EL DECRETO-LEY SOBRE EL EMPLEO AGRARIO Y LA EXPLOTACION LABORAL

LA NECESARIA UNIDAD DE LA CLASE OBRERA PARAR HACER FRENTE A LA EXPLOTACIÓN LABORAL QUE FACILITA EL DECRETO-LEY DEL GOBIERNO SOBRE EL EMPLEO AGRARIO

El Decreto-Ley aprobado por el gobierno justifica el programa de empleo en el campo en la necesidad urgente de que haya la suficiente mano de obra y se realice con normalidad la recogida, producción y distribución de productos alimenticios a todo el país y no se produzca una alteración de la cadena alimenticia con todas las consecuencias negativas que eso tendría para las condiciones de vida del país.

Vamos a comentar algunos de los aspectos que consideramos con más relevancia de la normativa aprobada:

1.-Para dar respuesta a la excepcional situación que se vive en el país, este decreto-ley habilita de manera extraordinario a la fuerza de trabajo desempleada nacional y a la inmigración para la ejecución de las tareas agrícolas

1.1.- En primer lugar, es una clara legalización de lo que hace unos días era economía sumergida. El sistema capitalista maneja caprichosamente sus propias leyes y normativas dependiendo de los requisitos y circunstancias a las que le obliga la reproducción ampliada del capital en un momento histórico concreto.

Ahora, el gobierno va a permitir la realización de tareas agrícolas a todos los trabajadores/as que cobran ayudas sociales, subsidios y prestaciones por desempleo. Por otro lado, la ley de extranjería se derogará temporal y parcialmente para facilitar mano de obra barata al campo español y asegurar el abastecimiento alimentario de la población durante la crisis del Covid-19.  Así, se aprueba que hasta junio de este año se renueven automáticamente los permisos de trabajo de los migrantes que finalizan durante el estado de alarma, puedan ser contratados los migrantes irregulares sin papeles y aquellos que están pendientes de la aprobación de sus solicitudes de asilo.  Es decir, estos inmigrantes serán temporeros hasta el 30 de junio. Y una vez atendidas las necesidades de recolección de alimentos, y en agradecimiento a su imprescindible labor: volverán a ser calificados como “los sin papeles”. Y, por lo tanto, a la posibilidad de su expulsión o internamiento en algún CIE, una vez pasada la crisis global en la que estamos inmersos.

1.2.-El gobierno sigue las reivindicaciones de los patronos agrarios e intenta acallar las críticas contra el Ministerio de Agricultura y frenar en un futuro la posible continuidad de las movilizaciones realizadas durante estos meses pasados por las organizaciones agrarias, con especial protagonismo de las más reaccionarias como ASAJA y APAG.  

Otras reivindicaciones como las relativas a los precios de los productos agrícolas o a los compromisos de las contrataciones de suministro de productos con las centrales hortofrutícolas que atañen más a los pequeños y medianos agricultores afrontadas en anteriores decretos ministeriales sin mucha efectividad son consideradas de menor interés y quedan olvidadas a pesar de que los pequeños y medianos agricultores contribuyen a la producción de frutas y hortalizas en un porcentaje muy importante. En este conjunto de medidas relacionadas con la producción y distribución de productos alimenticios, echamos de menos la intervención y el control por parte del Estado de las multinacionales y grandes superficies con el fin de impedir el acaparamiento, el desabastecimiento y la manipulación de los precios.

1.3.-Algunos sindicatos y movimientos sociales consideramos que hay suficiente mano de obra para recoger las cosechas y trabajar en las tareas agrícolas. Las reticencias a trabajar en el campo, y por tanto la insuficiencia de mano de obra agrícola tiene su causa en lo que ha sido una constante histórica en las relaciones laborales que siempre han estado marcadas por la explotación de los jornaleros y jornaleras.

No vamos a descubrir que el sueño de la clase empresarial es disponer de un mercado abundante de mano de obra y totalmente desregulado al objeto de contratar y establecer los salarios a su antojo, con vía libre para obtener el mayor producto posible de plusvalía.  Somos conscientes de que en algunos lugares se notará la falta de mano de obra porque no vienen trabajadores y trabajadoras de Marruecos y de otros países europeos. El problema del virus ha inclinado al gobierno de Marruecos al cierre de sus fronteras impidiendo que se desplacen más de 10.000 trabajadores, a lo que se une la negativa al traslado por el mismo motivo de otros muchos miles procedentes de Bulgaria y Rumanía.

 La lucha de clases en el campo ha tenido consecuencias en el desarrollo de las fuerzas productivas y cambios importantes en las relaciones de producción. El desarrollo capitalista se ha traducido en una importante modernización y aumento de la productividad agraria. La riqueza generada se la han llevado las Multinacionales y sectores muy minoritarios de agricultores que junto a profesionales liberales han acumulado una buena parte de los beneficios producidos por la fuerza de trabajo agraria. La escasa redistribución de la riqueza producida en la agricultura ha dado lugar a un abandono del mundo rural y a un incremento de las desigualdades sociales.

No habría escasez de mano de obra sí se asumiera por los patronos agrarios que la clase obrera agrícola tiene derecho a una mayor parte de la riqueza producida, a unas mejores condiciones de vida que no se consiguen con los salarios que se pagan. En estos momentos, la clase obrera agrícola tiene que reclamar una serie de requisitos económicos y sociales por los que se deben conducir las tareas en el campo: salarios de 50 euros y que se respeten las seis horas y media de trabajo por jornada, que se paguen las horas extras al valor fijado en los convenios, que se eliminen las peonadas para el cobro del subsidio, medidas de prevención ante él covid-19, viviendas decentes para los españoles que vivan a ciertas distancias y para los inmigrantes y salarios en cuantías decentes que motiven a los jornaleros y jornaleras, y desplazamientos por cuenta de los empleadores.

2.-Respecto a algunos puntos concretos que contempla el decreto-ley, como el que se refiere a los procedimientos para la contratación de la mano de obra. 

2.1.-El decreto ley recoge cómo ha de llevarse a efectos la tramitación de las contrataciones. El proceso no cambia respecto al que en teoría debe seguirse habitualmente, pero esta práctica en el mundo agrícola frecuentemente no se sigue, se deja de lado, se ignora. Por eso, consideramos conveniente y positivo que en el texto del decreto-ley se vuelva a poner de manifiesto el camino que debe seguir la acción contractual. Un resumen de los trámites que se deben seguir para la contratación de la fuerza de trabajo: los empresarios ofertan sus necesidades de mano de obra a los servicios de empleo, estos satisfacen la oferta con los desempleados inscritos, y posteriormente reciben los contratos que los empresarios han realizado.  

Los servicios de empleo contactan con las entidades de la seguridad social para que reflejen estos contratos, y apliquen las medidas oportunas a los mismos, al objeto de que se cobren las cotizaciones sociales y se respeten los derechos laborales. Con el nuevo decreto-ley, las entidades de la seguridad social en concordancia con los servicios de empleo deben restablecer las ayudas sociales, los subsidios y prestaciones que cobren quienes estén realizando las tareas agrícolas habilitados por el decreto-ley. Los pagos se deben hacer por transferencias bancarias y los salarios deben atenerse al convenio colectivo o en caso de que no existieran se deben guiar por el salario mínimo, y nunca se pagarán cuantías inferiores a aquel. 

2.2.-El planteamiento teórico respecto al proceso administrativo nos parece como ya hemos comentado muy conveniente pues de este modo se pone en manos de la administración pública todo lo referente a contrataciones y pagos salariales.  La obligación para unos y otros de la ejecución efectiva del procedimiento prescrito sería un avance muy importante para superar muchos de los incumplimientos que en este sentido se llevan a cabo en estos asuntos laborales en el mundo agrario, en donde el “caos legal” consentido por empleadores, trabajadores e instituciones suele ser lo habitual.  No obstante, en estos momentos, dudamos de que los servicios públicos de empleo, las entidades de la Seguridad Social y las inspecciones de vigilancia y control de Trabajo tengan la eficacia y la agilidad suficiente para responder a lo que se recoge en el texto legal. 

2.3.-Las oficinas de empleo están cerradas para las atenciones presenciales a la ciudadanía y se centran específicamente en las electrónicas o telefónicas. Esta limitación de los canales de comunicación, como venimos observando cotidianamente, presenta dificultades para que la población trabajadora realice una comunicación fluida que le permita resolver los asuntos de esta naturaleza. En el caso de las Inspecciones de Trabajo, no sólo por lo señalado para las entidades gestoras del empleo o las de la seguridad social, además porque las medidas tomadas por el gobierno han modificado las competencias en lo relativo a la prevención de los riesgos laborales, reduciendo las que tenía la Inspección de Trabajo que pasan al Ministerio de Sanidad quién gozará de la potestad para adoptar medidas de cierre preventivo de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias o la suspensión del ejercicio de actividades. Con este cambio competencial se ocasiona que las personas no sepan a dónde recurrir si quieren denunciar los agravios que las empresas estén cometiendo en materia de riesgos laborales.

3.- Sin embargo, la experiencia en estas materias, nos hacen dudar de que la teoría se corresponda con la realidad práctica, por lo que es fundamental el reforzamiento de los servicios públicos de empleo, las inspecciones de trabajo y los servicios de la seguridad social.

3.1.-La burguesía y la pequeña burguesía agraria acumulan la experiencia suficiente para el quebrantamiento de los moldes legales que el Estado impone sobre todo cuando tiene que contravenir aspectos esenciales que le posibiliten incrementar la mayor proporción de acumulación de plusvalía.

3.2.-Como ya hemos señalado, las medidas tomadas por la pandemia centralizan la actividad de los servicios administrativos en el funcionamiento telefónico y electrónico que por lo que estamos comprobando no tienen la suficiente agilidad y eficacia para responder a la avalancha de movimientos contractuales que se producirán en este período, sobre todo para conjugar y acoplar la oferta y la demanda de trabajadores. Los retrasos en las cuestiones administrativas darán vía libre a que los contratos se hagan primero por los empleadores y posteriormente se presenten en las oficinas de empleo. Es decir, la contratación se seguirá realizando como casi siempre, en el centro de trabajo.

 Por tanto, a pesar de las normativas que ya existen y regulan los procedimientos para la realización de las contrataciones, las dificultades señaladas justificarán que los empleadores por facilidad burocrática y rapidez, contraten al margen de las oficinas de empleo, no esperarán a las teóricas asignaciones de trabajadores o trabajadoras que realicen los servicios de empleo, como ocurre en la práctica.  La patronal ya está organizando una respuesta a este decreto-ley y ha lanzado el mensaje de que van a crear una bolsa de empleo propia, abierta a la inscripción de trabajadores y trabajadoras. La patronal quiere disponer de un currículo de cada trabajador o trabajadora no quieren depender de las oficinas de empleo, quieren a los profesionales y conocedores de las diferentes tareas que necesitan. La clase obrera por solidaridad no puede caer en esta trampa que le tiende la clase explotadora.

3.3.- La administración pública tiene que disponer del número suficiente de inspectores de trabajo para vigilar y controlar hechos concretos ilegales que de manera frecuente se dan en el mundo laboral agrícola. En este sentido, no es difícil encontrar algún patrono avaricioso que incumple las condiciones laborales en sus centros de trabajo. Las respuestas de la Administración regional a las denuncias que se pusieron en la inspección de Trabajo por algunos sindicatos y movimientos sociales fueron arrojadas a la más absoluta ignorancia a pesar de que tenían fundamentos objetivos y contrastables en los incumplimientos patronales de salarios y horarios.

3.4.-A su vez, es importante que haya una correspondencia entre la Seguridad Social y los servicios de empleo para controlar que lo establecido en las contrataciones se corresponden con las altas en la seguridad social. Suele ser habitual que a los trabajadores agrícolas se les da de alta menos días de los que trabajan, y se les firman menos jornadas reales (peonadas) de las que realmente realizan. De este modo, los empresarios cotizan menos a la seguridad social y lo que es más importante, entretienen y mantienen a los obreros atrapados en las redes de la pobreza y en el espíritu alienante al que los arrastra la economía sumergida. El interés general de la clase obrera se ve perjudicado cuando se pacta con el empleador agrario no exigir la declaración de los días trabajados para no sobrepasar el número de peonadas a partir de las cuales se pierde el subsidio agrario. 

4.- Una de las justificaciones en las que el gobierno se apoya para la aprobación del decreto-ley es que con estas medidas se mejora el nivel de rentas de ciertos colectivos sociales. 

4.1.-El hecho de que se compatibilice el trabajo en las tareas agrícolas con el cobro de ayudas sociales, subsidios y prestaciones, es un caramelo para la burguesía agrícola, que como ya hemos advertido tiene la experiencia suficiente para manejar cualquier elemento diferencial entre los trabajadores y trabajadoras y provocar su división. No sólo se pone en sus manos un enorme ejército de mano de obra, sino además con potenciales diferencias económicas entre los grupos sociales abiertos a ser contratados: inmigrantes, españoles sin ingresos y los que perciben cantidades por pequeñas que sean. 

4.2.-La clase empresarial ávida del beneficio estará muy atenta para explotar las variables diferenciales entre unos y otros, sobre todo, para evitar cualquier conflicto unitario de tipo reivindicativo que vaya contra sus intereses.  La clase obrera tiene que superar esta división potencial y establecer unos objetivos concretos e inmediatos que unifiquen los intereses del conjunto de los trabajadores y trabajadoras y a su vez apunten a un horizonte por el que valga la pena luchar.  De este modo, las condiciones en las que se deben realizar los trabajos tienen que atenerse a las que se indican en los convenios colectivos, y en la tabla salarial que adjuntamos al final de este documento; además de todo esto, la movilización y la lucha debe dirigirse a la consecución de unos ingresos mínimos inmediatos para toda la población trabajadora, o lo que es lo mismo una renta básica de cuarentena como elemento económico imprescindible para salir de la situación de crisis global que golpea especialmente a ciertos grupos sociales. 

PROPUESTAS

 En este orden de cosas, proponemos lo siguiente en relación con las tareas agrícolas inmediatas en los diferentes centros de trabajo:

1.- Condiciones Laborales

Salarios de 50 euros, el horario de trabajo por jornada de seis horas y media, que se paguen las horas extras al valor fijado en los convenios, que se eliminen las peonadas para el cobro del subsidio, medidas de prevención ante él covid-19 a cargo del empresario, viviendas decentes para los españoles que vivan a ciertas distancias y para los inmigrantes, desplazamientos a los centros de trabajo a cargo del empresario con los precios por kilometraje establecidos en los convenios.

2.-Ingresos mínimos (renta básica de cuarentena).

La implementación de unos ingresos mínimos asegurados para toda la población trabajadora que se sumarán a los ingresos que perciban en la realización de las tareas agrarias para las que sean contratados. Estos ingresos mínimos darían paso a la Renta Básica Universal e Incondicional para toda la ciudadanía.

3.-A quién afecta la renta básica de cuarentena

La población trabajadora que percibiría estos ingresos mínimos asegurados es la incluida por el gobierno para la realización de tareas agrarias, tanto los que carecen de todo tipo de ingresos como los que tienen ingresos procedentes de ayudas sociales, subsidios y prestaciones por desempleo, pensiones no contributivas, y la población inmigrante a la que se refiere el decreto-ley aprobado. Posteriormente, la cobraría toda la ciudadanía.

4.-Cuantía renta básica de cuarentena

Los ingresos mínimos asegurados (renta básica de cuarentena) a percibir por todas las familias serán no menos de 750 euros por adulto, y 150 euros por cada hijo.

5.-Percepciones ayudas sociales, subsidios y prestaciones

Las personas que reciben las ayudas sociales, y los subsidios y prestaciones dejarían de percibirlas una vez que de manera automática se ponga en marcha esta renta básica temporal enunciada anteriormente, que debería estar en marcha antes del 30 de Abril.  Excepto las prestaciones contributivas por desempleo que se respetarán siempre que las cuantías superen los 750 euros.

6.- Período de implantación renta básica universal

La implementación de la Renta Básica duraría un tiempo necesario para evaluar su efecto y para diseñar su extensión a otros sectores de la población, y su continuidad, dado que la crisis va a ser dura y persistente más allá del final del estado de alarma, además de que puede haber nuevos rebrotes que obliguen a confinar de nuevo a la población y paralizar la actividad. No podemos repetir los errores cometidos ahora ni en prevención sanitaria ni social.

7.-Declaración Hacienda

En el ejercicio 2021 todas las personas perceptoras deberán presentar su declaración del IRPF. Las personas perceptoras de RB y de otros ingresos pagarán en función del total de ingresos, descontando la transferencia de RB percibida

8.- Dotación a los servicios administrativos de los recursos humanos y materiales suficientes

Las administraciones públicas deben dotar de los recursos humanos y materiales suficiente a los Servicios Públicos de Empleo, a las entidades gestoras de la Seguridad Social y a los servicios de la Inspección de Trabajo para el cumplimiento efectivo de lo indicado en este decreto-ley, en el cumplimiento de las condiciones laborales y en el resto de las normas legales.

9.-Legalización inmediata de los trabajadores inmigrantes

El gobierno debe proceder a la legalización inmediata de todos los trabajadores inmigrantes. No se les puede despedir con una patada en el culo una vez que han servido los intereses económicos y sociales del país, se les debe integrar plenamente en el Estado español con todos los derechos de ciudadanía.

10.- Prevención ante el coronavirus

Tal y como enunciado en el punto 1 de las propuestas, exigiremos el cumplimiento estricto del artículo 4 del decreto-ley en cuanto a que el empresario deberá asegurar en todo momento la disponibilidad de medios de prevención apropiados frente al COVID-19.

11.-Comisiones de trabajadores en los centros de trabajo

Creación en todas las fincas agrícolas y en los centros de trabajo de comisiones de trabajadores encargados del cumplimiento de las condiciones laborales, y sanitarias.

LA JUNTA DE EXTREMADURA ABANDONA A LAS FAMILIAS DE ACOGIMIENTO FAMILIAR

LAS FAMILIAS DE ACOGIMIENTO FAMILIAR LLEVAN CASI CUATRO MESES, DESDE ENERO, SIN RECIBIR DE LA JUNTA DE EXTREMADURA LAS CANTIDADES ECONÓMICAS QUE LES CORRESPONDEN 

Desde Campamento Dignidad tenemos que denunciar el retraso que la Junta de Extremadura está teniendo en el pago a un número importante de las familias extremeñas implicadas en el ACOGIMIENTO FAMILIAR. Labor que las distingue por su importante sacrificio solidario y humanista. 

Las cantidades económicas que tienen que percibir para el Acogimiento Familiar de los menores, para su alimentación, vestidos, y gastos totalmente imprescindibles llevan ya un retraso de casi unos 4 meses.

Estas familias que por su posición económica y social están sufriendo como una carga pesada las consecuencias económicas de la crisis sanitaria se encuentran en un estado de precariedad y haciendo enormes sacrificios para tirar adelante.

Cuando estas familias se han interesado a qué eran debido los retrasos en los cobros de las cantidades mensuales se les explica que los programas informáticos al ser nuevos están teniendo ciertas dificultades en la actualización de las aplicaciones y que en breves fechas estarían listos los ingresos del acogimiento familiar.

Esta cantinela se les vienen diciendo una semana sí y otra semana también, lo que, les ha llevado a un estado de desconfianza total en las administraciones públicas, y no dan crédito a las explicaciones que en este sentido se les dice desde la Dirección General de Políticas Sociales, en todo caso, piensan que se les está engañando ante la falta de liquidez de la Administración Regional.

No obstante, estos retrasos prolongados que van ya para cuatro meses no tienen una justificación teórica cuando los representantes de la Administración Pública Regional vienen apareciendo en los diferentes medios de comunicación para dar cuenta de pactos, conciertos y concesión de subvenciones a diferentes entidades; valga como ejemplos, los casi 2 millones de euros que hace pocos días se anunciaban en el DOE para las organizaciones agrarias y sindicales, y ayer recientemente, se publicaba en el DOE que se conceden casi 150.000 euros a una asociación con cierta proximidad a una organización agraria.

Desde Campamento Dignidad solicitamos que por parte de la Junta de Extremadura se proceda al pago inmediato, sin más dilaciones, de estas cantidades a las familias que realizan una función social de una enorme importancia en nuestra sociedad.

No se las puede dejar abandonadas durante unos meses, sabiendo como se conoce la necesidad inmediata que tienen estas familias, y no se valore la sensibilidad y el compromiso humano y solidario con el resto de la sociedad.

La respuesta política necesaria en los tiempos del coronavirus

El pasado mes de marzo, cuando se cumplían 25 años de la firma del Tratado de Schengen, por el que una buena parte de los países miembros de la Unión Europea acordaban eliminar los controles para la circulación de ciudadanos entre sus países, los controles volvían a las fronteras por iniciativa de cada uno de los gobiernos al margen de la Unión (monetaria). 

Desde entonces, todas las reuniones de alto nivel de los organismos de la burocracia de la Unión  han sido un completo fiasco, y los países más afectados en un primer momento por la pandemia del coronavirus, como ha sido el caso de Italia y España; (que han pedido oficialmente ayuda sanitaria, tanto a la Unión Europea como a la OTAN), se han encontrado con el silencio por toda respuesta, y han visto, además, como los principales países de la Unión -Alemania y Francia- prohibían toda exportación de material sanitario, olvidando los principios más elementales de solidaridad, y con ellos los principios de su existencia relativos al “mercado único y al libre comercio”. De forma que, ambos países, para cubrir el déficit escandaloso de material sanitario al que se someten para cumplir con el dictado de Bruselas, se han tenido que poner en manos de importaciones de China, y en particular la sanidad italiana ha tenido que recibir el apoyo urgente de una delegación internacional de médicos cubanos, chinos, rusos y venezolanos. 

La Unión Europea (monetaria), bajo los efectos del coronavirus, que fue incapaz de dar respuesta a los problemas que proceden de la crisis financiera y social de 2008, que ha cerrado sus fronteras exteriores a inmigrantes y refugiados que huyen de las guerras de Medio Oriente, de Asia y África, y militarizado con la OTAN el Mediterráneo para convertirlo en la mayor fosa común de inmigrantes jamás conocida, ha venido a multiplicar sus contradicciones y desigualdades, tanto internas como externas poniéndose al borde de su propia desaparición.

Nueve países de la eurozona, entre los que se encuentran, además de España, Francia, Italia, Bélgica, Portugal, Grecia e Irlanda, ante la crisis económica que ha destapado el parón de la epidemia se dirigieron al Consejo Europeo para solicitar medidas extraordinarias de financiación, los famosos eurobonos, que para el imaginativo Pedro Sánchez debería ser parte de un Plan Marshall, y un seguro de desempleo comunitario. Y eso lo dice mientras trata de proponer en España un refrito de alianzas políticas y económicas con las derechas (que exigen su dimisión), pretendiendo proteger la Corona, con unos nuevos Pactos de la Moncloa. Como los acuerdos han de ser tomados por unanimidad en Bruselas, bastó con la oposición de Alemania y Holanda para echar abajo todo acuerdo unitario, financiero y fiscal común de los países miembros. Mientras, se mantiene la política de opresión monetaria y de deuda pública diseñada con el euro y con el Tratado de Maastricht.

La crisis de 2008, como la de los tiempos del coronavirus, tiene responsables políticos y económicos que deben ser señalados, procediendo a desmantelar sus planes de opresión contra pueblos y países, que buscan de nuevo multiplicar la desigualdad social mediante el paro, la precariedad, con salarios y pensiones de miseria.

La Unión Europea parece solo dispuesta a echar mano del fondo de rescate -el MEDE-, y con condiciones difíciles de cumplir, de unos 250.000 millones de euros para los países que lo necesiten bajo la vigilancia de los hombres de negro de la Troika; otros 200.000 para bancos y empresas, y 100.000 para financiar los ERTEs. Pero todo está aún el aire. Fue en el capítulo del MEDE donde el ministro de finanzas holandés insistió que se investigara a España e Italia para establecer los verdaderos niveles de déficit y deuda, lo cual fue denunciado por el primer ministro portugués como una manifestación “repugnante”.

El gobierno de coalición de Sánchez e Iglesias está constituido sobre la base de políticas prioritarias y fundamentales, y una de ellas en el ámbito de la UE  es la del “respeto a los  dictados de los mecanismos europeos en materia de déficit público”, que ahora salta por los aires a la hora de financiar a los bancos y empresas para hacer frente a los despidos millonarios y al parón económico del coronavirus, que en el caso de la economía española afecta a los sectores fundamentales como son el turismo y la hostelería. 

Bajo la dictadura del euro, y sin compensación financiera, presupuestaria y fiscal de ningún tipo, el incremento de la deuda pública y la recesión económica -que se calcula en el 20% del PIB- no vendrá sino a favorecer a los bancos acreedores en perjuicio de los deudores, creando una grave situación para millones de trabajadores y jóvenes. En medio de la crisis y recesión, los gobiernos han movilizado importantes cantidades de dinero, de acuerdo con la burocracia de Bruselas, activando una cláusula de escape del Pacto de Estabilidad. Las direcciones de los dos principales bancos españoles, Santander y Bilbao, están en estas fechas negociando su posible fusión para ser más competitivos mediante la concentración y centralización de sus entidades en una sola en el mercado internacional de capitales. 

La guerra económica, la extrema competencia entre capitales y países, y el sometimiento a los trabajadores a la más extrema explotación no conoce cuartel en los tiempos del coronavirus. La ausencia de planes creíbles de las instituciones del capital evidencia que el régimen capitalista carece de salida digna para la humanidad. No se trata del “neoliberalismo” sino del capitalismo mismo. 

Mirando hacia atrás, por el retrovisor de la historia, el gobierno solo ve Pactos de la Moncloa y Planes Marshall, lo que no da respuesta positiva a las demandas principales de los trabajadores y pueblos. El gobierno debe mirar hacia adelante, y proceder a romper con aquellos que detentan el poder económico y político de forma ilegítima y antidemocrática.  

Otro aspecto central de la política del gobierno de coalición que, con la defensa de la UE y sus planes de destrucción económica y regresión social, constituye el eje central de sus actuaciones, es el de la defensa del papel antidemocrático y corrupto de la jefatura del Estado y la negativa a que se pueda establecer una comisión de investigación en las Cortes. Por el mismo motivo que se echó a Rajoy y a sus ministros corruptos del gobierno se pretende ahora proteger la corrupción desde la jefatura del Estado. Romper con los planes de la UE y con la monarquía heredera de Franco son las exigencias democráticas elementales que el gobierno debe cumplir si quiere proteger a la población del caos que se viene encima. La convocatoria de un referéndum Monarquía-República para el próximo otoño concentra, por ello, todas las aspiraciones democráticas y sociales de la inmensa mayoría.

La OTAN en manos de Trump, por su parte, se propone entrar en juego en suelo europeo desplazando decena de miles de soldados, en medio de este desorden político y económico internacional que ha destapado la pandemia. Y ello para provocar desde las fronteras, como también hace contra Venezuela. En el caso de Europa. se trata del mayor ejercicio de tropas de la OTAN que se organiza contra Rusia después de la Segunda Guerra Mundial, incorporando tropas alemanas (“Defender Europa 2020”). 

Vivimos bajo la amenaza permanente de recesión y guerra. La lucha contra los presupuestos de guerra de la OTAN, y contra los privilegios de las familias de “patriotas” que animan el enfrentamiento porque en ello les va sus beneficios, constituye el primer paso de la lucha que viene. 

campamento dignidad: sobre la renta MÍNIMA extremeña

SOBRE LA RENTA BÁSICA EXTREMEÑA
La violencia de clase es una condición que el aparato administrativo practica con los desheredados de la tierra.

En estos días que se trabaja preparando la campaña de aclarado y recogida de las frutas escuchamos como el presidente de la Junta de Extremadura va a poner el transporte escolar a disposición de los patronos agrarios para trasladar a los trabajadores a las fincas o a las centrales hortofrutícolas.

Mientras que el presidente declara a viva voz su preocupación e interés en dar satisfacción a los intereses de los patronos agrarios no resuelve una serie de cuestiones básicas para los desheredados de Extremadura, que también son una fracción muy importante de la población extremeña.

1.- ACELERACIÓN EN LA CONCESIÓN DE LAS RENTAS BÁSICAS.
Muchas de estas personas y familias viven pendientes estos días de las rentas básicas y rentas garantizadas de inserción esperamos que se concedan todas las que hay pendientes, y se cobren puntualmente durante el mes de Abril, dado que se encuentran en un estado de precariedad que a la más mínima el desequilibrio vital se transforma en un drama; si falta o se retrasa esta ayuda social, no pueden alimentarse diariamente. Hay personas con solicitudes de Febrero que aún no han cobrado.

2.- ELIMINACIÓN DE ELEMENTOS BUROCRÁTICOS.
2. 1.-Las declaraciones del Vicepresidente de la Junta sobre la supresión de los Proyectos Individualizado a las personas acogidas a estas rentas mínimas durante el estado de alarma, es una actuación lógica puesto que para cumplirlo deben salir de casa y ahora es imposible; en todo caso, este elemento que forma parte de los deberes de quien percibe la renta debería suprimirse de manera definitiva.

El proyecto Individualizado de Inserción es un instrumento para la vigilancia y el control social de los pobres, y además un buen filtro para eliminar rentas mínimas, no tiene otro objeto.

2.2.-Insistimos una y otra vez que a la hora de la concesión de una determinada ayuda es prioritario valorar las necesidades de las personas antes que los requisitos burocráticos que hasta la fecha se están imponiendo sobre el derecho más elemental a vivir dignamente.

Consideramos que es el momento para eliminar gran parte de la burocracia que se exige para acceder a las ayudas sociales; hay que quitar de la circulación un montón de requisitos que sólo sirven para que muchas personas o familias queden fuera de esos programas sociales.

Las casuísticas que impiden obtener la documentación para el acceso a la renta básica, casi siempre suelen derivar del estado de POBREZA: hay quien no puede presentar el empadronamiento porque vive con padres o parientes al carecer de recursos materiales para alquilar una vivienda; otras no alcanzan esa ayuda mínima porque no tienen un convenio regulador con su expareja, cuya separación resultó traumática; en otros casos, porque la pareja ha trabajado o trabaja unas semanas aprovechando la temporada y no sólo se le deniega esta ayuda social sino que se la hace devolver el dinero en el caso de que haya cobrado mientras trabajó su pareja, jóvenes que no pueden trabajar para que la familia no pierda la renta mínima, la aprobación según la valoración de los ingresos obtenidos en los últimos meses, etc..

3.- INREGROS PARA QUE NO TIENEN ABSOLUTAMENTE NADA

3.1.- En este orden de cosas, seguimos exigiendo a la Junta de Extremadura la implantación URGENTE de unos ingresos para quienes no tienen absolutamente nada, y para que otras personas puedan complementar los ingresos que perciben. Las pensiones no contributivas no llegan a los 400 euros, son muy insuficientes para hacer frente a las exigencias vitales imprescindibles. La suma de una cantidad que complete hasta unos ingresos decentes mejoraría el nivel de vida y sería beneficios individual y colectivamente para el conjunto de la sociedad.

Muchas personas se han quedado en la estacada, antes obtenían sus ingresos recurriendo a tareas parciales, temporales, por horas pero que les permitían sobrevivir, valgan como ejemplos algunos casos: personas que trabajaban en los bares, en los restaurantes, en la limpieza de casas, echando algunas horas cuidando a personas mayores y dependientes, recogiendo chatarras y cartones en las calles, trabajando en la agricultura, en los mercadillos, es decir un montón de gente que de una manera ú otra trabaja en la economía sumergida.

Todas estas personas que aportan, según los datos estadísticos, algo así como el 30 % del PIB, es decir muchos cientos de millones de euros, han quedado fuera de todas las normativas de protección social del gobierno, no pueden acogerse a ningún programa oficial por cuestiones elementales: ¿Cómo demuestran que están en el paro? ¿Cómo van a pagar el alquiler de la vivienda, y en todo caso como demuestran que no tienen para desembolsar esa cantidad si el contrato con el casero está fuera de lo reglamentario, o no hay contrato? ¿Cómo van a pedir un préstamo al banco si no tienen la mínima garantía para ofrecerles nada? ¿Cómo van a pedir un préstamo si no tienen para pagar el seguro que por norma general les exigirá el banco?, etc.

Sin la menor duda, estarán a en pocas semanas en la indigencia más absoluta puesto que con las ayudas de alimentos que distribuyen las organizaciones sociales es insuficiente para vivir dignamente. En ese estado en poco tiempo se verán obligados a romper ciertas normas del sistema y realizar actos imprescindibles para su supervivencia.

En todo caso, esperamos que el gobierno de coalición aprueba una renta básica digna tal y como se está exigiendo desde la MAREA BÁSICA.

POR EL FORTALECIMIENTO DEL PSLF COMO PARTIDO DE LA CLASE OBRERA,

NECESITAMOS UN PARTIDO PARA  INFLUIR EN LAS ESTRUCTURAS DEL ESTADO Y CAMBIAR LAS ACTUALES POLÍTICAS ANTISOCIALES.

1.       El neoliberalismo se impuso a finales de los años 70 como solución a las crisis capitalistas que se presentaban en los diferentes países como resultado de la disminución de la tasa de beneficio del capital. 

2.       Los Estados recurrieron a políticas basadas en los recortes del gasto público y reformas laborales que acentuaron la disminución del consumo y en consecuencia una mayor disminución de la tasa de ganancia. Los capitales recurren a las actividades especulativas abandonando las productivas. Desde entonces, la clase obrera y sectores de la clase media han sufrido un empobrecimiento continuo con un incremento de la proletarización.

3.       La globalización con la libertad de movimientos de los capitales y el desarrollo de las fuerzas productivas generalizó un incremento de la división del trabajo, con una especialización productiva de los territorios y los países. La reconversión industrial y la eliminación de amplios sectores relacionados con la producción agroalimentaria pusieron a nuestro país en una escala subalterna dependiente de los países del norte de Europa y de EEUU. 

4.       La construcción y el turismo fueron nuestros salvavidas durante muchos años; con la crisis inmobiliaria del 2008 cayó la construcción y ahora, ha caído el turismo que tardará en recuperarse algunos años. Nos quedan pocas cosas de las que ir tirando.

5.       Las diferentes crisis a las que el capitalismo ha llevado a la sociedad, a pesar de que se reconvierta y se recomponga tras cada una de ellas van dejando un rastro de sacrifico y miseria que la humanidad no puede soportar más  y nos obliga a que cuanto antes lo arrojemos al cubo de la basura de la historia.

6.        La crisis inmobiliaria antes, y ahora la crisis sanitaria, con las terribles y dramáticos efectos económicos y sociales, son pruebas concluyentes de que con el modo de producción capitalista la sociedad vive en continua zozobra e inestabilidad. 

7.       Los intereses económicos de una minoría priman sobre el bien común,  sometiendo a los diferentes gobiernos para que tomen medidas en su beneficio. La sanidad la han empobrecen con el  objeto de fortalecer el negocio de la sanidad privada. Ahora, se ven las consecuencias de esas políticas realizadas por el PSOE y por el PP.

8.      Las soluciones que deben tomar los representantes de los Estados no pueden ser iguales que las de 2008. Esto no se va a resolver con políticas keynesianas, ni con recortes en el gasto público, ni apretando una vuelta de tuerca más a la clase obrera. Las políticas deben ser diferentes. La ideología de muchos de nuestros dirigentes políticos les impide modificar las sendas trazadas en anteriores ocasiones y buscar otras soluciones, ni siquiera considerarlas, a pesar de la claridad y contundencia con las que saltan a la vista, y de que son imprescindibles para superar el enorme problema actual, comenzando por el sanitario.

9.       Nadie debe ser despedido de sus empresas, hay que proceder a la nacionalización de la industria farmacéutica, el control y el pase a lo público de toda la sanidad privada, el pase de las industrias textiles a manos del Estado para la producción de todos los elementos sanitarios, el control de todas las empresas productoras de la energía y de las telecomunicaciones, la creación de una Banca Pública poderosa, etc.. 

.        Los partidos políticos y las organizaciones sindicales que en la actualidad tienen la influencia en las instituciones del Estado no están por modificar la dinámica que impone el mercado. Los límites hasta donde están dispuestos a llegar son restringidos y los remedios son los mismos de siempre, es decir, menos democracia, financiación para los dueños del capital y para la banca. En definitiva, trabajan para que las estructuras en las que se asienta el dominio del capitalismo se recuperen y que las cosas vuelvan a ser igual que antes, al menos hasta que llegue una nueva crisis. 

.         Lo que se necesita es un partido que asuma con valentía la defensa de las clases trabajadoras, y unas organizaciones sociales capaces de movilizarse en defensa del bien común. Aunque se  comienzan construir, no tienen todavía ni la capacidad ni la madurez suficiente, y aún es preciso un sacrifico excepcional para lograr que sean capaces de imponer un cambio de rumbo radical a lo que está sucediendo y a lo que está por venir.

LLAMAMIENTO DESDE CAMPAMENTO DIGNIDAD A LA ORGANIZACIÓN DE LAS TRABAJADORAS

En primer lugar, desde Campamento Dignidad tenemos que destacar de modo muy especial él esfuerzo, y el sacrificio personal y familiar de las valientes mujeres que trabajan en la sanidad.

No obstante, en las líneas que siguen queremos referirnos a otros grupos de mujeres con unas condiciones laborales que con la llegada del virus sufren una vuelta de tuerca más en su explotación diaria. Así, en muchas ocasiones,  para alcanzar el pan de cada día se ven obligadas, tienen que aceptar situaciones de abuso laboral y hasta de marginalidad social.

Desde Campamento Dignidad hacemos un llamamiento para que se organicen y no se resignen a estas penosas condiciones de vida, está más que demostrado que la unidad, la organización y la lucha es el único y exclusivo camino para modificar las crueles relaciones laborales que las atenazan como trabajadoras y como personas.

Los contratos inestables y mal pagados, temporales, de pocas horas de duración como les suele ocurrir a quienes acceden a la ayuda a domicilio o la atención a dependientes, en servicios de limpiezas de centros educativos, de escaleras, de casas particulares o de establecimientos públicos, guarderías infantiles, labores de acompañamiento de personas mayores, internas en casas particulares con horas interminables que no tienen compensación económica ni el correspondiente tiempo de descanso, etc. 

El problema del contagio del virus implica un elevado sacrificio físico y psíquico personal que viene determinado por que la mayoría de ellas tienen que complementar la jornada laboral con el trabajo en la casa para el cuidado de niños y mayores.

Con la problemática del virus, en un elevado porcentaje están siendo despedidas o viendo reducidas, más aún de lo que ya son, sus horas de trabajos. Además, por las condiciones en las que se ha desarrollado su actividad laboral, un número importante no cobrarán prestaciones ni subsidios de ninguna clase, y otras recibirán cantidades nimias que no llegan ni siquiera para la propia subsistencia, por lo que será difícil que su vida encuentre condiciones de comodidad y les permita llegar a fin de mes. 

A los salarios bajos se les une un hecho bastante frecuente que las trabajadoras nos ponen de relieve, y es que para cotizar menos a la seguridad social el/la empleador/a les ha estado pagando una fracción del salario con dinero negro, esto condiciona unas prestaciones por desempleo mínimas, indecentes, como les ocurre ahora cuando se les aplican los ERTES. 

El derecho al desempleo para las empleadas de hogar por el que llevan luchando muchos años, es una cuestión que hay que solucionar de manera urgente. Desde Campamento Dignidad exigimos que de una vez por todas el gobierno de coalición apruebe la normativa que les permita acceder a este derecho, es decir a las prestaciones por el desempleo. No es una cosa difícil ni tiene mucho gasto para el Estado como demuestran los expertos.

También, tenemos que indicar nuestra intención de denunciar públicamente y ante la Inspección de Trabajo que ciertas tareas relacionadas con los servicios de limpieza y atención a mayores y dependientes se vienen realizando en unas condiciones higiénicas no adecuadas, ni con los elementos materiales de protección frente a los posibles contactos del virus. 

Tampoco nos podemos olvidar de las circunstancias especiales que se dan por el confinamiento. Así, nos deben poner en guardia algunos casos que se han dado de violencia de género durante el período que llevamos desde la declaración del estado de alarma. 

El Estado debe estar vigilante sobre el incremento de las posibilidades de las tensiones relacionadas con el maltrato, sobre todo en casos conocidos y con previas intervenciones judiciales y policiales. Ante este conjunto de situaciones, la responsabilidad de proteger a las personas en situación de vulnerabilidad económica, social y sanitaria corresponde al Estado.

Dada la situación general de crisis sanitaria y económica las ayudas sociales que se perciben desde las Administraciones Públicas son esenciales para que las familias no caigan en la más absoluta miseria. Por eso, hacemos un emplazamiento urgente para que se proporcionen las ayudas sociales, como la renta básica, las ayudas de alquiler, etc.. que en la mayoría de los casos van destinadas a mujeres con menores a su cargo. La Junta de Extremadura debe resolver rápidamente todos los casos relacionados con nuevas peticiones o renovaciones de estas ayudas sociales.

Lo que cada día está más claro es que la organización económica y social que tenemos actualmente no responde a la satisfacción de las necesidades humanas, más bien garantiza y protege el interés capitalista y el beneficio económico, por eso en momentos como este cuando las estructuras sociales del capitalismo se han venido abajo, hacemos un llamamiento a todas las mujeres trabajadoras que tenemos que pensar y de inmediato organizarnos para luchar por una sociedad distinta, organizada y pensada para el interés colectivo y  la satisfacción de las necesidades humanas.

HAY QUE ORGANIZARSE PARA LO QUE NOS VIENE

El horizonte económico que se presenta una vez que superemos la terrible crisis sanitaria provocada por el coronavirus puede ser desolador para las clases trabajadoras, si no nos preparamos para hacerle frente.

 La deuda del Estado va a ser brutal dado que las subvenciones a las empresas y los avales a los créditos que soliciten ya que como ha indicado el presidente del gobierno dispondrán de “toda la liquidez“ que precisen que a su vez será proporcionada por el BCE y el FMI, toda la que sea necesario vía entidades financieras, el pago de los salarios y cotizaciones sociales de los miles de ERTES, las cotizaciones y pagos de los autónomos, las rebajas de impuestos que lograrán las grandes empresas, etc. 

Todo en su conjunto va a suponer una deuda multimillonaria con la que tendrá que cargar el Estado, y sumar a la deuda ya existente que queda como residuo de la crisis del 2008. 

La recuperación económica llegará a base de recortar servicios públicos, salarios y privatizando las pocas empresas públicas que queden. El capitalismo no renunciará a nada de eso, ya tenemos la experiencia de crisis anteriores y cuáles son los caminos emprendidos para la recuperación de la actividad económica.

Para hacer frente a este brutal ataque que se realizará desde el Estado con el empuje de las grandes corporaciones empresariales y multinacionales, es necesario la unidad de todas las fuerzas políticas y personas que consideramos que el capitalismo es un sistema inhumano que hay que arrojar al cubo de la basura histórica.

La organización para esta lucha que nos espera hay que comenzar a prepararla ya, estableciendo redes de solidaridad, asociando a las reivindicaciones concretas y actos parciales que realicemos la necesidad de la unidad y la colaboración con aquellos sectores sociales interesados en otra organización social capaz de superar el individualismo y dejar atrás el beneficio económico como regla fundamental de la convivencia.

El virus paraliza una buena parte de la economía mundial y acelera todos los procesos de crisis y descomposición económica.

En pocos meses la pandemia del Coronavirus se ha extendido amenazando la salud y el trabajo de miles de millones de trabajadores, paralizando una buena parte de la actividad económica y comercial a nivel internacional y, contando con el hecho de su más que probable extensión, ya que hay países que su incidencia es aún muy minoritaria, por lo que el recorrido completo de lo que comenzó en China a finales del año 2019 puede prolongarse más allá del próximo verano, con repercusiones impredecibles tanto en lo sanitario, como en lo económico y en lo político.

En China, donde la epidemia fue localizada en la ciudad de Wuhan en el mes de noviembre, y según las noticias oficiales, en este momento la epidemia se encuentra ya contenida, sin que aparezcan nuevos contagiados, aunque la actividad económica y comercial aún se encuentra en buena medida paralizada, siendo una de las fábricas del mundo, donde se produce una buena parte de la producción industrial.

Las cifras totales que se dan por el gobierno de Pekín son de 300.000 contagios y 13.000 fallecimientos. Sin saber bien por qué el segundo país más afectado es Italia, donde el virus se multiplica con tremenda facilidad alcanzando los 50.000, con un aumento diario del 14%, y una mortalidad de 700 personas, y ello que hace ya dos semanas que se restringieran los desplazamientos. Aún en fase de crecimiento la epidemia se extiende a otras zonas geográficas, además del foco inicial que se constituyó en el norte. La progresión del contagio ha llevado al primer ministro a decretar el cierre de “toda actividad de producción no esencial”.

El tercero en afectados y muertos por la pandemia es España y su foco principal lo constituye la Comunidad de Madrid con una extensión del contagio que es muy parecida a la de Italia.

En los EEUU, donde las cifras de afectados le colocan en el cuarto lugar, en lo que a incidencia de la pandemia se refiere, las autoridades sanitarias de las principales ciudades han dado instrucciones al personal médico para que cesen inmediatamente los test a los posibles contagiados por coronavirus y los focos más perjudiciales de la epidemia se han constituido en la ciudad de Nueva York, California, e Illinois. Las fronteras han sido cerradas tanto con México como con Canadá. La defensa de la sanidad para todos, que se corresponde a la campaña del socialista Sanders ha permitido acortar las diferencias entre él y Biden, el candidato de la derecha del Partido Demócrata.

En México ha sido una sentencia judicial la que obliga al presidente López Obrador a tomar las primeras medidas preventivas contra la extensión del virus.

En Gran Bretaña se ha conocido un giro del gobierno que ha pasado de dejar pasar la epidemia a comenzar a tomar algunas medidas de protección. El gobierno pagara el 80% de los empleados que no estén trabajando debido al cierre de los centros de trabajo, con el objetivo de que no se multipliquen los despidos. Como en el caso de España y de los EEUU se ha dispuesto del 15% del PIB para ayudar a las empresas.

Al borde del crac el sistema capitalista mundial conoce una crisis sistémica que afecta a todos y cada uno de sus principales sectores, comenzando por el sector financiero y bancario. Y solo las políticas de unidad nacional con la burguesía contienen por el momento la situación, sosteniendo regímenes acabados, como es el caso del régimen español del 78.