martes, 25 de febrero de 2020

EL CONFLICTO DE NUESTRA AGRICULTURA Y LOS TEMORES DEL OFICIALISMO por CARLOS MARTINEZ


Desde una posición como persona de izquierdas independiente y como socialista ajeno a la “razón de estado” me permito opinar al menos sobre el conflicto agrario y sus causas más allá de consideraciones políticas pro o contra gubernamentales.



Los gobiernos están para impulsar políticas justas y buscar soluciones igualmente justas, si pueden o quieren. Pero en cualquier caso es su responsabilidad y la de las clases populares y trabajadoras exigir respuestas a sus demandas de vida digna y pensiones justas, así como servicios públicos de calidad, también reparto e igualdad con libertad. Muchas y muchos también luchamos por el socialismo.



El conflicto agrario lleva tiempo gestándose. Hace años que de vez en cuando hay tractoradas o protestas y estas han sucedido desde la transición hasta hoy, digamos con escaso éxito y ya en muchas ocasiones grandes movilizaciones.



Pero la imposición de las políticas neoliberales desde la Unión Europea y su asunción por parte de todos los gobiernos del reino de España han ido deteriorando a nuestra agricultura y vaciando el mundo rural. Por tanto, el “por qué ahora” es miope y distorsiona la realidad. La Unión Europea solo prima a los mercados, lo cual quiere decir a los mercaderes y multinacionales.



La agricultura es frecuente moneda de cambio para favorecer, tanto a la industria alemana, como a blindar las fronteras comunitarias o a préstamos y créditos de la banca privada europea o a cualquier tipo de acuerdos comerciales extra agrarios. Tanto es así que Europa-Unión ha renunciado a la soberanía alimentaria, la defensa del medio rural más allá de fomentar parques temáticos rústicos de cara al turismo, pero no a la producción de alimentos equilibrada y natural o bien a procurar el bienestar general de los pueblos de Europa Unión.



Los pueblos y los derechos de las clases populares a la UE le importan un comino y de esto cada vez más gente es consciente y es que seamos serios, la UE politológicamente hablando, no es más que un tratado comercial de carácter internacional. Nadie ignora que puede ser un proyecto muy interesante, pero hoy por hoy es eso. Dejemos de engañarnos. Ni siquiera el llamado Parlamento Europeo tiene las funciones de cualquier parlamento democrático más allá de su propia organización interna y de la Política Agraria Común. Y ahí vamos, la PAC.



La PAC más allá de subvencionar diversas producciones según convenga al equilibrio entre estados miembros de los que siempre el norte sale beneficiado, favorece las hectáreas y no las producciones. Las grandes fincas son las beneficiadas o lo que es peor, favorece a las grandes propiedades propiciando la acumulación de tierras en manos de grandes propietarios y grandes empresas en detrimento de la producción de pequeños y pequeñas agriculturas y ganaderas y de un campo vaciado conscientemente. Favorece la agricultura industrial y/o la creada a base de insumos químicos, gran cantidad de abonos y “medicinas” como dicen los agricultores de muchos pueblos.


Estamos por tanto ante una concentración de tierras, “uberización” de la agricultura y destrucción de un sector de producción muy amplio, diversificado y que repartía incluso cierto bienestar social, en favor del latifundismo y las industrias químicas.



Que el enemigo son las grandes superficies y los grandes intermediarios, eso lo saben los agricultores de sobra y además así lo manifiestan y dicen. Yo he estado en las manifestaciones agrarias y lo que piden es protección del estado y precios justos. Que a rio revuelto, ganancia de pescadores, pues sí, pero eso es culpa de quien no está en las movilizaciones y no acompaña a los y los pequeños productores que por cierto en muchos territorios del estado, son a su vez jornaleros, tractoristas contratados o viven de otros sectores realmente.



Que ASAJA (ligada a la CEOE) plantee críticas al salario mínimo, no es excusa, recordemos por ejemplo la federación de UPA con UGT u otras organizaciones agrarias de carácter progresista y orígenes incluso antifranquistas. El problema para la mayoría no es el salario de sus trabajadores, es el precio de sus productos que grandes superficies y corredores pagan amparados por una legislación europea que les deja indefensos, legaliza la especulación y exige grandes medidas fitosanitarias a los productos europeos, pero ninguna a las importaciones, importaciones que por cierto están en manos en la mayoría de las ocasiones de grandes empresarios es- pañoles y grandes superficies.



Pero el Gobierno de España, en esto no puede mirar para otro lado ¿Qué está pasando con MERCASA? La empresa pública española que controla según estudios casi el 65% de la producción y vende a bajos precios o intermedia a muy bajos precios a las comercializadoras ¿MERCASA y por tanto el Gobierno no tienen nada que decir? Por qué no depuramos y limpiamos MERCASA de una vez, que falta hace según creo.



Lo que es precio justo, lo define el Código de Comercio, pero no se impone, ni se defiende por parte del Gobierno. Claro que, si el acervo comunitario está por encima de las leyes españolas y convierte a estas en papel mojado, pues que se diga claramente.



Lo que está claro es que se ha construido en Bruselas un emporio neoliberal, antidemocrático y que tan solo favorece a las grandes multinacionales, fondos de inversión, grandes em- presas y los intereses de unos pocos y como la “izquierda oficial” es cómplice la extrema derecha gana terreno. Esto no es populismo, es realidad, es ser consciente de que o se conocen y reconocen los problemas o no queda más solución que los chalecos amarillos o soluciones polacas o húngaras y a muchos la segunda opción no nos gusta. Quejarse no vale nada, menos para un gobierno.



En fin, eso por no hablar de la reforma agraria que sigue siendo imprescindible. Ante todo, cualquier partido socialista serio y que lo sea no puede olvidar el conflicto de clases y por tanto la presencia de jornaleras y jornaleros nacidos en España y en otros lugares de la tierra que sin ellos no se recogerían las cosechas. Merecen todo nuestro apoyo y la denuncia de injusticias que sufren, por eso reivindicamos 1200€ de salario mínimo como a todos los demás trabajadores y trabajadoras.

 El conflicto de la tierra y la unión de intereses con los pequeños agricultores pasan por la reforma agraria. La reforma agraria es ahora imprescindible dada la reconfiguración de la propiedad y la comercialización, es por ello que al objeto de estudiar esto y propiciar precisamente la reforma y que entendemos y proponemos como reforma agraria.


La Asociación 25 de Marzo propone en Mérida un Congreso de Reforma Agraria que el Partido Socialista Libre Federación apoya y participa e invita a acudir a MÉRIDA entre el 20 y 22


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