La exhumación de Franco
y los Acuerdos Vaticanos
“Es urgente porque vamos tarde”,
dice la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, para justificar el decreto
por vía de urgencia que pueda permitir (¡por fin!) la exhumación “legal” de los
restos del dictador, cuya tumba preside la basílica del Valle de los Caídos.
Demasiado tarde, diríamos otros, porque, efectivamente, como sigue
diciendo: “un dictador no puede tener una
tumba de Estado en una democracia …”. Presunta incompatibilidad que, sin
embargo, se ha mantenido durante cuarenta años. Del mismo modo como se sigue
manteniendo la impunidad de los crímenes franquistas, que ningún gobierno ni
ley “democrática” se ha atrevido a resolver “en justicia”, pese a que han sido
calificados, reiteradamente, por tribunales y organismos internacionales de
Derechos Humanos de “crímenes de lesa humanidad”, que ni prescriben ni son
amnistiables.
Por eso, además de muchos otros capítulos de la herencia franquista que
obviamos aquí, cabe poner en cuestión el final de la frase de la ministra
vicepresidenta, que da por hecho que estamos en una “democracia consolidada”. Porque, sin salirnos del mismo tema y
apoyando este “gesto” del actual gobierno -fruto de una larga presión social y
política-, tiene poco de democrático pretender, a la vez, la permanencia misma
de ese aberrante monumento al crimen y que, además, se intente mantenerlo como
“símbolo de reconciliación” entre víctimas y victimarios. Tanto más, cuando prolongando
la impunidad de los crímenes franquistas, las víctimas republicanas aún no han
sido reconocidas como tales, carecen del derecho a “Verdad, Justicia y
Reparación” y, en modo alguno, fue decisión de ellos o de sus familiares
compartir el “sagrado lugar” levantado, expresamente, para enaltecimiento de la
“Cruzada”. Un monumento que, además, fue construido utilizando el trabajo
forzado -con muchas muertes de por medio- de miles de presos políticos.
Aparte de la triquiñuela legal del decreto: “en el Valle de los Caídos sólo podrán yacer los restos de las personas
fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil española”, requisito que
excluye a Franco (pero no al fundador de la Falange, José Antonio, por
ejemplo), se adelanta el destino “reconciliador” que se quiere atribuir al
lugar, nuevamente sin contar con la voluntad de los afectados.
Pero, en esta ocasión, también es preciso llamar la atención sobre una trama,
que solo ha aparecido de soslayo y parcialmente en los medios y, digamos, a
toro pasado. Se trata del papel de la Iglesia, que a través del arzobispado de
Madrid y pasando por la propia abadía de los benedictinos -custodios del
nefasto monumento y de su hospedería abierta a todo tipo de eventos fascistas-,
nos lleva al propio Vaticano y a las facultades para una decisión determinante
que le atribuyen los Acuerdos con la Santa Sede firmados el 3 de enero de 1979.
Efectivamente, el primero de ellos, “ACUERDO ENTRE EL ESTADO ESPAÑOL Y
LA SANTA SEDE SOBRE ASUNTOS JURÍDICOS, “prosiguiendo
la revisión del Concordato vigente entre las dos Partes”, reconoce la
personalidad jurídica de la Iglesia para “crear,
modificar o suprimir Diócesis, Parroquias y otras circunscripciones
territoriales, que gozarán de personalidad jurídica civil en cuanto la tengan
canónica”. Así mismo: “El Estado
reconoce la personalidad jurídica civil y la plena capacidad de obrar de las
Órdenes, Congregaciones religiosas”. Y en su apartado 5: “Los lugares de culto tienen garantizada su
inviolabilidad con arreglo a las Leyes. No podrán ser demolidos sin ser
previamente privados de su carácter sagrado”; continuando en el siguiente:
“El Estado respeta y protege la
inviolabilidad de los archivos, registros y demás documentos (de las
distintas instancias de la Iglesia)”. Concesiones, a las que se han añadido
otras por distintas vías y cuyas consecuencias seguimos sufriendo “en
democracia”.
Es, en función de estos Acuerdos y su prevalencia -por el carácter internacional
otorgado-, sobre leyes y decretos nacionales, por lo que, antes de tomar la decisión
y verla viable, el gobierno de Pedro Sánchez, se ha visto obligado a negociar
con la Iglesia a todos los niveles. Tenía la llave.
Ahora sale a la luz y se aplaude la discreta labor “mediadora” que en
ese sentido ha llevado a cabo Pedro Sánchez a través del lobby “Cristianos
Socialistas” y, en particular, su dirigente Carlos García de Andoin, para
lograr el placet privativo de la
Iglesia. El arzobispo Osoro ha sido el primero que manifestó, tras su “cordial”
entrevista con el nuevo inquilino de la Moncloa, su disposición a no poner
trabas; y ahora declara que “la decisión
corresponde al gobierno y a la familia”, a los que insta ponerse de
acuerdo, y que “la Iglesia está dispuesta
a recibir en su seno a un bautizado”. Para la Iglesia, tan sabia durante siglos
para nadar y guardar los hábitos en todas las aguas, y muy celosa en atribuirse
el monopolio de los valores morales: ¡Franco solo era y es un simple “bautizado”!,
sin más connotaciones.
Pero las cosas no se quedan ahí. La familia había manifestado ante
notario que dejaba en manos del prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera
(candidato de Falange en los años 90), la responsabilidad de la custodia y
permanencia de los restos de Franco. Como la orden benedictina, que tutela la
basílica y tiene personalidad jurídica para defender la “inviolabilidad” del
lugar sagrado, depende de la Abadía francesa de Solesmes, y ésta, a su vez,
directamente del Vaticano, pues resulta que hasta el Papa ha llegado la
cuestión, muy preocupado ahora por una imagen deteriorada por otros “pecados”.
Como se decía en un artículo de hace unos días recogido en laicismo.org, al
final, decisiones sobre temas políticamente importantes para nuestro país, se
pueden tomar desde un “Estado” extranjero. El Concordato franquista de 1953 y
su actualización con los post o para-constitucionales Acuerdos de 1979 lo
permiten y avalan.
Si las jerarquías eclesiásticas no se hubieran avenido al acuerdo, se
hubieran inclinado por blandir la “inviolabilidad” del lugar sagrado y, como
amenazaba el prior benedictino, denunciar al gobierno “por profanación de
tumbas”, añadido al derecho que asiste a los familiares para disponer sobre el
traslado de los restos, probablemente la sentencia última en los tribunales no
sería favorable a la decisión del gobierno. Está por ver el desenlace final.
Sin embargo, aquí nadie cede por nada. Parece que la “moderación” y
“mediación” interna de Osoro ha sido a cambio de arrancar la garantía del
gobierno sobre la permanencia de los Acuerdos con la Santa Sede. Y la familia
Franco, a la que “en democracia” se le han prolongado y respetado privilegios y
pingües negocios en continuidad con la herencia recibida, tendría mucho que
perder si pusieran demasiado empeño en defender la figura y bochornosos honores
hasta ahora dispensados al “Soldado de España”. Llevan razón: después de 43
años, todos tienen otros intereses más inmediatos de los que preocuparse.
Pero todo este affaire deja
claro un hecho: los Acuerdos de 1979 con el Vaticano y los privilegios ahí
protegidos para la Iglesia Católica siguen pesando como una losa y ningún
“apaño” circunstancial -con la venia de la jerarquía eclesial- puede ocultar su
intolerable raíz antidemocrática.
Son muchas las tareas y retos que tiene pendientes el movimiento
laicista y democrático en nuestro país, pero, en modo alguno, hay que perder de
vista que la Denuncia y Derogación de tales Acuerdos se sitúan en el centro de
las prioridades, en tanto son la fuente y aval de la mayoría de los privilegios
heredados de la dictadura de los que sigue disfrutando la Iglesia.
Fermín Rodríguez
Castro
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