Social, en asuntos que afectan a las clases
sociales más desfavorecidas.
Por mencionar un ejemplo, es el caso de una madre que
cobra un complemento a su pensión por una hija. La comunicación con la
antelación suficiente a la Seguridad Social del cambio de domicilio de la hija
y por tanto, de la modificación en la unidad de convivencia no es garantía para
que esta administración pública resuelva el hecho sin perjudicar a la familia.
De tal modo, que “el retraso en la resolución administrativa del expediente” va
a impedir que esta familia reciba los ingresos que le corresponden por
jubilación durante unos meses.
Esta persona nos
manifestaba de manera angustiada que “Este retraso me perjudica enormemente
pues hará que no tenga ingresos para vivir durante dos o tres meses, periodo de
tiempo que estaré malviviendo hasta que los servicios de la Seguridad Social
hagan efectivo el cambio de la ubicación de mi hija y me actualicen el cobro de
la pensión”.
El hecho es que las instituciones públicas
que tienen la obligación de adoptar las decisiones precisas para garantizar a
la ciudadanía unas condiciones de vida dignas actúan en muchas ocasiones
agravando aún más la vida a las familias que se encuentran en unas condiciones
económicas precarias.
En
este caso, una vez más exigimos que por la Dirección de la Seguridad Social se
contrate a trabajadores y trabajadoras para resolver los problemas que se
ocasionan por la falta de personal, especialmente las actuaciones burocráticas
que perjudican especialmente a las familias de los sectores sociales más
débiles.
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