Para la ONU, el acceso al agua forma parte del marco de los DERECHOS
HUMANOS. Ese
acceso se menciona expresamente, por ejemplo, en la Convención sobre los
Derechos del Niño, la
Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer y la Convención sobre los derechos de las personas con
discapacidad. En 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
de las Naciones Unidas aprobó su Observación general Nº 15 sobre el derecho al
agua, en la que este derecho se definió como el derecho de todos “a disponer
de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso
personal y doméstico”. Varias constituciones nacionales protegen el derecho al
agua o enuncian la responsabilidad general de las Administraciones Públicas de
asegurar a todas las personas el acceso al agua potable y a los servicios de
saneamiento.
Las causas básicas de la actual crisis
del agua y el saneamiento radican en la pobreza, las desigualdades y en las
relaciones de poder, circunstancias agravadas por la situación económica que
atravesamos. El agua es un elemento básico para la vida que debe ser
garantizado por las administraciones públicas. Muchas familias no pueden pagar un consumo mínimo de agua porque
los miembros de la familias están en paro, porque los salarios son
insuficientes o bien porque las pensiones que cobran los mayores y con la que
sobrevive el resto de la familias apenas llegan para alimentos y medicinas. En
algunos casos, como se dan en esta y otras localidades, ni eso, no entra
absolutamente nada en la economía familiar y se vive gracias a la caridad o de
lo que otros pueden ayudar.
Desde la ARDP y los Campamentos Dignidad de Extremadura,
junto con otros movimientos y organizaciones sociales y políticas, venimos
insistiendo a las Administraciones Públicas, en este caso, a los
Ayuntamientos, para que tomen las medidas más
adecuadas destinadas a que no se corte el agua a las familias que por diferentes
motivos, en su mayor parte derivados de la actual situación económica, carecen
de medios para pagarla. En este sentido, SOLICITAMOS al Ayuntamiento que establezca una TARIFA SOCIAL PARA EL AGUA que tenga
en cuenta unos consumos mínimos para la gente más necesitada, al objeto de
evitar los cortes que sin duda suponen un recorte de los derechos humanos más
básicos e imprescindibles para la vida. Los Ayuntamientos disponen de los
medios humanos y técnicos más que suficientes para regular y garantizar las
bases determinen qué familias pueden necesitar de esta TARIFA SOCIAL que
facilite los consumos e impida los cortes de agua.
