La fuerza local independiente Izquierda de Guillena defenderá en el
próximo pleno del Ayuntamiento de este municipio sevillano, que de cara a
2013, la Ley de Haciendas Locales suprima la exención del impuesto
sobre bienes inmuebles (IBI) de la que goza la iglesia católica, al
objeto de que tal institución tribute como tal sus bienes rústicos y
urbanos.
“La Iglesia católica española es inmensamente rica. Posee innumerables
inmuebles rústicos y urbanos, bienes mobiliarios, artísticos y
suntuarios de todo tipo mientras el Estado le permite,
injustificadamente, la opacidad de sus cuentas y patrimonio, así como de
las operaciones y transacciones económicas”, figura en esta moción “ya
registrada” en el Ayuntamiento de Guillena.
“Enormes exenciones fiscales”
Para los independientes de Guillena, la Iglesia católica “vive en un paraíso fiscal ilegítimo y presuntamente ilegal” y disfruta de “enormes exenciones fiscales”, mientras la ciudadanía sufre intensamente las desoladoras consecuencias de la asfixiante crisis económica.
Para los independientes de Guillena, la Iglesia católica “vive en un paraíso fiscal ilegítimo y presuntamente ilegal” y disfruta de “enormes exenciones fiscales”, mientras la ciudadanía sufre intensamente las desoladoras consecuencias de la asfixiante crisis económica.
Derogación de los acuerdos
Es por eso que los independientes de Guillena proponen que, para el ejercicio 2013, se suprima en la Ley de Haciendas Locales la exención del IBI a la iglesia católica y otras confesiones religiosas”. La propuesta pide la elaboración de “un censo, en cada municipio y particularmente en el nuestro, de los bienes inmuebles rústicos y urbanos registrados a nombre de la iglesia católica y de otras confesiones religiosas”, así como la derogación de los acuerdos que unen a España con la Santa Sede, especialmente, especialmente el relativo a los “asuntos económicos”.
Es por eso que los independientes de Guillena proponen que, para el ejercicio 2013, se suprima en la Ley de Haciendas Locales la exención del IBI a la iglesia católica y otras confesiones religiosas”. La propuesta pide la elaboración de “un censo, en cada municipio y particularmente en el nuestro, de los bienes inmuebles rústicos y urbanos registrados a nombre de la iglesia católica y de otras confesiones religiosas”, así como la derogación de los acuerdos que unen a España con la Santa Sede, especialmente, especialmente el relativo a los “asuntos económicos”.
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