El Coranovirus ha venido a poner al descubierto, entre otras
cuestiones la situación del sistema sanitario, y allí donde la sanidad pública
ha sido más dañada por el brutal proceso de saqueo-privatización de los últimos
años; los efectos de la pandemia han resultado los más graves y mortales para
la población. Tal es el caso de Madrid.
La ley 15/97, aprobada por el PP y el PSOE, vino a abrir las
puertas a los capitales especulativos internacionales para convertirse, desde
entonces, en nuevos gestores sanitarios financiados por los Presupuestos
Generales de Estado. Operación que contó durante años con la colaboración de
las cúpulas sindicales del sector.
En los planes de estabilidad impuestos por la Unión Europea
hasta el 2020 se establecía el compromiso de reducir la participación de la
Sanidad en el PIB hasta el 5,67%, lo que supuso la pérdida de miles de puestos
de trabajo, de material sanitario, y de servicios que hasta entonces se venían
prestando.
El desmantelamiento de la sanidad pública por efecto de las
privatizaciones ha venido coincidir en el tiempo con el contagio acelerado de
la pandemia Coronavirus que ha contado con la facilidad de un sistema que no
podía hacer frente a los imprescindibles pruebas de detección y el consiguiente
aislamiento de los afectados por falta de presupuesto; pruebas que sin embargo
si se han multiplicado en China, en Alemania,… cerrando el paso a la extensión
del contagio…
La progresión de la epidemia, y el aislamiento de la
población en sus domicilios mediante el decreto de alarma por el gobierno se
hace semanas después, y por no haber detectado en sus inicios los infectados,
cuando su costo en nuestro país no es mayor de unos 40 euros por cada prueba.
En los hospitales, cuando comenzaron a llegar los primeros miles de afectados
se encontraron con que no había personal, ni camas suficientes, como tampoco
batas y guantes, ni mascarillas. Y por supuesto no había en los hospitales los
respiradores que se necesitaban, de forma que algunos especialistas de las
urgencias se vieron en la obligación de denunciar que estaban metidos en la
mecánica de una “medicina de guerra”: obligados a elegir a que enfermo se ponía
el respiradero y a quién no.
La mortandad del Coronavirus en Madrid es la más alta de las
conocidas. La cuarentena, que el gobierno propone ampliar en otros quince días,
hasta el 12 de abril, trata, sobre todo de evitar el colapso de sistema
sanitario público. Todas las medidas tomadas por el gobierno han resultado
insuficientes, y ello porque no ha querido romper con los límites de la
austeridad impuesta a la sanidad por los planes de ajuste presupuestario, y con
las mismas condiciones creadas por la privatización de hospitales y de
servicios hospitalarios.
La demanda social y democrática frente a la pandemia
Coronavirus no puede ser otra que la de poner en manos de la sanidad pública
los recursos y personal necesario para impedir el caos, acabando con los
hospitales privados que se han negado a combatir la epidemia. Y ello solo se
puede hacer revertiendo las privatizaciones realizadas; nacionalizando todo el
sector sanitario y farmacéutico. Pelota que está en el tejado del gobierno y de
las Cortes Generales.
Demanda democrática y social transitoria que coincide con el
hecho de haberse multiplicado, en estos días del Coronavirus, las demandas
solicitando que sea puesto a disposición de la sanidad pública empobrecida el
dinero de los Borbones que por miles de millones se oculta en paraísos fiscales
y fundaciones instrumentales. En tanto que dineros ilegales que tienen su
origen en negocios realizados a través de la Jefatura del Estado, y que por
tanto deben ser recuperados por la Hacienda Pública para los gastos sociales
comunes.
Nacionalizar las privatizaciones sanitarias derogando la ley
15/97, y nacionalizar los bienes ilegales de los Borbones se constituyen en demandas
ampliamente sentidas por la población.
Enfrentar la crisis sanitaria y social en todas sus facetas
exige medidas rápidas y de excepción, las más importantes para preservar
eficazmente el derecho a la vida de la población, nacionalizando sin indemnización
de ningún tipo a los grupos capitalistas más parasitarios y dañinos para la
salud pública
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