sábado, 12 de mayo de 2012

Los recortes de la Junta se retrasan por problemas legales y políticos No está claro que un decreto ley pueda crear impuestos nuevos, y el Gobierno regional tampoco está seguro del papel de IU

La aprobación del decreto ley que regula el ajuste económico en la Junta por valor de 160 millones de euros, y que modificará los primeros presupuestos autonómicos aprobados por el PP, volvió a aplazarse ayer por segunda vez debido según explicaciones oficiales a que quiere incluirse en él la rebaja de un 5% en el sueldo de los altos cargos anunciada en el reciente congreso popular por el presidente del Ejecutivo, José Antonio Monago.
Este es el motivo que alegó ayer la vicepresidenta, Cristina Teniente; que se pretende incorporar al texto ese recorte para que sus efectos sean rápidos. Por tanto es preferible, añadió, hacer esa modificación y alguna otra «puntualización» que proceda en el texto legal, en el que la Junta sigue trabajando, aunque un primer borrador ha sido enviado al Consejo Consultivo.
Teniente no quiso precisar qué otras puntualizaciones, además de la nómina de los políticos, habrá finalmente, ya que dependerá también del propio dictamen del Consejo Consultivo , que podría obligar a hacer algún ajuste, según reconoció.
Fuentes políticas indican que jurídicamente se han planteado dudas de que el decreto ley, fórmula elegida por el gobierno de Monago, sea suficiente para reformar en tal volumen la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2012, sobre todo porque crea nuevos impuestos como al consumo de agua o gravamen a las bolsas de plástico de un solo uso, mediante los cuales, y el aumento de otros ya existentes (carburantes, IRPF, etc.), la Junta esperaba obtener 22 millones de euros este año, a los que se sumarían otros 138 en ahorros de personal y varios.
Por otro lado el PP no tiene claro que IU, cuyo voto o abstención sería necesaria, apoyara este ajuste fiscal. Su grupo parlamentario, puesto en la tesitura de votar en bloque las medidas, podría romperse en ese mismo momento.
La Junta estudia por ello adoptar otra vía como sería una ley, que podría recibir enmiendas y votarse por apartados y no en bloque como el decreto ley.
Por si fueran pocos problemas, los trabajadores de la sanidad se están oponiendo con mucha fuerza a la bajada de sueldos, concretada en la reducción de 46 millones de euros en la carrera profesion

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