En sus declaraciones a un diario regional, un alcalde extremeño, manifiesta que en su pueblo, desde septiembre hasta junio, se van a crear
60 puestos de trabajo a media jornada. Las
estadísticas de la EPA nos indican que en esa localidad hay un número próximo a
los 800 parados.
Los planes
institucionales de la Junta de Extremadura y de la Diputación Provincial darán
trabajo en la localidad del “ regidor” a un número muy limitado de
trabajadores, unos 60 parados a media jornada, lo que no es para tirar cohetes,
pues con este horizonte de empleo, el porcentaje de trabajadores en paro se
reduce un número poco importante. Lo peor de todo es que el nivel de aceptación de la situación económica y social es tal que poco a poco nos estamos
acostumbrando a considerar como normales los niveles de paro que hay en nuestras
localidades, y que en muchos casos superan el 35 % de la población en edad de
trabajar.
La realidad es que Extremadura poco a poco se hunde
económica y socialmente. Las perspectivas vitales en nuestros pueblos ofrecen
un panorama desolador. A la caída de la escasa actividad laboral y a la falta
de creación de riqueza, se une que los sistemas de protección social se desmantelan, se reducen hasta niveles mínimos la prestación de
servicios públicos y se suben los impuestos regionales y municipales, con todo
esto, lo que nos espera es un importante aumento del desempleo y un incremento del número de familias
extremeñas con niveles de vida debajo de los límites de los umbrales de la
pobreza.
Cada día es más
incuestionable la necesidad de que se dé un giro radical a las políticas
públicas que proponen desde Europa, la Comisión Europea, el FMI y el BCE y que
con tanta facilidad son asumidas por los mandatarios de las instituciones
nacionales y regionales. Estas políticas son complacientes y satisfacen los
intereses de las clases ricas de Europa y de España. El gobierno de Rajoy en
España y el de Monago en Extremadura las siguen a pié juntillas, aún a costa como ya se ha dicho de
aumentar la pobreza de los trabajadores y de las clases populares.
Los alcaldes y concejales
son las personas que más directamente observan y conocen las tremendas
dificultades que están pasando las familias extremeñas, y por eso, no pueden
permanecer ”estáticos y satisfechos” ante las circunstancias que nos rodean,
tienen que denunciar las políticas que nos están llevando a la miseria y a la
pobreza y que están acabando con el futuro de nuestra juventud.
Los alcaldes y concejales,
junto a las organizaciones políticas y sociales, son las fuerzas vivas que
tienen la obligación de movilizar a los trabajadores, a los pensionistas, a los
trabajadores autónomos, a los pequeños y medianos empresarios, etc. En
definitiva, tienen la obligación de activar a todos los sectores sociales para reivindicar con energía ante los poderes
regionales y nacionales la puesta en práctica de planes de empleo público que
combatan de verdad el elevado desempleo, inversiones en los polígonos
industriales y en la mejora de los servicios públicos (educación, sanidad, …)
Que nadie piense que si seguimos como estamos, con complaciencia y satisfacción, sin movilizaciones sociales, así por las buenas, se va a producir un cambio de política; el PP en España y en Extremadura, está muy afianzado, defiende muy bien los intereses de la banca, de la gran patronal y de las grandes fortunas.
Para que esto cambie, hay que acumular las fuerzas necesarias que permitan echar del poder a la oligarquía que nos gobierna; de otro modo las cosas seguirán igual, muy bien para algunos y muy mal para las familias de los trabajadores y otros sectores socia
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