SOBRE LAS SUBIDAS DE LAS PENSIONES

 

1.- En estos días estamos asistiendo a un enfrentamiento entre el PP y el PSOE que no viene a ser más que una pugna política por demostrar ante la opinión pública española quien es el más eficiente y el más social de los dos. Estos dos grandes partidos políticos no buscan mejoras en el nivel de vida y bienestar de la gente, lo que buscan es el control político en favor de ellos y sobre todo de las élites de este país. Estas formaciones políticas cuando tienen que tomar alguna decisión en contra de la clase obrera se ponen fácilmente de acuerdo, tal y como ha ocurrido con la aprobación de la jubilación voluntaria hasta los 72 años; disposición que silenciosamente abre el camino para que en poco tiempo la jubilación a esa edad sea plenamente obligatoria; lo curioso del caso es que ninguno de los grandes sindicatos ha rechazado esa medida ni han organizado movilizaciones en su contra.

2.- En cuanto al decreto OMNIBUS presentado como un conjunto de medidas sociales, algunas de ellas ya estaban contempladas en la legislación vigente y su aprobación no suponía ninguna novedad. Así, la subida de las pensiones según el IPC es una obligación legal, contemplada en la Ley de la Seguridad Social, por lo que el gobierno la podía haber aprobado sin someterla a votación parlamentaria. Artículo 58 de la Ley 21/2021, de 28 de diciembre Revalorización y garantía de mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones. También el aumento del 9 % de las pensiones no contributivas y la subida de las pensiones mínimas estaban ya aprobadas y con su propio calendario hasta 2027. «

3.- Respecto a las pensiones, los datos dados a conocer por el INE y el informe AROPE ponen de manifiesto que un buen porcentaje de pensionistas casi el 42,5% de las pensiones en Extremadura no superan el umbral de pobreza de 785 € mensuales, lo que coloca a muchos pensionistas en una situación económica precaria. Aún más preocupante es que el 13% de las pensiones son inferiores al umbral de pobreza severa, establecido en 523 € mensuales. En las pensiones de viudedad, la situación es aún más grave, con un 22,5% por debajo de la pobreza severa. La mayoría de estas pensiones de viudedad corresponden a mujeres, lo que refleja una importante desigualdad de género en el sistema de pensiones.  Entre estos porcentajes quienes tienen ingresos inferiores son las mujeres, en muchos casos consecuencias de que han cotizado poco tiempo a lo largo de su vida por falta de empleo, por la precariedad o por diversas circunstancias relacionadas con la atención a la familia.

Esta situación de bajas pensiones proviene de los bajos salarios y de la falta de empleo, factores que repercuten en las cotizaciones a la seguridad social y por tanto en unas pensiones bajas. Todo esto afecta a la calidad de vida de nuestros mayores, muchos de estos se ven obligados a elegir entre cubrir necesidades básicas como alimentación, medicinas, pagos de los suministros vitales y renunciar a actividades de ocio y entretenimiento que pueden derivar en problemas de aislamiento y de salud, además la incapacidad de hacer frente a gastos imprevistos genera incertidumbre y ansiedad.

4.- Estamos obligados a continuar en estas luchas para conseguir que los gobiernos  dejen de pensar en la guerra y detengan el incremento de los gastos armamentísticos y militares e implementen unas mejores condiciones de vida a las personas mayores y dependientes, con centros residenciales de calidad en donde haya un número suficiente de profesionales sanitarios y no sanitarios para que aquellas personas sean satisfactoriamente atendidas, revaloración de las pensiones mínimas para que ningún pensionista viva por debajo del umbral de la pobreza, promover empleos de calidad para que las cotizaciones permitan pensiones dignas y la igualdad de género, en el sentido de que se considere el trabajo que realizan las mujeres como amas de casa y las interrupciones en la vida laboral relacionadas con el cuidado familiar. Por eso, desde los movimientos sociales estamos reclamando con urgencia la necesidad de imponer un programa económico y social que realmente beneficie al pueblo trabajador: Una pensión mínima de 1.200€. Una moratoria real e indefinida en los desahucios. La jubilación a los 60 años. La reducción de la jornada laboral a 30 horas semanales. La expropiación de viviendas y solares en manos de bancos, fondos buitre y grandes propietarios para destinarlas a viviendas de protección oficial.

 

 

CON LA REFORMA DE LA LEY DE ENJUICIMAIENTO CRIMINAL Y LA NO RENOVACIÓN DE LA MORATORIA ANTIDESAHUCIOS, EL GOBIERNO DEJA INDEFENSA EN MATERIA HABITACIONAL A LAS FAMILIAS VULNERABLES.

 

El consejo de ministros no ha incluido la prórroga que impedía los desahucios de familias vulnerables, es decir, desaparece la moratoria anti-desahucios para el año 2025. Esta decisión deja desprotegidas a familias con menores a cargo, ancianos, personas con discapacidad o enfermos, quienes hasta ahora contaban con esta medida como salvaguarda frente a desahucios por parte de grandes tenedores de vivienda o instituciones públicas.

Esta medida coincide con el acuerdo del consejo de ministros por el que se reforma la Ley de Enjuiciamiento Criminal que acelera el desalojo de la ocupación de viviendas. La normativa disminuye los plazos para la intervención de desalojo ante una ocupación.

En Extremadura el problema se complica ante tantas familias en estado de pobreza y riesgo social, la subida de los alquileres y la escasez de oferta de viviendas sociales. Además. La Junta de Extremadura no pone en marcha políticas que ataquen en profundidad este problema habitacional, si bien las medidas que promociona relacionadas con las ayudas de alquiler o con el Plan Estatal de la Vivienda están dirigidos hacia sectores de la población con capacidad económica, dejando en la soledad más absoluta y desprotegida a familias que carecen de medios económicos para soportar económicamente los precios de los alquileres.

Desde Campamento Dignidad hacemos un llamamiento a la sociedad para que tome conciencia de este enorme problema que afecta cada día a más personas, y a la participación reivindicativa a movimientos sociales, sindicatos y organizaciones políticas. En definitiva, es una necesidad que el gobierno regional paralie los desahucios, incremente la oferta de vivienda pública y regule los precios del alquiler para frenar la especulación.

LA LUCHA POR LA VIVIENDA, UN DERECHO HUMANO

 

La vivienda se ha vuelto a situar como el primer problema político y social para la mayoría de la población, de forma que se vive en una situación de extremo abuso y emergencia, con miles de familias necesitando viviendas para poder desarrollar sus vidas como seres humanos, a lo que se suma el más de millón y medio de desahucios en los últimos años. Desde la burbuja inmobiliaria que empujó la crisis de2008, y llevó a la crisis financiera no se ha construido vivienda protegida en España.

Los diferentes gobiernos han dejado las manos libres a los especuladores para encarecer y restringir el uso de la vivienda, dedicando buena parte de los inmuebles a los sectores sociales con capacidad económica para comprar o alquilar y a pisos turísticos que han vaciado el centro de ciudades importantes en Extremadura y otros territorios del Estado Español, subiendo el precio de los alquileres y provocando que el 45 % de la población que vive en alquiler se encuentre en niveles próximos a la  pobreza.

El déficit de viviendas sociales de alquiler alcanza al millón y medio de unidades. En Extremadura y en nuestras localidades hay pocas esperanzas de que se satisfaga a quienes las necesitan, se construyen pocas y tardan en adjudicarse con el desespero de la población. Los dirigentes políticos locales y regionales no quieren complicarse la vida reclamando más viviendas para sus pueblos, se conforman con lo que hay, no quieren jugarse su porvenir político y su bolsillo.

Ante el conformismo y la pasividad de quienes están al frente de las instituciones lo único que le queda a la población es luchar por el derecho humano a una vivienda como puede ser el derecho a la salud, la educación o la dependencia; no queda otra tarea que organizarse y recurrir a las movilizaciones sociales, tal y como están llevando a cabo en otros lugares del estado español demandando viviendas y que el precio de los alquileres no supere el 30 % del salario mínimo interprofesional. La construcción de viviendas nuevas fue abandonada por los gobiernos y ahora existe un déficit de 1,5 millones a precios asequibles. Las asociaciones en lucha por la vivienda preparan por todo ello una próxima huelga general.

EUFEMISMOS DE LA PRENSA "LIBRE"

 

En estos días que se prestan a la sensibilidad, al sentimiento fraterno y empático con el cosmos más próximo que nos rodea, conviene recordar algunas cuestiones que también tienen que ver con nuestra actualidad.

Pertenecemos a un mundo que ha alcanzado su desarrollo después de siglos de conquistas y colonización, pillaje y saqueo de recursos, uso de la esclavitud, de la mano de obra barata y de fracturar a los pueblos con la creación de guerras y conflictos para así dominarlos más fácilmente.

En Pleno siglo XXI poco han cambiado las cosas; siguen existiendo pueblos, cuyas clases trabajadoras sufren la presión económica y militar del mundo occidental, a veces el crimen más abyecto, como el genocidio de Palestina. A pesar de todo, los medios de desinformación de nuestra humanidad más próxima, que equivocadamente llaman prensa libre, nos atosigan a diario con un lenguaje pleno de eufemismos destinado a confundir y manipular la realidad.

En este orden de cosas, al genocidio lo llamen guerra, a las invasiones militares de occidente le llaman conflictos o intervenciones humanitarias, al bloqueo económico que someten a los pueblos impidiendo que reciban medicinas y ayudas humanitarias le llaman embargos, a los actos terroristas y violentos de grupos disconformes apoyados por los gobiernos de los países occidentales, Israel y de EE. UU. lo llaman oposición pacífica y moderada, etc.

Tenemos que rebelarnos contra la deshumanización que se normaliza desde los poderes establecidos con circunloquios y mentiras, con el objetivo de impedir que todos los pueblos deben ser libres y tienen la necesidad y el derecho a desarrollarse económica y socialmente. También, los poderes gobernantes quieren ocultar que la clase obrera es la que genera las riquezas y a la que tratan de alienar en el individualismo y en la agradable barbarie consumista o arrinconarla en la más inoperancia estática vital.

LOS PRESUPUESTOS, EL BLOQUEO POLÍTICO Y LOS GASTOS MILITARES

 

En los barrios y pueblos de nuestra geografía, los trabajadores, los jóvenes, los jubilados no dejan de preguntarse dónde están los dirigentes sindicales a la hora de defender los derechos laborales y la seguridad en el trabajo, cuando pierden condiciones de vida y trabajo. Constatando que los dirigentes políticos qué han votado para defender sus derechos no gobiernan a su favor.

El derecho social a la vivienda, a la educación, acabar con la reducción de médicos en los centros de mayores y con las listas de espera, etc. es imposible cuando se aprueban recortes sociales y privatizaciones que destruyen todo lo público; tampoco se hace nada para que los alquileres y las hipotecas no ahoguen la mayoría de los salarios y pensiones, mientras que los bancos y grandes empresas baten récords de beneficios. Todo esto envalentona a los partidos de derechas y extrema derecha, que no son sino expresiones diversas del franquismo, que se han recreado en nuestra sociedad gracias al régimen del 78, caldo de cultivo de todas las formas de reacción contra las clases populares.

Por mucho que la política oficial lo trate de ocultar, el régimen de la monarquía española es incompatible con la voluntad popular, con la democracia y el laicismo, con las aspiraciones de trabajadores y pueblos, sometido a la OTAN y a la Unión Europea; el régimen borbónico está bendecido por la Ley de leyes, la Constitución del 78, montada por quienes pactaron en base a la herencia monárquica y religiosa del dictador, consolidando y estabilizando la herencia y la impunidad de los crímenes franquistas, los acuerdos con el Vaticano, la vía libre a las bases americanas, y juntamente con ello, asegurando los privilegios de las clases dominantes.

El Gobierno de coalición del PSOE y SUMAR, que es en realidad un gobierno al servicio de la monarquía, es incapaz de reunir los apoyos parlamentarios necesarios para intentar la aprobación de leyes y de los mismos Presupuestos Generales. Presupuestos que encierran grandes gastos militares y de guerra que les vienen impuestos por los acuerdos con los EE. UU., y por la pertenencia a la UE y la OTAN. Sin embargo, el bloqueo político impide la resolución de los graves problemas del país como es el caso de los imponentes daños causados en el País Valenciano por la combinación de la incompetencia política y la DANA. Las alianzas políticas están en buena medida quebradas y más pronto que tarde habrá convocatoria de elecciones para elegir nuevamente entre conservadores y progresistas.

La demanda republicana, de Cortes constituyentes y soberanas con todos los poderes, debe constituirse en el aglutinante de todas las demandas democráticas y sociales de la mayoría social, y por tanto en la principal reivindicación política por la abolición del régimen del 78 y de la Monarquía.

La Unión Europea cumpliendo los designios de la OTAN se ve en la necesidad de duplicar el gasto militar de cada Estado miembro, pasando de 2 al 4% del PIB.Y el secretario general de la OTAN no esconde el problema:” Es hora de pasar a una mentalidad de guerra”.

A nadie se le escapa que ello es incompatible con los gastos de asistencia social, con salarios y pensiones dignas. Los presupuestos de guerra se están convirtiendo ya- como es el caso de Alemania, Italia, Grecia- en el centro de los conflictos políticos fundamentales poniendo de relieve como la burguesía de cada país trata de imponer por todos los medios a su alcance los gastos militares contra las conquistas y aspiraciones de la mayoría social. Estamos convencidos de que sólo la movilización popular impedirá la escalada militar, el baño de sangre al que las grandes potencias quieren llevar a la humanidad, para ello hay que extender y centralizar la movilización y la conciencia contra los recortes sociales y la guerra.

LAS ORGANIZACIONES DE PENSIONISTAS RECLAMAN COMPLEMENTOS PARA LLEGAR AL SALARIO MÍNIMO

 1.- La subida de las pensiones programadas por el gobierno “progresista” del PSOE y SUMAR vienen a continuar empeorando las condiciones de vida de pensionistas y trabajadores. La subida del 2,8 % no compensa ni mucho menos la importante subida experimentada por los productos alimenticios, combustibles y otros gastos de la vida cotidiana. En todo caso, esta precaria subida viene a aumentar la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones que recae muy especialmente en las personas que cobran las pensiones de viudedad o mínimas que son irrisorias y no alcanzan para sobrevivir, no superando en un 70 % de los casos los 500 euros. Con estos míseros ingresos muchas pensionistas se encuentran en una situación de pobreza y en la exclusión social.

2.- Los Planes de Pensiones de Empleo vienen a agudizar la situación con el desvío de recursos públicos y salarios diferidos hacia entidades financieras, debilitando el sistema público de reparto. Estas medidas presentadas por la propaganda gubernamental y la patronal como garantías del mantenimiento de las pensiones, en realidad son formas de promocionar el negocio y los beneficios de la banca y fondos de inversión.

3.- Las organizaciones de pensionistas mantendrán movilizaciones en las que además de denunciar la insuficiencia de la subida del 2,8%, reclaman la revalorización de las pensiones mínimas equiparándolas al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la derogación de medidas que consideran perjudiciales para el sistema público y la implementación de una reforma fiscal que garantice que las grandes fortunas contribuyan en mayor 

REIVINDICACIÓN DE COMPLEMENTO PARA LAS PENSIONES

 

Campamento Dignidad apoya las reivindicaciones de los movimientos de pensionistas que a iniciativa de la Plataforma de Pensionistas de Badajoz están movilizando a otras Plataformas de pensionistas de Extremadura y otros colectivos sociales con el objetivo de llevar a la asamblea de Extremadura la propuesta de que se aprueben en  estos presupuestos regionales un complemento para subir las pensiones mínimas, contributivas y no contributivas, hasta llegar a los 1080 euros. 

Otras plataformas en otros territorios del estado español también están peleando por lo mismo y ya lo ha conseguido en algunas Comunidades.

 Para hacerles saber nuestras propuestas y solicitar su apoyo hemos solicitado reunirnos con los grupos políticos en la Asamblea de Extremadura que nos recibirán el jueves 12, o el viernes, 13 de esta semana.

LOS DERECHOS SE CONSIGUEN CON ORGANIZACIÓN Y MOVILIZACIÓN SOCIAL

La Constitución Española, en su artículo 47 se refiere al derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, pero hace tiempo que este derecho colisiona con el libre mercado, es decir, con el hecho de que la vivienda es un negocio por encima de todo. Ante el cumplimiento práctico del artículo en cuestión el gobierno progresista es incapaz de darle solución.

 Del mismo modo, carece de valor práctico el párrafo constitucional que señala “Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho (a la vivienda), regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”.

 A lo largo de los años se viene poniendo de manifiesto la insensibilidad de los gobiernos para atender las necesidades de recursos habitacionales que sufren especialmente los grupos sociales más pobres; de este modo, el derecho a la vivienda, el derecho a tener un techo al que poder llamar hogar encuentra serias dificultades, no se puede realizar sin tener que empeñar en ello una parte del salario y sin miedo a que te expulsen de un día para otro.

 Las viviendas que se construyen suelen ser muy pocas ante el número de familias solicitantes y, en algunos casos, siguen hasta su adjudicación definitiva un periplo sinuoso y complicado que dura varios años, desde la planificación inicial, proyectos, construcción, paradas y vuelta a comenzar, retrasos, lentas adjudicaciones, etc. La crisis de la vivienda que afecta especialmente a los sectores sociales más débiles económicamente está creando poco a poco una ola de indignación a la que ninguna administración pública da solución.

 El derecho a la vivienda al igual que el derecho a la salud y a la educación tiene que ser universal, gratuito y de calidad. Lo cierto es que mientras la vivienda siga siendo una mercancía será imposible alcanzar este derecho. La gente debe tener en el horizonte que el acceso a la educación y a la sanidad se consiguieron después de muchas movilizaciones sociales, el derecho universal y gratuito a una vivienda digna se conseguirá en la medida que se siga el mismo camino.

 Que nadie espere que quienes dirigen las administraciones públicas por su propia iniciativa van a plantear soluciones a este problema, se moverán cuando vean como la gente se organiza y reivindica. Al contrario, harán todo tipo de discursos para quitar las ganas de pelea y movilización y fomentando que la gente espere pacientemente en sus casas. ¿A qué?