La historia de las relaciones de producción en Extremadura
nos remite a la lucha del yuntero con el propietario en el cultivo de tierras
en aparcería, su posterior expulsión de las fincas por los terratenientes y
latifundistas, el pillaje y los abusos laborales que en el franquismo sufren
los jornaleros y ahora nuevamente, un intento de legalizar la sobreexplotación
laboral del asalariado.
Generaciones de señores feudales, órdenes religiosas,
rentistas y modernos explotadores capitalistas…, se han multiplicado en la
posesión de las tierras de Extremadura saboreando el esfuerzo y sudor de
quienes realmente las trabajan, cual presa sustanciosa obtenida en la rapiña y
el pillaje.
Las encuestas de población activa indican que son las
ocupaciones elementales entre las que se encuentran las tareas agrícolas las
que soportan una baja intensidad laboral, sufriendo frecuentemente el
desempleo, los contratos a tiempo parcial y la temporalidad. El resultado, de
todo esto, tal y como ponen de manifiesto los datos de la contabilidad nacional
es una caída del peso de los salarios en los últimos años.
El Estado y la Comunidad Autónoma para atenazar y paralizar
los anhelos de cambio social que viven en el seno de la clase de los
trabajadores y trabajadoras agrícolas, ejecuta desde sus instrumentos de poder
político ridículos planes y ayudas de empleo con el mínimo gasto social. Los
planes AEPSA, los subsidios agrarios u otros planes de empleo destinados al
mundo rural, con emolumentos de miseria que, apenas llegan a los 430 euros, y
mucho menos al Salario Mínimo Interprofesional; miserias que tienen asignadas
la función de amortiguar y eliminar toda respuesta social.
En contraste con este ínfimo gasto público destinado a las
clases más humildes, durante decenas de años los diferentes gobiernos, la CEOE,
el IBEX y los sindicatos oficiales programan el reparto y la apropiación de los
miles de millones de euros de los presupuestos regionales y estatales, y ahora,
una vez más, mercadean para obtener el máximo provecho de los tan sobados fondos
comunitarios europeos que se presuponen llegarán en un futuro y que tendremos
que pagar todos.
Los datos estadísticos publicados recientemente por OXFMAN
INTERMON señalan el crecimiento a consecuencia de la crisis sanitarias y
económicas de los niveles de pobreza y precariedad de amplios sectores de la
población trabajadora de nuestra región.
Por si todo lo anterior no fuera suficiente, el TSJEX acaba
de anular el convenio colectivo del campo dejando a los obreros agrícolas en la
más absoluta intemperie, y abriendo un agujero por el que se puede colar la
voluntad de los patronos agrícolas para la aplicación a su antojo de los
salarios, y otras condiciones de trabajo.
Todo lo señalado no es óbice para que el presidente de la
Comunidad Extremeña muestre su carácter de clase al servicio de la patronal,
haciéndose eco, y tomando como propia la preocupación de los empresarios
agrícolas para la repercusión de la subida del salario mínimo en las rentas
agrarias, argumentando ante la Ministra de Trabajo si la subida vendría a
repercutir de forma negativa en el empleo.
No nos confundimos mucho, si lo que realmente pretendía Vara
era sugerirle a la ministra la no conveniencia de la subida del salario mínimo
para no permitir más conflictos salariales que pudieran perjudicar las
condiciones de explotación de los patronos agrarios.
Por cierto, no hay más que echar un vistazo a los
Presupuestos Regionales para comprobar la cantidad de millones que en
transferencias corrientes y de capital se ponen en manos de los empresarios
agrarios, que además han recibido de la PAC en este mismo año algo así como 600
millones de euros. Al mismo tiempo crecen las protestas de los pequeños
productores agrícolas de las Vegas el Guadiana ninguneados y trampeados por las
industrias conserveras que abusan de sus posiciones de oligopolio comercial.
En lo que respecta a los
líderes institucionales, todo son buenas palabras, llamadas al diálogo, a la
concertación social, derroches de apariencias e hipocresías que inconsciente o
conscientemente se muestran ajenos a la caída relativa de las condiciones de
vida, de los salarios, del encarecimiento de los elementos de consumo básicos
para la vida (luz, agua, gas, telefonía, alimentación), del incremento de las deficiencias e
insuficiencias de servicios públicos básicos relacionados con el sistema
sanitario, retrasos e irregularidades en las vacunaciones, listas de espera,
problemas educativos, trasporte público, economía informal y, sobre todo el
acceso a la vivienda, y en definitiva la pérdida del bienestar
de las clases trabajadoras.
De este modo, la crisis sanitaria y económica se ceba con
esta comunidad arrojando a la ruina y a la indigencia a trabajadores y
trabajadoras por cuenta propia y por cuenta ajena, y a pequeños empresarios. Vara, Vergeles y todo el elenco de prebostes
del gobierno regional, como corresponde a los representantes de una política
clasista que se mantienen al margen de los problemas fundamentales de la
región, son incapaces de tomar y de exigir al gobierno de la nación decisiones
políticas que resuelvan y puedan hacer frente al desplome que a toda velocidad
sufre la Comunidad Extremeña.
La reacción de los
sindicatos oficiales ante este estado de cosas es de absoluto silencio, no se
escucha una voz más alta que otra. No han reaccionado ante la decisión del
TSJEX, ni ante las realidades de las condiciones de vida que los datos
estadísticos publicados por las ONG sacan a la luz, ni ante los conflictos
ocasionados con las vacunas, ni ante las escaseces de vivienda, etc. La
realidad es que se centran en cuestiones administrativas y buscan acomodo a la
sombra de la administración regional.
Las políticas de concertación social dominan y procuran la
integración de los sindicatos en el arco institucional de la Junta de
Extremadura, situándose en silencio en una esquina de las relaciones sociales,
a la espera de su reconocimiento y de las subvenciones institucionales.
En tanto que los presupuestos regionales son el cimiento
indispensable para sostener el conjunto de las estructuras clientelares al
servicio de una política de estabilidad social en la región.
Ante esta situación económica y social se aviva la exigencia
de reorganización de las clases trabajadoras de la Comunidad Extremeña como
proceso indispensable para salir del callejón sin salida que representa el
bloqueo actual.
Los trabajadores y las trabajadoras invitando a todos los
sectores y colectivos de mujeres, jóvenes, migrantes tienen que emprender el
camino de la reorganización sobre nuevas bases, deben ser capaces de dar un
paso hacia su constitución como fuerza sindical independiente.
