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El decreto elaborado por la Consejería de Educación que pretende que 
los profesores y maestros jubilados que lo deseen puedan retomar algunas
 tareas docentes es rechazado unánimemente por la comunidad educativa, 
lo que trasladarán a los representantes de la Junta en el Consejo 
Escolar de Extremadura que se reúne hoy.
El borrador de este de 
decreto, que ayer avanzó este diario, contempla la posibilidad de que 
maestros y profesores asuman alguna docencia de manera parcial, de 
refuerzo o de cursos de formación. En compensación, dichos jubilados 
podrían percibir una retribución, si bien la Junta no tendría que asumir
 el coste de su Seguridad Social, ya que continuarían en su condición de
 jubilados.
Precisamente el hecho de que haya una compensación a 
los eméritos es uno de los aspectos rechazados sobre todo por los 
sindicatos, ya que consideran que esas medidas deben negociarse en la 
Mesa Sectorial de Educación, "y no lo han hecho", afirman desde UGT, y 
no en el Consejo Escolar, algunos de cuyos miembros señalaron ayer que 
si bien habían recibido el borrador, intuían que la norma podría 
conllevar un aumento del paro entre los jóvenes.
NO ES 
PRIORITARIO Sin embargo, el presidente extremeño, José Antonio Monago, 
cuestionado ayer en la 'Ser' por este asunto, aseguró que "en principio 
no es una de las medidas que tengamos encima de la mesa". Pero la 
Consejería de Educación sí reconoce que están desarrollando esta 
normativa y recuerdan que desde enero de este año la Secretaría General 
de Educación está trabajando en el documento, si bien señalan que el 
mismo nada tiene que ver con las medidas de racionalización del gasto 
aprobadas por el Gobierno de Rajoy.
Asimismo, el departamento que
 dirige Trinidad Nogales indica, en una nota hecha pública ayer tarde, 
que la consejería "apuesta por el desarrollo de una normativa que ponga 
en valor el papel del personal docente jubilado", con el que busca 
"regular esta colaboración y crear la figura del profesor emérito de 
Extremadura, tal y como se recoge en la Ley de Educación de Extremadura,
 que fue aprobada por unanimidad".
Entre los aspectos en los que 
trabaja, la consejería pone como ejemplo de las funciones que 
desempeñarían los eméritos "asesorar en sus prácticas a los futuros 
maestros que cursen estudios en la universidad; o para mediar en 
conflictos que puedan surgir en los centros".
PERJUICIOS A
 lo que no alude Educación es a otros puntos que figuran en el proyecto 
de decreto entregado a los miembros del Consejo Escolar de Extremadura y
 que son precisamente los que la comunidad educativa pone en cuestión e,
 inicialmente, rechazan, si bien el informe de este órgano no es 
vinculante para la Junta.
Para el responsable de Educación de 
CCOO, Tomás Chaves, el documento es "un ejemplo más del estilo 
impositivo de la consejería, cuyo concepto de diálogo y negociación no 
va más allá de las reuniones informativas y del impedimento a las 
propuestas sindicales".
A su juicio, la medida es "descabellada 
en estos tiempos de dificultad de acceso al empleo público", y cree que 
la misma provocará "más pérdidas de puestos de trabajo y más precariedad
 laboral".
Este sindicato, al igual que el resto, considera 
loable recabar la colaboración de los jubilados, si bien recuerdan que 
en el texto que les han entregado se incluyen otras funciones "que dan 
lugar a remuneraciones, aunque no regulares", las cuales ya las 
desempeñan los funcionarios e interinos de los centros sostenidos con 
fondos públicos.
El secretario de Educación de UGT, Miguel 
Salazar, también es contrario al decreto tanto en la forma de tramitarlo
 con en algunos aspectos de su contenido, especialmente en los que se 
alude a posibles retribuciones a los eméritos.
En este sentido, 
considera que el momento de debatirlo es "inoportuno" y además vaticina 
que va a "generar conflicto social", dado que el Ejecutivo apuesta por 
la creación de empleo "a tiempo parcial y precario, y en lugar de 
convocar las oposiciones, lo que hace es rescatar a profesores ya 
jubilados".
"El decreto es una provocación", señala Miguel 
Salazar, "aunque sí estamos por el reconocimiento social de los 
eméritos, pero solo en apoyo y actividades extraescolares".
Por 
último, alude al hecho de que el texto no se haya debatido primero en la
 Mesa Sectorial de Educación, ni respeta la Leex, y además habla de 
condiciones laborales. "Los profesores con los que hemos hablado nos 
dicen que no están de acuerdo con la norma".
TAMPOCO LOS 
PADRES Antonio Vas, de CSIF, califica la convocatoria de "precipitada" y
 solicitará hoy la retirada del texto. "No tenemos ahora mismo 
suficientes elementos como para darle el 'sí'", señala, a la vez que 
entiende que invade competencias que son específicas de los equipos 
directivos y de orientación.
La presidenta de la Federación de 
Padres (Freapa), Joaquina López, considera que lo que se debate "no 
atañe a los problemas que tiene ahora mismo la educación", y critica que
 lleven este decreto al Consejo Escolar cuando ha habido otros decretos 
(cita ayudas a los centros privados y concertados; o las ayudas al 
transporte escolar y comedores) que se han aprobado directamente por el 
Consejo de Gobierno de la Junta sin negociación previa. "Creemos que 
esto tiene truco y no lo acabamos de entender", sentencia López.
Para el representante de USO, José Manuel Carbonero, sindicato 
mayoritario en la concertada, el decreto "nos tememos que derivará en un
 aumento del paro en los jóvenes".

 
 
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