viernes, 12 de diciembre de 2014

LA ASOCIACIÓN EN DEFENSA PÚBLICO(ARDP) RECLAMA MEDIDAS PARA HACER FRENTE A LA POBREZA ENERGÉTICA




DICIEMBRE 2014
La pobreza energética, que se define por la imposibilidad de pagar el abastecimiento de los consumos de luz, agua, y gas necesarios del hogar o por tener que destinar a ellos unos porcentaje importante de los ingresos, es un problema social que se extiende como una macha de aceite, a pesar de lo que nos digan el Presidente del gobierno, Rajoy, y sus voceros, de que la recuperación económica está en marcha.
En la actualidad muchas son las familias con enormes dificultades para  hacer frente a los gastos derivados de los suministros básicos de agua, luz y gas imprescindibles para la vida. Una situación que afecta a muchas personas de nuestras localidades y ante la cual, las Administraciones Públicas tienen la responsabilidad de intervenir con acciones políticas que impidan la desconexión a estos servicios públicos.

Las declaraciones y recomendaciones de instituciones como las Naciones Unidas, y directivas de la Unión Europea(2009/72 y 73), continuamente se refieren a que los Estados deben tomar las medidas oportunas para garantizar a los ciudadanos el acceso a los suministros básicos y prohibir  e impedir la desconexión a los mismos, sobre todo en períodos críticos. Ningún gobierno debería permitir cortar la luz en el período invernal a personas que no disponen de medios económicos a consecuencia del desempleo o con ingresos salariales que apenas llegan a final de mes. 

Desde la Asociación en Defensa de lo Público y conjuntamente con otros movimientos y colectivos sociales entendemos que la disposición de estos elementos vitales es un derecho básico de las personas; no son mercancías puestas a disposición de clientes.

1)      Por eso exigimos al Gobierno de Extremadura que tenga la suficiente responsabilidad pública, para que en sus presupuestos destine fondos que permitan garantizar el acceso al agua, la luz y el gas a las familias extremeñas, especialmente a aquellas castigadas por la crisis. En algunas Comunidades Autónomas se trabaja en una Ley de Mínimos Vitales que certifique la prestación de estos servicios básicos.

2)      En el caso del agua,  los Ayuntamientos tienen competencias para disponer normativas que impidan los cortes de suministro, bien con tarifas sociales o estableciendo consumos mínimos de litros de agua, por persona y día. Son actuaciones que no requieren mucha complejidad y facilitan la vida a familias que en estos momentos están castigadas por la crisis económica.

domingo, 26 de octubre de 2014

EUROPA LAICA HACE UNA SERIE DE PROPUESTAS CONCRETAS Y GENÉRICAS, PARA UNA POLÍTICA MUNICIPAL QUE AVANCE HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESTADO LAÍCO



EN LOS MUNICPIOS, SI HAY VOLUNTAD POLÍTICA, SE PUEDE HACER MUCHO POR LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO LAICO.
El objetivo de estas medidas es establecer la separación entre los poderes públicos locales y las religiones, de forma que se establece la legitimidad estrictamente secular de las instituciones políticas, sin que quepa ninguna confusión entre fines religiosos y civiles. Así como establecer la neutralidad o no confesionalidad del Estado (municipal) en dos sentidos: A- Compromiso de los poderes públicos locales para no inmiscuirse en los asuntos estrictamente religiosos, permitiendo la máxima libertad en ese sentido, sólo limitada por el respeto al orden público y las leyes. B-  Igualdad que impida cualquier tipo de discriminación por razón de ideología o religión o ausencia de ellas.


1-Suprimir todo tipo de simbología religiosa en los actos oficiales y en los espacios de titularidad pública que dependan de las administraciones. Las administraciones no promoverán ritos ni celebraciones religiosas de ningún tipo.


2 -Los actos públicos oficiales serán exclusivamente civiles y sin connotaciones religiosas. Ninguna autoridad pública o funcionario participará, en calidad de tal, en actos de naturaleza religiosa. Los miembros de la corporación local y el personal al servicio de la administración municipal no mostrarán, en el ejercicio de su cargo o de sus funciones, ningún gesto de sumisión o veneración de personas o imágenes religiosas (tales como genuflexiones, besar anillos, etc.).reglamentos municipales de honores y protocolos y de sus entes públicos se adecuarán a la “no confesionalidad del Estado”, que ampara el 16.3 de la actual Constitución. No serán invitados a actos civiles o considerados autoridad pública los representantes eclesiásticos de cualquier confesión.


3-Quedan suprimidas, y además con carácter retroactivo, todos los honores o votos  públicos a advocaciones, santos, imágenes o simbología representativa religiosa, como condecoraciones, nombramientos de alcaldes y alcaldesas perpetuas, etc. Tampoco el ayuntamiento y su corporación  se encomendarán a santoral, imágenes o rituales religiosos.


4-Todos los edificios e instalaciones dependientes de la administración local, así como sus organismos autónomos y demás entes estarán exentos de cualquier tipo de simbología religiosa, para cumplir con los principios de separación y neutralidad de la administración pública. A tal fin, se retirará cualquier símbolo religioso que pudiera haber en cualquiera de ellos y la alcaldía determinará su destino posterior, su registro y protección en dependencias municipales o su donación a entidades religiosas que pudieran tener interés en ellos


5-No se donará, ni facilitará suelo público ni locales, ni se concederá financiación pública o exenciones fiscales municipales para la instalación de infraestructuras o realización de actividades a ninguna confesión o institución religiosa. Así mismo las confesiones religiosas vendrán obligadas a pagar todos los impuestos municipales, incluido el de Bienes Inmuebles (IBI), que se deriven de su actividad, ya sea de carácter religioso o mercantil.

Los ayuntamientos elaborarán un censo público de las propiedades de la iglesia católica, de otras confesiones que están exentos de pagar el IBI, tanto de centros de culto, como de otras actividades mercantiles o sociales. También, en su caso, elaborará un censo de las propiedades rústicas y urbanas de las que se haya apropiado la iglesia católica, mediante el sistema de inmatriculación. También es elaborará un censo de otras entidades públicas o privadas que estén exentos del pago del IBI.


6-El Ayuntamiento facilitará que las ceremonias civiles (acogida, matrimonio y funerales) se puedan celebrar, sin obstáculos, dando a la ciudadanía todo tipo de facilidades para ello y poniendo la adecuada infraestructura.


7-En los cementerios públicos, que serán civiles y en los tanatorios públicos o de gestión privada, se asegurará que todos los familiares de los difuntos, sin exclusión alguna por motivos de religión o de convicciones, puedan celebrar las ceremonias que les parezcan pertinentes. Ningún símbolo, icono o emblema de cualquier tipo, representativo de una religión o de una ideología particular, podrá presidir estos espacios públicos, a excepción de los que a los familiares del difunto les parezca oportuno utilizar en el transcurso de las ceremonias y los que deseen exhibir en la sepultura del fallecido. Incluso los ayuntamientos deben, si es posible, procurar espacios específicos para enterramientos de religiones organizadas minoritarias, si lo solicitan.


8-Se incorporarán referencias y conmemoraciones de carácter civil al calendario oficial, centros públicos y a los callejeros municipales, así como fechas fijas y denominación neutra a las vacaciones escolares, fijadas a través del Consejo Escolar Municipal.


9-Declaración de las fiestas locales en referencia a acontecimientos que unan a todos los ciudadanos y ciudadanas y no los referentes a una parte de la ciudadanía que tienen determinadas creencias. Haciendo especial relevancia a acontecimientos o personas que han tenido que ver con la historia, la cultura o los valores cívicos de la sociedad local que el Ayuntamiento representa.


10-El Ayuntamiento, en periodos electorales, sólo facilitará colegios o locales no confesionales y, por lo tanto, libres de simbología religiosa para el ejercicio democrático de votar.

11-El Ayuntamiento abrirá un “Registro Municipal de Testamentos Vitales”, con su propio Reglamento, para el registro voluntario de la libre voluntad con respecto a la fase final de la propia vida, y con los efectos jurídicos que las leyes establezcan, para colaborar con la administración sanitaria.


12-El Ayuntamiento promoverá la libertad de conciencia y de convicciones y velará para que ningún derecho de este ejercicio sea vulnerado. Para ello podrá disponer de una “Oficina de defensa de la libertad de conciencia”, en donde se puedan recibir y tramitar quejas y sugerencias de la ciudadanía. No obstante la ciudadanía, a título individual o colectivo, amparada en sus creencias religiosas, no podrá cuestionar normas comunes que lo son del conjunto de la ciudadanía, al menos en los espacios públicos. Así mismo el ayuntamiento promoverá campañas informativas sobre el significado de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sobre la libertad de conciencia y sobre el principio constitucional: “Ninguna confesión tendrá carácter estatal


13-Laicidad y Escuela pública: Los poderes públicos locales velarán por la laicidad de las enseñanzas impartidas en los itinerarios oficiales, dentro de los centros educativos de titularidad pública y de los privados sostenidos con fondos públicos, con el fin de evitar cualquier interferencia en los objetivos educativos de convicciones particulares religiosas, filosóficas o ideológicas. Y ello supone la retirada de simbología religiosa y a la celebración o participación en actos religiosos.


14-Mociones. Los ayuntamientos, en aquéllas cuestiones que no sean de su competencia, promoverán mociones y resoluciones, con el fin de solicitar al Estado que tome las medidas legislativas conducentes al establecimiento del Estado laico y a eliminar todos los privilegios de los que goza la iglesia católica y otras confesiones religiosas y que figuran en este documento de medidas y propuestas. También, en el ámbito de sus competencias, podrán elaborar Ordenanzas o Reglamentos de laicidad municipal.

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miércoles, 22 de octubre de 2014

LAS RAZONES PARA LA HUELGA DE ESTUDIANTES LAS EXPLICA CLARAMENTE EL SINDICATO DE ESTUDIANTES

Desde que el Partido Popular llegó al Gobierno hemos asistido a una oleada de ataques sin precedentes contra la educación pública. Los recortes en becas y ayudas para libros de texto y comedor, el despido de miles de profesores, la falta de medios en los centros, el hacinamiento de niños y estudiantes en colegios e institutos, son sólo algunos de los problemas que padecemos todos los días y que retratan el desmantelamiento de la educación pública:
► Recorte de 275 millones de euros en becas y ayudas en los últimos dos años.
► 700.000 niños y estudiantes que se han quedado sin ayudas para estudiar
► 45.000 estudiantes expulsados de la Universidad por no tener dinero
► Cierre de líneas educativas en los Institutos, suprimiendo cursos enteros de infantil, ESO y bachillerato.
► 32.000 profesores despedidos en los últimos años.
Quieren acabar con la educación como derecho para convertirla en un negocio sólo al alcance de quien pueda pagarlo, como ocurría durante el franquismo y como tuvieron que padecer nuestros abuelos. La contrarreforma franquista de la educación – LOMCE – es una de las líneas maestras de este plan. Con ella pretenden expulsar a cientos de miles de estudiantes del sistema educativo de forma prematura y sin cualificación.
Con este mismo objetivo el PP pretende introducir el pago de tasas en la educación infantil, el bachillerato y la FP superior. Quien no tenga recursos para pagar las tasas se quedará fuera. Así lo declaró el Ministro a finales del curso pasado. También planean acabar con las becas y sustituirlas por préstamos bancarios con intereses. Pero no es lo único, este curso quieren aprobar un decreto para la Universidad en el que impondrán dos años de máster de pago cuyo coste oscila entre los 4.000 y 7.000 euros por año. Sólo podrá tener estudios universitarios quién disponga de alrededor de 20.000€ para pagarlos, es decir, una reducida minoría. Como siempre, el PP gobierna a favor de los ricos, aunque esto suponga llevarse por delante el derecho al estudio de cientos de miles de jóvenes.
Si este comienzo de curso ha sido un auténtico desastre, no es nada comparado con lo que el PP tiene preparado. El Gobierno de Rajoy ya se ha comprometido a asestar un nuevo golpe a la escuela pública: reducir el presupuesto del 4,3% del PIB que se invierte en educación actualmente al 3,9% en el año 2015. Esto significará un nuevo recorte de miles de millones de euros.
Desde el Sindicato de Estudiantes entendemos que la movilización y la lucha contundente es el único camino para frenar estos ataques. Lo que está en juego no es sólo el futuro de la educación pública, sino el futuro de millones de jóvenes y niños a los que el PP condena al paro, la precariedad y el exilio económico.

sábado, 27 de septiembre de 2014

La ASOCIACIÓN DEFENSA PÚBLICO (ARDP) Y LOS CAMPAMENTOS DIGNIDAD SOLICITAN LA APLICACIÓN DE UNA TARIFA SOCIAL DEL AGUA.


 

Para la ONU, el acceso al agua forma parte del marco de los DERECHOS HUMANOS. Ese acceso se menciona ex­presamente, por ejemplo, en la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. En 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas aprobó su Observación general Nº 15 sobre el derecho al agua, en la que este derecho se definió como el dere­cho de todos “a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico”. Varias constituciones nacionales protegen el derecho al agua o enuncian la responsabilidad general de las Administraciones Públicas de asegurar a todas las personas el acceso al agua potable y a los servicios de saneamiento.


Las causas básicas de la actual crisis del agua y el saneamiento radican en la pobreza, las desigualdades y en las relaciones de poder, circunstancias agravadas por la situación económica que atravesamos. El agua es un elemento básico para la vida que debe ser garantizado por las administraciones públicas. Muchas familias no pueden pagar un consumo mínimo de agua porque los miembros de la familias están en paro, porque los salarios son insuficientes o bien porque las pensiones que cobran los mayores y con la que sobrevive el resto de la familias apenas llegan para alimentos y medicinas. En algunos casos, como se dan en esta y otras localidades, ni eso, no entra absolutamente nada en la economía familiar y se vive gracias a la caridad o de lo que otros pueden ayudar.

Desde la ARDP  y los Campamentos Dignidad de Extremadura, junto con otros movimientos y organizaciones sociales y políticas, venimos insistiendo a las Administraciones Públicas, en este caso, a los Ayuntamientos,  para que tomen las medidas más adecuadas destinadas a que no se corte el agua a las familias que por diferentes motivos, en su mayor parte derivados de la actual situación económica, carecen de medios para pagarla. En este sentido, SOLICITAMOS al Ayuntamiento que establezca una TARIFA SOCIAL PARA EL AGUA que tenga en cuenta unos consumos mínimos para la gente más necesitada, al objeto de evitar los cortes que sin duda suponen un recorte de los derechos humanos más básicos e imprescindibles para la vida. Los Ayuntamientos disponen de los medios humanos y técnicos más que suficientes para regular y garantizar las bases determinen qué familias pueden necesitar de esta TARIFA SOCIAL que facilite los consumos e impida los cortes de agua.

viernes, 19 de septiembre de 2014

EUROPA LAICA SUGIERE QUE LOS ESCOLARES NO SEAN MATRICULADOS EN RELIGIÓN



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 Europa Laica, junto a otras organizaciones, viene reclamando -desde hace años- que la “religión salga de la escuela” a través de la “Campaña por una escuela pública y laica”, que seguiremos impulsando, porque entendemos que las diferentes convicciones personales, incluidas las creencias religiosas, así como los dogmas de cualquier naturaleza, no son cuestiones a plantear en el ámbito escolar. Ya que para ello hay otros ámbitos sociales, en su caso y por ejemplo: los lugares de culto y entidades religiosas…
 
La Escuela ha de servir para aprender, desarrollar capacidades, incluir y no segregar, no discriminar por motivos de raza, sexo, religión, opinión… La religión incrustada en la enseñanza provoca la segregación de alumnado desde los tres años, en función de las convicciones de sus padres y madres o de sus entornos fuera de la escuela. Por ello las cuestiones dogmáticas, el catecismo. La segregación por motivos de conciencia vulnera el Derecho a la libre conciencia de los menores

Por ello nos venimos oponiendo, antes y después de la LOMCE, a que se imparta religión confesional en la Enseñanza, también y quizá con más razón  ahora, que han incluido una materia alternativa  y se ha impuesto evaluación que cuenta en el expediente académico.

miércoles, 10 de septiembre de 2014

LA DEFENSORA DEL PUEBLO Y EL PRESIDENTE DE UNICEF ESPAÑA PIDEN LA GRATUIDAD DE LOS MATERIALES ESCOLARES



La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, y el presidente de UNICEF Comité Español, Carmelo Angulo, han hecho un llamamiento conjunto dirigido a las autoridades educativas y al conjunto de actores públicos y privados, para que pongan en marcha las medidas oportunas para alcanzar la gratuidad de los materiales didácticos y promover sistemas universales de préstamo y reutilización de los libros de texto. 


El presidente del Comité Español de UNICEF, Carmelo Angulo, señala que "la educación es uno de los derechos de los niños y niñas que más capacidad tiene para romper el círculo de la pobreza y la exclusión social". Para que esta capacidad sea efectiva, "es imprescindible garantizar el acceso a la educación en igualdad de condiciones" y advierte de que "la situación económica de una familia no puede ser un obstáculo" para acceder al sistema educativo en plenas condiciones de igualdad.

La Constitución Española establece con nitidez en su art. 27 que “LA ENSEÑANZA BÁSICA ES OBLIGATORIA Y GRATUITA”, así mismo, el desarrollo de la disposición adicional quinta de la LOMCE  determina que  "EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE PROMOVERÁ EL PRÉSTAMO GRATUITO DE LIBROS DE TEXTO Y OTROS MATERIALES CURRICULARES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN LOS CENTROS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS".

Por otro lado, en el INFORME publicado por el Defensor del Pueblo en octubre de 2013 ´Gratuidad de los libros de texto: programas, ayudas, préstamos y reutilización´,  en donde se constata el retraso que ha sufrido el objetivo de conseguir la gratuidad de los libros de textos para todo el alumnado de la educación básica, vuelve a incidir en la necesidad de que se tomen las medidas oportunas  todos los niños y niñas puedan cursar las enseñanzas obligatorias con carácter gratuito,  tal y como establece la Constitución.

sábado, 16 de agosto de 2014

ALGUNAS REPERCUSIONES DE LA REFORMA LABORAL


http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia-social/cual-verdadera-cifra-parados-espana/20140803180401105702.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia-social/ano-han-perdido-equivalente-103-091-puestos-trabajo/20140804220616105751.html 



Entre el segundo trimestre de 2013 y el de 2014 se han perdido casi cuatro millones de horas, 3.865.910, lo que equivale al 0,7% de las horas trabajadas en 2013. Sin embargo el número de ocupados ha crecido en un 0,9%. Hay menos trabajo y más ocupados. ¿Qué ha pasado?
El dato básico del empleo es el total de horas trabajadas. Es la suma de estas horas la que crea la riqueza con independencia de cuántas personas empleen su tiempo en ello. Los datos son rotundos: en este último año se ha perdido el 0,7% de nuestro trabajo.
Se destruyen puestos de trabajo estables, con jornada completa y un salario digno y se transforman en puestos temporales, a jornada parcial y con una fuerte disminución del salario por hora trabajada. 

Además, hay una especie de obligación de hacer las horas que hagan falta. Hay un importante volumen de horas no retribuidas ni cotizadas. Se firma un contrato de cuatro o cinco horas, se cobra lo estipulado en el contrato, pero en realidad se trabajan una o dos horas más, como mínimo.