SOBRE EL PROBLEMA AGRARIO
Desde
la ODP-PSLF queremos expresar nuestro apoyo a las luchas que están realizando
los agricultores extremeños para conseguir una valoración de su trabajo y de lo
que producen.
La política agraria seguida por los diferentes gobiernos aplicando
las directrices de Bruselas beneficia y privilegia a las clases ricas, a los
agricultores más poderosos y terratenientes.
La Política Agraria Comunitaria que se basa en las subvenciones y en las
directivas que deben aplicar los gobiernos nacionales, conduce a la expulsión de
los pequeños propietarios de sus tierras, ahogándolos con los bajos precios de
los productos agrícolas.
La política seguida desde
Bruselas está favoreciendo de modo descarado la concentración y acumulación de
la tierra en manos de los grandes
terratenientes, empresas agrícolas y de los fondos de inversión que están
introduciéndose en el campo de una manera acelerada.
En las próximas dos semanas,
la UE preparará el nuevo Presupuesto comunitario para el periodo 2020-2027 que
según las evidencias disponibles implicará un recorte en los fondos
estructurales y en la Política Agrícola Común (PAC).
Una buena
parte de los casi 600 millones de euros de la PAC van a parar a propietarios de
tierras que viven en Madrid o fuera de Extremadura. Estas
ayudas se deben dar a los agricultores que realizan una actividad agraria, en
función de la producción y vinculadas al empleo, a quienes generan riqueza y
crean empleo; hay que eliminar que las subvenciones se concedan dependiendo de la
superficie y de los derechos históricos.
La pretensión del gobierno tratando de convencer a los grandes
supermercados y grandes distribuidoras para que tengan solidaridad con los
agricultores es pura fantasía. El meollo de la cuestión son los precios, y es la Unión
Europea la que impide la fijación de precios a
los gobiernos. Sin embargo, permite que las grandes
superficies y las multinacionales arruinen a los
agricultores y que luego vendan a precios abusivos al resto de la ciudadanía.
Por otro lado,
se permite la entrada de productos de otros países a los que dudosamente se les
aplican los reglamentos y controles sanitarios que se aplican a la producción
agrícola nacional. Muchas de las producciones que vienen del extranjero
pertenecen a grandes empresas españolas que producen con menores costes en otros
países como Marruecos, etc.
El abandono y la despoblación del mundo rural se traducirá en beneficio de grandes
fincas de agricultura
industrializada, grandes y exclusivos
cotos de caza
o fincas de recreo
para la alta sociedad verde.
No desaparecerá la producción de alimentos, todo
quedará en manos de las grandes multinacionales y de los grandes terratenientes,
que con las maquinarias y la tecnología actual controlarán la producción,
distribución y comercialización de alimentos.
El
mantenimiento del mundo rural y la agricultura necesitan de medidas que vayan a
la raíz del problema agrario, medidas radicales por parte del gobierno y de la
Junta de Extremadura:
1.- Ruptura con las políticas que proceden de Bruselas que condenan
a la ruina a quienes viven y realizan la actividad agraria.
2.-Desarrollo de políticas que orienten al agricultor en el
coste real y en la planificación de las producciones, la calidad sanitaria,
etc.
3.-intervención directa en la comercialización, suministros de
servicios y financiación de las producciones.
4.-Puesta en marcha de Mecanismos de Mercado como el establecimiento de aranceles de importación,
reintegro de los aranceles que se cobran a los productos de la exportación,
precios de garantía, reglamentos sobre la calidad de los alimentos, políticas
para que el consumo de productos de la tierra se lleve a cabo en
establecimientos públicos de la Junta de Extremadura o del Estado español,
etc...
5.- Una mayor intervención para aplicar con todo rigor la Ley de Comercio de 1996 y la Ley de Competencia Desleal de
1991 que prohíben la venta a pérdida ya que inducen a error a los consumidores,
desacreditan la imagen del producto o reducen la competencia en el mercado.
6.- La
única solución ante el atropello violento al que se está sometiendo a las
clases trabajadoras del mundo rural es la Reforma agraria.
La
Reforma Agraria debe estar basada en las expropiaciones de los grandes
latifundios teniendo claro que el reparto de tierras es imprescindible; debe estar
dirigida a la soberanía alimentaria que la PAC se está cargando y acabará con
ella definitivamente; al impulso para la formación de cooperativas agrarias de
producción, distribución, transformación y consumo; la defensa de salarios
dignos para los trabajadores y trabajadoras del campo;
la defensa e incremento de la agricultura ecológica; la
defensa del territorio y el medio
ambiente solo se pueden
defender con habitantes en el
medio rural que vivan dignamente y con servicios. Es sencillamente otro modelo de Estado
y redistribución de la riqueza.
