Las cúpulas del PSOE,
convertidas en paladines del sostenimiento del régimen de la monarquía, no
dejan de votar con el PP, con Vox y Cs en defensa de los privilegios reales,
para mantener su total impunidad, reprimiendo toda crítica e impidiendo el
desarrollo de los procesos judiciales de quienes acusan a la Corona de abuso
permanente de poder para la corrupción.
El pasado día 27 de
octubre, ERC presentaba en Cortes una proposición de ley en la que se reclamaba
la despenalización de las “injurias a la Corona y los ultrajes a los símbolos
de España”. Proposición por la que se demanda la supresión del apartado 3 del
artículo 490, y los artículos 491 y 543 del Código Penal, por los que se
castiga con penas de prisión de hasta dos años las injurias a la Corona y una
multa de seis a doce meses por “ultrajes” a España, sus símbolos y emblemas.
La justificación de
la representación parlamentaria del PSOE para oponerse a la propuesta no ha sido
otra que la de manifestar que “no es el momento”, aludiendo al contexto de la
pandemia. Pero, por lo visto, nunca es el momento para los diputados del PSOE
de defender la libertad de expresión, que sigue siendo objeto de persecución y
de criminalización; represión franquista contra la libre expresión que es
contraria a la Convención Europea de Derechos Humanos y a las sentencias de los
tribunales.
Todo es posible: el
gobierno venezolano ha denunciado en relación con la fuga de Leopoldo López de
la embajada española en Caracas que el “Reino
de España participa activamente en la fuga ilegal de un peligroso delincuente y
decide recibirlo en su territorio, sin reparar en las leyes internacionales, e
incluso en las leyes migratorias españolas y en los acuerdos bilaterales en
materia de justicia”.
La facilitación de la
criminalización de la crítica contra la monarquía y la violación del derecho
internacional en Venezuela coincide en el tiempo con el golpe perpetrado por Podemos
e IU contra el partido Adelante Andalucía, formada por cuatro formaciones
políticas que con 9 diputados pueden ser expulsados de la cámara regional, tal
y como ha votado la mesa por acuerdo del PSOE, PP y Vox.
De otra parte, nueve
partidos con representación en Cortes han solicitado en el Congreso que se
incorpore al Código Penal el principio de legalidad, que permita investigar los
crímenes del franquismo, conforme al Derecho Internacional, ante el hecho de
que el muro de la impunidad se eleva aún más en nuestros días, con la propuesta
de Ley de Memoria Democrática aprobada por el Gobierno, que pretende seguir
impidiendo el derecho de las víctimas a un juicio justo y la ilegalización del
franquismo.
Los privilegios
franquistas y monárquicos no solo se pretenden mantener por el PSOE y el
Gobierno de coalición en el terreno de la represión contra la libertad de
expresión.
Además, se extiende a
otros muchos terrenos, y ahí está para demostrarlo el hecho de que mientras que
los funcionarios y jubilados quedan confinados al 0,9% de aumento de sus
retribuciones en los PGE (presupuestos que analizaremos en próximos informes),
la partida de la Casa Real se pretende subir en un 6,5% con un miembro menos
que se encuentra fugado en los Emiratos desde hace meses. El Estado protector
de los Borbones como familia multimillonaria cubre todos los gastos generales
no adscritos a la Casa Real, que son incontrolables, ya que se nutren de
múltiples fondos de varios ministerios. Mientras tanto, las colas del paro y
del hambre se multiplican.
Todo parece tener una
relación, cuando las tramas del poder y la corrupción campean a sus anchas en
todas partes impidiendo que cristalicen las demandas democráticas. Si la
Audiencia Nacional absuelve al mayor Trapero de las graves acusaciones que se
le han imputado desde el proceso soberanista catalán, no se tarda sino unos
días en detener a 20 empresarios, a los que se acusan de estar en las
posiciones políticas de Puigdemont y de la utilización de subvenciones para
financiar el movimiento independentista y la estancia del expresidente de la
Generalidad en Bélgica.
La lucha por la
libertad de expresión, contra la impunidad de los crímenes del franquismo y por
la igualdad social frente a los privilegios institucionales y de clase, forma
parte esencial de la lucha política de nuestros días por la Asamblea Constituyente
y la República.
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